El Dr. Rodolfo Toloza, director del Hospital Pediátrico de San Luis, realizó una presentación ante la Justicia debido a la crítica situación que enfrenta el centro médico en relación con la atención de pacientes con patologías psiquiátricas. Acompañado por parte del equipo de psicología del hospital, el director expresó su preocupación por la falta de elementos para enfrentar casos de extrema violencia intrahospitalaria.

La Ley Nacional de Salud Mental establece que los pacientes menores de 15 años deben ser atendidos en el Hospital Pediátrico, mientras que los mayores de esa edad son derivados al Hospital Escuela de Salud Mental. Sin embargo, el Dr. Toloza enfatizó que la falta de instalaciones adecuadas y la ausencia de personal entrenado para tratar casos de violencia extrema han llevado al hospital a buscar soluciones a través de la justicia.

“Tenemos pacientes muy violentos que, a pesar de la medicación y la evaluación por parte del hospital Escuela de Salud Mental, nos ha determinado que no tenemos la capacidad necesaria para responder a estos casos”, explicó el Dr. Toloza. Además, destacó que la situación no es nueva y que han pasado meses e incluso más de un año enfrentando dificultades similares con algunos pacientes.

El director subrayó que la exposición de los pacientes no solo pone en riesgo la vida del propio paciente, sino también la de otros internados y del personal médico y no médico que trabaja en el hospital. La falta de instalaciones preparadas para estas patologías, como puertas antivandálicas o habitaciones con rejas, ha llevado al equipo a buscar alternativas a través de la justicia.

Cuando se le preguntó sobre la solución que podría brindar la justicia, el Dr. Toloza explicó que más allá de la custodia policial, la justicia debe proporcionar herramientas para un mejor accionar por parte del sistema de salud. “Necesitamos generar acciones que nos permitan la comunicación entre las diferentes instituciones y elaborar estrategias y capacitación del personal para ver cómo accionar”, afirmó.

Consultado por la prensa sobre la situación en las que encontró las instalaciones del Hospital Pediátrico (ex Policlínico), Toloza destacó deficiencias en el mantenimiento, instalaciones eléctricas, aire acondicionado y evacuación. “Tenemos una guardia pediátrica que hace más de 15 años funciona en el subsuelo por debajo de las cloacas y eso determina que se accede por una rampa, que esa rampa es unidireccional y no nos permite la evacuación adecuada ante un accidente que tengamos dos o más personas afectadas y no las podamos atender de manera eficiente”, dijo el director del nosocomio. “Debo decir que el equipo está a la altura, a tal punto que ha dado respuesta a las diferentes situaciones que han ocurrido”, agregó el médico, destacando, por ejemplo, la atención que se brindó durante la Tragedia de Zanjitas.

Además, anunció un proyecto presentado al gobernador para la refuncionalización de la guardia pediátrica, que llevará a 10 las camas de internación de esta área. Esta medida busca mejorar las condiciones de atención y responder a la creciente demanda de la población pediátrica.

“Nosotros tenemos que estar pensando que la población pediátrica crece, que el hospital se tiene que adaptar a esa situación y que tiene que tener una mejor capacidad de respuesta debido a dos situaciones; porque se nos va a acercar en breve la época invernal con las patologías respiratorias, y además existe una situación económica en la cual muchas personas van a perder la cobertura y van a estar sin obra social e indefectiblemente se van a atender en nuestro hospital, tengan o no tengan obra social y tenemos que tener la capacidad de respuesta adecuada”, remarcó Toloza.

Reclamo de residentes
Finalmente, el Dr. Toloza reconoció la situación de los médicos residentes, señalando que muchos no han percibido sus haberes y destacó la importancia de formar equipos y mejorar la comunicación para lograr objetivos en común. Al respecto, Toloza señaló que también se ha producido un “cuello de botella”, con muchos servicios que eran contratados externamente y que no han sido renovados.

“La caducidad de los mismos contratos fue antes de nuestro ingreso o inmediatamente después de haber ingresado y nos encontramos también, para no ser ciegos a lo que está pasando, que hay mucha gente que ha trabajado en Salud y que trabaja en salud, en este caso los residentes de los diferentes hospitales, que no han percibido sus haberes al día de ayer. No sé el día de hoy que ha pasado. Esa es una situación complicada de enfrentar, pero entiendo que formando equipos y mejorando la comunicación vamos a poder lograr objetivos en común”, concluyó Toloza.

