La Fiscal de Juicio de la Primera Circunscripción, Virgina Palacios Gonella, solicitó ante los jueces de la Cámara Penal N° 1 Residual, que las causas que se llevan contra un hombre de 68 años acusado de abuso sexual, concluyan bajo el procedimiento de juicio abreviado. El acuerdo fue presentado este martes a la mañana en la audiencia que se desarrolló en la Sala Oral N° 1 de los tribunales de San Luis, y contó con la conformidad del imputado, quien fue asistido por el Defensor de Juicio N° 1, Esteban Sala.

Al acusado se le imputan los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y abuso sexual simple agravado por el vínculo. Las víctimas fueron su hija y su nieta. Por ambos hechos, la Fiscalía solicitó una condena de ocho años de prisión domiciliaria.

Frente al presidente del tribunal, José Luis Flores, el acusado admitió los hechos, reconoció su autoría y aceptó la calificación penal impuesta y la pena peticionada.

Respecto al pedido de que la pena sea bajo cumplimiento domiciliario, Palacios explicó que el acusado presenta enfermedades e intervenciones quirúrgicas que progresivamente deterioraron su salud.

“El imputado requiere permanente asistencia para tareas de la vida cotidiana que exigen mayor esfuerzo, motivo por el cual uno de sus médicos le ha indicado que debe permanecer en reposo y con tratamiento médico. Sumado a la edad del acusado, entendemos que se encuentra alcanzado por lo establecido por los artículos 10 del Código Penal Argentino, por el artículo 32 de la Ley 24.660, por la Constitución Nacional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos”, argumentó la fiscal.

Lo expresado por Palacios contó con la adhesión de Sala y de la Defensora Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Marcela Torres Capiello, representante de la segunda víctima por ser menor de edad.

Luego de escuchar a las partes, el juez Flores pasó la causa a resolver. En los próximos días el tribunal dará a conocer si homologa o no el acuerdo presentado. El imputado continuará bajo prisión preventiva en su domicilio ubicado en el Barrio Telepostal, al que no podrá abandonar salvo por cuestiones de salud justificados.

En la sala de 5 años de una escuela de La Punta, una maestra dibuja en el pizarrón un ratón, y al costado un patín, un limón y un botón. Luego les dice a sus alumnos: “Encierren con un círculo las imágenes de los objetos que terminan como ratón”. Y al nombrar cada imagen alarga el sonido final: “tonnn”. Después los niños nombran cada dibujo y completan el ejercicio en un cuadernillo, para luego comparar entre todos los resultados. Este y otros ejercicios más avanzados se replicaron en 240 escuelas de Nivel Inicial y Nivel Primario de 87 localidades de San Luis, como parte del Plan de lectura y escritura lanzado por la Universidad de La Punta.

El objetivo, explicó Alicia Bañuelos, rectora de la ULP, es que alumnos de 5 años a 3er grado aprendan a leer fluidamente desde temprana edad. La metodología utilizada, donde los estudiantes aprenden primero el sonido y después la letra es conocida en el mundo académico como “conciencia fonológica” y para aplicarla la ULP convocó a un grupo de especialistas reconocidos a nivel nacional, donde se destaca la doctora en Letras y ex investigadora del Conicet, Ana María Borzone.

Lograr que actualmente 24.534 niños puntanos aprendieran con la metodología y mostrarán con sus avances que el Plan funciona, es el resultado de una estructura que incluye la capacitación de 2100 docentes por parte de la ULP (se forman en Neurociencias, Psicología Cognitiva del desarrollo, Sociolingüística Interaccional, y Lingüística) y el rol fundamental de 100 referentes del Leamos, que acompañan y supervisan al profesor en el proceso, capacitándolo semanalmente. Cada referente, a su vez, se capacita semanalmente con el equipo de capacitadores para validar las observaciones y así despejar dudas en el asesoramiento que llevan a cabo.

Otro pilar del triunfo de Leamos tiene que ver con el material de apoyo gratuito, brindado en las escuelas adheridas. Y esto es, más de 100 mil ejemplares, entre libros de textos, cuadernillos de trazado y cuadernillos de práctica de lenguaje y escritura, donde los personajes que los protagonizan, fueron tomados por los alumnos como referentes.

