Esta mañana, el intendente de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que los sueldos del municipio “se pagan en el mismo monto y la misma forma y en el mismo día que se pagó la última vez en base a la firma del Tratado (de La Toma)”. Esto significa que se mantiene el piso salarial de $300.000, a lo que se suma el pago del aguinaldo en tiempo y forma y las entregas de cajas navideñas.

“Hemos querido por sobre todas las cosas respetar ese monto del sueldo, que para nosotros es fundamental y resguardar al trabajador municipal”, dijo Videla, quien en repetida ocasiones agradeció a los vecinos de Juana Koslay. “Esto es gracias al vecino de Juana Koslay, gracias al acompañamiento del pago de la tasa de los vecinos de Juana Koslay nosotros podemos garantizarle al trabajador municipal sus haberes que tanto se lo merecen por el trabajo que se realizan”, dijo el intendente.

Si bien otros municipios ya han anunciado medidas similares, Videla no solo anunció que los funcionarios van a cobrar en enero, sino que también así lo harán los concejales. Cabe destacar que el intendente no puede imponerle esto a los concejales, por lo que seguramente fue necesario un acuerdo para que los concejales se sumen a esta medida. Asimismo, hasta el momento, no se ha anunciado que los legisladores provinciales o de otros municipios hayan adoptado medidas de austeridad similares.

“Hemos decidido que ni los funcionarios ni los concejales van a cobrar los haberes hasta tanto podamos disponer de los fondos en la medida en que transcurran los primeros días de enero. No tenemos fecha”, precisó Videla.

El intendente también remarcó que está garantizado el sueldo de enero para los 230 empleados, pasantes, 14 funcionarios y 9 concejales de la ciudad. “Juana Koslay tiene una administración eficiente, eficaz y transparente, no de los últimos meses, del primer día que asumimos la gestión hace seis años. Esto nos permite tener nosotros fondos anticrisis y poder prever este tipo de situaciones como la que hoy estamos viendo, que la verdad que es lamentable. Nosotros en Juana Koslay tenemos que mirar hacia adelante, mirar con futuro, mirar con mucha energía positiva, que es lo que necesitamos que el vecino y el trabajador municipal tenga para afrontar estos meses difíciles que seguramente van a cambiar más adelante”, concluyó Videla.

El bloque de concejales justicialistas envío una nota a la presidenta del Concejo Deliberante capitalino, Agustina Arancibia Rodríguez, para solicitarle que se pague la totalidad de los salarios de los trabajadores de la institución legislativa y que no se abone en cuotas.

En la nota, los ediles rechazan el pago desdoblado, y advierten “la imposibilidad e ilegalidad que implicaría que dicha medida se instrumente”.

Por otra parte, hacen responsable a Arancibia Rodríguez, “de la integridad salarial y de la obligación de pagarlo de manera completa y en una sola vez”, dado que existen las partidas necesarias en el presupuesto 2023. Además, se menciona que en el presupuesto 2024, aprobado por unanimidad, “se incorporó el recurso genuino proviniendo del tratado de La Toma, lo cual debe ser exigido por el Intendente y por Ud. en cuanto representante de uno de los tres poderes del Estado Municipal.

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El gobernador Claudio Poggi rubricó este jueves el decreto que establece el cambio del formato papel al digital. La nueva versión facilitará el acceso inmediato y generalizado de la información oficial, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones, así como la seguridad jurídica. También le ahorrará al Estado provincial $500 millones anuales.

Cabe recordar que Poggi anunció la medida el 20 de diciembre cuando se difundió el segundo informe sobre el estado financiero de Ejecutivo provincial.

El Boletín Oficial cambia su formato. Dejará de ser impreso en papel para pasar a ser digital desde el primer día del año que viene. Con su implementación se alcanzará la publicación en forma ágil del acto administrativo, evitando la mora que se advierte en la actualidad, optimizando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. El nuevo sistema digital se instrumentará desde el 1° de enero de 2024.

