Tendrán como desafío lograr que un robot evite el asalto a una persona.

Dos alumnos de robótica de la Universidad de La Punta (ULP) viajaron a México, Distrito Federal, para participar de la RoboCup, el torneo más importante del planeta en la temática. Es el único equipo argentino que se presenta en este certamen que tiene por objetivo fomentar la robótica y la investigación en ingeniería.

Sebastián Flores y Matías Córdoba, de 16 años, son los únicos argentinos en el torneo. Ambos jóvenes participan en Fútbol Robots y fueron seleccionados por el Parque Informático La Punta (PILP) que dirige la propuesta para representar a San Luis. La elección se realizó en base a su trabajo previo, su talento y desempeño en el Campeonato Argentino de Fútbol Robots (CAFR).

RoboCup está dividido según niveles educativos: primario, secundario y universitario, e incluye diferentes opciones como fútbol robot físico y simulado, sincronización de robots, y búsqueda y rescate. En esta última participan los jóvenes que representan a la provincia.

La meta es lograr que el robot, de manera autónoma, rescate a una persona que se encuentra en situación de siniestro. El desafío se desarrollará en una maqueta, donde la máquina deberá esquivar obstáculos, y detectar a una persona entre otros objetos, salvar al individuo y llevarlo a un área segura. Los participantes tendrán varias instancias de certamen y tiempos determinados para lograr el objetivo, así sumarán puntos para clasificar a la final.

El cáncer de próstata es el más frecuente en varones. El coordinador de DOSEP, Gastón Hissa, adelantó que el 2 de julio se lanzará desde la obra social la pro primera vez la campaña contra el cáncer de próstata. La campaña de detección precoz de la enfermedad está dirigida a los afiliados varones mayores de 50 años.

“El trámite es muy simple. El afiliado deberá dirigirse a la obra social, solicitar una orden de servicio para cualquier laboratorio prestador de DOSEP. Se le va a expedir la orden y se dirigen al laboratorio de confianza y se realiza el análisis de sangre. Lo que buscamos es que el afiliado no venga a la obra social a curarse sino a cuidarse”, explicó Hissa.

El funcionario comentó que  el cáncer de próstata es el más frecuente en varones y 60 afiliados de la obra social padecen la enfermedad. La campaña estará vigente hasta el 20 de octubre.

El padecimiento de la familia Calderón comenzó en 2003 cuando comenzó la construcción del puente derivador de Los Puquios. Para la obra, el Gobierno tomó miles cuadrados de metros de la propiedad que los Calderón ocupan desde hace más de 30 años. Las vibraciones ocasionadas por la construcción del puente provocaron grandes rajaduras en las paredes de la casa de remigio que hasta el día de hoy no termina de reparar.

Finalmente, el puente se terminó y se ubica a escasos metros de las precarias viviendas de las familias. La cercanía con el puente provoca inundaciones en las casas cuando hay fuertes tormentas.

“Él (Alberto Rodríguez Saá) me agarró y me prometió que me iba a hacer la vivienda”, contó Remigio Calderón, quien agregó que en ese momento Di Genaro donó de palabra los terrenos ubicados a pocos metros del Centro Educativo N° 6 Carlos Sadoc.

En 2005, el Gobierno le dio a la Municipalidad de El Volcán un monto de dinero destinado para los materiales de construcción para las viviendas. Las casas comenzaron con el esfuerzo de los mismos beneficiarios, entre ellos Remigio, quien en ese entonces era parte del Plan de Inclusión.

“Trabajan en las casas y las construyen hasta el techo. Ahí se para la construcción porque no había más plata de parte del Gobierno”, contó Mirta Amestoy, titular del Proyecto de Contención Ciudadana de Cáritas en la localidad.

Amestoy relató que se empezó a asesorar a los Calderón y desde 2009 se pidieron audiencias con el actual intendente de El Volcán, Marcelo Mocdese, y el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá pero nunca fueron atendidos. A pesar de ello, se inició el reclamo administrativo. El expediente pasó por varios ministerios a través de los años hasta que llegó a la cartera de Obra Pública, encabezada por ese entonces por Juan Mario Klush.

Luego de las averiguaciones pertinentes, Klush reveló que las tierras donde se edificaban las viviendas no eran tierras fiscales sino que son propiedad de un hombre de apellido Meloni. Según Amestoy, el ex ministro explicó que el Gobierno no podía realizar la expropiación del terreno sino que el Municipio de El Volcán debía pagar los terrenos. El valor de las tierras era de $130.000 hasta el año pasado.  

