EEste viernes, el Departamento de Investigaciones San Luis llevó a cabo numerosos allanamientos en diferentes zonas de la ciudad de San Luis, en base a la tenencia ilegal de armas por parte de distintas personas, en cuya causa interviene la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Esteban Roche.

La medida judicial llevada a cabo este viernes fue ordenada por el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada, y en los diferentes procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, réplicas de armas, tumberas, municiones y vainas servidas.

Según informaron desde la Policía, estas armas eran utilizadas por delincuentes como elementos intimidatorios para cometer hechos delictivos en su modalidad de robo calificado, o eran vendidas o alquiladas en el mercado negro. Además, por su semejanza con las armas reales, las armas de utilería (réplicas) eran utilizadas por los autores del hecho para aprovecharse de la víctima y vencer todo tipo de resistencia, dejando a la persona en un estado de vulnerabilidad.

Asimismo, además del secuestro de los elementos antes mencionados, en los allanamientos también se secuestró marihuana en diferentes presentaciones, por lo que se le se dio intervención al personal de Lucha Contra el Narcotráfico quienes realizaron la confección de causas de jurisdicción federal por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, quedando detenidas personas que residían en los lugares donde se encontraron los estupefacientes, y a disposición del Juzgado Federal de San Luis.

Los procedimientos contaron con la colaboración de distintas dependencias de la Policía, como el COAR e Infantería, sección motorizada del Comando Radioeléctrico, División Antecedentes y Policía Caminera.

En el marco de la protesta anunciada para este lunes 1ro de abril en la Legislatura, donde se llevará a cabo el tradicional discurso del Gobernador ante la Asamblea Legislativa, Claudio Poggi instruyó a ministros de su gabinete a reunirse con diversos gremios de San Luis que solicitaron analizar aspectos que hacen a la realidad provincial, financiera y económica de San Luis.

“En este contexto se comenzarán a organizar una serie de encuentros entre los referentes gremiales y los ministros del Estado Provincial, cada uno según su respectiva temática y por separado. Así, por ejemplo el gremio SIJUPU será recibido por el ministro de Gobierno en respuesta a la nota presentada el pasado 22 de marzo. Los referentes gremiales realizaron diversas peticiones por nota que serán escuchadas y analizadas personalmente por los ministros: de Salud, Claudia Spagnuolo; de Educación, Guillermo Araujo; de Hacienda, Néstor Ordoñez y de Gobierno, Facundo Endeiza”, asegura el artículo publicado en la Agencia de Noticias del Gobierno.

Cabe recordar que estas últimas semanas el descontento salarial de los empleados públicos no ha hecho más que multiplicarse, mientras, por otro lado, trascienden rumores sobre los altísimos sueldos que cobran los funcionarios del Gobierno provincial. Los agentes de la Administración Pública provincial no tienen un aumento desde hace 5 meses.

La dirección de Transporte anunció la actualización de las tarifas del servicio interurbano de corta, media y larga distancia, que implica subas de hasta un 40% dependiendo del corredor. La implementación de esta medida, que empezará a regir este viernes 29, “obedece a la necesidad de cubrir los costos operativos y a mantener las fuentes laborales de los trabajadores del transporte público”, manifestaron desde el Gobierno.

Con este nuevo aumento, el transporte interurbano registra una suba del 226% desde el pasado 31 de diciembre. A modo de ejemplo, el pasaje de San Luis a Juana Koslay pasó, en este periodo de tiempo, de $230 a $750.

En este contexto, desde el Gobierno señalaron que “a nivel nacional, la provincia de San Luis presenta uno de los precios más bajos del boleto de colectivo”. “Desde el mes de diciembre, hay provincias vecinas donde los porcentajes de aumento reflejan incrementos de un 396%, como es el caso de Córdoba; o de un 600% en la provincia de San Juan. San Luis, incluso con la presente actualización, registra una suba del 226% en sus tarifas”, dice el comunicado de prensa del Gobierno.

