El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis absolvió al juez del Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Andrés Ortiz, y ordenó su inmediata reincorporación al cargo, tras rechazar la acusación por mal desempeño vinculada a su excusación en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en el complejo Molino Fénix.

La decisión fue adoptada por mayoría luego de analizar la prueba producida durante el debate oral y los planteos de las partes en el expediente JUR 77/25. En la sentencia definitiva, el Jurado concluyó que la conducta atribuida al magistrado no encuadra en ninguna de las causales de remoción previstas por la Constitución Provincial y la normativa vigente.

Al abordar el núcleo de la acusación, el fallo sostuvo que el análisis integral del caso “impide tener por configurada la acción mendaz, cuya inexactitud puede encontrar explicación en una redacción torpe, con párrafos desafortunados y poco claros, de cuya incursión nadie se encuentra exento”.

En esa línea, el Jurado descartó que Ortiz haya intentado apartarse indebidamente de la causa Molino Fénix. Por el contrario, afirmó que “quedó acreditado que fue el propio magistrado el principal desbaratador de los hechos que pudieron haber consolidado una causal de excusación más robusta”, lo que tornó “más inverosímil aún” la hipótesis de una maniobra deliberada para eludir su intervención como juez natural.

La sentencia también destacó el valor de la prueba producida en audiencia y el impacto que tuvo en la formación de la convicción final del órgano juzgador. En ese sentido, señaló que la decisión absolutoria “terminó de formarse luego de concluido el debate oral y a causa del esclarecimiento de los hechos a los que contribuyeron los importantes y pertinentes testimonios que se produjeron, y los sólidos y logrados alegatos de la acusación y la defensa”.

Respecto de la gravedad institucional del proceso, el Jurado reconoció que la apertura del jury respondió a la necesidad de un examen exhaustivo de la conducta del magistrado, dado el interés público comprometido. No obstante, aclaró que ese “ropaje” inicial “finalmente fue desestimado” tras el análisis completo de los hechos y las pruebas incorporadas al expediente.

Sobre esa base, el fallo concluyó que “no se acreditó que la conducta del magistrado constituya mal desempeño en los términos del artículo 224 de la Constitución Provincial y el artículo 22 de la Ley VI-0478-2005”, y declaró a Ortiz no culpable de los cargos formulados.

La decisión no fue unánime. El juez Mauricio Secundino Daract votó en disidencia y sostuvo que la conducta de Ortiz debía ser analizada con un criterio distinto al adoptado por la mayoría. En su voto, consideró que la excusación presentada por el magistrado no podía ser evaluada únicamente desde su resultado final, sino también a partir del contenido del escrito y de las irregularidades que, a su entender, surgían de esa presentación. Desde esa perspectiva, entendió que la actuación del juez sí encuadraba en una causal de reproche disciplinario, aun cuando no compartió la valoración efectuada por el resto del Jurado sobre la inexistencia de mal desempeño.

Como consecuencia directa de la resolución mayoritaria, el Jurado dispuso el levantamiento de la suspensión preventiva, la restitución inmediata en el cargo y la devolución de las sumas retenidas durante el tiempo en que Ortiz permaneció apartado de sus funciones.

El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, tuvo por admitidos los cargos formulados por la Fiscalía N° 1 contra María Ester Farina, por hechos ocurridos durante su gestión como intendenta de la localidad de Renca, entre 2011 y 2015.

La ex funcionaria fue imputada como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, usurpación de títulos y honores y estafa. Durante la audiencia, el magistrado dispuso además la prohibición de salida del país, en el marco de lo previsto en el artículo 201 inciso c del Código de Procedimiento Penal, debiendo solicitar autorización judicial en caso de necesidad. También ordenó la inhibición general de bienes por el plazo de 120 días, correspondiente a la etapa de Investigación Penal Preparatoria.

De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, los hechos investigados se habrían producido cuando Farina se desempeñaba como intendenta comisionada de Renca, en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2011 y el 10 de diciembre de 2015. Las irregularidades consistieron en la falta de presentación y rendición de los balances correspondientes al segundo trimestre de 2013 y al primer trimestre de 2015, la emisión de cheques del municipio cuando ya no ejercía el cargo y la emisión de cheques sin fondos.

Durante la audiencia, la imputada optó por no declarar, mientras que la defensa hizo reserva de plantear las excepciones y nulidades que considere pertinentes dentro del plazo legal, mientras que la querella se expresó en el mismo sentido que el Ministerio Público Fiscal.