Por otra parte, la versión digital pone fin a la utilización del papel, contribuyendo al cuidado ambiental y generando un ahorro de $500 millones al año. La autoridad de aplicación de este proyecto de modernización del Estado estará a cargo de la secretaria de Estado Legal y Técnica, Fabiana Zarate, quien acompañó este jueves al Gobernador en la firma del decreto.

El juez de Garantía Nº 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, ordenó este jueves la prisión preventiva por 120 días para Maicol Pizarro, acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Sergio Alexis Zavala, en concurso ideal con el de lesiones leves en contra de Ángel Lastra. Ambos hechos ocurrieron el 25 de diciembre pasado, entre las 6:20 y las 7 horas, en el Barrio 100 Viviendas a la altura de la Manzana 104, en la zona de la Tercera Rotonda de la capital puntana.

Respecto a Brian Funes, Rodrigo Funes y Rodrigo Garro (los otros tres imputados), el magistrado hizo lugar al pedido de los abogados defensores, Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, y les concedió los ocho días de prórroga constitucional. El fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assad, también había solicitado para ellos la prisión preventiva por cuatro meses bajo los mismos cargos, lo que será resuelto por el juez una vez que se cumpla la prórroga de 8 días.

La solicitud de los abogados se realizó luego de escuchar la declaración de Pizarro, quien ante el juez dijo que él solo había mantenido una pelea con Lastra y que los hermanos Brian y Rodrigo Funes no estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

“Solicitamos la prórroga porque después de oír la declaración de uno de los acusados, vamos a tener estos ocho días para adjuntar prueba y acreditar que dos de mis defendidos no estuvieron en el lugar del hecho y la participación de mi otro defendido no es la que indica el fiscal”, dijo Ibáñez.

La prórroga de ocho días está prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial que establece que la persona imputada “puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución judicial, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa”.

Minutos antes, y asesorado por su abogado, Juan Ortega, pidió la palabra Maicol Pizzaro y dio su versión de lo que había sucedido durante las primeras horas del 25 de diciembre. Los otros acusados se abstuvieron de declarar.

“Yo no le pegué al chico ese (por Zavala), solo estuve peleando con el hermano de él, que siempre me tuvo bronca y me defendí, nada más. Ni lo toqué al chico fallecido, no me voy hacer cargo de algo que no hice ni hacerme cargo de una muerte que no provoqué. Nada que ver lo que están diciendo, además ni Brian ni Rodrigo estaban en el lugar, sino que dormían con sus señoras”, expresó Pizarro.

La palabra de la Fiscalía
En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes el fiscal Assad y el fiscal adjunto, Juan Pablo Díaz Estopiñán. “Ese día, se encontraban la víctima junto a su novia, su hermano Ángel Lastra y su cuñada, Daniela Vega. Estaban en la vereda del domicilio de Vega mientras tomaban una bebida alcohólica luego de regresar del boliche de festejar Navidad. En ese momento llegó un menor de edad y dijo que había mantenido un altercado con Rodrigo Funes y que le habían querido pegar. Lastra le dice a ese joven que se vaya para no tener problemas, pero a los pocos minutos irrumpen los aquí imputados en compañía de más personas y se le abalanzan a Zavala y a Lastra”, narró Assad.

El fiscal dijo que Zavala recibió un golpe con una piedra que lo hace caer al suelo y lo deja seminconsciente. “Su hermano intenta defenderlo, pero es herido con un cuchillo a la altura de un ojo. Zavala emanaba sangre del oído, boca y nariz mientras era golpeado en la cabeza y cuerpo. En un breve lapso, los atacantes dejan de pegarle y es allí que su novia le coloca una toalla debajo de su cabeza para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, los golpes se reiteraron y la novia de Zavala se arroja sobre el cuerpo para que no le sigan pegando”.

El ataque cesó con la llegada de la policía al lugar. “No obstante los acusados arrojaron piedras a la ambulancia con la intención de entorpecer la labor de los médicos. Una de estas piedras rompe uno de los cristales de la puerta derecha de la ambulancia”, dijo Assad.

