El Gobernador, Claudio Poggi, firmó un decreto que exime a más de 600 emprendedores locales de tener que afrontar sanciones económicas de hasta $100.000 por infracciones menores durante la etapa más intensa del coronavirus.

La pandemia, producto de un brote acelerado y masivo del COVID-19, fue un suceso extraordinario y difícil de afrontar para toda la sociedad. En el sector comercial, muchos trabajadores tuvieron que buscarse un modo de subsistir ante la imposibilidad de circular y concretar ventas. “A eso, se suma que la gestión anterior del Estado provincial impuso multas económicas severas por incumplimiento de normativas específicas del contexto cuya existencia, en muchas ocasiones, los comerciantes incluso desconocían”, señalaron desde el Gobierno.

Este jueves, durante el acto de apertura del 24° Encuentro de Municipios Turísticos, el gobernador Claudio Poggi dio a conocer su decisión de retrotraer las denuncias judiciales contra los emprendedores y liberarlos de tener que abonar la multa. A través de un decreto lanzado por Fiscalía de Estado, más de 600 comerciantes del territorio sanluiseño que estaban involucrados en las causas judiciales, quedarán automáticamente desafectados.

“Sé que es con el diario del lunes, pero uno seguramente hubiese aplicado más una política de acompañamiento al comerciante que de castigo. Ahora hemos decidido desistir de estas acciones legales porque no son lo correcto, es un agobio más en un momento donde la estamos pasando bastante mal”, explicó Poggi, quien además les garantizó a todos los productores afectados que en breve recibirán un acuerdo de desistimiento para cerrar oficialmente el episodio.

El Jefe de Estado informó que las cifras a pagar eran realmente severas, incluso catalogando a las multas como históricas. “Estamos hablando de tener que pagar 50, 80 y hasta 100 mil pesos de aquel momento porque a lo mejor no habían empapado un trapo de piso 100% en alcohol”, enfatizó. Además, aseguró que la medida abarca todos los casos, tanto aquellas acciones judiciales que no habían comenzado como las que ya estaban en marcha.

La Defensoría del Pueblo de San Luis ha tomado intervención en respuesta a reclamos por problemas relacionados con la calidad del agua potable en la región del Volcán, ya que vecinos de la zona han denunciado posibles problemas de contaminación en los ríos, especialmente en las áreas frecuentadas por turistas y bañistas.

Por ello, el Defensor del Pueblo, Enrique Ponce, solicitó una inspección en la planta de agua potable y se coordinó una visita a la Municipalidad de El Volcán, donde fue recibido por el Intendente Ricardo Callegaro. Durante la visita, se recorrieron las instalaciones de la planta y se tomaron muestras de agua tanto en la entrada desde el dique La Estrechura como en la salida hacia los hogares.

Además, se realizaron tomas de muestras en diferentes puntos clave, incluyendo los ríos que alimentan La Estrechura (los arroyos El Durazno y Estancia Grande) y en el propio dique. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de analizar la calidad del agua y determinar la presencia de posibles contaminantes.

En este sentido, Ponce enfatizó el “enfoque colaborativo” de la Defensoría del Pueblo, destacando que su rol no se limita a la inspección y sanción, sino a la resolución de problemas en conjunto con las autoridades locales. “Nuestra tarea es informar a los ciudadanos sobre la situación y coordinar acciones con las autoridades competentes”, señaló.

Para garantizar la fiabilidad de los resultados, la Defensoría contrató los servicios de una empresa privada para realizar la toma de muestras y el procesamiento de las mismas, siguiendo todos los protocolos necesarios. “Estamos a la espera de tener los resultados en los próximos días para determinar el plan de acción a seguir”, concluyó Ponce.

La Municipalidad comenzó con la intimación a los propietarios de predios baldíos. Hasta el momento, ya se han intimado cerca de 20 grandes terrenos y continuarán los relevamientos en toda la ciudad, a fin de que los propietarios mantengan la limpieza de los espacios.

“En los recorridos que ha realizado el intendente Gastón Hissa, con un grupo de trabajo por diferentes sectores y barrios de la ciudad, se han detectado una serie de terrenos baldíos que están con pastizales altos, yuyos y en situación irregular respecto al cierre perimetral, no cumpliendo con la normativa vigente”, dijo Andrés García, subsecretario de Infraestructura, Planeamiento y Desarrollo Urbano.