En el acto procesal intervinieron Romina Quatroque como secretaria; César Hugo Salazar Molina y Andrea Aguilar en representación del Ministerio Público Fiscal; Juan Trascendi y Santiago Salomón por Fiscalía de Estado en carácter de querella, y Francisco Muñoz como abogado defensor de la imputada.

Este miércoles, el Fiscal Francisco Assat Alí, titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, solicitó que Mario Cristian Vega, imputado por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados, cumpla prisión domiciliaria por haber incumplido de manera reiterada la obligación de firmar el libro semanal ante la Fiscalía, medida que le había sido impuesta el 20 de agosto junto con otras restricciones.

Según expuso el Fiscal, Vega no cumplió con dicha obligación durante varios meses y recién comenzó a firmar el libro el 19 de noviembre, lo que motivó el pedido de una medida de coerción más gravosa. En ese marco, la Fiscalía solicitó la detención domiciliaria por el plazo restante de la investigación penal preparatoria, bajo apercibimiento de requerir prisión preventiva ante un eventual incumplimiento. Finalmente, la Jueza interviniente resolvió disponer la prisión domiciliaria por el término de 20 días.

En la misma audiencia, Assat formuló cargos contra Carlos David Genta, representado por la Defensora Oficial en lo Penal N° 2, Nadia Agúndez, por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados. La Jueza tuvo por formulados los cargos e impuso las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía: firma del libro de manera semanal ante la Unidad de Gestión Fiscal, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes con prohibición de contratar, por el plazo restante de la investigación penal preparatoria.

Durante su exposición, el Fiscal explicó que a Genta se le imputaron los mismos delitos que a otras 14 personas, en el marco de una causa que se investiga desde hace más de dos años y que tuvo inicio formal el 20 de agosto de este año, con la apertura de la investigación penal preparatoria. En noviembre, el Tribunal interviniente declaró la causa como compleja, en razón de la cantidad de personas involucradas, la extensión de la investigación y la naturaleza económica de los hechos.

De acuerdo con la acusación, Genta y los demás imputados habrían integrado una presunta asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de predios, lotes e inmuebles, mediante maniobras fraudulentas y el uso de artificios procesales.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas de coerción oportunamente dictadas el 20 de agosto respecto de los restantes imputados, teniendo en cuenta que dichas medidas se encontraban próximas a vencer. El pedido se realizó en los mismos términos en que habían sido dispuestas —firma semanal del libro ante la Unidad de Gestión Fiscal, prohibición de salir de la provincia e inhibición general de bienes con prohibición de contratar— por el plazo restante de la investigación penal preparatoria. El Fiscal señaló que estas medidas han resultado eficaces para cautelar el proceso.

¿En qué consiste esta megacusa?
Según la Fiscalía, la presunta organización estaría relacionada con alrededor de veinte maniobras de apropiación ilegítima de bienes inmuebles, que incluyen predios, lotes, campos y viviendas ubicados en diversas localidades de la provincia, entre ellas la ciudad de San Luis, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí. Para más detalles, no te pierdas la nota de La Gaceta Digital que hizo explotar esta causa.

La hipótesis fiscal sostiene que los imputados habrían llevado adelante un accionar estructurado y prolongado en el tiempo, con una distribución de funciones y alternancia de roles entre sus integrantes. Las maniobras consistían en la simulación de procesos sucesorios y cesiones de derechos, apoyadas en documentación falsa, con el propósito de promover acciones judiciales tendientes a la escrituración de los inmuebles.

A través de estos mecanismos, y mediante el engaño al sistema judicial, se habrían obtenido resoluciones que permitieron inscribir los bienes a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad. Para ello, se habrían utilizado distintos instrumentos apócrifos, como boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés, comprobantes impositivos y timbrados falsificados.

Según lo expuesto por el Fiscal y la querella a lo largo de las numerosas audiencias celebradas en la causa, uno de los elementos centrales del esquema eran los denominados domicilios “seguros” o “controlados”, que en realidad correspondían a integrantes del propio grupo. De esta manera, se evitaba que los verdaderos titulares de los inmuebles fueran notificados y tomaran conocimiento de los procesos judiciales, lo que derivaba en su declaración de rebeldía y facilitaba que los magistrados, actuando de buena fe pero inducidos a error, dictaran sentencias favorables a los imputados.

Assat resaltó la envergadura del perjuicio económico generado, estimado en millones de dólares en bienes inmuebles, y subrayó la complejidad de la investigación, que se extiende desde hace más de dos años, tanto por la cantidad de personas involucradas como por la dificultad probatoria del caso.

La audiencia fue encabezada por la Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, y contó con la participación de la Fiscalía de Estado, representada por Ignacio Trusendi, y de la querella, a cargo de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone.