Los concejales del Bloque Justicialista brindaron esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer que este jueves se aprobará en el Concejo Deliberante capitalino un proyecto de ordenanza que establece un aumento del 368% interanual. Según los ediles aplicar, lo que consideran un tarifazo, no tiene sentido porque la Municipalidad de San Luis tuvo un superávit de $1.225 millones en el primer trimestre de 2024.

“Entendemos que con los votos del oficialismo se va a aprobar mañana un tarifazo del 368%. Como bloque también queremos transmitir la preocupación que tenemos ante esta circunstancia”, dijo Juan Martín Divizia en la apertura de la conferencia de prensa. Para el concejal, los nuevos valores del proyecto de tarifaria afectarán a varios sectores.

Divizia manifestó que el discurso oficial de la gestión de Gastón Hissa es que la Municipalidad “tenía una deuda gigante”. “Nos llegan en las rendiciones trimestrales que tiene un superávit de al menos $1.200 millones. Además el Gobierno de la Provincia le viene mandando dinero todos los meses. Ya van $4.800 millones que los tienen, no sabemos a dónde y no sabemos para qué lo están usando. Queremos expresar nuestra preocupación. A la Municipalidad, no le falta plata, tiene un montón de plata y está cayendo sobre los comerciantes, sobre las personas que no pueden llegar a fin de mes”, sentenció el edil peronista.

Es importante señalar que el proyecto que se tratará mañana tuvo algunas modificaciones respecto al original. El primer proyecto contemplaba un tarifazo interanual del 462% en tasas y servicios y fue disminuido.

“Hicieron modificaciones y lo bajaron un poquito. Iba a prever dos aumentos trimestrales y sacaron uno. Lo dejaron en uno solo, dejándolo con un 368%. Era de 460% y ahora pasó a ser de 368% interanual. Y le agregaron otra cuestión que no tenía el original, que también vemos con muchísima gravedad”, explicó el concejal Andrés Russo.

El edil explicó que en el proyecto que se tratará este jueves se agregó un requisito para la tramitación del carnet de conducir. La presentación del libre deuda de tasas y servicios municipales. Por lo tanto se tendrán que presentar tres libre deuda. El de tasas municipales, el del Juzgado de Faltas y el Cenat.

La tarifaria de rige en base a la Unidad Monetaria Municipal (UMM) y se usa para determinar el valor de tasas municipales, multas, carnet de conducir, estacionamiento medido, habilitación comercial, etc., La UMM actualmente sale $23.23, pero a partir de julio pasaría a $51.64 y en octubre $74.36. Es una suba del 220% de la UMM.

Este proyecto contempla que el aumento de la UMM se hace en base al IPC San Luis del segundo semestre de 2023 (125%) para la suba de julio y el primer trimestre de 2024 (44.8%) para el incremento de octubre

Russo dio varios ejemplos de los aumentos habrá con la aprobación de la nueva tarifaria.
– Carnet de conducir de moto para cilindrada chica: valor actual anual $1.600. Precio desde julio $5.300 y $7.600 desde octubre.
– Carnet de conducir de auto B1: valor actual por año $ 3.000. $9.800 desde julio y $14.000 desde octubre.

Los valores que se aplicarán desde octubre son enormes si se tiene en cuenta que alguien lo quiera tramitar por cinco años.

El estacionamiento medido tiene un precio de $77 por hora $255. Es un aumento del 372% teniendo en cuenta que el diciembre de 2023 salía $55.

Por otra parte, un frentista típico paga entre $3.500 y $4.000 de tasas y servicios municipales por mes. Desde julio pasará a pagar $10.000 y $13.000 y $14.000 desde octubre.

Los concejales justicialistas presentaron un despacho en minoría para que el proyecto oficialista sea pasado al archivo.

Este martes, el oficialismo consiguió las medias sanciones definitivas para convertir en ley la reincorporación de la provincia al Consejo Federal de Inversiones y para vender la Casa de San Luis en Buenos Aires. Ambos proyectos se aprobaron sobre tablas, lo que da cuenta del apuro del oficialismo en sacar a estos temas de la discusión pública por las críticas que han suscitado.

Adolfo Castro Luna fue quien por el oficialismo defendió la venta de la Casa de San Luis, argumentando que su mantenimiento supone un “costo enorme que nuestros ciudadanos pagan sin obtener beneficio alguno” y que ese dinero podría ser dirigido a “necesidades mucho más urgentes”.