“El ministro (Klush) dijo que se hacía cargo si se regularizaba el tema del terreno”, comentó Amestoy.

Pero lo concreto es que la titularidad del terreno aún es de un privado y se transformó en el segundo motivo para que no se terminaran las viviendas y desde entonces no hay progresos en el tema. “Ya no sé en quién confiar”, dijo Remigio.

“Esto tiene un costo muy alto. Se trata de que tomen conciencia”, dijo el ministro de Educación, Marcelo Sosa.

Ayer, el ministro de Educación, Marcelo Sosa, anunció que el Gobierno no arreglará los calefactores, o artefactos similares, que destruyan los alumnos de las escuelas públicas. Por lo pronto, serían los directivos y los padres de esos alumnos quienes deberían encargarse de tales tareas, al menos hasta que el Gobierno ponga en marcha las distintas obras de infraestructura escolar que habitualmente ejecuta durante los meses de vacaciones de verano.

“Los destruyeron (a los calefactores) a patadas en algunas escuelas de la provincia. No los vamos a reparar porque no corresponde que se haga. Primero tenemos que cuidar las cosas. Por un lado está lo que se desgasta o se rompe por el normal uso, ahora, donde hay actos específicos de daño, no. Esto tiene un costo muy alto. Se trata de que tomen conciencia”, comentó el ministro, quien además anunció el lanzamiento de un plan llamado “Yo cuido mi escuela”.

“Nosotros los hemos arreglado, pero el mensaje como adultos es que hay que cuidar los bienes del Estado porque en definitiva son de todos. En algunas escuelas donde los alumnos habían roto, ellos mismos se presentaron y han reparado sus daños. No podemos ejercer la reparación constante y perpetua de algo que se daña, tenemos que trabajar en por qué se daña”, dijo Sosa, quien no supo, o no quiso, detallar la duración y continuidad de esta medida.

Conozca la fecha de pago por cada repartición.

Desde el Ministerio de Hacienda y Obra Pública se informó que el 28 y 29 de junio se realizará el pago de haberes y de aguinaldo a empleados públicos de la Provincia.

Cabe destacar que el mencionado pago incluye el Incentivo Docente correspondiente a la 1° Cuota del 4° Trimestre de 2011, por la suma de $ 255,00 o su proporción según la carga horaria de los distintos cargos, acordados con el FONID en paritaria nacional.

Día 28 de junio

-Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad
-Ministerio de Educación
-Ministerio de Medio Ambiente
-Ministerio del Campo
-Ministerio de Inclusión Social
-Ministerio de la Vivienda

Día 29 de junio

-Secretaría de General de Estado Legal y Técnica
-Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
-Ministerio de Salud
-Ministerio de Turismo y las Culturas
-Ministerio de Deportes
-Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte
-Honorable Tribunal de Cuentas
-Fiscalía de Estado
-Poder Legislativo

Además, se pretende que, en los próximos meses, la Nación pague más por alojar los presos.

El ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Eduardo Mones Ruiz, se reunió con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, a fin de acordar el pago de la deuda que la Nación mantiene con San Luis, por $1.000.000, por el alojamiento de presos federales en la Penitenciaria Provincial.

“Tenemos un convenio con la Nación por el cual alojamos presos federales. El último pago corresponde al mes de junio de 2011 por lo que la Nación tiene una deuda respecto de la cual acordamos acortar los plazos”, explicó el ministro.

Mones Ruiz, explicó que “Alak me derivó con el subsecretario del área correspondiente para hacer todas las gestiones, a fin de avanzar y nos informaron que están en condiciones de abonarnos $803 mil pesos del millón que reclamamos, por lo que en los próximos días no estarán abonando esa suma”.

El funcionario indicó que el convenio para alojar presos federales vence en noviembre. Por lo tanto, antes de renovarlo, se le pidió a Alak que se salde la deuda y se revea el monto a pagar el alojamiento, ya que en la actualidad se paga $75 diarios por cada preso federal, y el actual es de $225 por día, tarifa que están reclamando varias provincias del país en la misma situación que la nuestra.

Finalmente, Mones Ruiz señaló que San Luis tiene 40 presos federales y se recibirán más.

