Conozca alguno de los puntos más interesantes de este proyecto de ley.

El lunes a la tarde, el ministro de Inclusión Social y Política Habitacional, Eduardo D’Onofrio, dio detalles a la prensa de la nueva Ley de Vivienda que su gabinete presentó el domingo 1ro de abril en la Legislatura. Básicamente, el objetivo del proyecto es que “aquellas viviendas a las que no se les ha dado un destino social y que ya han sido desadjudicadas”, puedan ser rápidamente “recobradas” por el Estado. 

Según explicó el ministro, la ley, en caso de ser aprobada, le permitirá al Gobierno tomar posesión de un inmueble desadjudicado y deshabitado con la simple certificación de un escribano, sin necesidad de iniciar en los juzgados de la provincia un juicio de desalojo, como se hace en la actualidad. De todos modos, si la casa, a pesar de estar desadjudicada, está habitada cuando concurran los agentes gubernamentales y el escribano, se deberá tomar el ya mencionado paso judicial.

Otro punto interesante de la ley es que las viviendas deberán ser habitadas dentro de los 15 días de entregadas. Quienes no puedan hacerlo dentro de ese plazo, “deben presentar la documentación correspondiente”, explicó D’Onofrio.

El proyecto de ley también busca implementar un “novedoso” sistema de comercialización de viviendas que no estén canceladas ni escrituradas. “Ahora, tanto las inmobiliarias como la gente que quiera comercializarlas, lo que debe hacer es ir a pedir al Programa Política Habitacional un certificado que habilite a ser comercializada la vivienda”, comentó el ministro, quien agregó que la ley “contempla severas sanciones para aquel profesional o persona jurídica que se preste a comercializar este tipo de viviendas” cuando no están canceladas.

Finalmente, el ministro destacó que la ley incluye un apartado que establecerá un plazo máximo de 90 días para la devolución del dinero a aquellas personas que ya no deseen formar parte de los planes habitacionales del Gobierno.

Según el Gobierno, las autorizaciones datan de 2008 y 2010.

Ayer, la Agencia de Noticias de San Luis reportó que, desde el Programa Seguridad y Planeamiento, a cargo de Diego Masci, se respondió al pedido municipal de que se especifique la ubicación de las cámaras de videovigilancia, adjuntando las notas enviadas por la Municipalidad de San Luis el pasado 4 de agosto de 2008 y 19 de noviembre de 2010, donde se autorizaba la instalación de las cámaras de seguridad en los espacios públicos de la ciudad.

“En esa respuesta se informan cuales fueron las autorizaciones para la instalación del sistema de videocámaras y los lugares donde están las cámaras”, explicó Masci, quien además manifestó que hubo “algún problema de archivo donde no encuentra la documentación” y por eso realiza la solicitud.

De igual manera, el funcionario reiteró una vez más que “la falta de formas para pedir aquella documentación que no se encuentra, a nosotros nos llamó la atención”, refiriéndose al hecho de que el pedido de declaración jurada haya sido firmado por el ex director de Ingresos Públicos municipal.

Dijo la concejal opositora Adelaida Muñiz sobre el veto del intendente a su ordenanza. Además, fijó su pstura respecto al proyecto de presupuesto municipal.

La concejal de Compromiso Federal, Adelaida Muñiz, criticó duramente el veto del intendente Enrique Ponce a la ordenanza de su autoría que prohíbe el traslado transitorio de los artesanos a plaza independencia. Además, la edil adelantó que mañana se tratará el proyecto de presupuesto del municipio y fijó su postura al respecto.

“Me lo esperaba, realmente me parece que no tiene cabeza. Me parece que él está actuando sin un sentido del ordenamiento urbano. Claramente, él no quiere preservar nuestro patrimonio histórico, lo cual me duele como vecina”, manifestó la concejal.

A pesar del veto, “vamos a insistir con esta ordenanza porque la plaza Independencia tiene su valor histórico, debe ser rescatada y conservada”, expresó Muñiz.

