En las últimas semanas, se ha conocido el cierre del CDR de San Luis, de la sede local del Instituto de Agricultura Familiar y trascendieron al menos 5 despidos en Vialidad Nacional. En este contexto, trabajadores y sindicatos se congregaron en la tarde de este martes en San Luis para protestar contra los despidos en organismos nacionales y realizar una jornada de visibilización. La convocatoria, manifestó el secretario general de ATE, Fernando Gatica, buscaba poner en relieve la situación precaria que enfrentan los empleados públicos a nivel nacional.

“Estamos aquí para denunciar el ajuste salvaje que está llevando a cabo el gobierno nacional, con un enfoque principal en los trabajadores”, afirmó Gatica durante la protesta. “La no renovación de contratos es solo una muestra de este achique despiadado que está afectando al Estado en su totalidad, retirando su presencia de las provincias y recortando políticas públicas que beneficiaban a toda la ciudadanía”, agregó.

Gatica destacó la importancia de los organismos nacionales en la implementación de políticas públicas a nivel provincial. “Los despidos no solo afectan a los trabajadores, sino que también privan a las provincias de los programas y beneficios que brindaba el Estado Nacional a través de estos organismos”, explicó.

La falta de transparencia en los despidos también fue objeto de crítica por parte del secretario general de ATE. “La incertidumbre es abrumadora. Los trabajadores se enteran de su despido por redes sociales o rumores, sin que exista una comunicación oficial por parte del gobierno”, lamentó Gatica.

Durante la manifestación, se resaltó la necesidad de unidad entre los sindicatos y trabajadores estatales para enfrentar esta situación. “La idea es seguir reclamando en una cuestión de unidad todos los sindicatos que tenemos que ver con el Estado”, afirmó Gatica. “Hemos tenido resultados positivos cuando nos unimos, y es crucial continuar con esta lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo y la presencia del Estado en nuestras provincias”, enfatizó.

El dirigente sindical también hizo hincapié en la responsabilidad de las autoridades provinciales y legisladores en apoyar el reclamo de los trabajadores. “Vamos a exigir que el gobierno provincial lleve nuestros reclamos a la nación y que se defienda la fuente laboral y la presencia del Estado Nacional en la provincia”, declaró.

En medio de la protesta, Gatica señaló la contradicción del gobierno nacional al realizar recortes en el empleo público mientras destina recursos a otros fines. “Es incomprensible que se ajuste a los trabajadores mientras se realizan compras millonarias, como la adquisición de aviones extranjeros sin una clara justificación”, criticó.

“La casta está intacta. Yo creo que si hay alguien que no ha sufrido el impacto del cambio de gobierno y las políticas ha sido lo que todos conocemos como la casta, o sea, la casta empresarial, la casta política, esos que saltan de un gobierno a otro. Realmente no han tenido ningún impacto, el impacto lo tiene la sociedad, lo tiene el pueblo argentino y la clase trabajadora”, concluyó Gatica.

CComo parte de la alianza política que mantuvieron de cara a las elecciones del año pasado, el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá se “quedó” con dos ministerios/secretarías de la gestión de Claudio Poggi frente al Gobierno provincial. Por un lado, está la Secretaría de Actividades Logísticas, al frente de la cual se encuentra Haroldo Bridger; y por el otro el Ministerio de Ciencia e Innovación, el cual está acéfalo desde que asumió el gabinete de Poggi, ya que el Gobernador no habría aceptado los nombres que Rodríguez Saá propuso para el cargo, como el de su esposa Gisela Vartalitis. Esto ha generado varias rispideces entre ambos dirigentes, a las que este martes se sumó una más que llamativa nota dirigida a Bridger.

En la misma, la “comisión de Acción Política” del partido de Adolfo Rodríguez Saá, Todos Unidos, le pide a Bridger que, “en razón de artículos periodísticos que cuestionan la transparencia de la gestión”, le ordene a los funcionarios a su cargo un “informe detallado y circunstanciado de todos y cada uno de los movimientos contables de la cuenta corriente que la Agrozal tiene en el Banco de la Nación Argentina Suc San Luis, desde su asunción en la Secretaria y hasta el día de la fecha”.

