Al igual que el Gobierno provincial, la Municipalidad de San Luis encontró el dinero y terminará de pagar los sueldos este jueves 11 de enero, y no el próximo martes 16 como se informó cuando se dio a conocer el desdoblamiento del salario de diciembre.

A diferencia del Gobierno provincia, la gestión municipal no precisó qué medidas permitieron que se termine de pagar los salarios con 5 días de anticipación.

“Seguimos trabajando para sanear la situación en la que recibimos la Municipalidad de la Ciudad”, concluye el posteo de la gestión Hissa.

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Al igual que en marzo de 2023, Merlo volvió a sufrir un severo temporal. Con más de 110 milímetros caídos sólo en las últimas horas, según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), un temporal de lluvia, acompañado por viento y granizo en algunos sectores, hizo estragos en la Villa de Merlo, que amaneció con los arroyos desbordados y calles anegada por el agua que venía con fuerza desde las sierras.

Este domingo hubo una reunión del Comité de Crisis, que nuclea al Municipio, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía, Vialidad Provincial, Plan Inclusión y Dirección de Gestión y Prevención de Emergencia del ministerio de Seguridad provincial, para hacer una evaluación de la situación y seguir coordinando las acciones entre las diferentes áreas que están abocadas a la emergencia. Hay comunicación permanente del Comité con el gobernador Claudio Poggi, más una articulación con los diferentes ministerios.

Asimismo, las maquinarias de Servicios Públicos del Municipio y de Vialidad Provincial están trabajando en el acondicionamiento de calles y espacios públicos. Las tareas se estarán realizando en la medida que la lluvia lo permita.

El pedido a la comunidad es que evite circular en la vía pública y de ninguna manera intente cruzar los badenes de arroyos crecidos.

Evacuados en Santa Rosa
El temporal también castigó a Santa Rosa del Conlara, donde incluso hubo 37 personas evacuadas tras los recorridos que hizo el personal de la Municipalidad y de Defensa Civil por la localidad para asistir a los afectados. El personal de la Policía de San Luis acompañó a las autoridades municipales para evitar que se agraven las situaciones de emergencia.

El intendente, Miguel Postiguillo, ayudó en la evacuación de los turistas que se encontraban acampando en el camping del balneario Municipal Río Conlara, quienes fueron trasladados por personal municipal al centro de evacuación armado en el Centro Educativo N°17 Hipólito Irigoyen, en la calle Urquiza, entre San Martín y Pringles.

Se identificaron 37 personas entre adultos y niños. Todos pernoctaban en carpas que fueron azotadas por el viento, incluso se registró la caída de un árbol que provocó daños a un Chevrolet modelo Onix.

Posteriormente, la Municipalidad realizó un relevamiento por las calles de Santa Rosa donde todavía se observan varias cuadras anegadas, árboles y postes de electricidad caídos, cables del tendido eléctrico por el suelo, rotura de vidrios en casas particulares y locales comerciales.

Hasta el momento no hay información de que haya personas lesionadas, solo daños materiales. La Policía trabaja en conjunto con personal del Municipio y los Bomberos Voluntarios.

La Dirección de Gestión y Prevención de Emergencia del ministerio de Seguridad hizo las siguientes recomendaciones:

-No intentar cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.
-No acercarse a postes o cables de electricidad.
-No sacar bolsas de basura u objetos que obstruyan desagües fluviales.
-No dejar en techos, balcones y terrazas, objetos que puedan volarse.
-No cruzar ríos o arroyos crecidos si estos están bloqueados.
-No acampar en lugares no autorizados.
-En caso de tormenta eléctrica, mantenerse dentro de sus hogares.

Este domingo por la noche, el gobernador, Claudio Poggi, anunció que este miércoles terminará de pagar los salarios correspondientes al mes de diciembre. Cabe recordar que Poggi anunció, en su primera semana en el cargo, que iba a desdoblar el salario de diciembre y que la segunda parte se iba a pagar el 16 de enero. Esto le valió decenas de críticas, cartas documento, manifestaciones y hasta un amparo presentado la semana pasada, al que la Justicia le hizo lugar.

