La semana pasada, el Gobierno anunció la puesta en funcionamiento del 0800-345-0836, una línea en donde se reciben denuncias de corrupción de la gestión anterior. Desde su puesta en marcha ya son más de 30 los hechos que van desde robos, negocios fraudulentos y empresas creadas para delinquir.

Las denuncias ya son más de 30 y responden a hechos de corrupción en dependencias públicas, hospitales, San Luis Agua, Inclusión Social, Terrazas del Portezuelo y en diversas localidades como Villa de la Quebrada, Fortuna, La Toma, Saladillo, San Gerónimo, Villa Mercedes y otras más

A todas las personas que se han comunicado, se les ha solicitado un respaldo probatorio, como un video, fotos, facturas, para seguir la investigación con más certeza, pero manteniendo siempre el anonimato.

A esto se suma que los funcionarios actuales están recibiendo denuncias, informes, no solamente de las mismas áreas de gobierno actuales, sino de empleados públicos, de proveedores y de vecinos.

“La verdad que nos estamos llenando de información. Ahora la vamos a ordenar. Vamos a crear una línea para denuncias, un 0800. Será el 0800-345-0836. Ustedes allí pueden hacer en forma nominada o anónima denuncias de posibles hechos de corrupción en los que estaría siendo afectados el Estado provincial y su patrimonio. Faltante de bienes, de vehículos, de computadoras, de aires acondicionados, mercaderías y materiales de desarrollo social que no están, que estaban almacenados y no están. Incluso de empresas que se fueron creando en paralelo a la gestión de gobierno para ser proveedor del Estado”, expresó el gobernador, Claudio Poggi, cuando anunció esta línea.

El edificio de la UPrO, ubicado en el barrio Los Poetas de Villa Mercedes, recibirá a parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, hasta que la institución pueda contar con su edificio propio. El acuerdo se cristalizó en la primera reunión formal entre el gobernador, Claudio Poggi y el rector, Marcelo Sosa, que tuvo lugar en Terrazas del Portezuelo.

Se trata de un nuevo acompañamiento a la educación que el Gobernador brinda a la universidad y a los mercedinos en general. En el año 2013, el gobierno de Claudio Poggi compartió espacios en el Centro Cívico de esa ciudad para el funcionamiento de la casa de altos estudios.

Luego del encuentro, Marcelo Sosa señaló que Poggi les ofreció compartir “un edificio de aulas que tiene la UPrO en la zona del barrio Los Poetas en Villa Mercedes, cercana a la Maternidad Provincial y gustoso lo hemos aceptado”.

“Estamos muy contentos por esta respuesta, por esta favorable recepción a este inconveniente de instalar una universidad que está creciendo y apostando a la educación de San Luis”, puntualizó Sosa.

Guillermo Araujo, ministro de Educación, se refirió en conferencia de prensa a diversos temas que tienen que ver con su área, y uno de los más importantes está referido a las estampillas escolares.

Al respecto, recordó que este año “se cobró un adelanto debido a un cambio en la legislación. Lo que siempre se abonaba en agosto, septiembre, octubre o noviembre, este año se adelantó a mayo, antes de las elecciones. Ese mes, alrededor de 7.500 chicos cobraron un adelanto de 300 dólares cada uno, con lo cual lo que está faltando abonar es el resto, que son el equivalente a 900 dólares. Hasta el viernes pasado tenían tiempo los directivos para acreditar quiénes eran los chicos que estaban en condiciones de cobrar esas estampillas porque habían concluido con los estudios, porque algunos todavía están con materias previas”.

“Son 3.226 los que se han acreditado hasta la fecha tope, con lo cual ahora vamos a empezar con las corroboraciones y las acreditaciones, por lo que estaremos abonando en la primera semana de febrero el saldo para los que terminaron la secundaria. Son unos 3.000 millones de pesos”, continuó explicando el ministro.

En cuanto a la Beca al Mérito, el Ministro dijo que va a seguir: “Es una política que hay que recuperar más allá del valor económico, queremos volver a resaltar algo clave en la educación que es el mérito”. Esto se debe a que la gestión Rodríguez Saá le introdujo una serie de modificaciones, dándole principalmente un enfoque social y dejando lo netamente académico de lado.

