En relación a un hecho que tomó estado público en el día de ayer (martes 12 de marzo) donde una madre denunció un posible abuso sexual hacia su hija, el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial informa que tomó intervención en dicha causa, a raíz de una denuncia realizada en la Comisaría 40º de Villa Mercedes.

Inmediatamente después se realizaron los correspondientes exámenes médicos en presencia de la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces. En ese sentido, el fiscal de Instrucción Nº 1, Maximiliano Bazla Cassina, pone en conocimiento que personal médico constató que la niña no presenta signos de abuso y se encuentra en buen estado de salud. Asimismo, se dispuso la intervención del Juzgado de Familia a fin de implementar el protocolo correspondiente.

El fiscal interviniente destaca el trabajo del personal policial lo que, facilitó la rápida intervención del Ministerio Público.

El secretario de Transporte, Victor Cianchino, se refirió al paro nacional de transporte al que adhirió UTA San Luis, dejando a pie “a 160 mil usuarios de toda la provincia”. La medida de fuerza comenzó este miércoles y se extenderá por 48 horas, por lo que la secretaría de Transporte le pidió empatía al gremio y a los choferes para no trasladar subas de sueldo al bolsillo de los pasajeros. También destacó que el Gobierno aporta 600 millones de pesos por mes para garantizar el servicio.

“Se trata de un paro nacional para el servicio de transporte urbano e interurbano del interior del país que no afecta solo a San Luis sino a varias provincias, que son las que no han llegado a un acuerdo respecto a la escala salarial que se fijó para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Es decir, para un sistema de transporte que es totalmente diferente al que tiene la provincia de San Luis, que difiere en la cantidad de pasajeros, con una recaudación y un sistema distinto”, comentó Cianchino, quien agregó que el escalafón salarial al que piden estar sujetos los choferes elevaría sus ingresos a un monto superior a los $900.000.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con lo que cobran estos trabajadores, pero queremos su consideración para con los docentes, por ejemplo, que cobran 500 mil pesos y hoy tuvieron que gastar siete mil u ocho mil pesos en un taxi”, comentó Cianchino.

“Seguramente hay mucha gente que va a perder el presentismo, o mucha otra que trabaja en el día a día y no va a poder asistir a su puesto. En San Luis el sistema de transporte está en una situación realmente critica: todos los insumos están subiendo constantemente y no todos estos aumentos en los sueldos de los trabajadores del sector los puede pagar el usuario”, sentenció el funcionario.

“Hay que tener en cuenta que la Provincia está poniendo de sus arcas 600 millones de pesos mensuales para mantener el sistema de transporte. Para que el usuario tenga servicio y para que el chofer pueda tener su fuente laboral. Ahora lo que necesitamos es que desde la parte laboral y empresarial colaboren para que esto pueda fluir, porque no podemos siempre estar perjudicando el bolsillo del usuario. Es lo que queremos hacerle entender a la gente de la UTA y a las empresas”, finalizó el secretario.

Una secretaria del Juzgado Civil N° 3 constató de manera presencial, este miércoles por la mañana, que los 14 trabajadores siguen sin ser reincorporados en el Concejo Deliberante capitalino a pesar de la orden de la Justicia provincial de fines de febrero. Los trabajadores asisten al Concejo y permanecen en el patio interno del edificio sin que la Presidencia le asigne tareas.

Esteban Badra, abogados de los empleados, aseguró que sus clientes se seguirán presentando diariamente en el Concejo Deliberante hasta que la presidente del cuerpo legislativo, Agustina Arancibia Rodríguez, les asigne tareas. Los empleados concurren al Concejo Deliberante los días laborales y permanecen en el patio. Tampoco se los habilitó el fichaje con huella dactilar, según Badra.

El letrado comentó que la orden judicial de reinstalación a sus puestos de los trabajadores es retroactiva al 1° de enero. Por lo tanto, deberán cobrar los salarios no percibidos en la próxima liquidación. En caso de que no les paguen los sueldos, el abogado adelantó que se realizarán las denuncias pertinentes.