“La formación docente y el acceso a recursos educativos han sido fundamentales en este proceso, ya que proporcionan a los niños las herramientas necesarias para desenvolverse y trabajar así en conjunto estas buenas prácticas”, comentó Karina Matera, secretaria Académica de la ULP.

Según informaron desde San Luis Agua, el Gobierno concluyó con éxito el proyecto de obras hídricas de captación y conducción de agua cruda en los sistemas Rincón del Este y Cerro de Oro, los cuales representan un avance significativo en la garantía de un suministro confiable y de calidad para miles de vecinos.

“Hemos intervenido 3 arroyos importantes en lo que es la Villa de Merlo. En este caso estamos acá en lo que es el arroyo del Molino. La obra ya está terminada, venía funcionando desde principios de año y terminamos de hacer las mejoras para que la obra quedara 100 % en funcionamiento de forma eficiente”, mencionó el jefe del Programa de Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón, en la inauguración de las obras hídricas en la villa turística de Merlo.

El funcionario del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura explicó que el sistema hídrico de Merlo se compone de una serie de perforaciones, cerca de la Ruta N° 55, que traen el agua hacia la cisterna y después se distribuye por gravedad. Y, por otro lado, el sistema de los arroyos, en donde se toma el agua directamente que viene por los arroyos y se conduce por medio de acueductos hacia la planta potabilizadora para después hacer la distribución en la villa turística.

“Lo que es el sistema de bombeo, lo intervenimos este año, junto a San Luis Agua, haciendo un trabajo espectacular, ya que el sistema de bombeo, cuando lo recibió la Cooperativa en el 2017, estaba funcionando a pleno y cuando lo recibió San Luis Agua, de cinco bombas impulsoras funcionaba una sola. Actualmente, están las cinco funcionando y se hizo una intervención en las cinco cámaras de bombeo y se dejó el sistema funcionando en forma correcta”, remarcó Yanzón.

El proyecto en el sistema Rincón del Este abrió una serie de intervenciones esenciales. Se llevó a cabo la construcción de una galería filtrante, la recuperación del azud de captación superficial y la implementación de una cámara de carga y un desarenador principal. Además, se reemplazó un canal a cielo abierto por un acueducto de 400 mm de diámetro en una extensión de 1.200 m lineales. También se puso en valor a los acueductos de distribución que proveen servicio a las plantas de agua potable en la zona alta de Rincón del Este, así como se conectaron los emprendimientos del sector alto de Villa de Merlo al acueducto principal. Otra obra que se realizó fue la construcción de una cámara de ingreso al embalse de 100 mil litros y la impermeabilización del mismo completaron esta fase crucial.

Alejandro Novoa, vecino y presidente de la Asociación de Cabañeros, que agrupa más de 40 complejos, participó del acto y destacó que se trabajó mucho para lograr que estas obras fueran una realidad. “A mí me enorgullece haber sido partícipe. En su momento le planteamos el problema del agua al ministro de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Saá, y nos escuchó. Empezaron las obras y fue todo rápido, no tenemos más que agradecimientos por algo fundamental que es el agua”, expresó Novoa, quien además agradeció a las autoridades por brindarles toda la información para compartirla con la comunidad.

Alejandro estuvo desde que la primera máquina llegó hasta el final de la obra. “Esta obra es el puntapié inicial para que el Gobierno municipal empiece a tomar seriedad porque el agua la necesitamos para el consumo, para poder construir, ampliar nuestros establecimientos, para la gente que se viene a radicar a la Villa. Esto es progreso y todo lo que es progreso es bienvenido para Merlo”, destacó.

Por otro lado, en Cerro de Oro los trabajos fueron igualmente determinantes. Comprendió la construcción de una galería filtrante y la recuperación del azud de captación superficial. Se restauró la cámara de carga y el desarenador principal, y se implementó un acueducto de 315 mm de diámetro que se extiende desde la cámara bifurcadora hasta la planta potabilizadora. Asimismo, se ejecutó un acueducto subsidiario de distribución de 75 mm en una longitud de 1.980 m lineales, para abastecer a aproximadamente 60 familias antes de la planta potabilizadora. La construcción de una cámara de ingreso a la planta potabilizadora, de 100 mil litros, cerró este conjunto de obras de vital importancia.