El ministro Felipe Tomasevich dijo que se debe a que este año no ha sido una temporada “beneficiosa para el sector”.

Ayer, el ministro del Campo, Felipe Tomasevich, confirmó que el impuestazo inmobiliario, consecuencia de la modificación tarifaria que se hará por el Plan de Austeridad, no se aplicará a los establecimientos rurales, continuando de este modo con un favoritismo para el sector que ha sido más que evidente desde el primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá. 

“Por el momento, el sector agropecuario no se vio afectado en la parte de impuesto inmobiliario. La actividad agropecuaria está realizando y debe aumentar todos sus esfuerzos posibles para que acompañe este Plan de Austeridad, tributando los impuestos que les corresponden. No estaban incluidos porque justamente la actividad agropecuaria, hoy por hoy, con las políticas nacionales no creíamos que era una condición necesario después de una temporada que por ahí no fue tan beneficiosa para el sector”, dijo Tomasevich al ser consultado por el tema.

De todos modos, cabe destacar que, a pesar de que el ministro mencione una temporada “no tan beneficiosa”, lo cierto es que, una vez terminada la sequía de comienzos de este año, fue su cartera la que, junto a las sociedades rurales de la provincia y otras organizaciones, consideró que varios departamentos de la provincia no presentaban “las características técnicas para acogerse a la ley de emergencia agropecuaria”.

“El Gobernador consideró que podría ser una medida que posiblemente la podíamos analizar un poco más adelante, cuando la situación económica y social del sector esté un poquito mejor”, concluyó el ministro, contradiciendo en cierta manera sus declaraciones de hace unos meses.

El operativo de venta será en tres lugares de la ciudad. El Programa Nacional Frutas y Verduras visitará en Villa Mercedes el próximo viernes  y sábado. Se podrán conseguir los bolsones en tres puntos de la ciudad.

El producto se vende en bolsones que pesan entre 11 y 12 kilogramos de verduras, de unas nueve variedades; todas de estación. Su costo es de $30. Por el lado de la fruta, se vende un bolsón de 2,5 kilogramos, también de estación. Su precio es de $10. Cada bolsón viene presentado con un panfleto informativo de carácter nutricional. La verdura es de muy buena calidad, fresca y a un excelente precio para la familia consumidora.

Cronograma
•Viernes 22 de junio de 2012 por la mañana: desde la 9:30 hs. a 13:30 hs en  Plaza San Martín.
•Viernes 22 de junio de 2012 por la tarde: desde las 15:30 hs. a 19:00 hs. en barrio La Ribera, en Plaza frente a la Policía.
•Sábado 23 de junio de 2012 por la mañana: desde las 9:30 hs. a 13:30 hs. se repite en Plaza San Martín.
•Sábado 23  de junio de 2012 por la tarde: de 15:30 a 18:00 hs. en Plaza Saludable.

Los productores, en general  pequeños agricultores o de la agricultura  familiar, reciben apenas entre un 10% y un 20% del precio final en un hipermercado; por el otro lado el consumidor paga entre un 200% a un 350% más de lo que cuesta al comienzo de la cadena de valor. El programa Verduras para Todos se comercializa directamente desde los mismos productores; es decir que todo el precio lo reciben ellos mismos.

Es por el juicio que la fábrica Orbis inició contra la AFIP, pidiendo “la represión de los cupos de la promoción industrial”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó, para este jueves 28, a las partes principales involucradas en el juicio Orbis, empresa radicada en Fraga, contra la AFIP por el aumento de los montos de la Promoción Industrial que el organismo autorizaba como crédito fiscal. Recientemente la Corte dictó un fallo favorable en primera instancia a la empresa radicada en Fraga, y se produjo el llamado a conciliación obligatoria.

“La provincia pidió participar en este juicio como tercer interesado para hacerle conocer a la Corte Suprema de Justicia de la importancia de la Promoción Industrial en el desarrollo de la economía provincial y las consecuencias que podría traer si la Corte revertiera lo que se ha venido diciendo hasta hora”, comentó el fiscal de Estado, Eduardo Allende.

De la conciliación participarán los ministros nacionales de Economía, Hernán Lorenzino, e Industria, Débora Giorgi, además de los gobernadores de San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca, las 4 provincias que están a la espera de la renovación de la promoción.

