Esta mañana, Walter Ortega, gerente de Administración de Contratos de Edesal, informó que la distribuidora de energía eléctrica ha solicitado un proceso denominado “revisión tarifaria integral”, el cual, en caso de ser otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, supondrá un aumento del 32 al 34% para los usuarios de la provincia.

Este proceso, indicó Ortega, se debe realizar cada 5 años, pero en San Luis el último fue en 2012; y “tiene por objeto es adaptar las condiciones en las que se presta el servicio a las variaciones que han habido en la demanda”. La audiencia donde se decidirá si aplicar este aumento será el próximo 25 de octubre.

En la conferencia, el gerente de Edesal dio detalles de todo este proceso, los pasos que ha requerido y del cambio que ha habido en la demanda de nuestra provincia.

“Desde el año 2012 hasta ahora, prácticamente hemos tenido un incremento en la cantidad de clientes de casi 40%. Había 150.000 clientes en el año 2012, hoy hay 210.000. La potencia que demandaba esa clientela en aquel momento eran 250 megavatios, hoy estamos en 350. Los kilómetros de línea disponibles pasaron de 7.000 a 9.000. Y así hay una serie de cambios, no solamente en las cantidades de los clientes, sino también en la distribución geográfica que obligan a hacer un redimensionamiento de las instalaciones para poder atender la demanda con los niveles de calidad que establece la concesión”, remarcó Ortega.

En cuanto al proceso de la revisión integral, el gerente comentó que empezó en 2019, con una serie de mediciones de una muestra de más de 1.000 clientes, en las que se evaluó “la forma en la que se usa la energía en los hogares, en los comercios, en las industrias, para tratar de determinar también la nueva modalidad de consumo”. “Ese relevamiento contó con una auditoría que hizo la Universidad Nacional de San Luis y los resultados que fueron entregados a la Comisión Reguladora fueron validados por el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad de San Juan, que es una institución que se dedica a hacer ese tipo de controles”, continuó Ortega, explicando todo este proceso.

Con esos datos, a los que se sumó “un relevamiento de todas las instalaciones actuales de la empresa”, la distribuidora contrató a la consultora Buenos Aires Energy Solutions, “que es líder en Latinoamérica en este tema de revisiones tarifarias, para que preparara por parte de Edesal este estudio”.

“A su vez, la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, que es el ente de contralor, cuenta con la participación de otra consultora, que en este caso es lo que se denomina CEARE, que es un instituto también de energía eléctrica dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que es quien revisa el estudio que EDESAL ha presentado para, digamos así, hacerle los cuestionamientos, las críticas o los aportes que consideren convenientes”, dijo Ortega.

“La presentación de EDESAL se hizo en marzo del 2022 con datos de 2021. Lo que nosotros estamos solicitando es un requerimiento de ingresos que deberá ser actualizado por los índices que correspondan, que los va a definir la Comisión Reguladora, y descontar de eso los incrementos que ya se han otorgado”, continuó Ortega, señalando que el incremento solicitado por Edesal tendrá como impacto una suba del 32 al 34% en las tarifas de los usuarios.

Asimismo, el gerente de Edesal aseguró que está revisión no supondrá cambios en las categorías de los usuarios.

En este sentido, Edesal recordó que este año obtuvo aumentos muy por debajo de la inflación: uno en enero del 23% y otro en julio, del 28%. En ambas ocasiones, la distribuidora solicitó aumentos mayores. Por ejemplo, en julio pidió uno del 52%.

Otro pedido que la distribuidora viene haciendo y no le han concedido, como el hecho de que la periodicidad de revisión sea más corta. “Hay un plazo mínimo de seis meses para poder requerir una revisión de los números y ustedes conocen como cualquiera que en este contexto de tan alta inflación debiera ser un poco más corto el periodo de revisión”, concluyó Ortega.

Santiago Ortiz, juez de Garantías Nº 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, formuló cargos provisorios contra una abogada como co autora del delito de estafa simple por abuso de confianza por la venta de 21 autos en Villa Mercedes y dispuso una prórroga de la detención por el plazo de ocho días. En la causa también está imputado un hombre, dueño de una concesionaria.

Asimismo, atento los argumentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal, el juez ordenó que la prórroga de la detención sea domiciliaria, en la dirección denunciada por la imputada y bajo la supervisión de dos familiares directos (hijas).