El esfuerzo invertido en los proyectos fue monumental, superando los $462 millones. Lo que representa un compromiso serio por parte del Ejecutivo puntano en la mejora sustancial de la infraestructura hídrica, con miras a proporcionar a los habitantes de la Villa de Merlo un acceso constante y confiable al recurso vital que es el agua.

El diputado Luis Lucero Guillet presentó un proyecto de pedido de informe para que desde el Ejecutivo se brinden explicaciones sobre una serie de contrataciones y se menciona especialmente la de Anabela Lucero, diputada del oficialismo. En el proyecto se destaca que la contratación de la legisladora incurre en una presunta incompatibilidad de cargos establecida por la Constitución, entre otras normativas. Hace un par de años, la diputada quedó en el centro de la polémica por la misma cuestión.

“Nosotros le hicimos una presentación en el mismo sentido en el año 2021 y en definitiva eso quedó en comisión y nunca se aclaró. Como trabajo de nuestro equipo, está a revisar los boletines oficiales y advertimos una vez más en un Boletín Oficial, la celebración de contratos por prestación de servicios de un sinnúmero de personas que revisten esos espacios en Secretaría de Gobierno. Entre ellos figura nuevamente, una vez más, el nombre de la diputada Anabela Lucero”, reveló Lucero Guillet.

En la edición de 4 de septiembre del Boletín Oficial salió publicado el decreto Nº 2091 -SGG-2023, de fecha 23 de marzo, que estableció la prórroga de la vigencia de los contratos de prestación de servicios del personal de Gobernación, Vicegobernación y Secretaría General de la Gobernación. Entre la decena de nombres que figuran en el decreto está el de la diputada Lucero en la parte de personal de Gobernación. La prórroga de los contratos rigió desde el 1° de abril hasta el 30 de junio. Por lo tanto, si hubo otro decreto estableciendo una nueva prórroga será publicado una vez más en el Boletín Oficial varios meses después de la fecha del decreto, como sucede desde hace muchos años.

“Nosotros tenemos claro, porque así lo dice la Constitución, lo dice también el Reglamento Interno de la Cámara, toda la legislación en este sentido es clara, la incompatibilidad con cualquier cargo nacional, provincial o municipal. Y la incompatibilidad es con el cargo, no con que se perciba un sueldo o un emolumento por esto. No tiene nada que ver que cobre o no cobre, el tema es que no se pueden ostentar dos cargos y claramente hay un nombramiento”, sentenció el diputado radical.

En efecto, por ejemplo, la Constitución de la Provincia en el artículo 106 establece que “es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros electivos y con el de funcionario o empleado contratado, dependiente del Estado nacional, provincial o municipal”. En otro pasaje del artículo citado dice que “todo diputado en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles cesa por ese hecho de ser miembro de la Cámara”.

Como se mencionó al principio de esta nota, el cuestionamiento por la contratación de Lucero en el Ejecutivo surgió a mediados de octubre de 2021, junto a otras funcionarias vinculadas el oficialismo provincial como informó La Gaceta.

Unos días después de que estalló la polémica, Lucero brindó su versión sobre el tema. Aseguró que no cobraba por el contrato. “Figura un decreto que tengo un contrato guardado”, dijo a este medio. En esa nota aseguró que el proyecto de pedido de informe sobre el tema que había presentado el bloque opositor se iba a tratar en comisión, pero la iniciativa quedó ahí como mencionó Lucero Guillet en este artículo.

El proyecto de pedido de informe que presentó el radical fue remitido este miércoles a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Finanzas, Obras Públicas y Economía.

Pasadas las 13 horas de este miércoles, se conoció que el intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, otorgó una suba salarial del 15% para los trabajadores municipales que se hará afectivo con los haberes de octubre. El aumento fue comunicado a los representantes gremiales.

