No solo el tarifazo del 370%, sino también el plan de regularización de obas construidas no declaradas fue aprobado en la brutal sesión de más de 7 horas del Concejo Deliberante. Este plan incluye descuentos del 60% para quienes se acojan a los beneficios del plan de manera espontánea, del 50% si lo hacen en 3 cuotas con un anticipo del 25%, del 40% si se presentan luego de una intimación del municipio y del 30% si es en cuotas, luego de la intimación.

La oposición hizo fuertes críticas a este proyecto, vinculadas al tarifazo que también se aprobó este jueves. Según explicó el opositor Alejandro Cordido, una vivienda social que declare una ampliación de 25 metros cuadrados tendrá que pagar, para regularizar su situación, 105 UMM (Unidad Monetaria Municipal) por metro cuadrado (2.625 UMM) en total. Al precio de hoy, serían unos $61.000 que en octubre subirán a $195.000, pero que quedan en $78.000 si la persona va voluntariamente a declarar la ampliación.

Una de las principales críticas fue que es el mismo descuento para el vecino común como para los grandes emprendedores inmobiliarios. “¿Al negocio inmobiliario le vamos a dar el mismo beneficio que al vecino común? Hay que ver cuánto se ahorran (los constructores inmobiliarios) por meter uno o dos o cinco pisos más”, dijo Cordido.

Otro punto que se criticó es el artículo 6, que faculta a la Secretaría de Hacienda a “convenir regímenes especiales de pago y descuentos para contribuyentes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, situación de vulnerabilidad y/o condiciones socioeconómicas desfavorables, jubilados y pensionados con ingresos mínimos y personas con capacidades diferentes”.

Esta redacción, para la oposición, es muy poco clara, ya que “no está clara la línea de la pobreza”. “Estamos facultando a la secretaria de Hacienda a darle el beneficio a alguien según su cara”, dijo Cordido, remarcando que la funcionaria “puede negociar lo que ella quiera, con los beneficios y descuentos que ella quiera”.

También se criticó el hecho de que diga “personas con capacidades diferentes”, ya que el término correcto es “persona con discapacidad”.

Este proyecto se aprobó por 8 votos positivos (los 7 del oficialismo más el de Laura Sánchez que se cambió de bando) a nada, porque la oposición optó por no ejercer el voto.

Lo que sí se aprobó, según la opositora Agustina Gatto, es la “Tarifa Municipal: Agustina Arancibia Rodríguez, a pagar por todos los ciudadanos de la ciudad de San Luis”. Esta nueva “tarifa” se debe a que, según expuso Gatto, está “consentido y firme” que las astreintes de $150.000 diarios por desobedecer la orden judicial de reincorporar a los 14 trabajadores de planta permanente dados de baja serán pagados, en caso de que el juicio salga a favor de los demandantes, por el Concejo Deliberante y no por la presidente que tomó esa decisión, Agustina Arancibia Rodríguez.

Esto ya fue confirmado por Arancibia Rodríguez el pasado 7 de junio, cuando La Gaceta Digital le preguntó quien debería pagar esta multa. De igual manera, el tema saltó en la sesión de hoy cuando la oposición le pidió a la presidenta del Concejo “que modifique su postura, asuma las consecuencias de sus actos, presidenta, no lo cargue al pueblo de San Luis”.

De acuerdo a los cálculos de Gatto, la multa que el Concejo deberá pagar con los fondos de todos los vecinos si Arancibia Rodríguez pierde el juicio ya asciende a 18 millones. “Quiere que la ciudadanía pague por sus actos, por su deliberada decisión de no cumplir con una orden judicial”, sostuvo la opositora.

También se aprobó una declaración de interés por el Día del Orgullo LBGTIQ+. Si bien estas declaraciones no revierten gran importancia, esta fue muy notoria por todos los conflictos que se han vivido en el Concejo con el colectivo trans. Tras la aprobación de la declaración, miembros del colectivo tomaron la palabra y tuvieron esto para decir:

 

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Por otro lado, lo que no se aprobó en esta sesión, gracias al voto del oficialismo y Sánchez, fueron pedidos de informe sobre el avance de las obras de urbanización del barrio La República, sobre los adelantos financieros del Gobierno a la Municipalidad que ya suman 4.800 millones de pesos y sobre las tareas desempeñadas por el asesor letrado del Concejo (José Benito Muñiz Olivera Aguirre), quien según la oposición no ha ido a trabajar ni un sola vez desde que fue designado.