Castro Luna también aseguró que “las carpetas de industrias no pasaban por” la Casa de San Luis, lo que significa que ella no se cerraban grandes negocios que beneficiaran a la provincia; y sostuvo que “es una construcción ficticia la noción de la puntanidad”.

Al igual que lo hicieron los oficialistas en el debate en la Cámara de Diputados, Castro Luna señaló que el dinero de la venta será destinado a la refacción del policlínico de Villa Mercedes. Según el senador, el hospital se encuentra en condiciones alarmantes, con solo cuatro de las doce camas de terapia intensiva operativas, la mitad de las camas de internación funcionando y apenas dos de los seis quirófanos en uso. También señaló que este policlínico atiende a la mitad de la población de la provincia, incluyendo los departamentos Dupuy, Chacabuco, Pringles y parte de Junín.

Por otro lado, el senador opositor Hugo Olguín expresó su rechazo al proyecto, criticando el procedimiento utilizado para su tratamiento y defendiendo el “valor histórico y cultural” de la Casa de San Luis. Olguín afirmó que la venta del inmueble sin un análisis exhaustivo de sus consecuencias y sin la participación activa de la comunidad podría resultar en una “pérdida irreparable” para la provincia. Por ello, propuso suspender la venta hasta que se realice una consulta pública y se analicen alternativas de financiamiento que permitan mantener operativa la Casa de San Luis sin necesidad de venderla.

El también opositor Sergio Moreira coincidió con Olguín, calificando de “irrisoria” la excusa de vender un bien provincial para financiar la refacción del hospital. Moreira sugirió que se podría haber realizado una encuesta para decidir sobre la venta y afirmó, como lo hicieron los opositores en Diputados, que el gobierno provincial dispone de fondos suficientes para las refacciones necesarias sin tener que desprenderse de un “patrimonio tan valioso”.

Este proyecto se convirtió en ley con los 5 votos afirmativos del oficialismo (3 propios y dos de justicialistas aliados), contra los 2 votos de los opositores presentes en la sesión en ese momento.

Para finalizar, se aprobó la reincorporación de la provincia al Consejo Federal de Inversiones, con un debate que giró, nuevamente, en torno al costo de la reincorporación, que sería del 0,75% de la coparticipación que se recibe de Nación. “El pago al CFI se toma de la coparticipación. Por lo tanto, van a ser todos los puntanos los que van a pagar. Si hay un pueblo chiquito al cual, en este momento, la participación que le llega es muy pobre, le están quitando la posibilidad de hacer una pequeña obra o de generar puestos de trabajo o pagar también los sueldos de sus empleados”, argumentó Olguín.

La defensa de este proyecto la hizo el oficialista Sergio Guardia, quien señaló que el gobernador Claudio Poggi está negociando que la reincorporación sea sin costo alguno para la provincia, destacando además que “fueron 297.000 puestos de trabajo en el año 2022, generados por el Consejo Federal de Inversiones. “En la provincia de San Luis, desde 2015 hasta ahora, se han perdido más de 10.000 puestos de trabajo. Algo hay mal, señor presidente. Creo que es una oportunidad para que llevemos una herramienta, como senadores, a nuestro departamento”, subrayó Guardia.

Este proyecto logró su media sanción definitiva, al igual que el anterior, por 5 votos positivos a 2 negativos.

Este martes, el oficialismo logró en el Senado, por unanimidad, media sanción de dos proyectos que ponen en marcha dos iniciativas anunciadas por el gobernador Claudio Poggi desde el inicio de su mandato. Se trata de las comisiones que tendrán como tarea el análisis de nuestro sistema electoral y de nuestra Constitución provincial, para luego elaborar un proyecto que modifique ambas cuestiones.

En primer lugar, se trató el proyecto de análisis del sistema electoral. El senador Martín Olivero destacó la necesidad de modernizar el sistema electoral de San Luis, recordando los avances tecnológicos y educativos que la provincia ha adoptado en otros ámbitos, como la implementación de Wi-Fi gratuito, la creación de la Universidad de La Punta y el desarrollo del Parque Informático de La Punta. Sin embargo, lamentó que el sistema electoral no haya sido actualizado, manteniendo el “arcaico” sistema de boleta sábana que, a su juicio, facilita actos fraudulentos como el voto cadena y el voto marcado.