“Somos conscientes de la difícil situación económica que estamos atravesando. Hasta el último día vamos a seguir luchando contra la pobreza y por una mejor calidad de vida para trabajadores y trabajadoras”, fue parte del posteo de Tamayo en redes sociales.

Este incremento será percibido por empleados de planta permanente, contratados y ayudas económica que se desempeñan en el Municipio, Concejo Deliberante, Juzgado de Faltas y Tribunal de Cuentas.

Hay que recordar que es el mismo porcentaje de aumento que anunció el Gobernador el jueves de la semana pasada para los trabajadores del Ejecutivo provincial.

El gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, anunció que se contactará con el gobernador electo Claudio Poggi, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, y otros dirigentes opositores para dialogar sobre lo que consideran que debe hacer o no en lo que resta de su gestión. La convocatoria también es para que brinden su apoyo a Sergio Massa para la segunda vuelta.

“Voy a hacer llamar al Adolfo, lo voy a hacer llamar a Mario Raúl Merlo, lo voy a hacer llamar a Cacace, al presidente de la UCR, a todos ellos, y los voy a invitar de a uno, o juntos, o conjuntamente, o como quiera Poggi, a que vengan a mi despacho a dialogar sobre lo que ellos consideren que yo debo hacer, y lo que ellos consideren que no debo hacer, lo discutimos y quizás encontremos puntos en común”, dijo el mandatario provincial en una entrevista el programa Íntimo con Alberto Trombetta de Canal 13 que se emitió en el martes por la noche.

“Yo creo que a la provincia, le digo al gobernador electo, y creo que líder de una importante fuerza o la fuerza política en la provincia, que está invitado a dialogar y que ojalá acompañen a Massa”, agregó Rodríguez Saá. Además, reveló que este jueves compartirá una comida con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria en la que le pedirá que se reúna con los referentes provinciales porque considera que no apoyan a candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei.

“Si yo soy factor de discordia, lo va a hacer otra personalidad. Lo mismo que en el tema provincial. Yo lo voy a invitar a dialogar”, remarcó el Gobernador mencionando como alternativa que por parte del Ejecutivo puede actuar como interlocutor el ministro de Gobierno.

En otras partes de la entrevista, que duró cerca de una hora y media, habló principalmente de la política nacional en el marco de las elecciones. También hizo algunas críticas a Poggi al considerar que malgasta sus primeros 100 días de gobierno antes de asumir.

Además, lo criticó por “comprar” legisladores en referencia a los cinco diputados que dejaron el bloque oficialista y empezaron a votar en sintonía con la oposición. Es importante mencionar que este cambio provocó que la oposición tenga quórum propio.

“No se compran diputados. Eso no se hace. No se hace. Mirá, si vos tenés escrúpulos, o no tenés escrúpulos para comprar diputados, se compra el día después, no el día antes porque ahora ha generado anticuerpos. Nosotros, que somos los que más diputados tenemos, y tenemos más senadores”, analizó el dirigente.

Una vez finalizada su último mandato, Rodríguez Saá definió cuál será su rol durante la gestión de Poggi: “Soy el jefe de la oposición del próximo Gobierno”.

Este martes por la mañana, en un contacto con la prensa, el defensor del Pueblo, Enrique Ponce, adelantó que pedirá el rechazo de la revisión tarifaria integral solicitada por Edesal, en la audiencia pública que se llevará a cabo este miércoles 25 de octubre. No solo eso, sino que también pedirá que se modifique el actual cuadro tarifario y hasta que se revise el contrato de concesión a la distribuidora de energía.

En primer lugar, Ponce habló sobre el proceso de audiencia pública, a las cuales, como ya ha informado este medio, no ha asistido alguien en representación de los vecinos en muchos años. “Yo voy a ir mañana a esa audiencia pública con responsabilidad, con seriedad, defendiendo a la comunidad y fundamentalmente los sectores más vulnerables, jubilados, gente en situación de vulnerabilidad, el tema del pequeño comercio, la PyME, porque en definitiva Edesal está viniendo a pedirnos que nosotros firmemos un cheque en blanco sin tener las pruebas de lo que nos están diciendo que tiene que ocurrir”, dijo el defensor.