Como informó La Gaceta el 27 de febrero, estos trabajadores se desempeñaron como personal contratado hasta el 31 de diciembre de 2023, y desde el 1° de enero, pasaron a planta permanente un total de 19 empleados. Esta medida fue aprobada por el Concejo el 16 de noviembre de 2023 por 10 votos positivos contra 1 negativo. Sin embargo, Arancibia Rodríguez, dejó sin efecto la resolución.

El abogado aseveró que durante la constatación judicial, la concejal dijo “que no iba a fundar su decisión. Es totalmente arbitraria, totalmente de hecho. Perdón la palabra sin exagerar, pero a una reminiscencia un gobierno de facto. La verdad, el que actúa así, actúa de facto Lo mínimo que puede hacer es cumplir con las limitaciones que la propia ley le impone.”

“Por ahí la señora Arancibia está mal asesorada técnicamente o no ha leído un poquito, aunque sea la Constitución Nacional, que creo que es lo mínimo que se le puede exigir a cualquier legislador”, continuo a crítica del letrado.

Arancibia Rodríguez sigue en la postura de no querer brindar declaraciones a la prensa sobre este tema alegando que es por consejo de los abogados.
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Este martes, el Juzgado Federal de San Luis ordenó el trasladado de un hombre de 38 años al Servicio Penitenciario Provincial, lugar donde quedará alojado en calidad de detenido y comunicado a disposición del Juzgado Federal, en la causa en la que se le imputa “prima facie” la presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En tanto, una mujer de 41 deberá cumplir arresto domiciliario en el marco de la misma causa.

Con respecto al hecho, efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico habían realizado un allanamiento el pasado viernes 8 de marzo -ordenado por el Juzgado Federal de San Luis- en una vivienda del barrio Eva Perón de la capital puntana, donde en esa ocasión se anuló un centro de venta y distribución de drogas. En el domicilio residían el hombre de 38 años y la mujer de 41 años.

En el operativo se habían incautado 85 envoltorios de nylon que contenían cocaína y un envoltorio de nylon transparente de forma cilíndrica, que en su interior contenía cocaína solidificada.

Además, se secuestraron 89.490 pesos argentinos, 8.000 pesos chilenos, cinco teléfonos celulares, un automóvil Ford Falcon y un auto Volkswagen Gol.

La sustancia estupefaciente incautada en esa oportunidad está valuada en 190.000 pesos argentinos, aproximadamente.

El Gobierno de San Luis, a través de la Fiscalía de Estado, denunció penalmente a Sergio Freixes (ex ministro y ex legislador), Viviana Moreyra, Miguel García Montani, Sofía Aguilera, Marcos Ferreyra, Francis Freixes, Diego Lucero (intendente de Fortuna), Marcelo Balbo (ex comisario de la plana mayor policial) y Diamela Freixes (ex senadora provincial y comisionada municipal de Nueva Galia) por haber integrado una presunta asociación ilícita que desarrolló sus actividades entre el 21 de abril de 2020 y el 27 de diciembre del año pasado.

Según el escrito presentado en la Justicia, organizaron un esquema de maniobras defraudatorias con los fondos de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, con el fin de enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la Administración pública.

Los sindicados como jefes de esa asociación ilícita son Sergio Freixes y Moreyra, que es su esposa, quienes “detentaron por un lado un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, otorgado por el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira; y por el otro el manejo de la sociedad El Relincho SRL, que utilizaron para la defraudación a la Administración pública”, reza el escrito.

La investigación encontró que el dinero que disponían era el depositado en dos cuentas corrientes del banco Supervielle, que eran del Pueblo Ranquel. En una el Estado provincial depositaba fondos de la coparticipación y en la otra, la productiva, se administraban los fondos producto de la explotación agropecuaria y ganadera de las más de 66 mil hectáreas de campo.