Como si ese cuestionamiento a la “transparencia” de la gestión de Claudio Poggi, la nota asegura que Todos unidos “se fundó en la profunda convicción de trabajar con esfuerzo cooperativo para responder y dar solución a los significativos problemas que aquejan a nuestros comprovincianos”; razón por la cual les “preocupa que la transparencia sea un rasgo que distinga al funcionario que represente a T.U en los organismos del Poder Ejecutivo Provincial”.

Claramente, las cosas no están bien entre Adolfo Rodríguez Saá y Claudio Poggi, y seguramente en el futuro veremos muchos más de estos choques.

La nota completa:

Al Secretario de Logística
Sr. Haroldo Bridger
S / D.

En nuestro carácter de integrantes de Comisión de Acción Política del partido TODOS UNIDOS, nos dirigimos a Ud a los siguientes fines:

Que TODOS UNIDOS se fundó en la profunda convicción de trabajar con esfuerzo cooperativo para responder y dar solución a los significativos problemas que aquejan a nuestros comprovincianos.

En esta inteligencia nos preocupa que la transparencia sea un rasgo que distinga al funcionario que represente a T.U en los organismos del Poder Ejecutivo Provincial tanto en los proyectos y su ejecución como en el manejo de los fondos públicos.

A fin de transparentar y objetivar la oportunidad, razonabilidad, conveniencia y necesidad de los recursos públicos, habida cuenta que la ciencia contable aporta la información necesaria, y en razón de artículos periodísticos que cuestionan la transparencia de la gestión, por ello le solicitamos:

Requiera con carácter de pronto y preferencial despacho a los funcionarios bajo su autoridad y responsabilidad al Sr Oscar Natel y Dr. Javier Darnay informe detallado y circunstanciado de todos y cada uno de los movimientos contables de la cuenta corriente que la AGROZAL tiene en el Banco de la Nación Argentina Suc San Luis, desde su asunción en la Secretaria y hasta el día de la fecha.

Producido dicho informe y tomado conocimiento del mismo, se pondrá a consideración del Consejo Provincial de TODOS UNIDOS a sus efectos.

Saludamos a Ud atentamente.

Dr. Carlos José Antonio Sergnese. Dr. Ramón Ventura Fernández. Dr. Amado José Neme.

Comisión de Acción Política del partido TODOS UNIDOS.

La Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) comunicó que se levantó el paro de transporte urbano e interurbano de 48 horas que continuaba este miércoles en la provincia de San Luis. Por lo tanto, el servicio de transporte público será normal desde la hora cero del 27.

A pesar de que la UTA y el sector empresario no llegaron a un acuerdo, Relaciones Laborales dictó la conciliación obligatoria entre las partes.

El jueves de la semana que viene, familiares de personas con TEA o discapacidad realizarán un reclamo para exigir “el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad” por parte de la obra social del Estado, Dosep. Esto se debe a que la obra social, en los últimos meses, ha cortado distintas prestaciones, no ha renovado convenios o está atravesando grandes demoras en los pagos a prestadores, dificultando en gran manera el acceso a los servicios de salud a las personas con discapacidad.

“En febrero cuando fuimos, la coordinadora se comprometió públicamente a, en febrero, realizar los pagos de noviembre y diciembre. Y supuestamente en marzo iba a quedar saldado enero y febrero de este año, cosa que no se ha cumplido”, comentó Maximiliano Giménez, miembro del grupo Familias TEA San Luis, quien en una extensa entrevista con La Gaceta Digital también señaló las siguientes problemáticas:

1. Prestaciones por reintegro: En muchos casos, familias contrataban de manera directa a los prestadores y Dosep, mediante un sistema similar a una “caja chica”, les realizaba el reintegro a los padres. Anteriormente se realizaban reintegros directamente a los padres, pero ahora la prestación es solo por resolución. Este sistema, explicó Maxi, se cortó a fines de la gestión anterior y no fue retomada por la actual.