En este sentido, Ponce destacó las barreras que estas audiencias suponen para los vecinos. “¿Con qué nos encontramos los vecinos, digamos, los ciudadanos? Que si no somos especialistas en la temática nos encontramos con un montón de información, con fórmulas polinómicas que no entendemos mucho de qué se trata. Entonces, ahí está una dificultad. Se hace la convocatoria, se hacen libres las presentaciones y en definitiva terminan siendo manifestaciones de índole de resguardo de los derechos colectivos, de que las tarifas no sean desproporcionadas, que sean justas, u oponernos a que se realicen por cuestiones socioeconómicas, pero es muy difícil contrarrestar las cuestiones técnicas si vos no tenés una preparación técnica. Entonces, he logrado tener y acceder, que después haremos público un informe técnico de un ingeniero electromecánico de la Universidad Nacional de San Luis, Magíster en Negocios y Administración de Empresas, donde ha podido estudiar de manera exhaustiva lo que es la presentación del pedido de adecuación tarifaria y revisión integral para los próximos 5 años que pide Edesal desde el punto de vista técnico. Entonces allí yo ya tengo unas conclusiones muy interesantes y una información muy buena que me nutre a mí de insumos como para tener una posición firme respecto a esta situación”, manifestó.

En base a este estudio, Ponce se refirió a la presentación hecha por Edesal, “que contrató a Buenos Aires Energy Solutions, que es una multinacional importantísima, una consultora carísima”, considerando que ese informe técnico “es un sistema que está hecho para aplicar en una situación que no es esta”. “Esto es una cuestión ya técnica, que es el valor agregado de distribución, que es un indicador que dice de qué manera yo tengo que calcular cuánto vale la tarifa en función de los recursos que tiene la empresa y las obligaciones que tiene que hacer. Ese método que ellos eligieron, hay otro, es un método engañoso y que no está basado en cuestiones reales. ¿Por qué? Porque no analiza los costos reales, no analiza el estado financiero, no analiza las inversiones que se realizaron, no analiza cómo se va a llevar adelante la cuestión de las mejoras en el servicio con calidad. Se basa en un estudio ficticio y simulado donde se analiza que es como que si viniera una gran empresa ahora a prestar el servicio de electricidad para toda la provincia de San Luis y vienen a calcular de manera teórica cuál es la empresa modelo, eficiente, básica, que tiene que dar ese servicio con calidad”, dijo el defensor del Pueblo, quien además criticó el contexto inflacionario y de cambio de Gobierno en el que este pedido de revisión, que supondría un aumento del 34% para los usuarios, se realiza.

“¿Es ese informe trucho? No, es un método de cálculo cuando vos vas a iniciar un nuevo negocio. Pero no por este caso, que tenemos una prestadora monopólica que fija las reglas de juego ellos con arbitrariedad y muchas veces estás indefenso frente a eso. Ellos tienen que venir con análisis de costos reales, con un análisis de las inversiones que hicieron no ahora, en los últimos 5 años o los últimos 12 años, sino desde que tenemos la concesión. Pongámonos a pensar que ese contrato de concesión tiene 22 años y está hecho para los próximos 95 años”, añadió Ponce.

En base a todo esto, opinando que “tiene que hacerse un estudio serio pero basado en parámetros reales”, Ponce adelantó que va a solicitar que “que se rechace ese pedido de Edesal del proceso de revisión de tarifaria anual, ya que está contrariando lo que es el artículo 30 de la concesión de los servicios públicos de Edesal que es un servicio esencial. ¿Qué dice el artículo 30? Que vos tenés que venir a pedir revisión tarifaria integral basado en costos reales en puntos de equilibrio en todas las inversiones que vos realizaste”.

Además, el defensor del Pueblo va a pedir que se convoque “a una nueva audiencia pública, pero para que vaya Edesal con un informe como corresponde a los efectos de que se pueda analizar, tomar decisiones y todos podamos participar”.

