Esta mañana, Maricruz López, una joven de 16 años, reclamó frente a las puertas del Poder Judicial que le devuelvan a su beba de 1 año y medio, la cual estaría en este momento bajo el cuidado de una familia solidaria.

Esta historia comenzó cuando Maricruz se enteró que estaba embarazada, cuando ya llevaba 7 meses de gestación, y aceptó dar a su hija en adopción, que es lo que le sugirieron en la maternidad provincial, donde asistió acompañada de su tutora. “Llego a casa, me llenaron la cabeza con la adopción, que la tenía que dar, que era chica, que faltaba esto, faltaba aquello. Me hicieron visita al RUA (Registro Único de Adoptantes), hablé con la licenciada Laura, me explicó cómo era el tema de la adopción, que si en algún momento me arrepentía, tenía dos meses para arrepentirme. Y normalmente me entregaban a mi hija”, relató la joven, en declaraciones a Megacable.

Luego del parto, que fue por cesárea, la joven habló con su pareja y decidieron criar a su hija. “Llega el lunes, le doy informe a Juzgado y al RUA que no la voy a dar. Me presento en la maternidad y antes de llegar a maternidad me agarraron las asistentes sociales, diciendo que los únicos hasta el momento posicionalmente que estaban bien era el abuelo paterno. O sea, el papá de mi pareja. Le entregan la bebé al abuelo paterno cuando me dan el alta”, contó Maricruz, asegurando que iba todos los días a la casa de su suegro a ver a la beba.

“Pasó un mes, llegaron problemas. Había veces que no la podíamos ver, o porque no estaban o porque habían otros inconvenientes. Me la traían los domingos, pero eran solo tres horas por orden del juzgado, que la podía ver solo ese tiempo. Agarro un lunes y levanto la denuncia de que no podía ver a mi hija y que siempre eran peros, o que el juzgado me ponía un límite para ver a mi hija”, relató la Joven, quien acudió a la jueza Ana Belén Villegas.

La jueza de Familia N° 3 ordenó la restitución de la niña a la tutora de Maricruz, con quien ella vive. “Listo, me entrega la bebé y me la llevo el mismo día a mi casa. Al otro día arranco con asistentes sociales. Iban a casa, estaba todo bien. Pasó el tiempo, iban, te discriminaban, te trataban como querían y se iban. Levantaban informes, con cosas que la mayoría que yo reconozco que eran nada que ver. Porque había una de las asistentes, una se llamaba Johana Rojo, que era la que nos daba la oportunidad de criarlas. Y estaba la otra que era licenciada y que era la que la quería pasar a adopción directamente. Era la que siempre nos reprochaba todo. No le gustaba absolutamente nada”, comentó.

Eventualmente, hace dos semanas, la Justicia revirtió su decisión y le quitó a Maricruz su hija, ya de un año y medio, poniéndola al cuidado de una familia solidaria. A través de la app Portal Puntano, Maricruz sabe que su hija está en este programa, pero no saben exactamente con quién. Además, recientemente se enteró de que la familia solidaria planea viajar a la provincia de La Pampa para pasar las fiestas. “No me dijeron nada, no me dejaron acta de notificación, no me citaron, no me dicen nada”, aseguró la joven.

Sobre el día en que la Justicia le quitó la tenencia, Maricruz contó: “Yo ese viernes había venido justamente al juzgado para pedir la guardia de mi hija, porque no la tenía yo, la tenía mi tutora. Y yo me había ido de su domicilio y la quería yo para cobrar lo correspondiente y poder tenerla yo. Vengo al juzgado y no me atiende la jueza. Estuve de las ocho de la mañana hasta las una y media de la tarde. Es más, tenía que cobrar y no pude porque me cerró el banco. Vengo al otro día, me dan un papel. Tengo que estar presente en las audiencias, en las pericias psicológicas, todas esas cosas. Listo. Vengo al otro día, me dan la app de Portal Puntano, me dicen que me cree un usuario, pongo el número de expediente y veo todo lo que tengo. Espero, me empiezo a hablar con abogados, a ver qué pasaba, qué me podían decir, cómo me podían asesorar. Y la verdad es que todos me dijeron lo mismo. Es una trata de personas”.