Este martes salió publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de San Luis la ordenanza que establece la nueva tarifa del servicio de taxi. Este aumento es del 100% respecto a los valores de agosto. Sin embargo, el incremento supera el 238%, teniendo en cuenta que la bajada de bandera en marzo estuvo en $140,50 y ahora sale $475.

La nueva tarifa que se promulgó, mediante la ordenanza Nº IV-1054-2023, fijó la bajada de bandera en $475 como se mencionó anteriormente. La tarifa nocturna (22 a 6 horas) y de feriados está en $570. El precio de la ficha diurna es de $47,50 y la nocturna de $57. Hay que señalar que este año se disminuyó la distancia de la ficha. Pasó de 180 metros a 130.

Estas tarifas tendrán una vigencia de 90 días, y una vez vencido el plazo, el Concejo Deliberante “podrá disponer trimestralmente la actualización del presente cuadro tarifario, la que en ningún caso podrá exceder el índice de inflación acumulada del último trimestre, previo al mes en que se practique la actualización”, dice el artículo 3 de la ordenanza.

La tarifa de taxi tuvo tres aumentos durante 2023. El primero fue un marzo con un 30% de aumento cuando se pasó de $140,50 a $182,65 en horario diurno; y de $168,50 a $219,05 para la nocturna y feriados provinciales y nacionales.

Si se toman los precios mencionados anteriormente que con los vigentes queda en evidencia que el porcentaje de aumento es superior al 238%.

El segundo incremento fue en agosto con un 30% en relación a los valores de marzo. El cuadro tarifario quedó en $237,50 para la bajada de bandera y el valor nocturno y de feriado quedó en $285.

Hay que remarcar que la brecha entre el precio de la bajada de bandera y el boleto de colectivo de Transpuntano ($70) está por encima del 578%. También se debe que mencionar que el valor del boleto no se aumenta desde noviembre de 2022.

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Este viernes los empleados públicos van a cobrar el 50% de los sueldos correspondientes a diciembre, mientras que el otro 50% lo van a percibir a mediados de enero. “El uso irresponsable de los fondos públicos de parte de la gestión que dejó el poder el 9 de diciembre, el exceso de gastos y la discrecionalidad en la disposición del dinero provocaron una medida ‘excepcional y dolorosa’, como reconoció el propio gobernador Claudio Poggi. Por eso, por primera vez en 40 años el pago de sueldos para los agentes de la administración pública provincial se hará en dos tramos”, comunicaron desde el Gobierno.

El salario correspondiente a diciembre se pagará un 50% el viernes 29 de diciembre y el 50% restante el 50% el martes 16 de enero de 2024.

Por su parte, los beneficiarios de planes cobrarán la totalidad del ingreso el viernes, mientras que los funcionarios van percibir todo el salario recién el 16 de enero.

El ministro de Educación, Guillermo Araujo, calificó como una medida dolorosa, pero necesaria el pago desdoblado durante dos meses que el Gobierno realizará a los empleados públicos provinciales. El funcionario también reiteró la continuidad de las subvenciones del 90% de los sueldos docentes para las 43 escuelas públicas de gestión privada. Sin embargo, adelantó que se reformulará la finalidad de las subvenciones para que no sean solamente para el pago de salarios.

“Es una medida, como lo dijo nuestro Gobernador, muy dolorosa, pero también necesaria por la situación crítica financiera en la que se encuentra la provincia. Si no fuera necesario, por supuesto que sería lo último que este Gobierno querría hacer, pero dada la situación crítica que fue explicada claramente y que fue explicada con números concretos, no hay muchas más opciones”, aseveró Araujo en la conferencia de Gabinete que se brindó este martes por la tarde.

Hay que mencionar que varios sindicatos rechazaron el pago desdoblado de los salarios públicamente y este miércoles por la tarde realizarán una protesta con el objetivo que el viernes 29 se abone el 100% del sueldo como publicó La Gaceta hace algunas horas.

Por otra parte, el ministro contó que se reunió con los directivos de los establecimientos educativos de gestión privada con el objetivo de conocerlos y manifestarles que el Gobierno provincial les mantendrá las subvenciones del 90% de los salarios a pesar que el dinero no está previsto en el presupuesto 2024.

La medida que tomó la gestión de Alberto Rodríguez Saá de llevar al 90% las subvenciones para todas las escuelas privadas supone un gasto anual de $2.000 millones, según reveló el titular dela cartera educativa. “Es un monto importante que, con el agravante de que al ser una medida que no estaba pensada para mejorar la educación, simplemente para dejar fundida la provincia”, consideró el ministro.