Grandes extensiones de estos predios abandonados se han detectado en el sur, en el barrio Félix Bogado, en zonas aledañas al CAV Jardín San Luis, sobre avenida Justo Daract y Circunvalación, y en el barrio ATE III y CAV Pueblo Nuevo.

En esos casos, el Municipio adopta los procedimientos establecidos en las ordenanzas de la ciudad, con la identificación y colocación de cartelería en el terreno. Cuando el propietario es identificado, se le remite el acta de infracción. Desde la notificación, conforme a normativa, corre un plazo de cinco días para realizar la limpieza del predio. Finalizado el plazo, se hace una constatación posterior y si no se ha cumplido, el caso se envía al Juzgado de Faltas.

“Desde el juzgado, se realiza una segunda notificación. Si no hay cumplimiento, se aplican las multas, tipificadas en el Código Urbanístico en virtud de la Ordenanza Tarifaria. Incluso se puede llegar a la instancia de un juicio de apremio”, explicó el funcionario.

Mantener los terrenos baldíos cerrados y limpios evita la proliferación de microbasurales y plagas de roedores e insectos, a la vez que colabora con la limpieza general de la ciudad, el cuidado del ambiente y la salud humana.

“Como el cerramiento es más costoso, extendemos el plazo, pero hay normativas que especifican la necesidad y obligación de los frentistas de hacer los cerramientos y mantener la limpieza de sus terrenos”, concluyó García.

Ciento catorce residentes de varias especialidades del sistema de salud provincial en toda la provincia reclaman una recomposición salarial y el pago de bonos que no cobran desde diciembre. Los residentes se manifestaron este viernes por la mañana en el Hospital Central Ramón Carrillo y el Hospital de Pediatría, aunque el reclamo se hizo en diversos establecimientos de la salud en la provincia. Se maneja la posibilidad de realizar un paro ante la falta de respuestas por escrito del Gobierno de Claudio Poggi.

“Desde el mes de diciembre no estamos cobrando. Es un bono que tiene un monto total de $108.000, que actualmente serían aproximadamente unos $324.000, lo que nos deben a los 114 residentes de la provincia. También estamos reclamando un sueldo digno porque el sueldo de un residente el día de hoy está por debajo de la canasta básica familiar. Estamos ganando $488.000 los residentes de primer año”, sintetizó Tania Ynmenson, una de las residentes del Hospital de Pediatría.

La joven profesional explicó que el 25% del salario de los residentes es una suma que aporta Nación. Estos $148.000 es la única suma en blanco que perciben. El 75% restante del sueldo lo pone Provincia en concepto de beca.

“La idea es llamarnos al diálogo junto con el Ministerio para poder ver la forma de arreglar o mediar un sueldo un poquito más acorde a lo que cuesta hoy vivir. Con el sueldo que tenemos se paga alquiler, comida y no mucho más que eso, ni hablar de aquellos residentes que tienen familias que mantener. Lo que termina imposibilitando a largo plazo que un médico siga decidiendo o eligiendo especializarse o hacer una formación de posgrado”, comentó la profesional.

El otro punto que reclaman los residentes es el pago de un bono mensual de $108.000 que no cobran desde diciembre. Ynmenson reveló que el motivo que les han manifestado verbalmente de la falta de pago es que falta “una verificación” que debe ser firmada que está pendiente desde diciembre. “Seguimos esperando y todo lo que nos han dicho ha sido de palabra, así que necesitamos es algo por escrito en donde nos rectifiquen cuándo va a ser ese pago”, contó la residente.

Las autoridades les han dicho que los bonos los iban a cobrar entre el 5 y 10 de marzo. Hoy es 15 y no lo han cobrado.

En el cierre de la entrevista con La Gaceta Digital, Ynmenson aseguró que seguirán realizando asambleas en toda la provincia hasta obtener una respuesta a los reclamos y no se descarta la posibilidad de realizan un paro.
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Este jueves finaliza el paro de 48 horas que dispuso la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) y la entidad comunicó que no se logró un acuerdo de recomposición salarial con el sector empresario del transporte. Teniendo en cuenta lo mencionado podría haber nuevas medidas de fuerza próximamente.