“Es importante que todos los actores involucrados en mantener el funcionamiento del servicio muestren disposición para encontrar soluciones para el bien común de la ciudadanía”, expresó la directora de Transporte, Rocío Leyes, quien recalcó que el Gobierno otorga más de 600 millones de pesos mensuales al transporte público y garantiza la continuidad del boleto estudiantil gratuito de las ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo a pesar de la quita de los subsidios nacionales.

Podés consultar el nuevo cuadro tarifario haciendo click aquí:  Tarifas-Interurbano

Tras el rechazo que supuso el aumento del 30% de las dietas de legisladores nacionales, que llevó a retrotraer la medida el pasado 8 de marzo; el diputado nacional por San Luis Carlos D’Alessandro, de La Libertad Avanza, haciendo uso de un cinismo pocas veces visto, elaboró un proyecto de ley donde propone que la dieta sea equivalente a 20 jubilaciones mínimas y que solo aumente cuando estas últimas lo hagan. En marzo de este año, la jubilación mínima aumentó a $134.446, por lo que la dieta de los legisladores sería $2,688,900.

En un video en sus redes sociales, el diputado nacional explicó que este número, 20 jubilaciones mínimas, se debe a que, cuando ellos asumieron, en diciembre de 2023, la dieta era el equivalente a 20 jubilaciones mínimas. Por ende, el proyecto de D’Alessandro, muy pero muy lejos del ajuste a la casta política que pregona La Libertad Avanza, apunta a mantener esa equivalencia, ya que los legisladores nacionales, sector privilegiado si los hay, solo recibirían aumentos cuando lo hagan los jubilados.

En este sentido, cabe señalar que la dieta no es el único componente del sueldo de los legisladores, ya que también perciben una suma adicional por gastos de representación, un monto fijo determinado por la Presidencia de cada Cámara; un dinero específico para gastar en pasajes (20 aéreos y 20 terrestres de un tramo determinado) que, si no lo usan, pueden recibir en efectivo; y, finalmente, si un congresista vive a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe un plus por “desarraigo”, el cual se calcula como el 14,2% del total de su dieta y gastos de representación, según publicó Chequeado.

A esto se suma una práctica que no es legal, pero sí muy habitual, en la que los legisladores les piden a sus asesores un determinado porcentaje de su sueldo, que es pagado por el Estado, a cambio de no hacer nada. Al fin y al cabo, nadie controla el trabajo de los asesores en las Legislaturas, por lo que para muchos es un gran negocio darle la mitad de su sueldo al legislador que los designa, a cambio de no hacer absolutamente nada. No todos hacen esto y desconocemos si D’Alessandro lo aplica, pero negar que existe este “curro” sería una gran omisión en este artículo.

Otro punto a destacar es que, si bien en 2023 sufrió un atraso considerable en relación a la inflación, la jubilación mínima ha recibido en los últimos meses unos porcentajes de aumento más que destacables, con un 20,8% en diciembre y un 27,18% en marzo. Estos porcentajes son superiores a los aumentos recibidos por los empleados públicos nacionales y ni hablar de los sanluiseños, que desde hace 5 meses que no perciben ningún incremento.

Y si bien 27,18% es claramente un porcentaje inferior al polémico 30% de aumento con el que eventualmente se dio marcha atrás, hoy por hoy inclusive significa más dinero de bolsillo. Esto se debe a que, en febrero, la dieta de los legisladores nacionales fue de $1.984.770,96 pesos. Si se aplicaba ese 30% de aumento, la dieta iba a quedar en $2.580.202,24 pesos. Si hoy aplicáramos la propuesta de D’Alessandro, la dieta equivalente a 20 jubilaciones mínimos sería de $2,688,900. Esto hace que, mientras la provincia que representa sufre la mayor crisis salarial de la última década, sea verdaderamente insólito que D’Alessandro está buscándole la vuelta a cómo ganar aún más dinero viviendo de la política.

La jueza Civil y Comercial N° 3, Valeria Benavidez, intimó a la presidenta del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, a que reincorpore al personal de planta permanente dado de baja, dando así cumplimiento a la orden judicial del pasado 27 de febrero. En caso de que no lo haga, deberá pagar $150.000 diarios, en concepto de “astreintes”, un tipo de sanción económica y progresiva, a favor del demandado, que pueden aplicar los jueces a quienes no cumple con sus deberes jurídicos.