Al inicio de la audiencia, Leandro Estrada, fiscal de Instrucción Nº 4, expuso su teoría del caso y lo contextualizó: explicó que en la causa existe otro imputado por el delito estafa simple por abuso de confianza (21 hechos en concurso real).

El fiscal explicó que esta investigación inició el pasado 26 de abril con la denuncia de dos personas. El primer imputado y los denunciantes –todos vendedores de autos- mantenían una relación comercial en donde, mediante un acuerdo de consignación, los damnificados disponían los vehículos al imputado para la venta y ambos obtenían comisión.

El imputado posee una concesionaria de autos en la ciudad de Villa Mercedes. Y es allí donde recibía los vehículos que le remitían los denunciantes quienes se quedaban con la documentación hasta que se instrumentara la venta.

A mediados de abril, el acusado comenzó a desapoderar a las personas -con quienes mantenía la relación comercial- de 21 automóviles. A partir de las denuncias en el fuero penal se inició con la investigación, en consecuencia se realizaron diversos allanamientos en la concesionaria, en una zona rural, en talleres mecánicos, etc, donde se recuperaron 13 rodados.

A continuación, Estrada enumeró las evidencias que vincularon a la mujer con la comisión de la estafa. Señaló como uno de los elementos principales que cuatro de los vehículos buscados en la investigación fueron hallados en un establecimiento rural de propiedad de la imputada.

Explicó que para lograr el desapoderamiento de 21 vehículos fue necesaria la participación de varias personas.

Asimismo, mencionó que en la audiencia de formulación de cargos, el primer imputado indicó haberle concedido un poder a la mujer (ahora imputada) a fin de ceder el ejercicio de la concesionaria de autos.

En el mismo sentido se expresó Flavio Ávila, en representación del particular damnificado, quien aseguró que la mujer tenía total conocimiento de la maniobra de estafa. Aseguró que incorporarían al legajo nuevas evidencias digitales – mensajes telefónicos – que comprometerían a la imputada.

Luego, se le concedió la palabra a la mujer, quien expresó que hace 20 años ejerce como abogada. En relación al primer imputado en la causa, explicó que lo conoció en marco de un reclamo laboral que mantenía con los denunciantes y rechazó totalmente la imputación.

Finalmente, Carlos Díaz, en representación de la imputada dijo: “Esta parte va a demostrar que no tiene absolutamente nada que ver y que quizás el abuso de confianza lo sufrió ella”.

Luego de escuchar a las partes, Ortiz formuló cargos provisorios por el delito de estafa simple por abuso de confianza (21 hechos en concurso real) y dispuso una prórroga de la detención por el plazo de ocho días, la cual se efectivizará en forma domiciliaria.

Desde este lunes, permanece en curso una investigación en relación a las lesiones sufridas por una beba de 9 meses. La madre y su pareja se encuentran investigadas por la Fiscalía de Instrucción Nº 1. La progenitora alegó que las lesiones sufridas por la menor fueron el resultado de un accidente doméstico, mientras que la nena está actualmente en terapia intensiva.

El domingo 8 de octubre, la madre llevó a la pequeña al Hospital Cerro de la Cruz, donde los médicos descubrieron que tenía una fractura en el cráneo y un edema cerebral. La beba ya había sido atendida en el mismo hospital unas semanas antes debido a una fractura en una pierna. Desde el Hospital activaron el protocolo correspondiente e informaron a las autoridades para que inicien las investigaciones pertinentes sobre el caso.

El hecho ocurrió este domingo en el barrio 208 Viviendas donde reside la pareja de la madre de la niña. Según contó la madre, la nena se cae, la baña y alrededor de las 13 cuando la levanta, advierte que a la niña se le iban los ojos hacia atrás. Luego de eso se dirigen caminando con su pareja y otros tres niños hacia el Hospital Cerro de la Cruz. Cuando llegan al nosocomio, la médica que atiende a la menor sospecha de un caso de maltrato, activa el protocolo y da aviso a la policía. Derivan a la menor al Hospital Pediátrico y queda internada en terapia intensiva.

La niña al momento del ingreso al hospital presentó fractura de cráneo, hematomas en el cuerpo y una pierna quebrada desde hacía tres semanas, pero sin yeso.