Según manifestó Poggi en un video subido a YouTube este domingo, adelantar este pago es posible gracias al recupero de aportes innecesarios de la anterior gestión a entes descentralizados “que permitían la fuga de recursos, o sea actos de corrupción, como pasaba con el Pueblo Ranquel, el ente de Deportes y el Molino Fénix, entre otros”; y también por haber logrado que algunas empresas devuelvan adelantos por obra pública firmados en diciembre, pocos días antes del cambio de mando.

También se refirió a una gestión muy importante que hizo en Buenos Aires con directivos del Banco Nación, el agente financiero de San Luis: “Les quiero informar que está la posibilidad próxima de firmar una adenda al contrato de vinculación que nos une para que el banco le otorgue a la Provincia un crédito llamado adelanto transitorio de haberes. Será un crédito a 20 días por un monto equivalente a la nómina salarial de enero, lo que permitiría abonar los sueldos el último día hábil y evitar el desdoblamiento”.

Según contó Poggi, este crédito será a devolver en 20 días, con un interés financiero. “Mañana (lunes) presentaré a la Legislatura una ampliación del temario con un proyecto de ley para que se trate y que autorice al Poder Ejecutivo a tomar este crédito equivalente a una nómina salarial. Estamos trabajando en un San Luis que nos incluya a todos”, concluyó.

Funcionarios de distintos ministerios y secretarias, abogados y un legislador provincial se reunieron para analizar la aplicación de la extinción de dominio para recuperar activos del Estado que algunos particulares se apropiaron de manera ilícita.

Con el objetivo de recuperar los bienes que hayan salido indebidamente del patrimonio público provincial por corrupción, este jueves se reunieron el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza; el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla; el escribano de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra; el subdirector de Ética Pública, Javier Rho; la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Paula Heredia; el diputado provincial por Pueyrredón, Charly Pereira; y los abogados Rafael Berruezo, Darío Oviedo Helfenberger y Roberto Pagano, quienes analizaron la aplicación de la extinción de dominio en la provincia.

En este primer encuentro, se ordenaron los pasos a seguir y las acciones para implementar esta iniciativa que permitiría recuperar activos obtenidos ilícitamente. Durante las próximas semanas el equipo técnico avanzará en el análisis legal y definirá la estrategia concreta para aplicar esta herramienta de extinción de dominio sobre los bienes obtenidos de manera ilícita en perjuicio del Estado provincial.

La ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, brindó este viernes una conferencia de prensa en la que detalló las acciones realizadas por la Provincia en la búsqueda de equipamiento para la lucha contra el dengue y otros vectores. Explicó que este jueves a la madrugada viajaron dos agentes del Servicio Provincial de Control de Vectores hacia el hospital de Santa María de Punilla, para retirar aspersores metálicos que fueron donados por la Nación a mediados de 2023 y que no habían sido retirados por la gestión anterior.

La Ministra indicó que para San Luis fueron asignados “más de 30 aspersores”, pero que sólo pudieron traer 28, ya que la desidia de la gestión anterior a la hora de buscar el equipamiento derivó en que las máquinas fueran reasignadas a otras provincias. Este equipamiento ya se encuentra en el Hospital San Luis y permitirá fortalecer las tareas de fumigación y prevención.

Spagnuolo remarcó la importancia de contar con estos equipos, dado que actualmente hay casos confirmados y sospechosos de dengue en la provincia. Asimismo, señaló que se reemplazarán máquinas rotas y se enviarán nuevos equipos a localidades que no cuentan con los elementos necesarios para este tipo de fumigación intradomiciliaria.

En otro tramo de la conferencia, la funcionaria se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y detalló que hay 30 casos sospechosos de dengue desde agosto hasta la fecha. De esos 30 casos, 13 fueron descartados, ocho están en estudio, uno fue calificado como probable y ocho fueron positivos, de los cuales uno es autóctono, y precisó que la paciente ya recibió el alta médica.