2. Pagos a prestadores: En algunas prestaciones, se está pagando cerca de un 50% menos de lo que establece el nomenclador nacional en materia de atención a personas con discapacidad. A esto se suma que para algunas prestaciones, como psicología, no se paga un diferencial por atender a una persona con discapacidad. “Entonces, ya hay lugares, como Indoors Gardens, que ya no trabajan más con Dosep, profesionales sueltos que tampoco trabajan con Dosep, y los que siguen trabajando con Dosep, te cobran un plus”, contó Maxi.

3. Convenios con centros fuera de la provincia: Según contó, Dosep ha cortado convenios con centros fuera de la provincia, lo que afecta a los tratamientos de los pacientes que recibían atención en los mismos. Uno de los más usados por la gente de San Luis es el sanatorio Allende, de Córdoba. “Esos convenios los han cortado. Varios papás se han quejado que ya no los toman más y se enteran ahí cuando van”, contó el miembro de Familias TEA San Luis.

4. Asistentes domiciliarios: Se están negando o no renovando las resoluciones de prestaciones para asistentes domiciliarios, basándose en requisitos poco claros y excusas injustificadas. “Ponen como excusa que, si no está en el certificado de capacidad, no pueden brindar la prestación, siendo que ya hace años los niños vienen con estas prestaciones. Entonces van los padres a querer renovar el certificado de discapacidad para que le pongan que necesitan asistente domiciliario. Pero en la Junta Médica Evaluadora les dicen que no les pueden poner cuidador domiciliario porque para tener cuidador domiciliario tienen que tener una deficiencia física. Pero eso es totalmente erróneo. Si te lo solicita un neurólogo, alguien idóneo en el tema, te lo tienen que dar”, señaló Maxi.

5. Transporte: Se están negando o dificultando los servicios de transporte para aquellos pacientes que lo necesitan para trasladarse a centros de terapia o educativos, ya que no pueden viajar en transporte público debido a que no toleran los estímulos auditivos y visuales que allí puede darse.

6. Demoras en resolución de prestaciones: Debido a demoras en la emisión de resoluciones, algunos pacientes no han podido comenzar o continuar con sus terapias.

7. Burocracia administrativa: Se ha incrementado la complejidad y burocracia en los trámites administrativos para acceder a servicios y prestaciones. “Otra cosa es la burocracia administrativa que hay ahora dentro de la institución que hace que sea una pesadilla hacer los trámites. Además, hay una total falta de comunicación. Hay una cadena dentro de la institución de desinformación también entre ellos mismos muy importante. Una gente dice una cosa, otra dice otra. Depende con quien hables”, comentó Giménez.

8. Actualización de honorarios para profesionales: Los honorarios para profesionales, como maestros integradores y otros terapeutas, no han sido actualizados de manera adecuada, lo que afecta su capacidad de trabajo y su compensación económica.

9. Renovación trimestral o semestral de los planes de medicación especiales: Los planes anuales de medicación se han vuelto trimestrales o semestrales, lo que implica frecuentes visitas a médicos neurólogos. Esta tarea se ve muy dificultada por el hecho de que en San Luis solo hay una neuróloga infantil, que no atiende por mutual; mientras que los profesionales de otras provincias se niegan a cargar las recetas en la plataforma web de Dosep. “Ellos pretenden que los profesionales, siendo que no son prestadores de Dosep, entren a una plataforma web, y de ahí te hagan la solicitud, y te llenen un formulario web. Y eso que se haga entre 3 y 6 meses. Es decir, que vos cada 3 o 6 meses, tenés que gastar entre 20.000 y 60.000 pesos para tener la medicación, porque los doctores te van a cobrar por cada consulta”, explicó Maxi.

