Esta mañana, el Senado prestó acuerdo para la designación de la senadora nacional Eugenia Catalfamo, cuyo mandato vence este 10 de diciembre, como rectora de la Universidad de La Punta. La votación fue secreta, como cuando se designan miembros del Poder Judicial, pero es de estimar que salió 6 afirmativos a 3 negativos, ya que los opositores Adolfo Castro Luna, Sergio Guardia y Marcelo Debandi, que recientemente abandonó el oficialismo, adelantaron su voto negativo.

Previo al debate del tema, Castro Luna advirtió que “puede haber alguna consecuencia penal” si se prestaba acuerdo para designar a Catalfamo. En este sentido, el vicegobernador y presidente del Senado, Eduardo Mones Ruiz, con mucha categoría lo refirió al artículo 124 de la Constitución Provincial, el cual señala que “los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que emiten en el desempeño de sus mandatos”.

Zanjado esa cuestión, comenzó el debate propiamente dicho sobre la designación, durante el cual Castro Luna expuso la postura de la oposición, la cual se basa en el artículo 23 de la Constitución Nacional y el 54 de la Ley de Educación Superior, a la cual hace referencia la ley provincial de creación de la ULP “y su estatuto vigente”. Sobre esto último, el senador sostuvo que el estatuto está vigente desde 2004, según quedó establecido en el decreto 404-MP de 2004 y que el mismo se encuadra en la Ley Federal de Educación y la ya mencionada Ley de Educación Superior.

Sobre la Ley Federal de Educación, Castro Luna señaló que establece que la “Educación Superior debe ser gobernada por los docentes del sistema educativo”, mientras la de Educación Superior determina que el “ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. Asimismo, el opositor destacó el artículo 54, el cual fija que el cargo de rector durará como mínimo 3 años y que para acceder a él “se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.

Reafirmando este último, el opositor se refirió al estatuto 72 de este estatuto, que establece que “para ser designado rector o vicerrector, además de las calidades exigidas por la Ley de Educación Superior para acceder al cargo, se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional. Además, el estatuto agrega que se requiere, en su inciso D, ser o haber sido profesor titular ordinario de alguna universidad acreditada. Y en su inciso E, acreditar no menos de 5 años de actuación académica universitaria”.

Castro Luna luego manifestó que si se prestaba acuerdo para Catalfamo, el mismo iba a ser nulo y que se “pone en riesgo el funcionamiento institucional de la Universidad de La Punta”. “Luego, analizando el currículum de la postulante vemos que no tiene antecedentes docentes y no hay cursos de capacitación de posgrado y que no hay ningún cumplimiento de las normas”.

Por el oficialismo, quien habló y defendió la postura oficialista fue Diamela Freixes, apuntando a que la ley mediante la cual se creó la ULP, en su artículo 4, fija que el rector de la institución es propuesto por el Poder Ejecutivo y que el Senado debe prestar acuerdo. “Asimismo dispone que solo se aplica la Ley 24.521 (de Educación Superior) en aquellos temas que no estén contemplados en la ley provincial, y eso cuando no sea incompatible con la autonomía de la provincia. Asimismo es oportuno recordar que la ULP queda fuera del ámbito de aplicación de dicha ley, en virtud de que no forma parte del Sistema Educativo Nacional y sus títulos no se encuentran acreditados por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria)”, dijo Freixes.

La oficialista recordó además que los rectores que han sido previamente designados directamente por el Ejecutivo, incluyendo la gobernación de Poggi de 2011 a 2015, “no cumplían con los requisitos que ellos pretenden que cumpla Catalfamo”.

Para finalizar, Freixes sostuvo que el estatuto de la ULP no está vigente, razón por la cual los rectores anteriores fueron nombrados a dedo por el Ejecutivo, y que será tarea de la nueva rectora su creación y hacerlo cumplir.

Acto seguido, todos los presentes fuimos invitados a retirarnos para la votación secreta del acuerdo para Catalfamo. El resultado exacto de la votación nunca fue comunicado de manera oficial, más allá de que fue positivo para la senadora nacional.

Este martes, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley Plan Educativo Provincial 2023-2030 y fue remitido a Diputados para la sanción definitiva.

El Plan Educativo Provincial nació en febrero del 2022 con el objetivo primordial de la recuperación de aprendizajes. A través de más de 25 encuentros presenciales con directivos y docentes, fueron retroalimentándolo y el mismo se fue adaptando a las necesidades del momento. Hoy es una herramienta estratégica para la gestión administrativa, comunitaria, organizacional y pedagógica de las instituciones educativas.

Está destinado a todos los actores del sistema educativo provincial, y tiene por objetivo asegurar el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación inclusiva, equitativa, innovadora y de calidad en todos los niveles y modalidades.