“Digo directamente que se rechacen el aumento de las tarifas. Es insostenible para los bolsillos y no está fundado en cuestiones que ameriten esa cuestión. Y también pido que se modifiquen ciertas cuestiones. Por ejemplo, que se modifique el actual cuadro tarifario que es injusto. No está bien realizado porque no está poniendo el foco en un análisis real de estar dándole posibilidad a los sectores más vulnerables de que se les tengan consideraciones respecto del pago de las facturas, respecto de las deudas y también que se rechace que incluso que se haga un plan de pagos para aquellos que tienen deudas, no que te lo corten de manera inmediata, y también que se modifique o que se vea de nuevo el contrato de concesión para que se estudie y se modernice como corresponde ese sistema tan importante de excepción”, concluyó Ponce, dejando más que claro que la de mañana no va a ser la típica audiencia pública.

El oficialismo provincial se vengó hoy en el Senado de algunos de los legisladores que abandonaron su bloque en el último mes. En esta ocasión, fueron removidos de sus cargos Viviana Crinó, actual pareja del diputado provincial Alberto Leyes, quien abandonó el oficialismo provincial a comienzos de septiembre; y José Maximiliano Giménez, un allegado del ahora opositor senador Marcelo Debandi.

Crinó se desempañó por 19 años como coordinadora general del Consorcio Palacio Legislativo y su reemplazo será  Leonardo Raúl De Battista. En cuanto a Giménez, quien se desempeñaba como prosecretario legislativo del Senado (uno de los cargos más importantes), su reemplazo será Fátima Andrea Zeballos.

Cabe señalar que, para el tratamiento de estos proyectos, la oposición se retiró del reciento, mientras que el oficialista Diego García se quedó, pero no votó a favor de estos cambios.

Crinó también estuvo presente durante el tratamiento de estos proyectos, claramente indignada. Al finalizar la sesión, habló brevemente con la prensa, y contó que llegó a su cargo mediante un acuerdo con la familia Freixes. Este acuerdo consistía en que ella y la esposa del ex ministro Sergio Freixes (recientemente condenado por el delito de amenazas coactivas agravadas) iban a ser nombradas en la Legislatura, pero que solo Crinó tenía que ir a trabajar. “Yo he trabajado 19 años en un cargo, haciendo el trabajo de dos personas”, dijo la mujer, quien aseguró que la esposa de Freixes, madre de la actual senadora Diamela Freixes, “nunca vino y cumplió”, alegando que “ha estado enferma”.

Por su parte, Diamela Freixes, la única senadora que hoy puso la cara ante la prensa, dijo que recibió “amenazas” por el tratamiento de estos proyectos. “Yo no soy de dar nombres. No soy como ellos. Lamentablemente, bueno, uno toma partido. En la vida hay que decidir por una cosa o por la otra. Bueno, y son las consecuencias. Así como a mí también me tocarán las consecuencias el año que viene”, dijo la legisladora, apuntando a los legisladores que cambiaron de bando.

Ante una pregunta de este medio, reconoció que los cambios obedecen estrictamente a razones políticas. “Se puede decir que sí. La decisión es en bloque. O sea, hay un senador que se fue del bloque (Debandi). En su momento la persona que se designa estaba dentro del bloque nuestro. El cargo pertenece al bloque, ¿no? Porque el senador era del bloque. Él dice tener un interbloque, pero sabemos todos que está con el bloque opositor. O sea, es de público conocimiento”, respondió Freixes.

Además de estos cambios, se designó a Astrid Eliana Oro como jefa de Información Parlamentaria, uno de los 53 nuevos cargos creados por la polémica Ley de Reestructuración del Poder Legislativo, aprobada de manera express por el oficialismo luego de las elecciones provinciales.

La derogación de esta ley obtuvo media sanción hace dos semanas en la Cámara de Diputados, donde la oposición ha conseguido la mayoría gracias a los legisladores que abandonaron el oficialismo, y ahora está en el Senado, de donde difícilmente salga de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Volviendo a Diamela Freixes, que es presidenta de dicha comisión, dijo que la media sanción tomó este martes estado legislativo. “Lo tendremos (al proyecto de derogación) lo que corresponda para poder ver cómo lo resolvemos. Dentro de mi comisión, nosotros, si bien somos un bloque, pensamos distinto”, dijo Freixes, quien obviamente no adelantó qué piensa el oficialismo hacer con este proyecto ni mostró ningún tipo de apuro con respecto a que ya se están designados cargos en base a la misma.