En una caótica sesión (como casi todas), el Concejo Deliberante aprobó el tarifazo de tasas y servicios municipales, En concreto, el proyecto modifica la tarifaria 2024, llevando el valor la unidad monetaria municipal (UMM) de $23,23 a $51,64, lo que supone un aumento del 122,31% con respecto al valor actual de la UMM, y un 225,12% en lo va de 2024. Cabe explicar que la UMM es la base que se utiliza para calcular el valor de los servicios brindados por el municipio. Por ejemplo, el carnet para conducir automóviles cuesta 190 UMM por año, lo que equivale a $9.811 con la aprobación de este proyecto.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el proyecto aprobado establece que este valor regirá hasta el 30 de septiembre, por lo que en un octubre se aplicará un nuevo aumento, en base a la inflación del trimestre “inmediato anterior”. En base a esto, la oposición estima que el próximo aumento será del 44,8%, llevando la UMM a $74,77, totalizando una suba anual del 371%. Por ende, el carnet para conducir pasaría a costar $14.206.

Además del brutal aumento, muy por debajo de los aumentos salariales que ha recibido la mayoría de los puntanos, se introducen otras modificaciones, como por ejemplo la inclusión de nuevos rubros que deberán tributar alícuotas especiales, como empresas productoras de combustibles líquidos y/o gas natural y comercializadoras de las mismas; empresas nacionales o internacionales comercializadoras de telefonía celular, cadenas de farmacia y empresas fúnebres, entre otros.

También se suman nuevos rubros que abonarán el inicio de trámite de habilitación y/o renovación, como bancos, supermercados, clínicas y sanatorios, casas de juego y casinos, bares y restaurantes, cadenas de farmacias y hoteles, entre otros.

En cuanto al debate, el mismo comenzó con el concejal oficialista Diego Videla, a quien el oficialismo acusa de ser conductor de Uber, leyendo los detalles del proyecto de modificación y asegurando que “a enero de 2025, la proyección de la UMM será la misma a cómo venía la tarifaria aprobada”. Al respecto, cabe destacar que el proyecto aprobado en diciembre del año pasado establecía una única actualización de la UMM en el año, que iba a ser después primer semestre. La modificación aprobada hoy introdujo un aumento más, ya que en octubre la UMM volverá a subir, que se aplicará sobre los anteriores, lo que convierte a lo dicho por Videla en algo completamente falso.

Videla también destacó que el proyecto original establecía el valor de la UMM en $51,64 hasta el 31 de julio, lo cual fue cambiado en el Concejo al 30 de septiembre. Este es el único freno que el oficialismo le puso al aumento que pretendía la gestión de Gastón Hissa.

Por el lado de la oposición, el primero en tomar la palabra fue Andrés Russo, recordando como la oposición a Sergio Tamayo, o sea el actual oficialismo, “decía que era una barbaridad” cuando la Municipalidad enviaba aumentos de tarifaria del 30 o 35% anuales. Russo, y varios de sus compañeros de bloque, hicieron un fuerte hincapié en que este aumento no está justificado debido al superávit del que goza el municipio capitalino y los 4 aportes de 1.200 millones que recibió del Gobierno provincial.

“Cuando llega la rendición trimestral se ven dos cosas. Una es que tiene un superávit de 1.200 millones de pesos y por el otro es que tiene un plazo fijo que le rinde 196 millones de pesos. Para que un plazo fijo te rinda 196 millones de pesos, tenés que estar invirtiendo 3.600, casualmente el monto de anticipos de compra para el primer trimestre”, dijo Russo, asegurando que con estas cifras “se cae la mentira” del mal estado financiero de la Municipalidad.

Russo, que fue secretario de Gobierno de Tamayo, también sacó cuentas en base a la rendición trimestral y estimó que, de acuerdo a los $820 millones de recaudación mensual informados por la secretaria General Fabiana Malamud, la misma no cayó. “Lo que se cae es otra mentira”, aseguró el concejal opositor.

Por su parte, Alejandro Cordido sostuvo que, con este aumento, el oficialismo “tendría que haber incorporado algún artículo modificando el presupuesto”, para darle destino a todo el dinero que el municipio va a recibir gracias a este aumento. “Ustedes saben que el intendente Hissa va a tener más de 2.000 millones, aparte de los 4.800 y los 1.200 de superávit cuando esto empiece a regir plenamente”, dijo Cordido.

Agustina Gatto también hizo hincapié en el buen estado de las cuentas del municipio, señalando como, cuando Hissa asumió, se hablaba de un “desguace” y ahora la Municipalidad tiene superávit. “Del desguace al superávit sin escalas”, subrayó la opositora, destacando por otro lado la crisis económica que vive la mayoría de los vecinos de la ciudad.

La concejal del PJ también dio algunos ejemplos de los valores que tendrán algunos trámites municipales, como las habilitaciones comerciales luego de la aprobación de esta suba. Por ejemplo, dijo que la habilitación de un bar pasará de $6.348 en diciembre de 2023 a $223.000 en octubre de 2024, mientras que una confitería bailable tendrá que pagar $535.000, mientras que el año pasado eran $114.000.