Tiene tres ejes estratégicos: “bienestar”, “aprendizajes” y “gestión de los recursos”, con sus respectivos objetivos. Todas las acciones y políticas que se implementan desde el Ministerio de Educación los atraviesan e impactan directamente entre sí.

Esta propuesta de orden de gestión es con una visión de siete años, ya que se enmarca en el 4º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ODS 4, establece como meta “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Este martes, el juez de Garantía Nº 2 de la ciudad de San Luis, Ariel Parrillis dio concedió los ocho días de prórroga solicitados por la defensa de Luis Maximiliano Ojeda Díaz de 33 años, acusado de golpear y abusar de una mujer de 48 años. La Fiscalía calificó el hecho como robo simple, privación ilegítima de la libertad por la violencia desplegada y abuso gravemente ultrajante, todo en concurso real.

La solicitud de la defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez está amparada en el artículo 40 de la Constitución Provincial que establece que la persona imputada “puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución judicial, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa”.

La Fiscalía, representada por el fiscal de Instrucción N° 3 de la ciudad de San Luis, Esteban Roche, pidió 120 días de prisión preventiva.

La víctima estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos, acompañada por su abogado querellante, Jorge Sosa.

El magistrado Parrillis fijó la continuidad de la imputación de cargos para el jueves 2 de noviembre, a las 10 horas. En esa audiencia, el juez deberá resolver lo peticionado por el fiscal N° 3, respecto a la privación de la libertad del acusado.

La víctima denunció que fue atacada el lunes pasado en su departamento de calle Caseros, entre Ejército de los Andes y avenida España, cuando salió a tirar la basura. El hecho ocurrió entre las 22.45 y las 2 de la madrugada.

El Ministerio de Obras Públicas comunicó que el Centro de Salud del barrio Serranías Puntanas tiene un avance de obra del 65% y una vez finalizado recibirá a los vecinos de la zona sur de la ciudad de San Luis.

“Es una obra muy importante por su ubicación estratégica. Permitirá que la salud pública de calidad llegue a esta zona que sigue creciendo. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para que la obra cumpla con los requerimientos para la correcta prestación de los diversos servicios”, indicó el jefe del Programa Obras de Arquitectura, Lucas Caymes.

El Centro de Salud tendrá una superficie de 1.600 m², contará con consultorios externos para diferentes especialidades médicas como psicología, servicios sociales, agentes sanitarios y odontología, vacunatorio, farmacia, esterilización y depósito de leche, sector administrativo, SUM, dependencias para el personal y servicios sanitarios públicos, de personal e individuales.

Forma parte de un plan de urbanización de la zona ejecutado por el Gobierno provincial y que incluye nuevas viviendas sociales, la extensión de la avenida Lafinur (ya habilitada), una nueva escuela (ya en funcionamiento), lotes con servicios e infraestructura tal como gas natural, nuevas calles y espacios verdes, entre otros.

Hoy a las 18 horas terminaron las reparaciones del tendido eléctrico en Villa Mercedes, luego de del temporal del pasado sábado, según informó la distribuidora de energía eléctrica Edesal.

Previo a esto, se normalizó el servicio en el barrio La Ribera, luego de que durante la mañana se realizaran interrupciones del servicio para que los técnicos de Edesal pudiesen trabajar en la zona.

Mientras tanto, equipos técnicos de la empresa trabajaron en conjunto con la V Brigada, levantando las líneas que quedaron en el piso. De acuerdo al último informe de Edesal, fueron 50 los postes caídos.

Si bien el servicio se normalizó a las 18 horas, desde la distribuidora advierten que “pueden quedar algunos reclamos puntuales por lo que las guardias de Edesal continúan trabajando y lo harán toda la noche”.

El juez de Garantías N° 4 de la ciudad de Villa Mercedes, Santiago Ortíz, ordenó la elevación a juicio de una causa contra un joven acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. A JJL se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la calidad de guardador y aprovechamiento de la convivencia y enfrenta un pedido de prisión efectiva de 17 años solicitado por el fiscal de Instrucción N° 1, Maximiliano Bazla.

En la misma resolución, emitida en la audiencia de control de acusación desarrollada el viernes pasado, el magistrado prorrogó la prisión preventiva del imputado por 60 días y dispuso la medida socio ambiental en dos domicilios a efectos de determinar la viabilidad de la concesión de una prisión domiciliaria solicitada por la defensa del acusado.

Ortíz además, ordenó que se le practique al acusado una entrevista psicológica psiquiátrica para analizar si atraviesa un cuadro de depresión como denunció su defensa. Terminada la audiencia, se remitieron las actuaciones a la Oficina Judicial para la designación del tribunal que intervendrá en el juicio oral y la fijación de fecha para el respectivo debate.