“Las negociaciones con el sector empresarial siguen en marcha sin encontrar, por el momento solución ni propuesta alguna. Que en los próximos días seguiremos trabajando y luchando para obtener la recomposición salarial pretendida, sin perder de vista que la necesidad dé la normal prestación del transporte público es un componente esencial y urgente de toda la comunidad”, dice parte del comunicado de UTA San Luis.

La entidad que nuclea a los trabajadores del transporte pidió a los empresarios y funcionario provinciales y municipales que “tengan bien arbitrar los medios necesarios para, con debida antelación y previsión, evitar interrupciones en el transporte público de pasajeros”.
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Al igual que la primera del año, la sesión de hoy del Concejo Deliberante estuvo marcada por fuertísimos cruces entre los concejales del bloque Justicialista y la presidenta de la institución, Agustina Arancibia Rodríguez, en torno a los empleados de planta permanente despedidos, cuya reincorporación fue ordenada por la Justicia.

Las discusiones explotaron cuando Arancibia Rodríguez sometió a votación la resolución del cuerpo con todas las contrataciones de personal político de la institución, como los asesores de cada concejal y de Presidencia. Habitualmente, esto no suele ser más que un trámite, pero hoy los concejales Justicialistas se negaron a votar la resolución.

En primer lugar, Juan Martín Divizia dijo que cada uno de los 15 concejales tiene 4 asesores, lo que da un total de 60 personas. Sin embargo, en la resolución de Presidencia “son 90 los contratos firmados”, señaló el presidente del bloque opositor.

Esta diferencia de 60 a 90 viene por el lado de los contratos que tiene a su disposición la Presidencia, tanto para el funcionamiento de la misma como de otras áreas del Concejo. Por momento, no quedaba del todo claro si los opositores querían remarcar esta diferencia como algo fuera de lo común u otros factores; hasta que Alejandro Cordido remarcó que este “incremento del 33%” se da “sin ninguna explicación, comunicación o diálogo previo, en una situación en donde se encuentra judicializada la incorporación a planta permanente de 14 compañeros. Medida judicial que se está incumpliendo y que afecta a usted señora presidenta y la mesa directiva”.

Cordido continuó por varios minutos, mencionando todo tipo de artículos de la Carta Orgánica y del Reglamento Interno, al punto de que Arancibia le pidió en múltiples ocasiones que fuera al grano y citó el artículo 131, llamándolo “a la cuestión”, para que finalizara su alocución.

A su vez, Divizia pidió que se dividiera la resolución entre los contratados “que estaban firmando contrato ahora” y los que están “dentro de la causa judicial”, señalando que iban a acompañar una votación y abstenerse en la otra. Esto no fue aceptado y la resolución se aprobó por 8 votos positivos y 7 negativos.

Luego se puso a consideración del cuerpo una nota de Presidencia, para terminar la designación de Bárbara Témoli como asesora legal del Concejo. Bárbara es hermana del concejal Gastón Témoli y es una de las 14 personas despedidas a las que la Justicia ha ordenado que le devuelvan la planta permanente.

“Acá lo que estamos por cometer es un delito”, dijo Témoli, quien se trenzó en una nueva discusión con Arancibia Rodríguez, quien le pedía que se limitara a la cuestión. Obviamente, el opositor le respondía que todo lo relativo a la reincorporación de estas 14 personas eran parte de su fundamentación. “Usted tiene que reincorporar a 14 trabajadores y una de ellas es la asesora letrada. No solamente que no cumple con la orden judicial, sino que desafía al Poder Judicial, dándola de baja, pidiendo la liquidación final, porque eso no es reincorporar”, dijo Témoli, señalando en múltiples ocasiones que su bloque no podía “acompañar esa resolución”, porque sino iban “a estar cometiendo un delito”.

A Témoli le siguió un Cordido intratable, tirando artículos y normas a diestra y siniestra, señalando que la “designación de funcionarios es una facultad propia del cuerpo” y no de la presidencia; y que no puede cambiar eso con “una mayoría simple”. También sostuvo que esta resolución para terminar la designación de la asesora jurídica
significa una “usurpación de funciones del cuerpo, es decir abuso de autoridad”.