Las medidas dispuestas hasta el momento por la fiscal María Eugenia Zabala Chacur son: entrevistas a la abuela y la tía de la beba; libramiento de oficios solicitando Historia Clínica de la menor; encuesta socioambiental; y una pericia por parte de la médica forense, que aún no se ha efectivizado por la razón de encontrarse la menor internada en terapia intensiva del referido nosocomio.

Asimismo, se ha dado intervención al Fuero de Familia de la Primera Circunscripción Judicial.

Debido a la buena recepción de la ciudadanía, la Municipalidad de San Luis y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), continuarán con cuatro jornadas más de asesoramiento gratuito en la plaza Pringles.

Esta semana, la mesa informativa se ubicará los días miércoles 11 y jueves 12, de 9 a 13 horas. La semana próxima, los vecinos podrán acudir al puesto los días miércoles 18 y jueves 19, en el mismo horario.

Desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos, señalaron que el Municipio brindará información sobre habilitación comercial digital y la declaración jurada online. También habrá un punto SIGEM para evacuar dudas sobre trámites y donde podrán consignar usuarios. En cuanto a tasas y servicios municipales, en la mesa los vecinos podrán informarse sobre el plan de regularización permanente y solicitar informes de deuda.

Por su parte, la unidad móvil de AFIP brindará asistencia en cuanto a la clave fiscal y los datos biométricos de servicios y trámites. De la misma manera se podrán realizar consultas sobre la devolución del IVA y trámites en general.

Este lunes, el intendente capitalino Sergio Tamayo, inauguró la obra de puesta en valor de la Plazoleta San Nicolás. Ubicado en el barrio Amppya, este espacio se renovó por completo a pedido de las familias de la zona, que concurrieron al acto de inauguración a estrenar este predio dedicado al esparcimiento y la recreación.

“Los chicos de la Municipalidad trabajaron con un cariño tremendo. Es muy lindo ver cómo ha cambiado este lugar. Claro que siempre quedan cosas por hacer en la ciudad pero siempre estuvimos para escuchar a los vecinos, para cuidar el detalle de cada plaza”, dijo el Intendente en su discurso.

Desde ahora, todas las familias de la zona podrán disfrutar de un espacio con nuevas veredas, cordones y sendas peatonales con rampas de acceso para personas con movilidad reducida. También se colocaron bancos de hormigón, juegos infantiles y saludables, además se instalaron luminarias LED, cestos de basura y se remodeló la ermita que contiene la imagen de la Virgen de San Nicolás, que da nombre a la plazoleta, y una de San Expedito.

Antes de entrar en obra, este era un espacio común para el disfrute y la recreación. Con el paso del tiempo, la forestación comenzó a causar inconvenientes modificando el suelo natural y provocando rotura de cordones y pavimento. Por eso merece mención aparte el trabajo de remoción especies, conservación y reforestación de la plazoleta. “Forestamos esta plaza con plantas nuevas que hacemos en el vivero municipal, que creamos en el Centro de Disposición Final. En ese lugar que todos conocemos como el basural, es donde hemos montado un vivero donde producimos plantas para la ciudad“, explicó Sergio Tamayo.

Todo el proyecto fue financiado y ejecutado con fondos propios, con materiales e insumos municipales, canalizados a través de las áreas de Espacios Verdes, Medio Ambiente, Alumbrado y Vialidad.

Al cierre de su discurso, el Intendente solicitó a los vecinos y vecinas el cuidado de este nuevo espacio y destacó el cambio visible en la limpieza y el orden de la ciudad gracias al compromiso de las familias. “Yo veo que los vecinos cuidan sus frentes, las plazas, que ya no son más lugares llenos de escombros. Eso habla muy bien de que está cambiada la ciudad y es algo maravilloso“, concluyó.

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción, condenó este lunes a MOG como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La víctima es su sobrina, quien tenía 14 años al momento del ultraje.

Por tratarse de un delito en perjuicio de una persona menor de 18 años, no se consignan los datos identificatorios de las partes a fin de preservar el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima (Art. 22 Ley 26.061).

El hecho tuvo lugar en agosto de 2017 en la localidad de Paso Grande, Departamento San Martín, cuando el hombre de 59 años agredió sexualmente a la hija de su hermano. No obstante, la denuncia fue radicada por la madre de la adolescente tiempo después, cuando la chica se animó a contarle a una tía lo que había ocurrido.

