El abogado de los Escudero responde a todas las versiones vertidas por Fiscalía de Estado durante esta semana.

Ayer a la tarde, La Gaceta dialogó en exclusiva con Guillermo Domeniconi, abogado de la familia Escudero, quien se refirió a las versiones vertidas por Fiscalía de Estado, órgano estatal que asegura que el campo “La Camila”, en Estancia Grande, no es de don Mario.

“Cuando don Mario Escudero compra ese campo, lo que adquiere es una cesión de derechos posesorios, es decir está continuando la posesión iniciada en su momento por Teófilo Vega, un heredero de Valentín Vega que es el titular de dominio en el Registro de Propiedad. Que no figure en el registro de la propiedad es una cuestión tangencial, porque no es ni siquiera declarativo”, comentó a explicar el letrado.

“Cuando una va a comprar una propiedad se le transfiere titularidad de dominio, como ocurre con quien tiene una escritura inscripta a su nombre. Cuando no existe esa escritura inscripta registralmente al nombre de la persona, se transfieren derechos posesorios. Si se van sumando los años que ejerció de posesión quien le transfirió más los que viene ejerciendo Mario Escudero, superan ampliamente los 20 años que establece la ley par adquirir la titularidad de un dominio”, aclaró Domeniconi, indignado por las declaraciones de Roal Cattáneo, secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado.

“El carácter de dueño de Mario Escudero está probado y reconocido en el expediente. Si no fuese dueño, él no habría tenido por contestada la demanda y no habría tenido recurso de apelación. Directamente le dicen, ‘usted no es parte’”, agregó el abogado.

Finalmente, Domeniconi, consultado por las declaraciones de Cattáneo, quien dice que los Escudero pidieron una indemnización monetaria “desproporcionada”; sintéticamente respondió: “Eso no es verdad. Jamás se habló de ningún precio”.

Corresponde a una división de Bomberos de la Policía. Hoy al mediodía, quedará oficialmente inaugurado el Cuartel 5 de Bomberos de la Policía de la Provincia, que funcionará en el predio de Terrazas del Portezuelo. El cuartel está ubicado cerca del ex Predio Ferial.

El cuartel contará con una dotación de 16 efectivos en total, los que cumplirán guardias de 24 horas los 365 días del año. Además, contará con dos modernos vehículos de intervención; uno de fabricación norteamericana con una escalera de 20 metros de longitud y 3.000 litros de agua, para atender requerimientos en grandes estructuras y una unidad de rápida intervención para incendios forestales.

Esta edificación se encuentra emplazada estratégicamente, ya que se sitúa en cercanías a la Terminal de Ómnibus que se está construyendo en el ex Predio Ferial y cuanta con puntos de ingreso tanto para la Autopista Serranías Puntanas, como así también para la Avenida José Santos Ortiz, para asistir con rapidez ante eventuales accidentes de tránsito.

Cabe destacar que además, brindará una respuesta inmediata ante una eventual emergencia que suceda dentro de algunos de los edificios que componen el complejo de Terrazas del Portezuelo y a su vez tiene acceso privilegiado a los barrios del sur y del sudeste de la Ciudad.

Respecto a las características del establecimiento, desde los Ministerios de Seguridad y Obra Pública, informaron que cuenta con oficinas, dormitorios, guardia de incendio, salón para el estacionamiento de los vehículos, cambiadores, depósito y  también tendrá un aula que será destinada para la capacitación del personal de bomberos de los diferentes cuarteles de la Provincia.

Más testimonios de trabajadores que han sido explotados por más de una década.

Durante la mañana de ayer continuaron las manifestaciones y reclamos de los pasantes y gente del Plan de Inclusión que se ha cansado de realizar tareas administrativas y profesionales en el Complejo Sanitario San Luis por tan solo $700.

Con un Gobernador que prácticamente ya ni pisa la provincia y todos los ministros en reunión de Gabinete en El Trapiche, los trabajadores decidieron posponer hasta el próximo lunes su idea de marchar a Terrazas del Portezuelo y volvieron a manifestarse frente a su lugar de trabajo.

“Nosotros preguntamos, ¿cuándo es el examen? No sabemos. ¿Cuántos cupos son? No sabemos. Somos 200 y habrá 10 cupos, ¿y los demás qué hacemos?”, se preguntó Claudia, quien lleva 12 años “trabajando en negro” en el Policlínico. “Siempre estamos en la misma, no tenemos nada en concreto. No hay disposición para hablar, no hay ganas de solucionar las cosas. A la primera amenaza o primer despido va a ser peor”, agregó la mujer.

“Ahora nos apuraron y algunos ya no quisieron venir. Vinieron muy poquitos, somos 3 o 4, pero allá somos 25. Nos apuran que nos van a echar, que van a tomar nota. 10 u 11 años ahí. ¿Quién puede vivir con $700? Me da tanta bronca, tanta impotencia, tanta injusticia. Hay señores que han entrado después y son los mejores acomodados que hay”, dijo, con su voz a punto de quebrarse, David, quien hoy en día se desempeña en el Hospital Psiquiátrico, pero también ha trabajado en la cocina y la lavandería del hospital.