“Me ayudan las dos abuelas, mi cuñado, mi pareja. Todos trabajamos, estamos bien parados económicamente, como para qué decir. Puede estar con nosotros. En ningún momento le faltó nada. Capaz que hubieran una o dos veces que nos agarraron el tema de los pañales, pero estaba familia solidaria y nos daba. Pero yo supongo que esa no es razón para sacar. Otra cosa sería maltrato y todas esas cosas, pero es algo que en casa no hay”, concluyó la joven.

El juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción, Juan Montiveros Chada ordenó este jueves la prisión preventiva contra Sergio Gatica, Alfredo Nicolás Gatica, Lautaro Gatica, Vicente Mercado, William Cháves y Heber Tapia. Los imputados son parte de un grupo de catorce personas acusadas de integrar una organización criminal conocida como “La Bandeja”, presuntamente dedicada al robo de vehículos, estafas, portación de armas y la plantación masiva de marihuana.

Con la medida de coerción dictada este jueves, son 14 las personas privadas de la libertad por el delito de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Barbeito fundamentó su pedido de prisión preventiva por la existencia de riesgos procesales como el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.

El dictamen del magistrado se emitió este jueves en el marco de la continuidad de la audiencia de formulación de cargos que se inició el martes pasado, luego de la prórroga de detención que solicitaron los abogados defensores de los seis acusados. Luego de escuchar los argumentos de las defensas y la declaración de Mercado, el juez aceptó formalmente los cargos presentados por el fiscal N° 2, Ricardo Barbeito e hizo lugar al pedido de prisión preventiva, aunque la limitó a 70 días y no a 120 como solicitó la Fiscalía.

“Es una causa compleja, voluminosa y disminuir al máximo el riesgo procesal”, dijo Montiveros Chada. También desestimó un pedido del abogado Marcos Juárez, representante de Mercado, de modificar la calificación legal de asociación ilícita por la de encubrimiento.

Luego de la resolución del juez, los imputados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, menos Sergio Gatica que permanece internado en el Hospital Carrillo y será trasladado una vez que los profesionales médicos le den el alta. Su abogado, Jorge Sosa, informó que padece Diabetes Tipo 2 y que es un paciente insulino dependiente.

El fiscal argumentó que los hechos ocurrieron en diversas ubicaciones geográficas y los imputados cuentan con un alto poder adquisitivo. Además, dijo que existía riesgo de entorpecimiento debido a la cantidad significativa de delitos que se encuentran bajo investigación.

La causa

De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba presuntamente a la venta de vehículos con documentación falsificada bajo un modus operandi sofisticado: adquirían automóviles en Mendoza y los comercializaban en San Luis con papeles fraudulentos, entre ellos cédulas de identificación vehicular, certificados notariales y formularios de registro del automotor.

El grupo operaba principalmente a través de la plataforma de ventas Facebook, donde creaban perfiles falsos para contactar a las víctimas haciéndose pasar por los legítimos propietarios. Para generar confianza, utilizaban distintos números telefónicos y concertaban reuniones en persona, en las cuales exhibían documentos aparentemente en regla, incluido el formulario 08 con supuesta certificación notarial.

Sin embargo, los investigadores descubrieron irregularidades al notar que en todos los casos aparecía el mismo número de certificación notarial (248262), perteneciente al registro notarial 51, y el mismo número de documento, aunque con diferentes nombres de firmantes.

La investigación, que abarcó casos desde 2021, también reveló que los encuentros con las víctimas solían realizarse en un domicilio ubicado en Belgrano 1833, en la ciudad de San Luis. Curiosamente, este lugar estuvo vinculado a otro hecho delictivo: el cabecilla de la banda, identificado como Gatica, fue apuñalado allí por otro hombre en circunstancias aún no esclarecidas.