Zavala fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde ingresó en coma, hemodinámicamente inestable y con traumatismo de cráneo. Veinticuatro horas después, cerca del mediodía, falleció. “Tuvo lesiones por todas partes del cuerpo, una equimosis debajo de la clavícula que complicó sus pulmones producto de todos los golpes que recibió”, dijo el titular de la Fiscalía de Instrucción.

Incidentes al finalizar la audiencia
Según dio a conocer la periodista Cristina Sosa, luego de la audiencia de formulación de cargos por el homicidio de Sergio Zavala, los familiares de la víctima, arremetieron contra los 4 detenidos, con insultos, manotazos y empujones, en el subsuelo de Tribunales.

El gobernador Claudio Poggi denunció en su quinto informe sobre la gestión anterior que los ex ministros Alberto Rodríguez Saá (h) y Sergio Freixes se hicieron nombrar loncos para administrar las tierras de 66.000 hectáreas pueblo ranquel y 8.000 vacunos. Aseguró que Fiscalía de Estado realizó la denuncia judicial. Se restituyó el manejo del pueblo Ranquel a Víctor Baigorria, como lonco normalizador de la comunidad originaria.

“El ex senador Sergio Freixes, junto a quien sería su secretaria privada, la Sra. Sofía Aguilera y el hijo del gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá Hijo, se hicieron designar loncos del pueblo ranquel mediante una asamblea, ratificada por una resolución del Registro de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Para que se entienda, Freixes, su secretaria y el hijo del gobernador, se hicieron nombrar responsables de la dirección y administración de la comunidad Ranquel, sus riquezas y su tierra, se hicieron nombrar loncos, es decir, caciques”, dijo Poggi en su mensaje.

El mandatario provincial detalló que la comunidad ranquel tiene 66.000 hectáreas para la explotación ganadera, y que desde 2027, “Freixes es quien administraba todos los negocios de la comunidad Ranquel. Para que se entienda, desde el 2017, no tenían los ranqueles los derechos económicos, civiles y políticos sobre su territorio, lo tenía Freixes, según consta en la denuncia judicial”.

Según la investigación de Fiscalía de Estado, el 21 de abril del año 2020, el ministro de Producción de la gestión anterior, Juan Lavandeira, firmó un poder especial para operaciones administrativas y bancarias, a favor Freixes y otros, para que intervenga en los asuntos agropecuarios del “Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel”.

Poggi aseguró que el ex ministro Freixes intervino en el manejo y arrendamiento para los más de 8.000 vacunos y 120 caballos que, según organismos oficiales, habría en ese campo.

Otro dato que mencionó el Gobernador es que entre marzo de 2022 y julio de 2023, las cuentas que manejo Freixes tuvieron un movimiento de dinero que ascendió al monto de $283.399.813. Los manejos de esos fondos, son materia de investigación de la Unidad de Información Financiera de la Nación, ante la sospecha de posible lavado de dinero.

“Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos loncos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50 millones. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50 millones”, dijo Poggi.

Finalmente, el Gobernador remarcó: “Estamos dando cumplimiento al artículo 11 bis de nuestra constitución y al convenio 169 de la OIT sobre Pueblo Indígenas y Tribales”, reconocido en nuestra carta magna provincial, que determina en su Art. 17, inc 3 que establece que ‘deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ello’”.

Con una extensión de media cuadra de manifestantes, se realizó este miércoles por la tarde, la protesta de sindicatos y gremios en rechazo al DNU del presidente Javier Milei y del pago en cuotas a empleados públicos provinciales que implementa el Gobierno de Claudio Poggi, entre otros reclamos. El secretario general de ATE criticó al Ejecutivo provincial por el pago desdoblado de salarios.

La concentración comenzó desde las 18 horas en la esquina del Correo, pero pasadas las 19, inició la marcha por el microcentro de la ciudad de San Luis. Participaron personas afiliadas a ATE, Sadop, La Bancaria, UPCN y Apunsl, entre otros.

“En San Luis nos convoca también reclamarle al gobierno provincial que no puede pagar el salario de los trabajadores en cuotas, que no puede recortar subsidios o recortar partidas a los municipios porque eso significa empujar a los trabajadores y trabajadoras municipales por debajo de la línea de la indigencia. Nosotros en San Luis tenemos que cuidar los derechos conquistados y bajo ningún punto de vista estamos de derecho a resignarlos”, expresó el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

La marcha también fue en protesta del protocolo antipiquete que impulsó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sin embargo, en la manifestación de esta tarde, no se aplicó nada, sino que se hizo el operativo policial habitual. Una uniformada se acercó a Gatica y le preguntó el motivo de la protesta y las calles por la que iban a transitar. La Policía cortó calles aledañas e incluso algunos de ellos iban varios metros por delante de los manifestantes.

Gatica contó que se hizo público que los empleados judiciales de la Provincia cobrarán la totalidad de los salarios y que esa noticia “un poco alteró los ánimos”. Para el sindicalista, “el Gobierno de Poggi no se animó a tocar el salario a los jueces, pero sí le puede tocar el salario a un compañero municipal, le puede tocar el salario a un compañero provincial, a un maestro, un policía, pero no se animó a ir en contra de los jueces. No se animan a ir contra el poder”, dijo, agregando que están contentos por los trabajadores judiciales.

@lagacetadigitalslSindicatos y gremios protestaron este miércoles por la tardes en el microcentro puntano en contra del DNI del presidente Milei y el pago en cuotas de los salarios de los trabajadores públicos provinciales.♬ sonido original – lagacetadigitalSL

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En la audiencia celebrada este martes en la Sala Oral Nº 2 de la ciudad de San Luis, el Fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez, planteó al Colegio de Jueces una propuesta de juicio abreviado, con acuerdo del Defensor Técnico, para que Jhasmani Huallpa Copa sea condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y siete años de inhabilitación especial para conducir, por atropellar y provocar la muerte de la policía Ana María Yacanto.

Asimismo, Rodríguez solicitó la libertad inmediata a partir de los ocho meses de prisión preventiva y pidió cambiar la calificación de homicidio simple por dolo eventual, ya que entendió que corresponde la calificación de homicidio culposo agravado por el consumo de alcohol. Como atenuantes mencionó la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Por otra parte, la representante del particular damnificado, Claudia Carolina Díaz, se opuso a la propuesta de juicio abreviado y solicitó la presencia de la Defensora de Niñez, ya que es quien actúa en representación de los derechos de la niña de 7 años, hija de la mujer fallecida en el accidente.

Por último, el Defensor Técnico de Huallpa Copa, Juan Manuel Mercau, pidió que se haga lugar al juicio abreviado solicitado por Fiscalía y coincidió con la calificación de homicidio culposo agravado por el consumo de alcohol. Por su parte, el acusado reconoció y aceptó la responsabilidad del hecho por el que viene acusado y la pena solicitada por el Fiscal y su Defensor Técnico.

El Tribunal dio por concluida la audiencia y dispuso la vista de la audiencia en formato audiovisual a la Defensoría de Niñez, en función del orden público y de la manda constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Argentina), en resguardo del interés superior del niño, a los fines de escuchar lo que exprese la Defensora de Niñez, a efectos de que el Tribunal pueda resolver sin desafectación a ese criterio constitucional.

El juicio abreviado es una de las formas alternativas de culminar un proceso penal mediante el cual el acusado de un delito reconoce la existencia del hecho, su participación como autor, cómplice o instigador y acepta la calificación legal que le otorga a ese hecho el fiscal.

EL HECHO
Ocurrió el 19 de enero a las 22:30 horas. Huallpa Copa conducía en dirección suroeste en su Volkswagen Suran gris e iba acompañado por familiares. Ana María Yacanto y su hija caminaban a la altura de los postes de luz 47 y 48 cuando fueron embestidas por el vehículo. La mujer fue arrastrada contra un árbol. Murió dos horas después.