La crisis en el Hospital Pediátrico de San Luis revela una serie de desafíos que van desde la atención de pacientes con patologías psiquiátricas hasta las condiciones de infraestructura y la situación financiera de los profesionales de la salud. La presentación de acciones judiciales destaca la urgencia de abordar estos problemas y garantizar la adecuada atención médica en la región.

En la tarde de este jueves, fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de un cadáver en Juana Koslay. Hasta el momento no se dio a conocer la identidad del fallecido, pero un trascendido indica que podría ser Mario Alberto Ladino, un joven de 21 años que era buscado desde hace varios días.

De acuerdo a los mismos trascendidos, el cuerpo habría sido encontrado por el padre del joven, tendría el rostro desfigurado y presentaba múltiples puñaladas en el torso.

Interviene en el caso el fiscal de turno, Esteban Roche.

Esta mañana, a requerimiento de la Justicia, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ratificó y amplió sus denuncias contra sus predecesores en el cargo, Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto Alí; presentando la prueba documental correspondiente. “Luego tuvimos que realizar otras denuncias más que abarcan la gestión del Ministro Anastasi, en razón de las obras y de los expedientes y las compras que se generaron durante su gestión”, dijo Sosa, quien luego habló extensamente con la prensa local.

“En realidad he visto una muy buena predisposición de la justicia. Primero una apertura. Les he transmitido mi preocupación del daño social que se causa cuando se produce un delito, sobre todo cuando se toma por propio lo que le pertenece a todos, no sólo al Estado provincial, sino que es algo que se compró con los recursos de todas las personas. Entonces eso he visto una buena predisposición y una celeridad también en todo lo que requiere cada una de las causas”, continuó Sosa.

Compras inútiles y faltantes
De acuerdo a la ministra, los faltantes incluyen hasta elementos del despacho, como un sillón, una mesa, ratonera, una cafetera, microondas y televisores. “Se amplía también a elementos propios que fueron comprados por el Ministerio de Seguridad y que fueron cedidos a policías para su administración, como tiene que ver con los monopatines, de los cuales, después de revisar, de pedir todo el documental según la administración, faltaban tres”, comentó.

Sobre el caso de los monopatines, reconoció que los mismos no están homologados para su uso y destacó que “no fue requerimiento de la Policía de la Provincia la compra de los monopatines”, sino que se trató de una orden que vino de arriba. “El Ministerio debe administrar, coordinar y gestionar las necesidades de las agencias que le pertenecen, en este caso la Policía. Nunca fue un requerimiento de la policía de la provincia los monopatines. Se compraron 150 monopatines. Lo que requiere, aparte del casco, todo lo necesario para su funcionamiento. No está homologado, se entregaron, y encima tenemos el faltante. Algunos monopatines están utilizándose, estamos viendo la manera de regular y de reordenar eso. Estamos en un proceso de reordenamiento, no va a ser el día de la noche”, precisó.

Un caso similar ocurrió con cuatriciclos y también areneros. “Ni los cuatriciclos ni los areneros fueron requerimientos de personal policial. Tenemos que ver la registración y todo lo demás, que nos va a llevar un tiempo determinado. No son las necesidades de la policía. ¿Para qué tenemos una policía que evalúa, que está en terreno, que tiene necesidades, si después cuando pasan los informes no son tenidos en cuenta? Parece de un capricho, de una insistencia de ir en compras que no son relevantes para la institución”, comentó la ministra.

Por el otro lado, Sosa señaló uno de los requerimientos es la indumentaria policial y que “hace más de, por lo menos, 6 o 7 años que no se entrega uniforme”.

Otro caso de compras que claramente esta gestión considera inútiles son los famosos nodos policiales, mucho de los cuales, informó el gobernador Claudio Poggi, están tirados en un galpón de Villa Mercedes. “En persona fui a ver el depósito, un cementerio de nodos. Estamos pensando su reutilización. ¿Por qué? Porque acá hay que tener en cuenta la concepción del delito. El delito está en movimiento. Un nodo me exige a mí cuatro efectivos por nodo. Aparte de que los nodos no prestan las condiciones habitables. Ante una tormenta no están atornillados, tienen descarga, no tienen jabalina. Entonces hay toda una cuestión que hay que instrumentar. De eso se han hecho las denuncias correspondientes. Se compraron 300, no se entregaron los 300. También hablamos con la empresa. Entonces hay que replantearnos cuál era la política de seguridad. ¿La política de seguridad era tener a los policías dentro de un nodo y tener liberadas todas las arterias? Bueno, ¿por qué? La policía tiene que estar en movimiento porque el delito está en movimiento”, dijo Sosa, quien apuntó que está compra fue ordenada por el exministro Anastasi a una empresa que está siendo investigada.