Este 9 de octubre, se desarrolló el debate oral. El primer testimonio de la jornada fue el de la mamá de la víctima, quien refirió que su hija intentó quitarse la vida después de lo sucedido y que debió realizar tratamiento psicológico para abordar el trauma sufrido.

Posteriormente, se exhibió el video de Cámara Gesell, donde la adolescente ofreció detalles de cómo se produjo el abuso. Al respecto, la psicóloga que realizó la entrevista, manifestó que el relato de la menor fue claro y espontáneo, y que no observó indicadores que pusieran en duda la verosimilitud del mismo.

En tanto, las profesionales que efectuaron la pericia psicológico-psiquiátrica al acusado, señalaron que MOG estaba ubicado en tiempo y espacio, y que no presentaba limitación alguna para comprender la norma y dirigir sus acciones.

Finalmente, la médica pediatra que practicó el examen ginecológico a la menor, informó que la adolescente tenía el himen desflorado al momento de la revisión ginecológica.

Cerrada la etapa de prueba, el fiscal Mario Néstor Zudaire, solicitó al tribunal una pena de 13 años de prisión para el acusado por considerarlo autor material del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño en la salud psicofísica de la víctima.

Como atenuantes, tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y, como agravantes, la forma de comisión del delito y el aprovechamiento de las circunstancias para perpetrar el mismo.

MOG fue representado por el Defensor Oficial en lo Penal, José Luis Guiñazú, quien se opuso a la acusación del Ministerio Fiscal, aduciendo que no era posible acreditar la ocurrencia del hecho, ni tampoco el agravante respecto del grave daño en la salud psíquica de la presunta damnificada.

En consonancia, su defendido desmintió el relato de la víctima, aseguró que se trató de una falsa denuncia, que nunca tocó a su sobrina y que no era capaz de cometer “semejante barbaridad”.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal integrado por Gustavo Daniel Sanchiño, María Claudia Uccello y Sandra Elizabeth Piguillem, resolvió por unanimidad: declarar a MOG culpable como autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el grave daño a la salud psicofísica de la víctima, condenándolo a sufrir la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas procesales.

Finalmente, ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

En 2022, después de dos años de estar cumpliendo funciones por solo 4 horas debido a la pandemia, el Gobierno lanzó un ultimátum a los beneficiarios de Inclusión Social, quienes debieron optar por reempadronarse y trabajar de 6 a 8 horas por día, o dejar el Plan. Según cifras oficiales, 24.862 personas se reempadronaron, mientras que 1.021 optaron por no continuar con la ayuda social. En general, las personas que optaron por no continuar dentro del Plan lo hicieron porque, durante esos dos años en que cumplían 4 horas por día, aprovecharon para tener un segundo trabajo informal de media jornada. Al tener que volver a cumplir de 6 a 8 horas, se les hizo imposible mantener ambos trabajos y optaron por dejar el Plan de Inclusión Social.

Este contexto es vital para entender la protesta que se dio esta mañana frente al Ministerio de Desarrollo Social, con decenas de personas que, luego de conocer los más que generosos aumentos que el Gobierno dio al Plan, reclamaron ser reincorporados.

“Voluntariamente hemos votado por el no. ¿Por qué? Porque en ese momento el artículo 3 especificaba hasta el día de la fecha que el beneficiario debe cumplir un margen horario de 6 a 8 horas. Al día de la fecha sabemos que parcelas y otras áreas están solamente cumpliendo cuatro horas”, dijo María de los Ángeles Quiroga, una de las mujeres que hoy se manifestó frente a la ex Colonia.

Una de las cuestiones que la mujer apuntó es que, contrario a lo que dice la ley, hay parcelas que están trabajando 4 horas por día, como ya lo informó este medio. Desde el área de Prensa de Desarrollo Social, cuando finalmente respondieron las consultas de este medio, negaron que hubiese parcelas que solo trabajan cuatro horas, a pesar de que son múltiples las fuentes que así lo afirman. Esta no es la primera vez que el Ministerio de Desarrollo niega información relacionada al Plan, por más que la realidad señalara todo lo contrario. El mejor ejemplo es lo ocurrido previo a las elecciones provinciales, cuando se ofrecía el pase a contrato a los beneficiarios de Inclusión que trabajaban en distintas dependencias del Gobierno. En ese entonces, La Gaceta Digital consultó al Ministerio de Desarrollo Social si esto era cierto y lo negaron rotundamente. Meses después, los ofrecimientos de pase a contrato quedaron 100% confirmados con los reclamos de Inclusión Social y las medidas tomadas por el oficialismo para apaciguarlos.