“Tenemos que evitar que un candidato destruya lo que se ha construido en San Luis”, fueron las palabras del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, este domingo por la noche en la sede del Partido Justicialista luego de que se conocieran los resultados de las elecciones que dieron por ganador al frente Unión por la Patria, liderado por Sergio Massa, y que determinaron que habrá balotaje con Javier Milei, de la Libertad Avanza, para definir quién será el próximo presidente.

Unión por la Patria creció 10 puntos en los comicios de este domingo con respecto a las PASO, logrando un 27,27%, cabe recordar que La Libertad Avanza obtuvo, en la categoría para presidente, un 43,34% de los votos.

Si bien hay un claro apoyo masivo hacia la figura de Milei en nuestra provincia, el primer mandatario puntano pidió seguir trabajando para lograr el triunfo de Sergio Massa el próximo 19 de noviembre y así defender el proyecto que propone la unidad nacional a favor de la producción, de los salarios dignos, de darle oportunidades a los emprendedores, de la educación pública, gratuita y de calidad, de cuidar el medio ambiente; de una Argentina para todos, con progreso, justicia, libre y soberana.

Este lunes, el gobernador elector Claudio Poggi, que el próximo 1ro de noviembre dejará su banca de diputado nacional, confirmó que Alberto Arancibia Rodríguez, quien iba como segundo suplente.

Cabe recordar que, si se respetaba el orden de la lista por la que fue electo en 2021, el reemplazo de Poggi debía ser Néstor Ordóñez. Sin embargo, el gobernador electo ya anunció que Ordóñez será parte de su gabinete, por lo que la banca quedará en manos de Alberto Arancibia Rodríguez, padre de la actual concejala Agustina Arancibia Rodríguez, quien iba cómo segundo suplente.

La banca va a Arancibia Rodríguez Saá ya que, por las leyes de paridad de género, Poggi solo puede ser reemplazado por otro hombre, razón por la cual la primera suplente de la lista 2021 no puede ir en su lugar.

El Consejo de Universidades (CU) aprobó en sesión una serie de resoluciones referidas a los siete puntos para la universidad argentina que permitirán la transformación del sistema universitario mediante, entre otras iniciativas, la creación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU).

El Consejo de Universidades, integrado por el Ministerio de Educación con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), universidades nacionales y provinciales (CIN) y universidades privadas (CRUP), expresó por unanimidad su acuerdo a las propuestas normativas que representan un hito histórico para el Sistema Universitario Argentino (SUA).

Se aprobó la creación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACUA), que determina el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) como el valor organizador de los planes de estudio, el cual tiene dos importantes atributos. Por un lado, permite reconocer las horas de interacción pedagógica, independientemente de la modalidad y además las horas adicionales de trabajo autónomo del estudiante. De esta manera se genera un “sinceramiento” de la verdadera dedicación total al estudio. Y por otro, permite el reconocimiento y la acreditación de saberes a nivel comparado internacional, con la consecuente mejora en los procesos de internacionalización y movilidad.

Además, se acordó fijar la duración de las carreras de pregrado y grado universitaria en relación a esos créditos en mínimos y máximos de dos a cuatro años y sus correspondientes cargas horarias, respectivamente. Para las carreras que pasan por procesos de acreditación (artículo 43), se tenderá a elaborar nuevos estándares y revisar los vigentes, tendiendo a esos parámetros como máximos.

Se aprobó también establecer la posibilidad de emitir títulos intermedios de carácter académico de Bachiller Universitario. Además, se facultará dentro de las carreras presenciales la equivalencia de las modalidades de enseñanza mediadas por la tecnología sincrónica, con hasta un máximo del 50% de su dictado, compatible con el entorno de educación a distancia (SIED) y su propio límite del 50% sobre el total.

Asimismo, se autorizó poner en funcionamiento los Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), a cargo de unidades de gestión, los que en el marco de los procesos de evaluación institucional y luego de su validación, permitirán certificar la calidad de las carreras que no pasan por procesos de acreditación.

Luis Maximiliano Ojeda Díaz fue detenido este lunes por la Brigada Regional N° 1 y puesto a disposición de la justicia luego de que la Fiscalía N° 3 de la Primera Circunscripción, a cargo de Esteban Roche, ordenara su arresto por ser el principal sospechoso en una causa de lesiones y abuso contra una mujer de 48 años.

La víctima denunció que fue atacada el lunes pasado en su departamento de calle Caseros, entre Ejército de los Andes y avenida España, cuando salió a tirar la basura. El hecho ocurrió entre las 22.45 y las 2 de la madrugada.