La Gaceta preguntó al ministro si concibe como bueno o malo que el Gobierno subvencione el 90% de los sueldos de las escuelas públicas de gestión privada. “No sé si está bien o mal, es inversión en educación. Este gobierno va a volver a poner la educación en el centro de las políticas públicas. Y esto es inversión en educación, pero dirigida a mejorar la calidad educativa como se había pensado”, respondió.

Araujo adelantó que se confeccionará un decreto marco para “rediscutir” la finalidad de las subvenciones y luego se firmará un convenio individual con cada institución. Mencionó que el destino del dinero de las subvenciones no será solamente para salarios, sino también para capacitaciones o actividades para el alumnado.

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En la Sala Oral Nº 1 de los tribunales de la ciudad de San Luis, comenzaron a ser juzgados desde este martes Bernabé Chávez, Verónica Agüero, Aníbal Galeano y Yamila Barroso, acusados del delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Claudio Leyes. Por este hecho, las personas imputadas enfrentan pedidos de condenas de 16 a 20 años de prisión.

“Las pruebas contras los acusados es contundente. Los cuatro acusados tuvieron participación directa y un codominio funcional del hecho”, expresó la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, en su alegato de apertura.

La “coautoría funcional” supone una división o distribución del trabajo en la que todos tienen “dominio funcional” del hecho, pero individualmente solamente realizan una parte del núcleo típico (unos trazan el plan, otros se apoderan, otros facilitan la huida, etc), según explicaron.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó el Ministerio Público Fiscal, el 17 de abril a la madrugada, Reymundo Cabrera se comunicó con Leyes y quedaron en reunirse en el playón de la estación de servicio Axión de Juana Koslay. “Ellos se conocían. Cabrera se encontraba con los aquí acusados en una garita y todos se subieron a un Peugeot 206 y se dirigieron hasta donde se encontraba Leyes. Eran entre las 5:50 y las 6:00 horas. Una vez en el lugar arremetieron contra la víctima en forma conjunta. Galeano lo golpeó y una vez en el piso lo siguieron golpeando. Lo desapoderaron de su billetera, le sacaron dinero y otras pertenencias. Toda esta secuencia la vamos a probar a lo largo del debate oral”, dijo la fiscal. Iván Coria, abogado de la parte querellante, adhirió a lo expresado por Palacios.

La víctima estuvo internada en el Hospital Ramón Carrillo durante seis meses. En octubre del 2022 recibió alta domiciliaria y murió el 17 de enero de 2023 en su domicilio del Barrio Maximiliano Toro, a causa de un shock cardiogénico irreversible, traumatismos graves de cráneo y epilepsia/convulsión postraumática. En un primer momento, la causa estaba calificada como robo doblemente calificado. Luego de la muerte de Leyes, mutó a homicidio en ocasión de robo.

Federico Putelli, abogado defensor de Galeano y Chávez, dijo en su alegato que sus defendidos se habían reunido ese día a tomar alcohol y que Cabrera llamó a Leyes. “En la playa se produce una discusión y hubo un intercambio de golpes. Chávez lo desapodera de sus cosas, pero no le pega, no hubo nunca una intención de matar para robar. Vale decir que cuando llega la ambulancia al lugar, Leyes se niega a ser atendido y es por eso que Cabrera lo lleva hasta su casa. Allí él se cae nuevamente”, narró el defensor.

Adriana Algarbe, defensora de Barroso, dijo que ni su defendida ni la otra mujer se bajaron del auto esa noche por lo que “jamás pudo tener un codominio funcional del hecho”. La Defensora Oficial Nº 2, Eliana Pradel, por su parte, dijo que su defendida esa noche acompañó al agresor, Chávez. “No tenía otra opción, si ella se alejaba, él la golpeaba. El día del hecho, Agüero ni golpeó ni robó. Ella fue víctima de múltiples violencias, desde vivir en situación de calle a sufrir abusos y ser víctima de una red de trata. Por la vida que vivió ella naturalizó la violencia por lo que le solicito al tribunal que analice y juzgue con perspectiva de género”, dijo la Defensora.

El debate continuará este miércoles con la declaración de ocho testigos. El mismo está a cargo del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, integrado por María Eugenia Zabala Chacur, José Luis Flores y Ariel Parrillis.