A pesar de que tanto legisladores como la Municipalidad han manifestado que no tiene permiso para operar, Uber comenzó a funcionar en San Luis este lunes, a las 11 de la mañana.

Desde que se produjo el anuncio, distintas asociaciones vinculadas al taxi manifestaron su enojo y oposición al desembarco de la app en San Luis, pero Uber de igual manera siguió adelante y se encuentro operando en nuestra ciudad.

Cabe señalar que esto es habitual de parte de Uber, como puede verse en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a operar sin permiso alguno y, por más que en julio de este año fue declarada ilegal por la Cámara Contencioso Administrativa, todavía lo sigue haciendo.

El gobernador electo y diputado nacional Claudio Poggi hizo declaraciones este sábado sobre un par de temas de actualidad política de la provincia. El dirigente criticó que el Gobierno impulse el nombramiento de la senadora nacional Eugenia Catalfamo como rectora de la Universidad de La Punta (ULP) y aseguró que la removerá del puesto en caso que el Senado provincial preste acuerdo para la designación. Además, habló sobre el fallo de la jueza Bona que suspendió las licitaciones para nuevas obras públicas, y de un posible remate de vehículos oficiales que estaría organizando el Ejecutivo.

Como publicó La Gaceta la semana pasada, el Gobierno impulsa el nombramiento de Catalfamo como rectora de la ULP. El pedido tomó estado legislativo en el Senado y la iniciativa se encuentra en la Comisión de Labor Parlamentaria y Asuntos Constitucionales. Se estima que se trate en sesión próximamente y es muy probable que el Senado preste el acuerdo para el nombramiento porque tiene mayoría.

“Espero que el Senado provincial no le preste acuerdo y no lo personalizo en Catalfamo, personalizo en cualquier dirigente o funcionario del gobierno actual que quiera quedarse como guarida o aguantadero una repartición pública en la próxima gestión. La verdad que si le prestan acuerdo a Catalfamo, o a quien sea que el Gobierno actual proponga, el 10 de diciembre lo voy a sacar cagando porque no corresponde. A sus amiguitos, amiguitas, Catalfamo o el que se decida. No va a estar mal el 10 de diciembre. Así que no corresponde. No vamos a aguantar que reparticiones públicas como es una universidad sea un aguantadero de funcionarios actuales. No lo vamos a permitir”, fueron las duras palabras del legislador en su visita a la Expo Rural.

El fallo de Bona

La medida judicial de la jueza María Eugenia Bona que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Poggi de “no innovar, sobre los llamados a licitación, licitaciones en trámite, adjudicaciones y/o contrataciones de obra pública, en que el Poder Ejecutivo Provincial” de obras cuya ejecución excedan el 9 de diciembre, es decir, actual mandato de Alberto Rodríguez Saá.

El fallo fue criticado desde el Gobierno por funcionarios como el vocero del Gobernador y uno del Ministerio de Gobierno. Incluso el viernes pasado hubo una protesta de la UOCRA frente el edificio del Poder Judicial.

“Me parece que hace falta una aclaración porque se están diciendo muchas mentiras por parte de los funcionarios del Gobierno. La medida establece que se suspende las nuevas licitaciones de obras públicas o las adjudicaciones de obras públicas de obras nuevas. Esto no tiene nada que ver con todas las obras públicas que se vienen ejecutando hasta el momento, que el fallo no lo afecta”, expresó Poggi.

Mencionó dos obras que se estaban por licitar la semana pasada. La Ciudad Judicial por $41.000 millones y una obra sobre la Ruta 1 por $29.000 millones. Poggi consideró que los casi $70.000 millones entre ambas obras equivale a la construcción de 4.000 viviendas, e igual número de puesto de trabajo. “Es prioridad en este momento la construcción de viviendas por el déficit habitacional que hay”, aseguró.