El control de alcoholemia arrojó que Copa tenía 2,72 gramos de alcohol en sangre y un análisis de laboratorio que se le practicó al otro día confirmó rastros de tetrahidrocannabinol, el principal constituyente psicoactivo de la marihuana. De acuerdo a un informe, el vehículo viajaba a 72 kilómetros por hora.

El comunicado de la familia
Por su parte, la familia de Ana María Yacanto emitió un comunicado, criticando el juicio abreviado y el cambio de carátula que implicaría que Huallpa Copa no cumpla años de cárcel. A continuación, el comunicado en su totalidad:

“Con profunda tristeza e indignación, nos dirigimos hoy a ustedes. Hace apenas unos días, la hija de mi hermana Ana María Yacanto cumplió siete años, pero esta fecha se ve ensombrecida por el atroz suceso que tuvo lugar el 19 de enero del corriente año. Ese día, nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi sobrina quedó sin su madre y se convirtió en testigo de una tragedia inimaginable.

“Recientemente, nos hemos enterado de cambios en el curso del proceso judicial. En colaboración con la fiscal Dra. Durán junto a nuestras representantes legales Dra. Carolina Díaz Alba y Dra. Carolina Rodríguez como querellantes habíamos luchado por que el caso fuera calificado como HOMICIDIO SIMPLE. Sin embargo, el fiscal de juicio, el Dr. Rodríguez, quien en septiembre de este año había rechazado la tramitación de un juicio abreviado porque indico que el hecho era gravísimo, ahora en menos de 24 horas antes del juicio oral y justo el día de cumpleaños de mi sobrina cambio de la acusación que se había logrado en equipo, de homicidio simple a homicidio culposo.

“¿Qué es lo que lo hace cambiar de opinión a un fiscal de juicio días antes de navidad? ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas en esta situación? Estamos hablando de un caso en el que una vida se perdió, dejando a una menor en una situación de vulnerabilidad. Nos dirigimos a la justicia en busca de un proceso justo, que proteja los derechos de las víctimas. Tanto mi hermana como mi sobrina merecen justicia. Como familia, estamos aquí para brindar apoyo y contención a la menor en este doloroso proceso.

“Exigimos que se respeten sus derechos. Demandamos una justicia transparente y clara. Estamos considerando solicitar una audiencia con el Procurador, el Dr. Luis Martínez, para que nos acompañe en este difícil proceso.

“Aunque hasta ahora no hemos brindado declaraciones a los medios, ha sido para salvaguardar los derechos de mi sobrina mientras atravesamos este difícil camino.

“Agradecemos su atención y esperamos que se haga justicia para Ana María y que se protejan los derechos de su hija, nuestra sobrina”.

Esta mañana, dirigentes y afiliados de ATE marcharon por el centro puntano para entregar un petitorio al jefe del programa Relaciones Laborales, Alberto Lindow, exigiendo que se paguen los salarios en un 100% a fin de mes y además “que se aseguren las partidas presupuestarias a todos los Municipios de San Luis, para que no haya recorte salarial a las y los trabajadores municipales”.

“El cobro del salario en tiempo y forma es un derecho que gozamos como la clase trabajadora y que ha costado años de lucha. En épocas de crisis económica como vivimos, desdoblar salarios es poner al personal público provincial en la disyuntiva de cubrir gastas para sobrevivir o pagar alquiler, tarjetas, servicios, etc”, dijo la nota de ATE.

“A las y los municipales les va peor aún con las decisiones tomadas por el gobierno provincial, de retirar de forma unilateral el denominado Tratado de La Toma, sin buscar alternativas que permitan a los municipios no BAJAR SALARIOS del personal. Con esta medida, se está condenando a las y los trabajadores municipales de nuestra provincia, a caer por debajo de la línea de la pobreza, directamente A LA INDIGENCIA, porque en la mayoría de los casos no superan los 200 mil pesos de ingreso mensual, haciendo imposible en este contexto de inflación y de devaluación al menos cubrir los gastos mínimos para subsistir”, dice el petitorio, refiriéndose a los empleados municipales.