Sobre el caso de las obras de refacción que no fueron llevadas a cabo, Sosa dijo que se le ha proporcionado toda la información a la Justicia para que determine por qué monto han sido los anticipos. “Lo que sí hemos aportado es el verdadero estado, después del relevamiento de nuestra arquitecta del área de Infraestructura en Seguridad, en el que se encuentran las obras. Y bueno, en base a eso queda a determinación de la Justicia, averiguar los pormenores y ver el faltante de dinero que se ha otorgado según la calificación”, comentó Sosa.

Seguridad Comunitaria
Sobre este tema, Sosa contó que ahora se llamará Dirección de Prevención Ciudadana, para lo cual se va a firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, ya que de ellos dependen esos beneficiarios. “Hoy por la mañana tuvimos una reunión de trabajo con la ministra, la contadora Mónica Becerra, para empezar a delinear cómo vamos a seguir en pos de un convenio. La verdad que las personas vienen cumpliendo una tarea dedicada. Quizás necesiten una capacitación, necesiten elementos para la tarea que brindan, para cuidarlos a ellos y también para la tarea en el cuidado de los edificios públicos, las escuelas, los hospitales y también la prevención ciudadana, que es tan importante. Así que estamos desarrollando un plan que va a ser parte del Plan Integral de Seguridad, donde integramos todas las agencias pertenecientes al Ministerio de Seguridad”, respondió la titular de Seguridad.

Llegada de Gendarmería
Sobre este tema, la ministra se reunió ayer con el Secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura, con quien avanzaron “en la necesidad del estado de factibilidad”. “Ellos van a venir a hacer un estudio de factibilidad, para ver dónde puede instalarse y para determinar el número de la base operativa”, dijo Sosa, señalando que lo principal que va a necesitar Gendarmería son las instalaciones para su personal.

“Nosotros vamos a esperar cuáles son los requerimientos, y en base a eso vamos a hacer una propuesta. Y se va a coordinar. No es del día a la mañana, pero ya estamos encaminando, y la verdad es que es muy buena la recepción, una gran dinámica por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación”, agregó la ministra.

Instituto de Seguridad Pública
Esta semana se conoció que para este 2024 se suspendieron los ingresos al Instituto de Seguridad Pública, a pesar de que ya se habían realizado las inscripciones, alegando el mal estado de las instalaciones. “Sí, la verdad que como quien ha permanecido en ese instituto durante tres años, durante su formación, ver el instituto en el estado en que se encuentra, les juro que es conmovedor”, dijo Sosa, quien describió derrames cloacales por las paredes, paredes con humedad, baños que no funcionan, años sin pintura, alimañas y muchas “fallas estructurales” más.

“La concepción de esa obra, que yo la conozco porque yo entré al instituto en el año 98, era excelente. Primero que era un instituto universitario, lo que permitía luego una continuidad de una carrera universitaria, de grado. Luego eso se redujo a una tecnicatura. Y cada vez fue más en detrimento, jamás se puso nada. Pero hoy en día es imposible que puedan permanecer (los alumnos). De hecho, tuve que pedirle al rector, en carácter de urgente, que al regreso de las prácticas de quienes hoy son los cadetes de segundo año, pasen a ocupar el edificio de escuela superior, que es limitado, pero que es el que en mejores condiciones está”, continuó la ministra.

“No es una bolsa de trabajo la policía de la provincia. Tiene que llevar profesionalismo y vocación. Y el profesionalismo conduce a la vocación. Ministra, se hizo un censo para los empleados públicos”, concluyó.

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Este jueves por la mañana, el fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñan, acompañado por el fiscal subrogante en Feria, Esteban Roche, formularon cargos contra A.F.V., J.N.M., y la ciudadana T.M.A. por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Sergio Alexis Zavala, en concurso ideal con el de lesiones leves.