La edil explicó que con los votos positivos de los dos tercios u ocho votos de los concejales la ordenanza queda firme sin posibilidad de veto. En caso de que no se pueda dejar sin efecto el veto, Muñiz comentó que está vigente la ordenanza que establece que los vendedores ambulantes y artesanos deben trabajar en plaza del Carmen, ex Estación de Trenes y el Paseo del Padre.

El presupuesto

Muñiz adelantó que el proyecto de presupuesto municipal se tratará mañana en el Concejo Deliberante, tal como predijo el concejal Néstor Menéndez.

“Somos críticos del presupuesto, no reúne los requisitos mínimos que debiera contener cualquier presupuesto, pero entendemos que es una herramienta fundamental para el intendente. Estamos viendo qué vamos a hacer, te diría que la intención es aprobarlo pero tiene cuestiones que son insalvables”, disparó la edil.

La medida de fuerza se debe a reclamos salariales.

La Asociación de Docentes Universitarios de San Luis (ADU) resolvió efectuar un paro general de actividades por 48 horas, comenzando el día de hoy y hasta mañana, en demanda de mejoras salariales, según lo confirmó hoy a la Agencia de Noticias de San Luis el secretario general del gremio, Diego Costa.

La modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que ha quedado confirmado que no habrá clases en la escuela Normal Mixta “Juan Pascual Pringles”, donde la adhesión al paro será total. La medida también se aplica en todas las sedes de la Universidad Nacional de San Luis, haciendo la salvedad que no todos los docentes de la casa de altos estudios adhieren a la medida de fuerza.

Lo que reclaman los docentes universitarios son $3.500 para el cargo testigo de Auxiliar de 1ª con dedicación semi-exclusiva, la derogación de la 4ta categoría del impuesto a las ganancias, y la universalización de las asignaciones familiares con monto digno.

La protesta es por considerar “insuficiente” la propuesta salarial del Gobierno nacional, que ofreció abonar un 12% en marzo, a cobrar en abril; un 4 % en agosto, a cobrar en septiembre; y un 2,5 % en noviembre, a cobrar en diciembre. Cabe destacar que estas cuotas no son acumulativas, por lo que, al finalizar el año, el aumento total habrá sido del 18,5 %.

“La propuesta es insuficiente y está muy lejos de lo que pretendemos, por debajo de la inflación prevista para este año y sin tener en cuenta los permanentes aumentos de precios”, concluyó Costa.

El autor del proyecto es el concejal Francisco Guiñazú. El edil Francisco Guiñazú presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación en la ciudad de un gimnasio-escuela municipal. Además de actividades deportivas, el proyecto contempla la práctica de actividades artísticas, educativas, culturales, recreativas individuales y grupales.

La iniciativa dispone que la Municipalidad debe disponer del lugar donde funcionará el gimnasio-escuela. Además, el Ejecutivo Municipal deberá financiar el proyecto (que debe estar contemplado en los sucesivos presupuestos) y proveer la infraestructura material y personal. Por otra parte, se establece que el Municipio podrá disponer de la creación de nuevos el gimnasio-escuela, teniendo en cuenta las necesidades de las ciudad y los vecinos.

“La decisión del intendente y del todo el Gabinete que lo acompaña es vetar la norma en un contexto de atribuciones propias del Poder Ejecutivo. El representante legal del municipio es el intendente y tiene la labor exclusiva por la Carta Orgánica de ejecutar la política en defensa de la cultura. De manera que en esto, el Concejo Deliberante está avanzando sobre una atribución del Poder Ejecutivo”, explicó Fagés.

La ordenanza, iniciativa de la concejal de Compromiso Federal, Adelaida Muñiz, fue aprobada hace casi un mes por el Concejo Deliberante por ocho votos positivos contra tres negativos. A pesar del veto, Muñiz explicó que insistirá con su ordenanza y que se necesitan los dos tercios u ocho votos para que quede firme. 

Por su parte, Fagés dijo que le sorprendió la aprobación de la ordenanza “que da la sensación de tener una dirección política” cuando se realizarán las obras de prolongación de la peatonal y la reforma del Paseo del Padre.