Otra de las modificaciones que se le introdujo al proyecto en el Concejo fue el artículo 13, que incorpora un nuevo requisito para sacar la licencia de conducir, el libre deuda municipal. Cordido calificó esto como “inconstitucional”, destacó la “enorme burocracia” que esto supone y dio antecedentes de lugares donde medidas similares fue declaradas inconstitucionales, como en Entre Ríos.

El tratamiento del tema terminó en un caos total, ya que el presidente de la bancada oficialista, Mario Silvestri, tomó la palabra, después de casi dos horas de alocuciones opositoras, y pidió el cierre del debate, lo que, como siempre ocurre, enfureció al bloque del PJ. Silvestri también sostuvo que el aumento que ha regido hasta ahora es del 46% y que muchas de las otras modificaciones afectan “ante todo, a los que más pueden, es decir algunos grandes contribuyentes” y que había algunos “números que eran irrisorios”. “Un inspector para poder ir a controlar un lugar, lo que se cobraba de tasa o sellado no daba la cuenta ni para la nafta”, argumentó.

El oficialismo, gracias a la mayoría que tiene (8 a 7) por el cambio de bando de Laura Sánchez, aprobó el cierre del debate y luego la modificación de la tarifaria. En este sentido, cabe destacar que La oposición directamente se negó a votar, en vez de hacerlo de manera negativa.

Cabe señalar que, en medio de todo esto, desde la oposición se arrojó todo tipo de calificativos hacia el oficialismo, diciéndoles “desalmados”, “mentirosos” y que le están “cagando la vida” a los vecinos de San Luis, entre otras cosas. También los acusaron de tener reuniones “en secreto” con distintas cámaras empresariales. Por el lado, desde el oficialismo el único que dijo algo similar fue Silvestri, tratándolos de “mentirosos”. Los demás estuvieron completamente mudos.

El video de la caótica votación.

Este lunes 24 de junio, la comisión de Legislación General del Senado se reunió con autoridades del Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de San Luis (Cinytec) para conocer su punto de vista sobre un anteproyecto que busca crear un colegio profesional aparte, solo para ingenieros civiles.

Al finalizar este encuentro, el Cinytec, cuyo presidente es Alejandro Kane, comunicó su postura con respecto a la creación de este nuevo colegio, destacando “la necesidad y conveniencia de mantener la colegiación única, evitando la separación de titulaciones similares entre ingenieros civiles, ingenieros especialistas y técnicos”.

La institución también destacó que en San Luis solo hay 141 ingenieros civiles, una cifra que, aun computando aquellos matriculados que no están en actividad, “no asegura la presencia de la colegiación en todo el ámbito provincial”.

Si bien la presentación del Cinytec destaca que, en provincias con mayor número de colegiados, la separación ha permitido una respuesta más específica a las diversas necesidades profesionales; también se trató el caso especial de Buenos Aires, donde, a pesar de que concentra el mayor número de profesionales del país, hay un solo Colegio de Ingenieros.

El Colegio también destacó ante los legisladores distintas actividades y beneficios que ofrece a sus colegiados, como convenios con prepagas y universidades, la organización de eventos deportivos y sociales, asistencia económica a colegiados, capacitaciones y convenios con distintas intendencias para aportar profesionales en áreas de planeamiento y control de obras.

En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados lograron la media sanción de la polémica reforma del Código Procesal Penal y la suspensión de la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes. La particularidad de la aprobación de estos proyectos es que no hubo debate previo. El poggismo impuso su voluntad de no querer debatirlos y el bloque opositor del peronismo estalló.

“Está muy claro que hoy, la Cámara de Diputados es una oficina del Poder Ejecutivo. Vieron que tienen absolutamente todos los votos. Pero si realmente creen y están seguros de lo que hacen, ¿por qué no permiten el debate? ¿Por qué no escuchan a todos los legisladores? Porque nosotros también fuimos elegidos por el pueblo. Es lamentable que hoy, en el único lugar que los diputados tienen voz y tienen voto, que es la Cámara de Diputados, no podamos debatir porque cierran el debate”, dijo la diputada opositora Silvia Sosa Araujo, enojada con lo sucedido en la sesión.

Desde antes del inicio de la sesión trascendió que se iba a lograr que se aprobaran los proyectos sin debate.

La oficialista Marisa Patafio respondió a La Gaceta Digital que no hubo debate hoy porque la semana pasada se debatió sobre la Ley de Narcomemudeo y cuando se estaba por votar el bloque peronista opositor se fue del recinto. La sesión quedó sin quórum.