El fiscal adjunto solicitó ante el Juez subrogante en feria, Juan Manuel Montiveros Chada, y su secretario, Rodrigo Gallardo, prisión preventiva por el plazo de 120 días para los imputados, debido a que el fiscal consideró que existen elementos de convicción suficientes para sostener que como riesgo procesal “existe peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento dada la cantidad de imputados y testigos oculares del hecho, y que muchos de ellos son conocidos, teniendo en cuenta que los testigos manifestaron temer por represalias, debido a que los imputados son personas conflictivas por lo que en caso de conservar la libertad, pueden influir en las declaraciones de los testigos, como así también de que antenten contra su integridad física”. Asimismo, Díaz Estopiñan en su alocución señaló las evidencias obtenidas hasta el momento, y las que restan por producir. Por parte de la querella estuvo presente Javier Rezzano que adhirió al pedido fiscal.

En tanto, la defensa ejercida Rodolfo Mercau para A.F.V. consideró que el plazo de 120 días para investigar era excesivo, y solicitó la prórroga por hasta ocho días, lo cual dentro de ese período puede pedir el corte y continuar con el proceso. Por parte de la defensa de los ciudadanos J.N.M., y T.M.A, la ejerció Ricardo Gutiérrez Esley, que se allanó al pedido de prórroga solicitado por su colega Mercau.

El crimen

El pasado 25 de diciembre, entre las 6.20 y las 7 horas, se produjo un incidente en el Barrio 100 Viviendas, específicamente en la Manzana 104, en la zona de la Tercer Rotonda de la ciudad de San Luis. Este hecho está siendo investigado y como resultado del mismo, Ángel Lastra y Sergio Alexis Zavala resultaron heridos.

Zavala, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”. A su ingreso, se encontraba en estado de coma, con inestabilidad hemodinámica y con traumatismo craneal, pero aproximadamente 24 horas después falleció.

Asimismo, el fiscal adjunto Diaz Estopiñan referenció la audiencia de formulación de cargos que tuvo lugar el 28 de diciembre pasado contra Brian Funes, Rodrigo Funes y Rodrigo Garro, a los que en la de este jueves se les sumaron los tres nuevos imputados: A.F.V., J.N.M., y T.M.A. sin descartar que aún puedan haber más implicados en la investigación.

La Dirección de Estadística y Censos informó que 1.723 beneficiarios de planes sociales provinciales no se presentaron a la validación de datos. Este jueves y viernes, de 8 a 14, podrán hacerlo en distintos puntos de la provincia. En cambio, las 6.767 personas que figuran como beneficiarios en los padrones y no completaron el formulario ni se presentaron en los puntos establecidos ya no tienen una segunda chance.

Tras el censo realizado a beneficiarios de planes sociales otorgados por el Gobierno de San Luis, la Dirección de Estadística y Censos informó que 40.274 adjudicatarios completaron el formulario online, mientras que 38.551 concluyeron el trámite con el acto presencial. Sólo los 1.723 que completaron el formulario, pero no se presentaron en los puntos de censo la semana pasada, podrán cumplir con el trámite final este jueves y viernes en distintos puntos de la provincia.

El director, Héctor Mazzina, anunció la extensión del plazo para que aquellos beneficiarios que aún no han completado el trámite presencial puedan hacerlo este jueves 4 y viernes 5 de enero. Los interesados deberán acercarse con su DNI en el horario de 8:00 a 14:00 a los diferentes puntos dispuestos por la dirección de Estadística para concretar la validación de datos.

Este relevamiento está destinado a quienes perciben Plan de Inclusión Social, Becas 22 AG, Plan Solidaridad, Programa Empezar, Programa Integral Autonomía (PIA), Práctica Laboral Rentada, Primer Empleo, Residencia Rentada y Reconocimiento Histórico.

Por otra parte, según datos preliminares del censo, unas 6.767 personas que figuran como beneficiarios en los padrones no completaron el formulario ni se presentaron a los puntos de censo.

Mazzina insistió en la importancia de que todos los adjudicatarios cumplan con este trámite, que permitirá actualizar la información y garantizar la transparencia en la asignación de los planes.