10. Cambios en el funcionamiento de la aplicación para dispositivos móviles: A la hora de sacar una orden web, no figura el certificado de discapacidad, por lo que hay que ir de manera presencial para que la misma se autorizada. “Cuando vos sacabas una orden web para una consulta, como ya estaba cargado el certificado de discapacidad en el sistema, a vos te salía cero pesos la consulta de pediatra, por ejemplo. Hoy en día, sacaron eso. Te dan la prestación, pero vos tenés que volver a ir a Dosep central a que te la autoricen si vos la querés al 100%”, aclaró Giménez.

11. Maestros integradores: Aunque se ha realizado una actualización reciente en los honorarios de los maestros integradores, estos aún se encuentran por debajo de los estándares nacionales, lo que dificulta la retención de profesionales y la calidad de la atención. “Si bien ahora está un poco más bajo, el tema es que después Nación actualiza dentro de los próximos meses, se vuelve a disparar y los montos locales quedan otra vez lejos. Eso nos pasa siempre”, señaló.

El juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, prorrogó por 60 días la prisión preventiva de Jonathan Sandoval, el acusado por atropellar y matar a la joven Rocío Amancay Pedernera. Es la tercera prórroga de la prisión preventiva de Sandoval, quien será enjuiciado por el homicidio simple con dolo eventual de la joven. El juicio se fijó que inicie el lunes 1° de julio y se extienda hasta el jueves 4.

El pedido de la prórroga de la prisión preventiva fue solicitado por el fiscal Ricardo Roche, según confirmaron desde Prensa del Poder Judicial. El pedido fue  acompañado no solo por los abogados querellantes, Augusto Aguilera Marturano y Guillermo Sánchez Pagano, sino también por la defensa de Sandoval, Marcos Juárez, quien prestó total conformidad.

Sandoval está con prisión preventiva desde agosto de 2023. Inicialmente se le impusieron 120 días, y en diciembre, se le extendió la preventiva por 60. El 8 de febrero agregaron 50 días, y esta mañana, se prorrogó por 60 días.

Por otra parte, hay que mencionar que para el 25 de marzo estaba programado el inicio del juicio, pero se suspendió porque la defensa de Sandoval tenía audiencia fijada por otra causa en los tribunales de Comodoro Py de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho investigado ocurrió el sábado 29 de julio de 2023 entre las 4:15 y 4:30 de la madrugada. Rocío Pedernera volvía de su trabajo y circulaba en su motocicleta azul marca Keller cuando fue embestida por la camioneta en la Avenida Santos Ortiz, a la altura del Barrio Tibilleti. Ambos rodados transitaban en la misma dirección, de oeste a este. Por este hecho, Sandoval llega a debate bajo prisión preventiva e imputado de homicidio con dolo eventual con un pedido de condena de 16 años.

Policías de la División Lucha Contra el Narcotráfico realizaron un procedimiento en avenida Circunvalación, en cercanías al Puente Derivador, en la ciudad de San Luis en el que detuvieron a un hombre que transportaba en un taxi como pasajero cerca de 7.000 dosis de marihuana valuadas en más de $17 millones.

Los efectivos interceptaron un taxi Fiat Siena en el que viajaba como pasajero un hombre de 49 años de edad, a quien en la requisa se le secuestró una mochila con cuatro paquetes de marihuana compactada, un envoltorio de nylon transparente que también contenía marihuana compactada, la suma total de $4.150, un teléfono celular, entre otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información, la sustancia incautada es suficiente para la elaboración de 6.831 dosis de marihuana, valuadas en $17.077.500 aproximadamente.

Como resultado del procedimiento, desde el Juzgado Federal de San Luis se ordenó la detención e incomunicación del hombre de 49 años de edad por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Ayer por la noche, desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) comunicó que este martes y miércoles se realizará un paro de transporte, al cual adhieren las empresas Transpuntano, Sol Bus, Panamericana y María del Rosario “debido a la falta total de voluntad conciliatoria frente a nuestros reclamos”.

Por otro lado, UTA comunicó que estos 2 días “que el resto del sector empresarial —BLANCA PALOMA SRL, PANAHOLMA SRL, JUANA KOSLAY SRL- han arribado a un acuerdo por lo que el servicio de los corredores a su cargo serán prestados con total normalidad”.