Olivero subrayó que la propuesta de crear esta comisión se realiza en un año no electoral, evitando así que se tejan intereses personales y partidarios, y enfocándose en beneficiar a la ciudadanía y fortalecer la democracia. Entre los puntos que la comisión deberá analizar, destacó la transparencia y confiabilidad de los padrones electorales, así como la necesidad de un nuevo protocolo de transferencia de mando que asegure una transición organizada y sin sorpresas. “Porque todos sabemos los ciudadanos de San Luis, y todavía lo estamos pagando, lo que fue el gobierno Rodríguez Saá del 11 de junio al 10 de diciembre; entonces creo que está muy bueno que se aborde esta temática”.

El plazo que se propone para que la comisión lleve adelante ese cometido es de 90 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose prorrogado por 40 días más.

Además, Olivero hizo hincapié en la problemática de la impresión de boletas. “Todo San Luis sabe dónde se imprimían la mayoría de las boletas para las elecciones en base a este arcaico sistema electoral de boleta sábana”, afirmó, añadiendo que “todos sabemos también lo que sucede con las boletas sábana, voto cadena, voto marcado y todos los actos fraudulentos que se podían evitar acogiendo otro sistema electoral”.

El senador criticó específicamente al exgobernador Rodríguez Saá, quien, según Olivero, revirtió la implementación de la boleta única papel en la capital de San Luis para favorecer intereses económicos. “Era mucho más rentable que hubiera muchas boletas para imprimir en Payné y no la transparencia que este sistema le generaba al ciudadano de San Luis”, sostuvo Olivero.

El legislador oficialista explicó que la comisión estará conformada por el presidente de la Cámara de Diputados, cinco diputados por la mayoría y cinco por la minoría; el presidente del Senado (que es el vicegobernador), dos senadores por la mayoría y dos por la minoría; y dos representantes designados por el Poder Ejecutivo, quienes podrán ser reemplazados según se considere necesario. Para Olivero, esta composición garantiza la inclusión de múltiples voces y la representación de diferentes intereses políticos en el proceso de evaluación y recomendación de mejoras al sistema electoral.

La oposición acompañó este proyecto, pero de igual manera vertió algunas críticas. Por ejemplo, Hugo Olguín coincidió en la importancia de actualizar el sistema electoral y reforzar el sistema republicano a través de una mayor participación ciudadana, pero defendió la transparencia de las elecciones pasadas, argumentando que el actual oficialismo las ganó, lo que, según él, demuestra que el sistema funcionó adecuadamente.

Por su parte, el senador Sergio Moreira celebró el debate sobre la modernización del sistema electoral, aunque cuestionó la necesidad de formar una comisión específica cuando la propia Cámara de Senadores podría abordar el tema directamente. El opositor también apuntó hacia el artículo 5, el cual señala que la Comisión se servirá “de la estructura administrativa y edilicia de la Legislatura Provincial y será asistida en cuanto a los requerimientos financieros por el Poder Ejecutivo”. “El Gobierno va a gastar plata en algo que por ahí no tiene lógica ni sentido y podríamos hacerlo sin gastar ningún erario de los fondos de la provincia”, dijo Moreira.

A pesar de sus reservas, Moreira manifestó su disposición a trabajar en conjunto para mejorar el proyecto, buscando una solución que no implique un gasto innecesario para la provincia y que sea más efectiva y participativa.

También se debatió y aprobó en esta sesión la creación de la comisión que tendrá como objetivo la reforma de la Constitución provincial. En este sentido, Olivero destacó los puntos que esta comisión deberá analizar y que figuran en el proyecto que se trató hoy:

a) Modificación del sistema de representatividad legislativa, es decir pasar de la bicameralidad a una Cámara Única de Legisladores;

b) Periodicidad electoral provincial cada CUATRO (4) años;

c) Sistema de capitales alternas en la Provincia de San Luis

d) Ampliación del periodo legislativo de sesiones ordinarias

e) Incorporación de la “cláusula de consanguinidad” para el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo

f) Modificaciones funcionales para la designación de Magistrados, que permitan limitar las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en el sistema actual;

g) Limitar a DOS (2) periodos, continuos o alternados, el ejercicio de cargos electivos, sean estos de carácter legislativo o ejecutivo, provinciales o municipales.-

La composición de esta comisión será la misma que la de análisis del sistema electoral. Lo que cambio es el plazo que la comisión tendrá para su tarea, que en este caso será de 120 días, prorrogables por 60 más.

Por el lado de la oposición, los cuestionamientos fueron exactamente los mismos que hicieron al otro, criticando la inclusión del Poder Ejecutivo en una tarea legislativa, y el hecho de que esto puede suponer gastos extra.