Ramón Carrillo
Con respecto al hospital Ramón Carrillo, la ministra señaló que ya se está trabajando para revertir irregularidades en la atención. “La línea que hemos bajado es que a los pacientes hay que atenderlos antes de evaluar temas administrativos y de facturación. Ese es el concepto de hospital público que tenemos”, agregó.

“El tema es que estamos revirtiendo el orden, porque antes era, primero informá la obra social, luego pagá y después te atendemos. Ahora lo estamos haciendo al revés”, señaló. A su vez explicó que se invitará a las obras sociales a firmar convenios para que sus afiliados puedan atenderse en el ‘Carrillo’, pero aclaró que esto no será un requisito excluyente para la admisión de pacientes.

“No podemos dejar de atender a nadie, vamos a atender a todos, tengan o no tengan obra social”, enfatizó Spagnuolo sobre los lineamientos que se aplicarán en el centro de salud que funciona bajo la figura de una Sociedad del Estado provincial.

Descentralización en la atención primaria
Uno de los objetivos de la nueva gestión en Salud será, algo que ya se ha anunciado en múltiples ocasiones, el de descentralizar la atención médica, aconsejando a los pacientes que antes de llegar al Carrillo se atienda en hospitales de día o CAPS en sus barrios. Por supuesto que para lograrlo primero habrá que mejorar la calidad de esos centros de salud.

Por eso el equipo de Atención Primaria de la Salud (APS) se reunió con personal del hospital central para comenzar a diagramar un trabajo en equipo y mejorar la atención médica de los diferentes establecimientos de la provincia. Algunos de los puntos que se trataron fueron la creación de reglas y criterios para los procesos de derivación, la comunicación constante y la incorporación de datos de diagnósticos en el Portal Puntano. El próximo miércoles 10 ambos equipos de trabajo volverán a reunirse para continuar gestionando soluciones que permitan ofrecer un servicio más accesible y cercano a la comunidad.

Una empresa de autoplanes de ahorro de la ciudad de San Luis y una concesionaria fueron condenados por Defensa del Consumidor a pagar más de $17 millones por el retraso de siete meses en la entrega de un vehículo a un cliente. La mayor parte del dinero es para pagarle al comprador en concepto de daño directo y el resto del dinero es una multa que deberá pagarse al Gobierno provincial.

Victoria Villegas, la abogada que tramitó el reclamo administrativo, explicó a La Gaceta Digital que su cliente licitó para la compra de una camioneta Jeep Compass Longitude y en mayo de 2022 fue adjudicado para la entrega del vehículo. Se le informó al cliente que en el plazo de 120 días le sería entregado el vehículo, debido a un cambio de modelo, pero el plazo habitual suele ser de 60 días. El conflicto se generó cuando se cumplió el plazo y la camioneta no fue entregada a pesar que el comprador estaba al día con el pago de las cuotas.

“La empresa no cumplió con la entrega del vehículo. Se hicieron intimaciones extrajudiciales, se mandaron cartas de documentos, la empresa contestaba con evasivas diciendo que por un lado la concesionaria, porque nosotros iniciamos reclamo contra la concesionaria por un lado donde se había suscrito el plan y contra la firma demandada que es la firma FCA, Sociedad de Ahorro para Fines Determinados, que es la que administraba el plan”, señaló Villegas.

La firma del autoplan no respondió las intimaciones, pero sí lo hizo la concesionaria con domicilio en la provincia de San Juan, pero evadiendo su responsabilidad aunque “son solidariamente responsables”.

Ante tal panorama, Villegas inició el reclamo ante el Programa de Defensa del Consumidor. Con el expediente iniciado, el cliente recibió el llamado para recibir la camioneta, cuando iban varios meses del plazo vencido para la entrega.

Hay que reiterar que el cliente obtuvo la adjudicación en mayo de 2022 y la entrega estaba prevista para fines de septiembre de ese año, debido a que se extendió el plazo a 120 días por el cambio de modelo del vehículo. Tras varios meses de retraso, el vehículo fue entregado el 21 abril de 2023.