La denuncia discrimina los ingresos en esas cuentas a través de tres vías: dinero del Gobierno provincial, de los arrendamientos y supuestos contratos por pastaje de hacienda vacuna y venta de hacienda. El cálculo los estima, teniendo en cuenta información oficial del Gobierno de la provincia de San Luis, de Organismos Nacionales como AFIP y Senasa, de movimientos bancarios en cuentas propias de la comunidad en Banco Supervielle y por documentación aportada en Fiscalía por parte de la ex administración a cargo de Freixes en la suma de $ 669.696.011,61 a valores históricos.

Pero hay varias irregularidades en los tres ítems. En lo que hace a ingresos provinciales (Coparticipación, Ingresos Fondo Federal Solidario, Ingresos por tratado de La Toma e Ingresos por Aportes del Tesoro Provincial –ATP-), se percibe un notorio aumento en los giros de dinero en 2023; y además la Municipalidad recibió tres aportes del tesoro provincial por $2 millones (20 de octubre de 2023), $5 millones (17 de noviembre) y $50 millones (7 de diciembre, tres días antes del cambio de gobierno).

En cuanto al ingreso por arrendamiento, lo que supone que se dejaba ingresar ganado de otras empresas para pastaje, sólo dos firmas pagaban: Alfredo Mondino y Ganadera Nahuel Mapa, aunque el último ingreso de dinero de parte de la consignataria Mondino fue en enero 2023. Después se han devengado arrendamientos que no fueron pagados que al día de hoy sumarían $120.812.007,94.

La denuncia también aclara que la firma El Relincho SRL, del propio Freixes, desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta la fecha tiene hacienda en el Establecimiento San José, pero no se encuentran facturas emitidas por parte de la Municipalidad y tampoco depósitos en cuentas bancarias provenientes de tal sociedad comercial. En la misma situación están tres hombres de apellido Bassi: Carlos Federico, Carlos Fernando y Carlos Daniel.

Finalmente, en materia de ingresos por venta de hacienda, hay facturas emitidas por $343.620.812,34; sin embargo, no pueden comprobarse ingresos en cuenta por montos equivalentes. La denuncia hace notar irregularidades que surgen del análisis de los movimientos declarados en Senasa, como ventas de animales sin factura y ventas facturadas sin la salida de stock.

Además, “se desprende del análisis de las cuentas en su conjunto, que quedan sin documentar salidas de dinero por la increíble suma de $89.248.472,95”, asegura Fiscalía de Estado.

Más de 3 años de supuestos negociados

Fijan la fecha de creación de la asociación ilícita el 21 de abril de 2020, porque fue el día que el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, le otorgó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias a Sergio Freixes para que, en su nombre y representación, intervenga en los asuntos agropecuarios del Pueblo Ranquel, que se manejaba a través del Establecimiento San José. Una escritura pública avalada por el escribano Mario Noé Esteves (III) expresa que en toda operación debe estar “necesariamente” la firma de Freixes, que puede ser acompañada “indistintamente” por la de García Montani o la de Víctor Baigorria, el lonko de la comunidad. Lavandeira, según consta en el escrito, no tenía facultades para otorgar ese poder, que además iba en contra de las leyes provinciales.

Con todo el poder a disposición, Freixes y sus supuestos socios realizaron gastos difíciles de justificar. Hay erogaciones en materia de construcción y compra de materiales para obras de electricidad en esos tres años por un monto aproximado a los $12 millones. Más del 90%, o sea más de $11 millones, se realizaron durante el año pasado.

Sin embargo, se constató que en la comunidad no hubo arreglos en el hospital, en la escuela, ni en la administración. Los puestos rurales son cinco, sin contar los alquilados. De los cuales dos están derrumbados y otros dos inutilizables. Tampoco se pueden visualizar mejoras en las casas en las que habitan los habitantes originarios y no se encuentran materiales acopiados que pudieran justificar las erogaciones del último año.