“Estamos como perros. Basta de pisotearnos y discriminación”, gritó don Lucero, un hombre de 60 años que lleva 11 como camillero y ganando 700 pesos o menos.

La víctima es un bebé de 5 meses.

Cristian Cano, jefe del Programa de Epidemiología y Bioestadística, confirmó, en la mañana de ayer, que se ha detectado y confirmado, a través del sistema de vigilancia laboratorial, el primer caso de gripe A de este año. De acuerdo al funcionario, la víctima es “un chiquito de 5 meses de edad que se encuentra internado en el Complejo Sanitario San Luis”.

Afortunadamente, la criatura parece estar respondiendo bien al tratamiento que se le está dando. “Ha tenido muy buena evolución del cuadro respiratorio y estamos a la espera de que se de el alta en los próximos días si todo evoluciona bien”, comentó Cano.

“El virus de la gripe H1N1 va a circular y está circulando. Es un virus más que va a circular todos los años y la herramienta fundamental para prevenir esto es la vacunación a los grupos de riesgo, sobre todo a las embarazadas. Todavía se está a tiempo de realizar la vacunación. Vamos a estar vacunando todo el año”, concluyó el funcionario del Ministerio de Salud.

“Pedimos una audiencia ya con la presencia del juez. Cada parte planteará y hará el reclamo que tenga, acreditará el derecho que tenga, se hará un acta de esa audiencia. La idea de la audiencia es llegar a una solución, nosotros vamos con toda la predisposición de solucionar el problema de la mejor forma”, aseguró Cattáneo.

Según el funcionario, el Gobierno volverá a proponer la expropiación de tan solo 15 hectáreas, la construcción de una casa con todos los servicios y un camino lateral de paso. “La propuesta básica está, a lo mejor hay una cuestioncita menor que hay que pulir, pero vamos con espíritu de solucionar el problema. Fiscalía, básicamente, a la propuesta ya la realizó. Si hay que discutir alguna cuestión menor u otra cuestión escucharemos, veremos y si hay posibilidad de llegar a un acuerdo o una solución lo haremos”, manifestó Cattáneo, quien, para concluir, comentó que el juez que conduzca la audiencia será quien determine si los Escudero son dueños o no de sus tierras.

“Nosotros lo hacemos como un tema humanitario”

Por su parte, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, ratificó lo dicho por Cattáneo, pero también aprovechó para tirarles unos cuantos puñales a los Escudero, asegurando que la familia, de las 15 hectáreas que ahora quiere el Gobierno, ofreció ceder 9 “y vender a la provincia 6 hectáreas más por un monto que nosotros consideramos excesivo y totalmente abusivo”.

“Reitero, la familia Escudero no tiene título y no tiene tampoco un reconocimiento de posesión sobre el campo. El campo tiene una superficie llana de unas 20 hectáreas (sobre un total de 120). El resto del campo es sierras y es improductivo. Y la ley de expropiaciones dispone que cuando uno expropia un inmueble y la parte que no se necesita no es productiva, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de toda la propiedad. Nosotros lo hacemos como un tema humanitario”, comentó el fiscal, quien, cuando se le preguntó por qué le ofrece una casa y quiere negociar con quien “no es dueño” del campo, volvió a manifestar que se trata de una “cuestión humanitaria y social”.

“Queremos evitar que una situación que es totalmente irregular, totalmente ilegítima, pueda ser distorsionada y usada por gente de la oposición que están queriendo capitalizar un hecho ilegal en un reclamo que está siendo totalmente distorsionado”, concluyó Allende, disparando también contra los candidatos a gobernador y demás agrupaciones que han manifestado su repudio al trato recibido por esta familia.

El secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado dio a conocer la versión del Gobierno sobre el truncamiento de las negociaciones con la familia Escudero.

Ayer a la mañana, Roal Cattáneo, secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, dio a conocer la versión del Gobierno sobre el truncamiento de las negociaciones con la familia Escudero de Estancia Grande. De acuerdo al funcionario, todo se frustró cuando Don Mario exigió una indemnización que “era un despropósito”.

Cattáneo es el mismo agente de Fiscalía que fue al campo de los Escudero la noche del viernes. “Aún cuando el señor Escudero no tiene derecho sobre el campo, y esto surge del expediente, atendiendo a su situación social se le ofrece construirle una casa, llevarle los servicios y darle un paso. Se dice que sí a todo. Cuando vamos para ultimar detalles, se nos pide también una indemnización, aparte de la casa con los servicios. No es que nosotros cerremos la negociación. Se planteó algo que no podemos negociar como Estado. El Estado no puede pagarle a quien no es propietario”, explicó el funcionario, quien más de una vez comentó que el Gobierno estuvo a punto de aceptar la propuesta de los Escudero.