“Hace exactamente un mes, que la presidenta del concejo deliberante del órgano legislativo de la capital de la provincia decidió incumplir una orden judicial, generando un antecedente dramático, muy grave y muy peligroso para la democracia de nuestra provincia y para el país, porque es un antecedente cuyas consecuencias se pueden irradiar a cualquier otro poder del Estado”, señaló el concejal opositor, Alejandro Cordido.

“Hoy se cumple un mes de que se resiste la presidenta a cumplir una orden judicial, algo que ninguna persona democrática podría admitir. Sin embargo, hace un mes que los compañeros están sentados aquí en el patio, por supuesto sin recibir tareas, sin cobrar su salario y, en ese contexto, hoy nos comunicaron que la jueza que tramita el amparo efectivamente fijó a la presidenta Arancibia Rodríguez que cumpla bajo el apercibimiento de fijar astreintes de 150.000 pesos diarios”, continuó Cordido.

Por el momento, no queda claro si esto deberá ser pagado personalmente por Arancibia Rodríguez o por la institución. “Entiendo que debe pagarlo la presidenta, Agustina Arancibia Rodríguez, por varios motivos. Primero, porque va dirigido hacia ella la fijación de astreintes, y segundo, porque si lo paga el Concejo, en realidad el perjuicio de esa acción sería doble, porque también la ciudadanía entera estaría pagando una ilegalidad que, además, reitero, implica un acto absolutamente antidemocrático, totalitario y, por supuesto, fascista”, disparó el concejal opositor.

Por su parte, cabe destacar que, desde que comenzó este conflicto, la presidenta del Concejo ha decidido guardar silencio con respecto al tema, mientras actúan sus abogados, quienes le han asesorado este curso de acción. De igual manera, se espera un pronunciamiento de Arancibia Rodríguez la semana que viene.

En cuanto a si esta medida puede ser apelada, Cordido explicó lo siguiente: “Las astreintes, para que lo encuadremos bien, se fija porque ya incumplió en términos del amparo y eso mismo representa un delito. Ya cometió el delito, por lo cual también ya está imputada penalmente. Entonces, las astreintes no se pueden apelar porque, básicamente, partiría del hecho de reconocer su propio incumplimiento. Ya están establecidas y ahora lo que queda es que la justicia ordene, eventualmente, trabar un embargo o, de alguna manera, cobrar 150.000 pesos diarios hasta que la Presidenta desista de su actividad totalitaria y cumpla con la orden judicial”.

La falta de diálogo con el oficialismo agrava la situación. Cordido lamentó la ausencia de respuestas por parte del Intendente y del gobernador de la provincia, a quienes desde la oposición le han pedido una intervención. “No hay ninguna respuesta, ningún comunicado, ningún representante que se digne a intervenir para que la presidenta del Cuerpo Deliberativo de la Ciudad de San Luis deje de cometer un delito e incumplir una orden judicial”, afirmó.

“Es institucionalmente y laboralmente dramático. La verdad es que es angustiante para los compañeros y compañeras que están en el patio”, continuó Cordido, quien para finalizar remarcó que este es “el peor antecedente del retorno a la democracia para el Concejo Deliberante de San Luis”.

El “cumplemes” de los empleados que están en el patio del Concejo
Con gaseosas, facturas, globos y snacks, los empleados que esperan que se les asignen tareas celebraron esta mañana su cumplemes en el patio del Concejo Deliberante. “El 27 de febrero nos presentamos a trabajar y seguimos a la espera acá en el patio, esperando que nos asigne tareas, que nos de el ingreso y que, por supuesto, hoy pague los haberes que nos corresponden porque hemos venido todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, esperando que nos escuche”, manifestó Bárbara Témoli, una de las empleadas cuya restitución como planta permanente del Concejo fue ordenada por la Justicia.