Sedes para el censo a beneficiarios sociales:

– Departamento Ayacucho: UPrO de Quines
– Departamento Ayacucho: UPrO de Candelaria
– Departamento Belgrano: UPrO de La Calera
– Departamento Chacabuco: UPrO de Tilisarao
– Departamento Dupuy: UPrO de Buena Esperanza
– Departamento Junín: UPrO de la Villa de Merlo
– Departamento San Martín: UPrO de San Martín
– Departamento Pedernera: ex Escuela Industrial, Villa Mercedes
– Departamento Pringles: terminal de ómnibus de La Toma
– Departamento Pueyrredón: sede del ministerio de Desarrollo Humano (ex Colonia Hogar)

El gobernador Claudio Poggi se reunió con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos y le explicó la crisis financiera que sufre la provincia y el déficit fiscal heredado. Además, Poggi gestionó la posibilidad de contar con recursos económicos y el ministro nacional evaluará las posibilidades de asistencia.

El Gobernador le solicitó al Franco que analice la posibilidad de otorgar un mecanismo de asistencia económica que pueda oxigenar las arcas provinciales, solicitud que fue atendida y será analizada por el equipo económico del Presidente de la Nación.

El Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción condenó este miércoles a Aníbal Galeano a la pena de 14 años y 6 meses de prisión, y a Bernabé Chávez a la pena de 13 años de prisión, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo cuya víctima fue Claudio Leyes, de 50 años.

En los alegatos de clausura la fiscal de juicio, Virginia Palacios Gonella, argumentó como agravantes que Aníbal Galeano tenía antecedentes penales por delitos de robo calificado en dos hechos diferentes en mayo y octubre de 2017. Asimismo, la extensión de las lesiones por parte de la víctima.

Agregó Palacios, también el tiempo, modo y lugar del hecho. En donde hace referencia que ocurrió un domingo entre las entre las 5.30 y las 6, “en una estación de servicio cercana a un conocido boliche bailable en el que ese es el horario en el que circula mayor tránsito de personas, de jóvenes que salen de dicho lugar”, dijo. En relación al modo, consideró como agravante alejarse del lugar, siendo indiferente para con el estado de salud de la víctima.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la fiscal Palacios Gonella solicito la pena de 18 años y seis meses de prisión para Aníbal Galeano.

En relación a Bernabé Chávez, consideró los mismos agravantes de tiempo, modo, y lugar mencionados. A diferencia que en este caso no encontró antecedentes penales. Por lo que solicitó la pena de 16 años y seis meses de prisión.

Por parte de la querella, el Dr. Gustavo Coria hizo referencia a la coautoría del hecho, señalando que ambos tienen antecedentes penales. Y solicitó la pena de 22 años de prisión para ambos.

Por parte de la defensa de Galeano y Chávez, Federico Putelli expresó que Galeano se valió de golpes de puño, por lo que difirió de lo manifestado por la fiscal de juicio y la querella, en relación a los agravantes de tiempo, modo y lugar. En relación a los antecedentes, dijo que Galeano ha cumplido sus condenas.

Además, en relación a este hecho que se le imputan junto con Chávez, manifestó que la detención de ambos tuvo lugar casi 11 días posteriores al hecho, y que se sometieron al proceso penal, sin objeciones.

El Tribunal estuvo integrado por María Eugenia Zabala Chacur en la presidencia y por Ariel Parrillis y José Luis Flores en las vocalías. En su alocución la Dra. Zabala Chacur expuso tres cuestiones: atenuantes y agravantes en relación a Aníbal Galeano al igual que Bernabé Chávez y que pronunciamiento corresponde dictarles. En relación a Galeano, dijo: “debe computarse como atenuantes sus condiciones personales y/o socioculturales, y como agravantes sus antecedentes de condena, la extensión del daño causado a quién resultare víctima del hecho y a sus familiares directos, y el conocimiento personal de la víctima”. A la misma cuestión los Dres. Parrillis y Flores adhirieron al voto de la Dra. Zabala Chacur.

Asimismo, la magistrada dijo que “en relación a Bernabé Chávez, debe computarse como atenuantes sus condiciones personales y socioculturales. Así como también la falta de conocimiento personal de la víctima, y como agravante, sus antecedentes de condena, la extensión de un daño causado a quién resultare víctima del hecho”, a lo que los magistrados adhirieron a lo manifestado.