Quiroga también señaló que, el año pasado, se estableció que se debía optar entre planes nacionales e Inclusión Social, a excepción de la AUH y la Tarjeta Alimentar, pero que esto tampoco se cumple. “Si percibe un plan nacional o de otras características debe elegir entre un beneficio y otro. Sabemos hoy que la totalidad de las compañeras que tienen potenciar trabajo y otros están cobrando ambos beneficios”, sostuvo la mujer.

“Acá no hay ningún vago. Nosotros en ese momento votamos por el no porque nos aferramos a la idea de un trabajo mejor. Entonces, ¿qué hicimos? Nos quedamos con la changa de albañilería, de limpieza, de electricidad. Se agrava la situación del país y la clase media ya no quiere ampliar su casa, no puede directamente, no puede hacer un trabajo electricidad, un trabajo de plomería, ya no necesita la compañera para los quehaceres domésticos y esto es lo que agravó la situación. No somos vagos, somos gente que optamos por un trabajo mejor y seguramente cuando la situación mejore vamos a ser los primeros en volver a elegir un trabajo mejor porque la esperanza no la hemos perdido pese a la situación difícil que estamos pasando”, concluyó la mujer.

El Juez de Garantías N° 4 de la Primera Circunscripción, Marcelo Bustamante Marone, dio por formulados este lunes a la mañana los cargos contra un joven de 20 años, acusado de atropellar con su motocicleta a una niña de 9 años, y ordenó su inhabilitación para conducir por tres meses y la obligatoriedad de firmar el libro de Fiscalía por el mismo periodo, cada 15 días.

El hecho denunciado ocurrió el sábado 7 de octubre a las 21 horas en el Barrio 400 Viviendas Sur de la ciudad de San Luis, en la intersección de las calles Los Jazmines y Las Calandrias. El test de alcoholemia que le practicó la policía al motociclista arrojó que el conductor tenía 0,26 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es de 0,2.

En la reconstrucción del hecho la Fiscal de Instrucción N° 1, María Eugenia Zabala Chacur, dijo que el joven conducía una motocicleta Honda de 150 centímetro cúbicos cuando embistió a la niña que jugaba con otros niños en la vereda.

Zabala Chacur, imputó al hombre por el delito de lesiones graves culposas en el marco de un accidente de tránsito pero aclaró que se trata de una imputación provisoria, ya que podría modificarse en función de la evolución del estado de salud de la víctima. “Actualmente la niña se encuentra en terapia intensiva y no ha recuperado la consciencia”, dijo la funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

El acusado continuará el proceso en libertad pero deberá cumplir con las pautas de conducta impuestas por el juez. Resta que la Fiscalía produzca otras evidencias, como por ejemplo una pericia accidentológica, que estará a cargo del Departamento de Delitos Complejos.

El conductor estuvo representado por los abogados María de los Ángeles De Pasquale y Alfredo García Garro. De Pasquale dijo que la calificación legal fue oportuna y puntualizó que fue imposible que su defendido escuchara el bullicio de los niños ya que circulaba con casco. Por su parte, Garro expresó que su defendido es un joven trabajador y que auxilió a la niña cuando se produjo el accidente.

El servicio por fibra óptica de alta velocidad de San Luis a Mil continúa sumando nuevos usuarios en todo el territorio puntano, llegando a 18.157 hogares, 1.568 comercios y 283 industrias. El servicio está disponible en 32 localidades puntanas.

“Esta es la concreción de un plan que tiene casi 25 años de vigencia e inversión. San Luis fue pionera en materia de conectividad, llevamos, a través de Wifi, internet a toda la provincia, y con San Luis a Mil potenciamos ese alcance, porque cada día se requiere de mayores anchos de banda, y con fibra óptica podemos alcanzarlos. Hoy llegamos a las 20.000 conexiones, en 32 localidades y esperamos estar en las 24 para diciembre”, expresó la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos.

El director de la Autopista de la Información, Franco Videla, destacó que para suscribirse, los interesados deben descargarse la aplicación de San Luis a Mil, la cual permite tener la ubicación georreferenciada del domicilio. También lo pueden hacer a través de la página web https://amil.sanluis.gov.ar/. Para consultas pueden comunicarse al 2664452000.