Témoli asegura que, desde el 27 de febrero, no han tenido ningún tipo de respuesta de parte de Arancibia Rodríguez, ni siquiera al pasar. “Hemos ido a golpear y nunca está. Ella nunca ingresa por el patio, siempre ingresa por la puerta lateral para no vernos y no sale hasta que nosotros nos vamos, así que no tenemos contacto con ella”, contó Témoli, ex asesora letrada del Concejo, quien agregó que, si bien ella es abogada, este puesto en el Concejo “es la única fuente laboral que tienen muchos”. “Con la situación que está viviendo el país, no cobrar un sueldo hace tres meses, se imaginan lo que es”, concluyó.

En medio de un clima de creciente insatisfacción laboral, los trabajadores de la maternidad Teresita Baigorria realizarán un paro los días 8 y 9 de abril, reclamando mejoras salariales, insumos para poder realizar sus tareas y mayor seguridad, entre otras cuestiones.

Eugenia Cuello, delegada de los trabajadores de la Salud, expresó en declaraciones a Reporte Megacable que la situación ha llegado a un punto crítico. “Esta es la tercera asamblea de la semana, pero con definiciones importantes”, señaló Cuello, destacando la relevancia del momento. “Hemos notado un aumento significativo en la convocatoria, especialmente después de que muchos colegas observaran sus recibos de sueldo”.

Las preocupaciones centrales giran en torno a la discrepancia entre lo prometido y lo recibido. Según Cuello, a pesar de que el monto anunciado de 70.000 pesos se refleja en los recibos de sueldo, muchos trabajadores no lo han cobrado. Lo que es más, hay trabajadores que cobraron “menos que antes, sobre todo aquellos que tienen categorías más altas”. “No sabemos bien las cuentas que han hecho, pero pareciese que, por el aporte jubilatorio, se nos descontó un poco más”, lamentó Cuello, señalando que a algunos profesionales les realizaron dos veces el descuento del seguro por mala praxis.

Ante este panorama, los trabajadores han decidido llevar adelante un paro como forma de protesta. “Vamos a invitar a toda la población que nos acompañe hablando con las pacientes a un abrazo solidario el día miércoles a las 11 de la mañana para la maternidad en defensa de la salud pública”, anunció Cuello. Luego del abrazo, se vendrá el paro del lunes 8 y martes 9, de acuerdo a los tiempos legales para comunicar la medida al Gobierno.

En cuanto a la modalidad del paro, Cuello especificó que se mantendrán los servicios de urgencia y emergencia, así como la atención de guardia. No obstante, se suspenderán las cirugías programadas debido a la falta de insumos, una situación que ha sido comunicada a las autoridades pertinentes.

El llamado a la acción no se limita únicamente a la maternidad Teresita Baigorria. Según Cuello, se espera que otros hospitales y servicios de salud se sumen a la medida de fuerza, reflejando un descontento generalizado entre los trabajadores del sector.

En relación a la atención de pacientes, Cuello enfatizó que “los primeros perjudicados son ellos”, pero que medidas como estas son fundamentales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la salud pública a largo plazo.

El secretario de Actividades Logísticas, Harold Bridger, aseveró que pidió una auditoría de las cuentas bancarias de la Secretaría de Actividades Logísticas en respuesta al cuestionamiento que hizo la comisión de acción política del partido adolfista Todos Unidos al que pertenece el funcionario, al menos por ahora. Al momento de publicación de esta nota, no hay un pedido formal de auditoría ante por la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.

“Que a raíz de artículos pseudo-periodísticos movidos solo por intereses económicos, esta Secretaría y a efectos de buscar desacreditar los mismos, ha solicitado a la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, de este Gobierno Provincial, la realización de auditorías económicas en todas las cuentas de la Secretaría de Actividades Logísticas”, dice un extracto de la nota de Bridger al partido Todos Unidos.

En otro pasaje de la nota dice que se informará a la comisión del partido los resultados de la auditoría.

Quienes cuestionan al funcionario apuntan que la auditoría compruebe o desmienta si el hijo del secretario tiene una sociedad anónima que le ha facturado a la Agrozal.

La Gaceta tiene el dato confirmado que hasta el momento no llegó oficialmente el requerimiento de auditoría para las cuentas bancarias de la la Secretaría de Actividades Logísticas.