Teniendo en cuenta el gran retraso, Defensa del Consumidor condenó a FCA, Sociedad de Ahorro para Fines Determinados y a concesionaria Lorwest a pagar más de $12.440.000 al cliente de Villegas en concepto por daño directo y $5.000.000 por incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor.

A pesar que el caso tuvo una resolución favorable para el comprador, Villegas remarcó que el procedimiento “debería ser mucho más corto, mucho más expeditivo porque muchas veces el Programa de Defensa del Consumidor busca que las partes concilien o que lleguen a algún tipo de solución” porque se hacen varias audiencias de conciliación. En tanto que las empresas, en los casos que implican multas o que implican grandes sumas de dinero, no hacen un “ofrecimiento que sea realmente válido” y van dilatando la tramitación.
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El día de hoy, desde el sector de Prensa de la Municipalidad de San Luis ofrecieron una versión oficial sobre lo ocurrido con el sistema de estacionamiento medido, el cual pasó a funcionar, sin aviso alguno, de 8 a 20 horas, siendo que su horario habitual era de 8 a 13 y de 14 a 19. Esto condujo a que el sistema de la aplicación para dispositivos móviles no realizara el habitual corte automático de las 13 horas, consumiendo el crédito de los usuarios de la ciudad de San Luis.

La versión oficial indica que no se trató de una medida implementada por la actual gestión de Gastón Hissa como publicó este medio, sino de “un error” de la Universidad Nacional de la Plata), que es la proveedora del servicio. La comunicación oficial señala además que “están evaluando modos para la devolución del dinero a quienes se hayan visto perjudicados”.

Más allá de esta versión oficial, todo parece indicar que este problema no fue identificado hasta la publicación del artículo de este medio, lo cual es llamativo y preocupante. Asimismo, si el problema se había identificado previo a la publicación de este artículo, la Municipalidad debería haber informado a la población, por ejemplo a través de la app que se utiliza para pagar, o suspendido el servicio.

El Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, comunica que finalizó la autopsia de quien en vida se llamara Mario Alberto Ladino, un joven de 21 años oriundo de Juana Koslay, cuyo cadáver fue encontrado por su padre en el río Chorrillos, a 50 metros de su vivienda. El joven era buscado desde el 1ro de enero, luego de irse de la casa de su familia tras una discusión durante los festejos de Año Nuevo.

La Fiscalía Nº 3 a cargo del Dr. Esteban Roche tomó conocimiento del hallazgo a las 17 horas de este jueves. Se hace presente en la zona, y se realiza una inspección ocular de aproximadamente tres horas.

Su cuerpo yacía en posición acostado boca arriba, con pantalón de jeans, zapatillas y sin remera, al costado de un sendero, en una zona de malezas. Su padre, en declaraciones a la prensa, dijo que el rostro estaba desfigurado y que presentaba múltiples puñadas. Esto fue desmentido por el informe de prensa del Poder Judicial, el cual destaca que, si bien “se encontró el cuerpo en un avanzado estado de descomposición, no se hallaron elementos que hicieran presumir algún tipo de acto violento a ‘prima facie’” y que “no tenía heridas visibles”.

A la hora 09:00 de este viernes 05 de enero, la Dra. Laura Gómez del Departamento de Ciencias Médicas del Poder Judicial de la provincia de San Luis realizó la autopsia correspondiente. En su informe, la forense a cargo indicó que el joven falleció a causa de un Infarto agudo de miocardio, por sobredosis de cocaína y que además también consumía marihuana.

Finalmente, las autoridades fiscales informaron que los restos del joven fallecido ya fueron entregados a sus familiares.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Defensoría del Pueblo de la Provincia interpusieron en la Justicia este viernes un amparo y medida cautelar para que los 35.000 trabajadores estatales de San Luis cobren su salario en un solo pago y no de manera desdoblada como impuso la gestión de Claudio Poggi. A fines de diciembre, el Gobierno pagó el 50% del sueldo y la mitad restante se abonará el 16 de enero. La misma modalidad se aplicará para el pago de los salarios de enero en caso de que la Justicia no haga lugar a la medida presentada.