También en materia de vehículos y repuestos hay maniobras defraudatorias. “Las erogaciones relacionadas al mantenimiento del supuesto parque automotor son exageradamente cuantiosas”, dice el texto, que se basa en “el análisis de la documentación aportada por uno de los jefes de la asociación ilícita” para estimar gastos por unos $40 millones, de los cuales el 75 % fueron realizados en 2023. Y sin embargo, cuando comenzó el proceso de normalización el 27 de diciembre del año pasado, uno de las principales problemas fue que no había ningún vehículo en condiciones para recorrer las más de 66 mil hectáreas.

Integrantes de la presunta asociación ilícita

Sergio Freixes es el principal apuntado en su calidad de jefe y organizador. “Sin tener ninguna pertenencia al pueblo Ranquel, y fuera del marco normativo, administró a su antojo los fondos de la Municipalidad”, dice la denuncia, que lo acusa de realizar contrataciones sin rendir cuentas, transferirse dinero del Pueblo Ranquel a su cuenta personal y hacer negocios valiéndose de una sociedad (El Relincho) creada por sus hijos y luego cedida a su esposa.

También se lo acusa de defraudación en grado de tentativa por querer retirar los $50 millones que había destinado a la cuenta del Pueblo Ranquel un día antes del cambio de gobierno y pasarlo a la cuenta de la Asociación Civil Festival del Caldén, que él mismo manejaba. La maniobra fracasó porque se negó a firmar el cotitular.

La esposa de Freixes, Viviana Moreyra, también está acusada de encabezar la asociación ilícita por su participación en la sociedad El Relincho SRL, que no tiene habilitadas actividades que supuestamente contrató con la Municipalidad del Pueblo Ranquel, como las de “venta de cosas muebles” y prestación de servicios. El Relincho SRL, como prestador de lujo de la Municipalidad, facturó $28.490.925,68; que con algunas duplicaciones de pagos llega a la suma de $33.868.075,68.

Sofía Aguilera también está sindicada dentro de la denuncia. “(…) se supone era la secretaria en la Administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel (no existe documentación que avale tal designación), y percibió cuantiosos ingresos por tareas administrativas, como así también por viáticos”, asegura el escrito, que agrega que habría recibido por sus tareas $9.184.211,36; que a valores de hoy serían unos 60 mil dólares o casi $50 millones.

Arturo García Montani, por otra parte, realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia, y según los contratos provistos por la Administración, percibió $4.981.754,17; que actualizados serían más de $24 millones.

“La percepción de los fondos acredita su pertenencia a la asociación ilícita, su calidad de contador y co-autorizado a operar las cuentas bancarias mencionadas con las irregularidades puesta de manifiesto como sobreprecios y doble imputación de gastos hacen que su aporte haya sido necesario para que la defraudación haya existido en la duración de tiempo y la extensión que evidencia la presente denuncia”, asegura el escrito.

También incluye a Diego Lucero, el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL. Si bien no hay facturas ni contratos de servicios a su favor como persona física, sí se registran depósitos a su cuenta personal por $1.321.407,68; que actualizado a hoy sumarían más de $9,5 millones.

Marcelo Balbo, eyectado por la administración actual a pocas horas de asumir un cargo en la plana mayor de la Policía provincial, percibió dinero en su cuenta personal por diversas tareas: Servicios de fletes, de logística, de administración y hasta por la compra de inyectores.

En la misma situación se encuentran los hijos de Sergio Freixes, Francis (que era funcionario al mismo tiempo que se producían estas maniobras) y Diamela, quien recibió arreglos en su auto particular en una concesionaria de San Luis que se pagaron con dinero del Pueblo Ranquel. También Marco Ferreyra, quien recibió dinero en su cuenta particular sin que se pueda justificar con una contraprestación.

La semana pasada, el Gobierno Nacional de Javier Milei anunció el cierre de “59 Centros de Referencia (CDR) que actualmente funcionan como cajas de la política y aguantaderos militantes. La medida constituye un ahorro anual de $5.000.000.000”. Los CDR dependían del Ministerio de Desarrollo Social, que fue reemplazado por el de Capital Humano. En San Luis, la oficina está ubicada en Balcarce 735, donde hoy sus trabajadores realizaron una jornada de protesta.

“Somos 59 centros de referencia con más de 600 empleados, capacitados, con experiencia, con títulos. O sea, no entramos el día de ayer al ministerio, no nos hizo entrar ningún contacto. Nosotros concursamos, nosotros nos capacitamos. Los que hace 8 años que estamos acá o 20 años o 15 años, todos tenemos experiencia de otros trabajos anteriores”, contó Paola López.

“Nosotros hacemos ayudas económicas urgentes ante situaciones de vulnerabilidad habitacional, laboral, económica o sanitaria. Relevamos la situación en territorio, para lo cual teníamos una camioneta que fue retirada hace 15 días sin mediar notificación. Vinieron, choferes de Buenos Aires que cumplen órdenes porque son empleados igual que nosotras, y se llevaron la camioneta de acá, de San Juan y de Mendoza”, continuó López.

El CDR de San Luis tiene un total de 24 empleados, quienes atienden alrededor de 50 personas por día. En su mayoría, es gente de escasos recursos que busca acceder a programas nacionales como la Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Mi Pieza o Mi Baño.

“Acá funciona lo que es la sede del centro de referencia, pero tenemos compañeros que trabajan todas las políticas públicas del ministerio en la localidad de Villa Mercedes y Merlo. Hay compañeros que son administrativos y hay compañeros que son trabajadoras sociales, son todos técnicos especializados, pero también hay abogados, hay psicólogos. La compañera más antigua tiene más de 20 años acá en el ministerio, de ahí para abajo. Recién el año pasado algunos compañeros pudimos concursar para planta permanente, otros todavía tienen un contrato anual, 048, y otros compañeros ya son planta de hace un par de años atrás”, explicó López.

Por el momento, no se les ha notificado a los trabajadores de planta permanente qué va a pasar con ellos. “Venimos a trabajar porque es nuestra responsabilidad hasta el 31 de marzo, que es hasta cuando sabemos que el Centro de Referencia está abierto”, dijo Paola.

Consultada por si intuían que el Gobierno Nacional podía llegar a tomar esta medida, Valeria Blanez, otra trabajadora del CDR, respondió: “En ningún momento pensamos que iban a cerrar un espacio de gestión de políticas públicas. Pero bueno, entendemos el proyecto político que gestiona este gobierno y es lamentable”.

Blanez consideró además que la comunicación de la noticia, inicialmente por X (ex Twitter) y luego de manera oficial calificando a los CDR como “cajas de la política y aguantaderos militantes”, fue un “destrato al personal” y también “un atropello”. “No somos ñoquis, somos trabajadores, no somos la casta tampoco y no somos un aguantadero”, puntializó.

“Creo que nos merecemos respeto porque nosotros trabajamos con gente vulnerable y esa gente también merece respeto. Entonces acá lo encuentran, acá la gente se los atiende con total empatía, con solidaridad, con escucha, con respeto, no se los dejan en la calle. Por eso hoy, ante el paro nacional, está abierta la puerta y la gente entra y se les explica la situación. Así que no cerramos las puertas porque entendemos que a la gente le cuesta viajar porque el boleto además ha subido, porque además hace un calor tremendo hoy acá en San Luis, que quizás en otro lado no hace calor, pero hoy, sumado al boleto, sumado al calor, sumado a la problemática que trae la persona, se hace insostenible”, aportó Paola López.

Para finalizar, La Gaceta Digital consultó a las trabajadoras si saben dónde la gente va a poder encontrar las soluciones que se brindan en los CDR cuando estos cierren. “Esa es la gran incertidumbre porque quizás pase todas las demandas a la provincia de San Luis y no sabemos si cuentan con recursos; o al municipio. Por lo que dice el comunicado de Twitter, dicen que quieren reducir todo un 0800, así que la verdad que la gente va a tener que llamar al 0800 y, como dice el cártel, que Dios los ayude. Y esperara que alguien los atienda. La verdad que la atención que se brinda acá no va a ser la misma que reciben 0800”, concluyeron.