“Ustedes habrán escuchado que cuando uno quería hacer la alocución de la ley, es imposible hablar en el recinto porque están constantemente interrumpiendo, pidiendo interrupciones, hablando y volviendo a interrumpir, entonces realmente es imposible que uno pueda hablar así”, continuó su justificación Patafio.

El primero de los dos proyectos importantes que se trataron hoy fue la reforma del Código Procesal Penal. Esta iniciativa que impulsó el Gobierno de Claudio Poggi fue aprobado el 4 de junio en Senadores, pero cuando se iba tratar el miércoles pasado el Diputados se hizo público el papelón sobre un importante error en el despacho, entre otros. Como informó La Gaceta Digital, la modificación abarca más circunstancias en las que se puede aplicar la aprehensión de una persona en un caso de flagrancia (detenido cometiendo un delito). El código actual habla de delitos cuyas penas no superen los 6 años, mientras que la modificación busca ampliarlo a delitos de hasta 20 años de prisión.

Esto es establecido en el artículo 226 del Código actual. Este apunta al 199, que es el que habla la aprehensión de una persona sorprendida en flagrante delito (cometiendo el ilícito). Sin embargo, el proyecto y el despacho del oficialismo modifican el artículo 226 y lo apuntaba al 217, el cual habla de la revocación de la excarcelación. Ante semejante error, el proyecto se tuvo que rectificar. Por lo tanto, con la modificación, la iniciativa debe volver al Senado para la sanción definitiva.

La miembro informante para hablar sobre el nuevo proyecto en la sesión de Diputados, fue la oficialista Marisa Patafio, presidente de la Comisión de Seguridad. Muchos esperaban que fuera Carlos Pereira, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien fue el diputado portavoz del proyecto la semana pasada. Sin embargo, Pereira faltó a la sesión.

Patafio dijo desconocer el motivo, Sosa Araujo aprovechó y lanzó otra crítica. “No vino, parece que es abogado, lo mandaron a Chile a pasear porque fue tanto el papelón y el mamarracho que hicieron la semana pasada presentando este despacho, que ustedes lo vieron, que sigue siendo inconstitucional”, sentenció.

Cuando Patafio exponía sobre la reforma del Código Procesal, en varias oportunidades, legisladores opositores le solicitaron interrupciones para hablar, pero fueron negadas por la poggista. Por su parte, la opositora Claudia Pinelli pidió una moción para abrir el debate, pero se rechazó por 25 votos a 15. La misma moción se pidió y rechazó cuando se trató la suspensión de la Ley de Narcomenudeo.

La oficialista Maia Loredo salió al auxilio de Patafio y pidió una moción para cerrar el debate, la cual fue aprobada. Una vez que se cerró el debate, la reforma del Código Procesal Penal se aprobó por 25 votos contra 15.

“Lo que queremos con este proyecto de reforma es darle una respuesta a la gente. La gente todos los días está cansada de que constantemente le roben, la policía lo apresa, lo lleva a la Justicia e inmediatamente sale. Con esta ley lo que estamos haciendo es darle una herramienta al juez para que evalúe si esta persona, digamos que está en la calle, va a entorpecer el procedimiento. Es una medida cautelar, no tiene nada que ver con el principio de inocencia, no tiene nada que ver con la culpabilidad”, explicó la legisladora poggista a la prensa.

Para Sosa Araujo, lo de la puerta giratoria a la que se alude desde el oficialismo es un “verso que no es real que sirve para la tribuna. Se llama criminología mediática. Es para que aplaudan”. La ex presidente de Diputados aseveró que la reforma del Código Procesal tiene varios puntos que con inconstitucionales lo que hará que los jueces no lo usen y se terminen apoyando en normas de fondo como la Constitución Nacional y Provincial.

Suspensión de la Ley de Narcomenudeo

La suspensión de la Ley de Desfederalización parcial de la Competencia Penal en materia de Estupefacientes es por un año, prorrogable por otro por decisión del Ejecutivo.

En el tratamiento de este proyecto fue similar al anterior. Pinelli volvió a pedir el libre debate, pero su moción fue rechazada. Esta vez fue la poggista Gabriela Mancilla la que pidió el cierre del debate. La moción se aprobó y se votó el proyecto de de ley. Se aprobó por 25 votos positivos contra 15 negativos.

El no debatir importantes proyectos de ley en la Cámara de Diputados es algo que sucedió hace pocos meses. En septiembre del 2023, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la suspensión para el presupuesto 2024 de un inciso de artículo 2 de la Ley Permanente de Presupuesto. Este inciso establece que el presupuesto provincial debe destinar una mitad del total del dinero a los gastos corrientes, como pago de salarios y servicios básicos; y la otra mitad a obras de capital.