“Buscamos una rápida resolución del conflicto que tenemos y que no hay solución por parte del gobierno provincial en esta decisión que repudiamos de pagar salario en cuotas en nuestra provincia. Este amparo tiene como finalidad solamente el tema salarial, que se pague lo que sea deuda en concepto de salario del mes de diciembre y que para adelante no haya esta cuestión de salarios desdoblados. Necesitamos resolver rápidamente este problema que tienen los compañeros y compañeras del Estado Provincial, de diferentes ministerios, de diferentes regímenes de contratación que en este momento están realmente en una situación muy complicada”, señaló el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

El defensor del Pueblo, Enrique Ponce, explicó que se pidió habilitación de la feria judicial y que la Justicia deberá expedirse a la brevedad. Es de tres días el plazo para que Fiscalía de Estado sea notificada y se haga parte el expediente de la medida cautelar. Por lo tanto, la Justicia debería expedirse en los próximos días.

“Lo importante es que la Justicia tome cartas en el asunto, que de manera inmediata se pague lo que está restando de pagar del mes de diciembre, que no se lleva a cabo el de enero, como se ha anunciado públicamente, porque no hay ningún decreto que diga que tiene que ser diciembre y enero. Son manifestaciones públicas por parte del Poder Ejecutivo, que no tienen asidero en el decreto, el decreto dice que lo podrá hacer en el transcurso de un año, cuando lo considere necesario, eso se llama arbitrariedad, eso se llama inconstitucionalidad”, sentenció Ponce.

El defensor mencionó que entre la pruebas presentadas se incluyó la programación financiera de los pagos del 100% salarios de diciembre que es de $16.000 millones.

“El promedio de la masa salarial está por los $300.000 promedio. Realmente creo que hay que actuar de manera urgente e inmediata. Y además, tenemos, nosotros tenemos mucha confianza en que se haga Justicia conforme a derecho, porque está muy bien fundado, están los argumentos y están las pruebas”, aseguró el defensor.
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Esta mañana, un grupo de aproximadamente 12 personas, pertenecientes a un total de 74 individuos, se congregaron en una protesta frente a la Municipalidad de San Luis tras haber sido dados de baja del programa de Ayudas Económicas. La situación se presenta después de que los contratos de este grupo expiraran el pasado 31 de diciembre, abarcando tanto a beneficiarios de ayudas económicas como a trabajadores contratados en distintas áreas municipales.

Según contaron los manifestantes, la decisión de finalizar los contratos fue informada por los coordinadores de cada área afectada, por WhatsApp, quienes aseguraron que estas cesantías no impactarán los servicios brindados por el municipio. Además, resaltaron que la medida representa un significativo ahorro para las arcas municipales en un momento económico complejo.

De acuerdo a las personas que reclamaron, los coordinadores afirmaron que, si bien la medida puede resultar drástica, es necesaria para garantizar la eficiencia financiera del municipio. Subrayaron que, ante la actual situación económica, la reducción de personal es una medida temporal y que, en el futuro, con la mejora de las finanzas municipales, existe la posibilidad de recontratar a aquellos que fueron dados de baja.

Sin embargo, el grupo de manifestantes expresó su descontento ante lo que consideran una medida injusta. Alegan que la pérdida de sus empleos afecta directamente a sus familias y que la promesa de una eventual reincorporación en el futuro es incierta.

“Entendemos la situación económica, pero nuestras familias dependen de estos ingresos”, comentó uno de los manifestantes. “Necesitamos respuestas concretas sobre nuestro futuro laboral, no promesas”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado el número de personas a las que no se les han renovado contratos o quitado beneficios como las Ayudas Económicas, pero la medida no sorprende ya que está en consonancia con lo ocurrido a nivel provincial, nacional e inclusive en el mismo Concejo Deliberante local.

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