La policía además realizó un allanamiento en un campo ubicado en Estancia Grande y secuestró 688 plantas de marihuana, operativo que Barbeito describió “como sin precedentes en la Provincia”.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Esta mañana, el abogado Cristóbal Ibáñez, defensor del hombre que atropelló y mató a Jhonatan Valera Salazar (28), brindó declaraciones a Megacable en las que aseguró que el hecho se produjo debido a que su cliente se “desvaneció”. Además, criticó duramente el accionar policial, que no logró impedir que los compañeros del joven que trabajaba como delivery de Pedidos Ya golpearan salvajemente al conductor y dañaran el Fiat Cronos en el que se trasladaba.

“En el momento de ocurrir el impacto, momentos previos antes, se desvaneció. Se desvaneció y de esa forma perdió el control del vehículo y ocurrió lo que todos sabemos. Él luego, cuando paró el vehículo, sufrió lesiones por parte de personas que se encontraban en el lugar. Lesiones en su cara, en su rostro, tiene la mandíbula quebrada, tiene lesiones en los ojos, tiene lesiones en las piernas, tiene lesiones en la espalda. Son todas lesiones que fueron efectuadas por personas que se encontraban en el lugar del hecho. Asimismo, se produjeron lesiones sobre el auto que venía conduciendo él. Él es una persona que venía de trabajar, también es un accidente de trabajo. Él trabaja en el concesionario Parra, él es empleado, venía del Changomás, era su horario de salida de trabajo y venía conduciendo rumbo a su domicilio”, contó Ibáñez.

“El desvanecimiento que él tiene se ha producido por un problema previo que ha tenido. Él se encuentra tomando medicación, la cual, cuando el fiscal lo requiera, va a ser acreditada juntamente con su historia clínica para explicar que esto ha sido un accidente. Él no ha bebido ningún producto alcohólico, ninguna bebida, tampoco ha consumido ningún tipo de droga. Por eso él, cuando llegó al hospital Ramón Carrillo, como en todos los accidentes, como es el protocolo, se hizo todos los análisis y se va a hacer todos los análisis que sean necesarios para demostrar que esto ha sido un accidente”, continuó el abogado, quien señaló que su cliente tiene 2 hijos y que esto ha sido “una tragedia para las dos familias”.

Mientras se espera el resultado de las pericias de criminología y de accidentología vial, Ibáñez criticó el accionar policial, el cual no logró frenar los ataques al conductor y su vehículo. “Se han producido estos hechos de violencia porque no han cerrado bien el cerco perimetral. Esto no hay que permitirlo, porque es justicia por mano propia, es algo que hay que erradicarlo totalmente, ya sea la difusión de los videos que se han visto, como la manera de decir a la gente que tiene que actuar así. Porque no se sabe la causa por la que tuvo el accidente”, manifestó el letrado, quien agregó que va a investigar si la Policía identificó a alguno de los agresores.

“Tengo constancia que hay una cámara de seguridad a una cuadra antes. No sé si puntualmente en la esquina del accidente hay una cámara de seguridad. Bueno, todo eso será trabajo del fiscal de recolectar las pruebas y al final ver si a esta persona lo llaman. Pero en este momento él está internado esperando el parte médico y bueno, posteriormente se verá qué sucederá con ellos. Pero hay que dejar en claro que es un accidente que le podría pasar a cualquier persona y que hay que tratar de erradicar toda violencia contra cualquier persona. Y más, aplicar una justicia por mano propia, porque estas conductas hay que desalentarlas de toda la sociedad”, concluyó.

Jhonathan Valera Salazar tenía 28 años, era venezolano y cursaba el primer año de Licenciatura en Enfermería.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dispuso el pago del bono de fin de año de $350.000 para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia. El dinero para afrontar el pago del bono fue solicitado por el STJ al Ejecutivo provincial.

Según el acuerdo Nº 247-STJSL-SC-2024, este bono será percibido “por única vez por todo el personal (empleados, funcionarios y magistrados) del Poder Judicial activo al día 18 de diciembre de 2024, incluidos el personal adherido al Beneficio de Pasividad Voluntaria Anticipada”.

Cabe recordar que ante el anuncio del pago del bono a los trabajadores del Poder Ejecutivo, el STJ solicitó al Gobierno un “refuerzo de la partida presupuestaria, toda vez que el importe aprobado en el presupuesto 2024 no contempla el monto correspondiente para afrontar la suma anunciada”.