Finalmente, Fagés destacó que se convocará a los artesanos y a otros sectores sociales para consensuar el lugar definitivo donde trabajarán los artesanos.

Carnet de conductor y videovigilancia

El flamante secretario de Hacienda, Esteban Pringles, dijo que, con la nota que se envió al Gobierno para que se informen la cantidad y ubicación de las cámaras de seguridad instaladas por el Ejecutivo, no se busca ningún enfrentamiento.

“Ellos tienen que presentar la declaración jurada y nosotros determinar si el procedimiento está bien, o si deben pagar algo, o no. Queremos que todos cumplan con las reglamentaciones. Es un proceso que llevamos con todas las empresas que usan el aire”, explicó Pringles.

Cambiando de tema, en la conferencia de Gabinete, el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Eduardo Mones Ruiz, informó que se le quiere cobrar a la Municipalidad $2.800.000 por 24.000 carnets que se emitieron. El pedido, informal aún, se dio a conocer cuando el ministro anunció que el Gobierno dejaba de emitir el carnet de conductor en la ciudad.

“Nos quiere cobrar $2.800.000 de 24.000 carnet emitidos. Si saca la cuenta, sale $116 cada carnet, nosotros vamos a hacer 24.000 carnet a $1,16”, explicó Pringles, quien resaltó que el pago que se pide desde el Gobierno no tiene sustento jurídico. De todas maneras, el Ejecutivo no hizo todavía el planteo formal, sólo a través de los medios, por lo que se desconoce el fundamento legal del reclamo. Además, Mones Ruiz, cuando habló del tema no dio argumentos para el reclamo monetario.

La medida se tomó por la tormenta de ayer.

La Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial informó la suspensión de términos judiciales a partir de la hora cero de hoy para los Juzgados de Familia y Menores, las Defensorías de Menores y el Cuerpo Profesional Auxiliar que funcionan en Pedernera N° 209. Desafortunadamente, no se detalló hasta cuando rige la suspensión.

La medida fue tomada para evitar cualquier situación de peligro debido a las inclemencias climáticas de ayer que provocaron la inundación en el edificio citado.

Asimismo, se informó que los agentes judiciales y funcionarios que desarrollan su actividad en dichas dependencias deberán presentarse en el horario normal de trabajo en Secretaría Administrativa, a los fines de firmar la planilla de asistencia donde oportunamente se les comunicará las novedades de la situación.

Cabe mencionar que el edificio se mantendrá cerrado y solo personal de mantenimiento podrá ingresar a este, inter se comunique el levantamiento de la medida.

“No quiero ningún funcionario part time”, fue una de las cosas que el Gobernador le dijo a sus funcionarios.

“No quiero ningún funcionario part time, quién así no lo entienda no formará parte de mi gobierno”, le dijo el gobernador Claudio Poggi a sus funcionarios, durante la reunión de gabinete ampliada. El disgusto de Poggi es de tal magnitud que suspendió las reuniones de Gabinete el resto del mes.

El Gobernador decidió suspender durante lo que resta del mes la habitual reunión del Gabinete de ministros de los días lunes, porque no está satisfecho sobre cómo se están desarrollando. En lugar de realizar la reunión, Poggi se entrevistará “con cada uno de los ministros y sus equipos de trabajo, para precisar los objetivos del 2012 anunciados en mi discurso de apertura de las sesiones legislativas”.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, el primer mandatario dijo que “ninguna acción de gobierno puede considerarse exitosa si no se involucra al ciudadano o vecino. Hicimos mucho en estos 120 días, pero falta muchísimo por hacer y cada uno de ustedes debe poner toda su capacidad de trabajo y sensibilidad en beneficio de la gente. Seré muy exigente en el cumplimiento de los objetivos propuestos”.

Finalmente, Poggi remarcó que las empresas del estado y los entes autárquicos o descentralizados “no son islas en la estructura del gobierno, son parte del mismo y personalmente me involucraré en la conducción de cada una de ellas”.