En este sentido, la UTA, claramente no felices por la no adhesión de este sector, finalizó su comunicado con las siguientes palabras: “Instamos al Sector empresarial disidente a retomar el camino del dialogo y consenso respetando no solo a nuestros afiliados sino a todos los usuarios sanluiseños”.

Por el lado del Gobierno, la secretaría de Transporte exige que el transporte opere al 50% durante el paro de la UTA, destacando además que el mismo afecta a unos 160.000 trabajadores.

“En medio de una semana ya recortada por los feriados de Semana Santa, el transporte se ve aún más comprometido por la decisión de la UTA de llevar a cabo un paro, a pesar del aumento que sufrió el boleto y de que la Provincia se hizo cargo de los subsidios que dejó de enviar la Nación. Esta medida dificulta el desplazamiento de los usuarios para cumplir con sus obligaciones diarias, tales como ir al trabajo, estudiar, acudir a consultas médicas, trasladarse entre localidades por motivos específicos y atender asuntos particulares, generando un impacto significativo incluso en la economía de San Luis”, comunicaron desde el Gobierno.

“Dado que se trata de un servicio de importancia trascendental para la ciudadanía, es imprescindible que el funcionamiento de la frecuencia de colectivos no sea inferior al 50%, tal como lo establece la ley N°25.877, modificada por el art. 97° del DNU que emitió el Presidente de la Nación. Por esta razón, la dirección de Transporte intimó a las empresas prestatarias del servicio para que presenten un Plan de Emergencia para garantizar el cumplimiento de esta normativa. En caso de incumplimiento, las autoridades competentes podrían aplicar sanciones”, agrega la nota publicada en la Agencia de Noticias gubernamental.

El partido por Copa Argentina en el estadio de La Punta entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan será recordado por los violentos incidentes que protagonizaron las hinchadas de las parcialidades que se arrojaron butacas mutuamente. Intervino la Policía para contener la situación, pero a los efectivos también las arrojaron las butacas del Juan Gilberto Funes.

Los violentos hechos sucedieron pasados los 20 minutos. Según La Nación, un grupo de hinchas del equipo mendocino tiraron abajo el alambrado y fueron en busca de los sanjuaninos. Desde ese momento, comenzó la “guerra de butacas” entre las hinchadas. Los policías puntanos intentaron contener los violentos hechos, pero en varios momentos fueron desbordados por las parcialidades, a pesar del uso de balas de goma. Incluso los bomberos colaboraron para que los violentos se replegaran. Lo positivo del accionar policial es que lograron mantener separadas las parcialidades.

El partido fue suspendido varios minutos, pero se reanudó. En los 90 minutos ante el empate sin goles hubo penales. Desde los 12 pasos, Godoy Cruz logró el paso para la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Este domingo, a través de un procedimiento conjunto entre personal de Brigada de la UROP N° 4, de la Comisaría 19°, de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), de la División Criminalística y de la Brigada Ambiental, la Policía de San Luis demoró a siete hombres mayores de edad por practicar la caza de manera ilegal, en un campo ubicado en la zona de Buena Esperanza.

A partir de distintas averiguaciones, los efectivos acudieron al lugar y encontraron un campamento formado por silobolsas, un gazebo, dos vehículos, conservadoras y otros elementos, donde pernoctaban siete hombres mayores de edad y un menor de edad que practicaban la caza deportiva de ciervo sin autorización.

En ese sitio, los policías procedieron al secuestro preventivo de dos cabezas de ciervo (utilizadas como trofeos), dos camionetas, cuatro fusiles, tres binoculares y un silenciador, entre otros elementos aptos para la caza.

Se le dio conocimiento a la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal adjunta, Andrea Court, quien ordenó que se labren actuaciones caratuladas preventivamente “averiguación de abigeato agravado”, mientras que los siete hombres mayores de edad quedaron demorados por “averiguación de antecedentes y medios de vida”.