“A ese reclamo en un principio se le dice que si, pero tenemos un primer problema como Estado que es que el señor Escudero no es el propietario del campo”, manifestó Cattáneo, quien luego dejó deslizar que la expropiación casi fue reducida a tan solo “15 hectáreas”.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Judiciales comentó que quien figura en el Registro de Propiedad del Inmueble como dueño del campo de los Escudero es Valentín Vega, un hombre que ya murió hace algunos años. “Se han presentado los herederos de Vega, Valentín en el juicio de expropiación. Ellos se han presentado reclamando la indemnización por la expropiación”, la cual asciende, salvo que un juez diga lo contrario, al 130% de la tasación fiscal del terreno.

“Eso es lo único que se puede discutir en una expropiación. Se puede discutir el valor del inmueble, pero la declaración de utilidad pública se hace por decreto y no se puede discutir judicialmente. Hay una parte del terreno, que si fuera propietario Escudero, lo mejor que le podría pasar es que le expropien todo. Yo no sé que tan productivo puede ser para explotación ganadera o agrícola”, concluyó Cattáneo.

Mientras tanto, los Escudero y las personas que los apoyan, contiuán en el campo a pesar del intenso frío y de la nevada de ayer.

El accidente sucedió en el barrio San Martín. Un menor que conducía una moto falleció como consecuencia del choque contra un árbol el sábado pasado por la tarde. El acompañante está internado con múltiple heridas, según informó relaciones Policiales.

Joel Valenzuela (14) y  Mauricio Ezequiel Sosa (17), viajaban en una Motomel 110 cc por calle Antártida Argentina del barrio San Martín. Cuando llegaron a mitad de cuadra, Joel perdió el control embisten de la moto y choco contra un árbol ubicado en la vereda.

Como ninguno de los dos chicos usaban casco, Valenzuela perdió la vida al instante del choque, mientras que Sosa sufrió múltiples traumatismos y fractura en ambos maxilares.

A principios de mes pasado, dos jóvenes de 13 años, perdieron la vida en la entrada de Merlo cuando fueron embestidos por un auto luego de hacer un giro en U con la moto. Los hicos no usaban casco.

Por lo que le sucedió interpuso una demanda en la Justicia contra el Gobierno. Conozca los detalles del caso. Un hombre fue absuelto por la Justicia acusado de ser un violador serial, luego de estar en prisión. Como consecuencia del caso, el inocente sufrió golpiza policial, perdió su trabajo, vivienda, su mujer lo abandonó y perdió a sus hijos. Por todo lo sucedido, el ex preso demandó al Gobierno por daños y perjuicios por $200.000.

Según se detalla en la demanda, a comienzos de 2006, la Policía buscaba intensamente a un violador serial que asolaba los barios del sur de la ciudad. El día 20 de enero del año mencionado, Pablo Gregorio Barroso fue detenido acusado de haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. De acuerdo a la demanda, Barroso fue detenido por ser una “persona que reunía todas las características de alguien a quien inculpar para salir del paso, pues se trataba de alguien de bajos recursos, analfabeto, que no podría pagar un abogado particular y que tenia dificultad para expresarse”. Además, la demanda menciona que Barroso sufrió apremios ilegales de  parte de efectivos policiales.

A Barroso se le dictó la prisión preventiva donde permaneció durante un año y medio. En la Penitenciaría, el detenido tuvo que soportar más apremios ilegales del personal y tuvo que defenderse de la agresión de otros internos. Durante el período que Barroso estuvo preso, su pareja estuvo a cargo del hogar pero terminó formando pareja con otro hombre. Además, los tres hijos de la pareja están a cargo de una familia sustituta porque estaban desnutridos. Como si todo lo ocurrido no fuera suficiente, la vivienda del barrio 9 de Julio donde vivía la familia de Barroso fue usurpada.

El día 24 de julio de 2007, Cámara del Crimen declaró inocente a Barroso. Desde su liberación, el inocente no pudo recuperar su trabajo, vivienda e hijos.

Se encuentran en operativos de tránsito en la ciudad. En una semana, se detectaron seis licencias de conducir falsificadas como consecuencia de controles de tránsito. En lo que va del año, son 20 los carnets falsos identificados, de los cuales la mayoría  corresponden a la categoría motos.

“En todos los casos nos encontramos con el formato y la firma adulterados por lo que de inmediato se procede al traslado de los conductores a la comisaría que corresponda, según la  jurisdicción del operativo,  para la correspondiente denuncia y averiguaciones pertinentes”, aseguró María Isabel Valdivielso, directora general de Tránsito y Vía Pública.

La funcionaria indicó que cada conductor recibe un acta de retención del documento falsificado y un acta de infracción que se eleva al Juzgado de Faltas.