En enero de este año, Allende anunció que el Gobierno de San Luis se ha sumado a dos presentaciones realizadas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativas a la extensión de los beneficios de la Promoción Industrial, siendo una de ellas la de Orbis. Cabe recordar que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó dicha medida para las provincias de San Juan, San Luis y La Rioja, pero el decreto fue objetado por Mendoza, quien desea ser incluida en los beneficios.

Según explicó Allende, una de las causas fue iniciada por la empresa Orbis, radicada en el interior de nuestra provincia (Fraga), y pide “la represión de los cupos de la promoción industrial”, lo que implica “no una actualización o indexación de los cupos de promoción, sino simplemente mantener la ecuación económica del sistema de la Promoción Industrial, y garantizar así que las empresas tengan un beneficio real y actual”.

Los detenidos ya son 7. Además, la Cámara Federal de Mendoza, quien ordenó la medida, pidió la prisión preventiva de otras 8 personas.

Ahora que se libró de varios jueces sospechados de crímenes de lesa humanidad, la Cámara Federal de Mendoza confirmó los procesamientos y ordenó la prisión preventiva de 15 militares retirados y ex policías, 7 de los cuales ya están presos, acusados de secuestros, torturas y homicidios durante la última dictadura militar. De esta manera, la Cámara Federal de la provincia vecina revirtió la decisión de permitirles seguir libres, que había tomado el juez federal de San Luis, Juan Carlos Maqueda.

Cabe destacar que 5 de los supuestos represores fueron arrestados el día sábado, mientras que dos de ellos, Leyes y Moreno Recalde, se presentaron en el juzgado por su cuenta. La mayoría de los 15 sospechosos pertenecían al Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 141 (GADA 141), la Quinta Brigada Aérea o al Departamento de Informaciones (D2) de la policía de San Luis. 

Además, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ofrecieron detalles sobre los acusados.

Detenidos
– Pedro Armando Gil Puebla (oficial principal de la Policía de la Provincia departamental de La Toma), procesado por su participación en el asesinato de Graciela Fiochetti y las torturas a Víctor Fernández.
– Vicente Ernesto Moreno Recalde (médico anatomopatólogo, se desempeñó en la División Criminalística) está procesado por su participación en torturas a, por lo menos, cinco ex presos políticos y en el asesinato de Fiochetti.
– Luis Mario Calderón (oficial ayudante de la Policía provincial), procesado por las torturas cometidas a, por lo menos, ocho ex presos políticos, el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaraz.
– Rafael Enrique Leyes (oficial principal de la Policía) por torturas en contra de, por lo menos, cinco ex presos políticos.
– Omar Lucero (suboficial de Policía) acusado de participar en torturas de, por lo menos, cinco ex detenidos políticos.
– Jorge Félix Natel (agente de la Policía provincial) por las torturas en perjuicio de, al menos, siete ex presos políticos.
– Juan Amador Garro (cabo de la Policía) por su participación en torturas a, por lo menos, 11 ex detenidos políticos e involucrado en las desapariciones de Rafael Roberto García, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz y el asesinato de Fiochetti.

El resto de los acusados

– Enrique Manuel Ortuvia Salinas (oficial de la Policía provincial) fue procesado por su participación en el asesinato de Raúl Sebastián Cobos, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y torturas a, por lo menos, dos ex presos políticos.
– Higinio Rafael Robles (perteneciente a la V Brigada Aérea) por el asesinato de Dante Bodo en Villa Mercedes.
– Marcelo Eduardo González Moure (teniente de Ejército) fue procesado por tormentos infligidos en perjuicio de al menos 2 ex presos políticos.
-Oscar Guillermo Rossello (oficial principal, Policía Federal) por las torturas a, por lo menos, cinco ex detenidos políticos.
– Armando Nicolás Martínez (subteniente del GADA 141) por su participación en la desaparición de Pedro Valentín Ledesma, el asesinato de Raúl Sebastián Cobos y las torturas a Juan Cruz Sarmiento.
– Celso Juan Angel Borzalino (oficial de la Policía Federal) por las torturas en perjuicio de a, al menos, siete ex presos políticos.
-Horacio Angel Dana (teniente primero de Ejército) por las torturas en perjuicio de Víctor Fernández y el asesinato de Fiochetti.
-Ricardo Alfredo Rossi (teniente del Ejército) procesado por su participación en torturas a, por lo menos, 5 ex detenidos políticos.