Este martes, la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a Marco Lino Rafaelli a 13 años y 6 meses de prisión por encontrarlo penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo y por las lesiones ocasionadas, y del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso real. Las víctimas del crimen fue un matrimonio de ancianos en Los Molles.

El hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, aproximadamente a las 20.30 horas, cuando dos hombres ingresaron a una vivienda ubicada en calle El Talar Nº 100 de la localidad de Los Molles, donde se encontraba un matrimonio de 65 y 67 años, respectivamente. Mientras la pareja miraba televisión, los agresores entraron a la casa y al grito de “al piso” encandilaron al matrimonio con linternas y los ataron con sogas y telas. Uno de ellos efectuó un disparo con el objetivo de amedrentar a las víctimas y luego de revisar por todos los sectores del inmueble, se llevaron dinero en moneda nacional y estadounidense, celulares y las llaves de un auto.

El fiscal de Juicio de la tercera circunscripción, Mario Néstor Zudaire, junto a la fiscal de Instrucción Nº 1, Débora Roy Gitto, realizaron un análisis del material probatorio, destacando dos pruebas fundamentales: una, fue la testigo que reconoció la voz de Rafaelli y, la segunda, el allanamiento en la casa del imputado donde encontraron los elementos sustraídos a las víctimas. Además, hicieron hincapié en el informe de rastreo del celular del acusado.

El Ministerio Público Fiscal no encontró circunstancias atenuantes, pero como agravantes consideró la condena de Rafaelli en la causa Urraca; la forma de llevar adelante la acción del delito; la inteligencia previa y la extensión del daño causado, solicitando que se lo condene a 15 años de prisión.

En tanto, el representante del particular damnificado, Omar Alcides Becerra, sostuvo que la Fiscalía realizó un alegato detallado. En este marco, pidió al Tribunal que se dicte un fallo ejemplar, afirmando que el imputado es la persona que ha cometido la mayor cantidad de hechos delictivos y más daño ha causado en la zona.

Becerra solicitó que se lo condene por ser penalmente responsable del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma apta para el disparo en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad, ambos en carácter de coautor funcional; agravado por la alevosía, el abuso de autoridad y la utilización de un disfraz para robar. Por ello, pidió una pena de 18 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa de Rafaelli, representada por Ramiro Rubio y Marcos Juárez, iniciaron sus alegatos de clausura indicando que iban a discutir el grado de participación y la acusación contra su defendido.

En este aspecto, hicieron una breve reseña sobre la exposición del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y profundizaron respecto al reconocimiento de los elementos secuestrados en la casa de Rafaelli, al considerar que no se tuvieron en cuenta los recaudos legales del procedimiento, puesto que se realizaron sin la presencia de la defensa del imputado.

De igual manera, se refirieron al reconocimiento de voz que realizó la testigo mencionada por la Fiscalía ya que, según los abogados, de acuerdo a la psicología forense existe la superposición de imágenes o de voz. Además, reiteraron que las pruebas de reconocimiento obtenidas se realizaron de forma ilegal, por lo que no podrían atribuirle la coautoría a su defendido.

En cuanto a las circunstancias de modo y lugar, reconocieron que estaban esclarecidas, pero no en el tiempo, ya que está acreditado con medios tecnológicos que Rafaelli no estuvo en el lugar del hecho, según el rastreo obtenido de las antenas satelitales. Por tanto, solicitaron el mínimo del delito de encubrimiento para su defendido.

Previo a la deliberación de los jueces, Marco Rafaelli declaró ante el Tribunal y contó sobre sus diferencias con los agentes de la Policía y aseguró no haber robado en Los Molles, ya que se encontraba en otro lugar al momento del hecho.

El debate oral y público comenzó el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que se llevaron a cabo los alegatos de apertura y las primeras testimoniales. La etapa de producción de prueba se extendió por tres jornadas más, y finalizó en el día de ayer. Hoy, el Tribunal integrado por Daniel Sanchiño y Sandra Piguillem y Claudia Uccello recepcionaron alegatos y emitieron veredicto condenatorio.