Esta mañana, el Senado prestó acuerdo para la designación de la senadora nacional Eugenia Catalfamo, cuyo mandato vence este 10 de diciembre, como rectora de la Universidad de La Punta. La votación fue secreta, como cuando se designan miembros del Poder Judicial, pero es de estimar que salió 6 afirmativos a 3 negativos, ya que los opositores Adolfo Castro Luna, Sergio Guardia y Marcelo Debandi, que recientemente abandonó el oficialismo, adelantaron su voto negativo.

Previo al debate del tema, Castro Luna advirtió que “puede haber alguna consecuencia penal” si se prestaba acuerdo para designar a Catalfamo. En este sentido, el vicegobernador y presidente del Senado, Eduardo Mones Ruiz, con mucha categoría lo refirió al artículo 124 de la Constitución Provincial, el cual señala que “los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emiten en el desempeño de sus mandatos”.

Zanjado esa cuestión, comenzó el debate propiamente dicho sobre la designación, durante el cual Castro Luna expuso la postura de la oposición, la cual se basa en el artículo 23 de la Constitución Nacional y el 54 de la Ley de Educación Superior, a la cual hace referencia la ley provincial de creación de la ULP “y su estatuto vigente”. Sobre esto último, el senador sostuvo que el estatuto está vigente desde 2004, según quedó establecido en el decreto 404-MP de 2004 y que el mismo se encuadra en la Ley Federal de Educación y la ya mencionada Ley de Educación Superior.

Sobre la Ley Federal de Educación, Castro Luna señaló que establece que la “Educación Superior debe ser gobernada por los docentes del sistema educativo”, mientras la de Educación Superior determina que el “ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. Asimismo, el opositor destacó el artículo 54, el cual fija que el cargo de rector durará como mínimo 3 años y que para acceder a él “se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.

Reafirmando este último, el opositor se refirió al estatuto 72 de este estatuto, que establece que “para ser designado rector o vicerrector, además de las calidades exigidas por la Ley de Educación Superior para acceder al cargo, se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional. Además, el estatuto agrega que se requiere, en su inciso D, ser o haber sido profesor titular ordinario de alguna universidad acreditada. Y en su inciso E, acreditar no menos de 5 años de actuación académica universitaria”.

Castro Luna luego manifestó que si se prestaba acuerdo para Catalfamo, el mismo iba a ser nulo y que se “pone en riesgo el funcionamiento institucional de la Universidad de La Punta”. “Luego, analizando el currículum de la postulante vemos que no tiene antecedentes docentes y no hay cursos de capacitación de posgrado y que no hay ningún cumplimiento de las normas”.

Por el oficialismo, quien habló y defendió la postura oficialista fue Diamela Freixes, apuntando a que la ley mediante la cual se creó la ULP, en su artículo 4, fija que el rector de la institución es propuesto por el Poder Ejecutivo y que el Senado debe prestar acuerdo. “Asimismo dispone que solo se aplica la Ley 24.521 (de Educación Superior) en aquellos temas que no estén contemplados en la ley provincial, y eso cuando no sea incompatible con la autonomía de la provincia. Asimismo es oportuno recordar que la ULP queda fuera del ámbito de aplicación de dicha ley, en virtud de que no forma parte del Sistema Educativo Nacional y sus títulos no se encuentran acreditados por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”, dijo Freixes.

La oficialista recordó además que los rectores que han sido previamente designados directamente por el Ejecutivo, incluyendo la gobernación de Poggi de 2011 a 2015, “no cumplían con los requisitos que ellos pretenden que cumpla Catalfamo”.

Para finalizar, Freixes sostuvo que el estatuto de la ULP no está vigente, razón por la cual los rectores anteriores fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo, y que será tarea de la nueva rectora su creación y hacerlo cumplir.

Acto seguido, todos los presentes fuimos invitados a retirarnos para la votación secreta del acuerdo para Catalfamo. El resultado exacto de la votación nunca fue comunicado de manera oficial, más allá de que fue positivo para la senadora nacional.