“Entiendo que muchas veces se asuma que teniendo un número de mayoría simple se pueda hacer lo que se quiera con las normas y la Constitución. Somos uno de los 3 poderes del Estado. El próximo paso es que con 8 votos decidan cerrar el Concejo Deliberante”, continuó el opositor.

Cabe señalar que, en esta discusión, el resto de los concejales de Cambia San Luis dejaron a Arancibia Rodríguez completamente sola y, salvo un tímido pedido de interrupción, no aportaron nada al debate ni brindaron apoyo a la presidenta del Concejo.

Eventualmente se pasó a un cuarto intermedio, pero en vez de llegar a algún tipo de acuerdo, se ve que ambos bloques mantuvieron sus posturas. Como último recurso, Divizia pidió enviar el proyecto a la comisión de Interbloque, pero el oficialismo no accedió a ello. Así fue como, nuevamente señalando que estaban cometiendo un delito, la oposición decidió retirarse del recinto.

Una vez se retiraron, los 8 oficialistas que quedaron aprobaron la resolución que terminaba la designación de Bárbara Témoli como asesora jurídica del Concejo y, de paso, mandaron todos los proyectos de la oposición a más de una comisión, así es aún más difícil que logren sacarlos adelante. Lo único que se aprobó fue un repudio a los actos vandálicos contra el edificio de la Municipalidad durante la marcha del 8M.

En cuanto terminó la sesión, automáticamente comenzó una especial, para tratar la designación de un nuevo asesor jurídico, lo cual se hizo en tan solo unos minutos, siendo elegido el abogado José Muñiz.

Este domingo 17 de marzo, el Parque de las Naciones cumple 20 años desde su refundación, y el ministerio de Turismo y Cultura invita a toda la comunidad festejar a lo grande. La cita es de 16 a 20. En el evento habrá actividades recreativas, espectáculos y juegos para todo público.

En esta temporada de verano, y como es habitual, miles de familias, parejas, atletas, grupos de amigos e incluso turistas concurrieron diariamente al Parque de las Naciones para disfrutar los diferentes espacios recreativos y actividades deportivas que allí se pueden realizar.

Ubicado en Riobamba y La Pampa, el parque cuenta con amplias áreas de esparcimiento, canchas, un estanque de peces, pistas para la práctica de deportes extremos como parkour, skate, BMX, calistenia, una zona de slackline y palestra para escalada.

Vale recordar que durante esta época del año, el Parque de las Naciones abre sus puertas todos los días desde las 7 hasta las 23 horas.

A partir de este viernes, el Hospital Pediátrico San Luis habilitará una nueva línea telefónica para turnos médicos a través de WhatsApp. Los turnos podrán solicitarse al siguiente número 2664836675, de lunes a viernes de 7 a 16. El mensaje deberá ir acompañado de los siguientes datos:

-Nombre del profesional y/o especialidad:
-Apellido y nombre del paciente:
-DNI del paciente:
-Apellido y nombre del tutor/responsable:
– Número del teléfono del tutor/responsable:

Esta nueva función está disponible únicamente para los servicios de nutrición, alergista, cirugía, genética, enfermedades poco frecuentes, neurocirugía, neumología, nefrología, endocrinología, oftalmología, otorrinolaringología, reumatología, traumatología y urología.

Los turnos para las siguientes especialidades se darán presencialmente, como ya se venía haciendo, en el hospital (Héroes de Malvinas 110):

Psicología: Lunes a viernes de 8 a 13.
– Psiquiatría: Martes y jueves de 8 a 13.
– Odontopediatría: Viernes a partir de las 7 y hasta completar agenda semanal.
– Enfermedades complejas: lunes a viernes de 8 a 14
– Oncología: Lunes a viernes de 8 a 14.
– Hematología: Lunes a viernes de 8 a 12.
– Cardiología: Jueves de 9 a 12.

Para más información sobre los turnos presenciales y los requisitos para solicitarlos, podés comunicarte telefónicamente al 2664425046.