Posible remate de vehículo del Estado

“Me estoy enterando de que están organizando la venta de vehículos del Estado. Patrulleros, ambulancias y demás vehículos. A dos meses debe irse este gobierno, lo cual es una barbaridad, ¿no? Que nos quieren dejar sin patrullas para la política de seguridad, sin ambulancias para la política de salud. Pero lo más grave es que me están contando que se están desguasando los vehículos antes de venderse. Antes de venderse se están sacándole las gomas los equipos de radio, los instrumentos de manejo previo a venderse. Lo cual esto raya el delito. Esto me parece que es otra pillería de los funcionarios y vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esto”, advirtió el gobernador electo.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidariza con la periodista Ayelén Britos (San Luis) y reclama a las autoridades judiciales y policiales que garanticen la seguridad de la colega. La periodista de Radio Popular y Radio Nacional San Luis denunció ante la Justicia que recibió amenazas y hasta solicitó una restricción de acercamiento para su agresor, procesado en una causa federal por presunto abuso sexual y cuestiones de narco dependencia.

Esta persona se hizo presente en la radio y luego de amedrentar a la colega, que había realizado la cobertura del caso judicial del agresor en 2016, arrojó una baldosa contra una de las ventanas del estudio. De inmediato, se solicitó presencia policial en la radio. FOPEA advierte con mucha preocupación por las implicancias de esta grave intimidación y exige medidas urgentes para la protección y el resguardo de la periodista afectada y de su familia, así como la posibilidad de realizar su tarea sin hostigamientos.

Desde La Gaceta Digital adherimos en su totalidad a este comunicado y exigimos la seguridad de nuestra colega Ayelén.

Terminaron los trabajos de relevamiento, encauzado y desembanque sobre un total de 3.700 metros del sistema.

Daniel Torres, subgerente de Planeamiento y Ejecución, comentó: “Terminamos los trabajos en el Arroyo Zanjón del Cerro Negro, donde relevamos, encauzamos y desembancamos 3.700 metros del sistema. Esta limpieza fue para complementar con los trabajos realizados en el canal revestido que desemboca en el arroyo”.

“Este tipo de tareas son muy importantes, ya que garantizamos la integridad del arroyo y también la productividad de los campos de la zona. Este sistema desemboca directamente en el Río V por eso es fundamental mantenerlo en condiciones para que el recurso llegue de la mejor manera posible”, concluyó Torres.

Un cajero de supermercado fue imputado por el delito de defraudación especial mediante el uso de tarjeta de crédito. Se trata de un empleado de un súper ubicado en la Avenida Presidente Perón y Caídos en Malvinas, acusado de apropiarse de la tarjeta de crédito de una clienta y luego hacer compras por 122 mil pesos.

El hecho ocurrió el 24 de julio del 2023. De acuerdo a la investigación, el imputado adquirió presuntamente un microondas y compró entradas a espectáculos y mercadería en supermercados y despensas por un monto de 122 mil pesos.

Este jueves a la mañana, el juez de Garantías N° 1 de la Primera Circunscripción, Juan Manuel Montiveros Chada, dio por formulados los cargos contra el joven de 22 años y ordenó, como medida de coerción, la obligatoriedad de firmar el libro de Fiscalía por un plazo de 60 días. La investigación estuvo a cargo del Fiscal de Instrucción Esteban Roche.

El hecho denunciado ocurrió el pasado 24 de julio a las 17:40 horas. Ese día la clienta abonó productos con su tarjeta Visa del Banco ICBC, pero finalizada la operación el empleado se apoderó del plástico y realizó diez compras que incluyeron la adquisición de un microondas, entradas para espectáculos y pagos en supermercados, despensas y hamburguesas.

La defraudación especial mediante el uso de tarjeta de crédito es un tipo penal previsto en el inciso 15 del artículo 173 del Código Penal de la Nación. La norma trae una innovación en la dinámica de las estafas ya que incorpora que la disposición patrimonial perjudicial no se obtiene por el ardid o engaño de la víctima, sino por la manipulación ilegal o irregular de una tarjeta magnética o de sus datos en operaciones automatizadas (por medio de sitios web o cajeros automáticos o ATM).

Este viernes por la mañana, el centro de la ciudad de San Luis fue el escenario de dos protestas gremiales. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) movilizó a un centenar de trabajadores del sector para protestar frente al edificio del Poder Judicial contra la medida cautelar que paralizó la nueva obra pública provincial. Por su parte, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y trabajadores de Tyrolit realizaron por las una manifestación por las calles céntricas en reclamo de mejoras laborales.