En base a todo esto, ATE anunció el comienzo de un plan de lucha, “que contará con diferentes medidas gremiales que desarrollaremos en diferentes municipios y sectores de trabajo del Estado Provincial. El mismo, constará de asambleas, marchas, cortes de rutas o calles y Paros, según se resuelva en asambleas por voluntad de las y los trabajadores”.

La nota de ATE destaca además que estas medidas de ajuste “se ha profundizado en el personal de algunos sectores provinciales y de forma despiadada contra las y los trabajadores Municipales de nuestra provincia”.

Como cierre, la nota señala que le han pedido a la actual gestión una audiencia “ni bien asumió”, pero todavía no han tenido respuesta.

Eugenia Catalfamo habló con La Gaceta sobre la intervención por seis meses en la Universidad de La Punta (ULP) en la que se la removió del cargo de rectora mediante un decreto, medida que se implementó a los pocos minutos de la asunción de Claudio Poggi. La ex legisladora considera que el decreto es inconstitucional y adelantó, que en caso de agotarse la vía administrativa, continuará su reclamo en la Justicia provincial.

La ex senadora nacional mencionó en primer lugar que la supuesta irregularidad en la intervención de la ULP mediante el despliegue del grupo especial de la Policía, el COAR. Luego mencionó que durante varios días, la Policía controló los ingresos a la institución. Ante ese panorama, Catalfamo contó que se radicó una denuncia por abuso de autoridad ante la “utilización de las fuerzas armadas de la Policía de la Provincia en una casa de estudios, en una institución educativa pública”.

“Esa denuncia hoy está todavía a cargo del fiscal. Entiendo que se han solicitado informes a la ministra de Seguridad y al ministro de Educación, que hasta el momento, y por lo que he podido ver en el expediente en trámite, no han sido respondidos. Lo cual implica, de alguna manera, una obstrucción de la justicia, porque no están haciendo parte de la denuncia que hicimos con el licenciado Amitrano”, reveló Catalfamo.

Hace casi dos semanas se interpuso un amparo judicial que el juez de Garantías, Juan Manuel Montiveros Chada, resolvió rechazar en tiempo récord. El juez resolvió al día siguiente que se pidió la medida. Catalfamo contó que el argumento para el rechazo fue que se debía agotar primero la vía administrativa ante el Ejecutivo. Por lo tanto no se apeló.

Se presentó un recurso de revocatoria del decreto Nº 28-ME-2023, que es el de la intervención de la ULP, y que deja sin efecto el nombramiento de Catalfamo. La ex legisladora argumenta que el decreto le anuló un derecho adquirido porque su nombramiento fue aprobado mediante ley por el voto mayoritario del Senado provincial por propuesta del Ejecutivo, tal como establece la ley provincial de la ULP.

El otro argumento que esgrimió es que en el decreto no intervino la Fiscalía de Estado. Hasta ese momento, el fiscal que estaba, Roald Cattáneo, no había renunciado, entonces deberían haber hecho intervenir a Fiscalía de Estado. Ya desde ese punto e incluso por los disparates legales que argumentan en el decreto, es inconstitucional, es nulo porque no pasa por las firmas suficientes”, explicó Catalfamo.

El recurso de revocatoria fue presentado el 15 de diciembre tanto en la mesa de entrada de Gobernación como del Ministerio de Educación, ya que el decreto lleva la firma Claudio Poggi y Guillermo Araujo. “El abogado que lleva adelante este recurso de revocatoria está preguntando todos los días a ver si hay alguna resolución sobre este tema. Por supuesto que no. Dicen que lo siguen analizando”, contó la ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá.

El plazo de 10 días para que se expidan sobre el recurso de revocatoria vence el 3 de enero. En caso de no tener respuesta, Catalfamo adelantó que considerará denegación tácita. En caso de que suceda esto último o se rechace el recurso interpuesto, empezará el plateo en la Justicia provincial ante el agotamiento de la vía administrativa.

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