“La medida cautelar que es noticia en estos días, nos afecta en forma directa, ya que atenta contra los puestos de trabajo de los compañeros. Esto afecta un 80% de los trabajadores que dependemos de la obra pública. Prácticamente alrededor de 4.000, 5.000 trabajadores en toda la provincia”, aseguró José Barbero, secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA en declaraciones a La Gaceta.

En manera simultánea a la protesta de UOCRA se realizó la de AOMA que tuvo una parada de varios minutos en el edificio administrativo del Gobierno en calle Ayacucho donde se realizaron pintadas en la calle.

“Se están reclamando dos ítems en el recibo de sueldo, que es el ítem del refrigerio y el ítem de la Ley 2.638, que es la ley del ticket canasta”, detalló Javier Albelo, secretario adjunto de AOMA, quien agregó que se viene desde hace varios meses con el reclamo a la patronal, motivo por el cual se realizó la marcha de hoy.

El gremialista reveló que se agotó la instancia administrativa ante Relaciones Laborales para reclamar de manera colectiva y que solamente queda hacer el planteo individual por cada trabajador.

Tyrolit “es uno de los principales fabricantes del mundo de herramientas de rectificado, corte, perforación y repasado”, según su página web. Tiene 29 plantas en 12 países de las cuales dos están en Argentina. La de San Luis funciona desde 1987 y actualmente emplea a 140 trabajadores.

Luego de la parada frente al edificio administrativo, la manifestación con más de 50 trabajadores continuó su marcha e incluso llegó hasta la zona de Plaza Independencia donde estaba la protesta de la UOCRA. Los trabajadores de ambas protestas cruzaron saludos.

@lagacetadigitalslMañana de viernes con dos protestas en el centro puntano.♬ sonido original – lagacetadigitalSL

La Municipalidad de La Punta niega despidos de trabajadores, sino que o se renovaron contratos que tenían fecha de caducidad, y asegura que se abonaron los sueldos con el plus para que se alcance el piso salarial de $300.000. La respuesta municipal se generó debido a la nota que presentó ayer la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigiendo la reincorporación inmediata de trabajadores, entre otros puntos. Además, este viernes por la mañana, ATE realiza protestas frente al edificio municipal y en la puerta de una de las plantas potabilizadoras.

“Respecto a los despidos de los que hacen mención, no son tales, no hay despidos. La modalidad de contratación del municipio del Gobierno provincial es similar. Tenemos la planta permanente, tenemos los contratos y las prácticas laborales rentadas. Tanto los contratos como las prácticas laborales rentadas no son relación de dependencia directa con el gobierno municipal, es decir, no pertenecen a la planta. Por lo tanto, esos contratos tienen fecha de caducidad. Se renuevan cada tres meses y en algunos casos se ha determinado que esos contratos no se renovasen por una cuestión operativa, porque no cumplían con las expectativas o lo que fuere, pero no es un despido”, manifestó Silvia Musser, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de La Punta, en declaraciones a La Gaceta.

La funcionaria agregó que no se renovaron cuatro y algunas prácticas rentadas que totalizan menos de 10 trabajadores.

Por otra parte, Musser, aseguró que el Municipio punteño cumplió en tiempo y forma con el pago de salarios que incluye el plus para alcanzar el piso salarial de $300.000 en el marco del Tratado de La Toma que se hizo con el Gobierno provincial. “A ese piso se le suman, por supuesto, todos los beneficios y accesorios que le corresponden al sueldo. Antigüedad, horas extras, títulos, plus por determinadas tareas y todo lo demás”, especificó la secretaria.

Otro de puntos puntos que puso de relieve ATE es una supuesta persecución sindical de trabajadores. “Nunca en la vida este municipio discriminó a los empleados por sus ideologías políticas, menos aún por las sindicales, que saben perfectamente que son derechos considerados en la Constitución Nacional y somos totalmente respetuosos de la ley como lo hemos sido siempre”, afirmó Musser.

Finalmente, la funcionaria manifestó que se respondió por escrito la nota que presentó ATE, este jueves al mediodía, en la que daba un plazo no mayor a 24 horas para la reincorporación. Sin embargo, esta mañana hay dos protestas de ATE en el edificio municipal y la planta potabilizadora como se mencionó al principio de este artículo.