Un hombre atropelló a una motociclista y huyó, pero fue atrapado horas después

Este miércoles 25 de febrero, un hombre de 36 años fue identificado como el presunto autor de un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del martes 24 de febrero en la ciudad de Villa Mercedes, en el que una mujer resultó con lesiones de gravedad. El siniestro se produjo alrededor de las 6:00 en la intersección de las calles General Paz y Ardiles.

Por causas que se tratan de establecer, en ese sitio colisionaron una motocicleta Zanella ZB110 que era conducida por una mujer de 41 años de edad y un automóvil de color gris.

De acuerdo a las averiguaciones, la moto circulaba por calle General Paz en sentido sur a norte, mientras que el auto lo hacía por calle Ardiles en sentido oeste a este. Tras el impacto, el conductor del automóvil se dio a la fuga.

Como consecuencia del siniestro, la motociclista de 41 años sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y fue asistida por personal del Sempro, siendo trasladada en primera instancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Posteriormente, fue derivada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis para recibir atención especializada.

En el lugar del siniestro vial quedó parte del paragolpe delantero del vehículo involucrado, lo que permitió orientar la investigación. Tras diversas tareas y recolección de datos, los policías lograron ubicar un automóvil Peugeot 307 gris oscuro con daños frontales en un espacio verde del barrio Lorenzo Valdez.

El conductor, quien reconoció haber participado del accidente, quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, por disposición del fiscal de turno se procedió al secuestro preventivo del vehículo para la realización de pericias y a la recepción del descargo correspondiente.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas en accidente de tránsito” y es investigada por la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial.

San Luis se reincorporó al programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se reunió este martes 24 de febrero por la tarde con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la sede del ministerio de Seguridad de la Nación, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de firmar un convenio de cooperación entre Nación y Provincia, el cual permitirá que la provincia de San Luis recupere el Programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, convirtiéndose nuevamente en parte de este sistema nacional de supervisión, luego de que en julio de 2023 fuera dado de baja por las autoridades provinciales de ese momento. Hasta la firma de este convenio, San Luis era la única jurisdicción del país que no contaba con esta asistencia.

Como parte del acuerdo, la provincia recibió 60 dispositivos electrónicos de control —tobilleras con sistema GPS— que permitirán la supervisión, monitoreo y rastreo de personas procesadas y/o condenadas que deban cumplir arresto domiciliario u otras modalidades de detención o ejecución de la pena dentro del territorio provincial.

Este mecanismo de vigilancia electrónica no genera gastos para el Estado provincial y está destinado a personas adultas que, por disposición de la Justicia Penal Nacional, Federal o Provincial, se encuentren en condiciones de acceder al arresto domiciliario u otra modalidad alternativa de cumplimiento de la pena. De esta manera, constituye una herramienta de apoyo fundamental para el Poder Judicial.

El procedimiento se inicia a partir de un requerimiento judicial y continúa con la elaboración de un Informe Técnico de Viabilidad y un Informe de Condiciones Sociales y Ambientales, que son elevados a la autoridad judicial competente para su evaluación. La aplicación efectiva del dispositivo depende exclusivamente de la decisión judicial correspondiente. Asimismo, el área técnica provincial supervisa el correcto funcionamiento de los dispositivos e informa cualquier alteración a la Justicia.

Como parte de la implementación del programa, el Gobierno nacional brindará una capacitación gratuita al personal de la cartera de Seguridad provincial que estará a cargo de la supervisión, con el objetivo de garantizar el correcto uso y funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

Tras la firma del convenio, Sosa destacó que el acuerdo permite restablecer la cooperación entre Nación y Provincia, en línea con la política de articulación institucional que impulsa el gobernador Claudio Poggi. Subrayó que esta herramienta resulta fundamental para fortalecer el sistema de seguridad y contribuir al bienestar de todos los sanluiseños.

Tres hermanas solicitarán un juicio por la verdad por presuntos abusos que la Fiscalía considera prescriptos

Tres mujeres adultas solicitarán ante la Justicia provincial la realización de un juicio por la verdad en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales denunciados años atrás y que, según la Fiscalía, se encontrarían prescriptos por el paso del tiempo. Las denunciantes señalan como presunto responsable a S.O.O., cuya identidad completa no se publica en resguardo de las normas vigentes en materia de delitos contra la integridad sexual.

La abogada querellante María Fernanda Pereyra Jamenson explicó que el planteo apunta a que, en caso de confirmarse la prescripción de la acción penal, se habilite por primera vez en San Luis esta herramienta judicial. “La idea es poder llevar a cabo por primera vez en San Luis la posibilidad de un juicio por la verdad. En este contexto hay tres personas ya adultas que denunciaron un abuso sexual y ese abuso sexual según la Fiscalía estaría prescripto. Y entonces si esa prescripción es real lo que vamos a pedir es el juicio por la verdad porque es importante que se pueda escuchar a estas tres víctimas”, sostuvo.

Según indicó, las tres hermanas habrían atravesado “de manera sistemática durante diez años” situaciones de abuso. La letrada señaló además que el objetivo es que el caso pueda ser escuchado en sede judicial como un mensaje para la sociedad. “Es importante que la sociedad sepa que si ha vivido en algún momento un abuso sexual en su vida lo puede poner en palabras y que la Justicia, el Estado pueda escuchar”, agregó.

Por su parte, la abogada Estrella Marín precisó que el planteo se enmarca en una audiencia de control de decisión fiscal, prevista en el Código Procesal, que permite a la parte querellante solicitar la revisión judicial cuando el Ministerio Público Fiscal dispone el archivo de una causa o considera que no corresponde avanzar. “La Fiscalía sostiene y mantiene que la causa está prescripta por el paso del tiempo. Nosotros lo que queremos es un juicio por la verdad”, afirmó.

Marín explicó que este tipo de procesos “tiene más o menos la misma investidura que los juicios de lesa humanidad”, en el sentido de que, aun cuando no pueda aplicarse una pena por la prescripción, se busca reconstruir los hechos y dejar establecido judicialmente lo ocurrido. “No se aplica, posiblemente, una pena, pero sí pueden reparar la verdad y estas víctimas pueden de alguna manera ser escuchadas y que la Justicia acompañe como Estado presente, como lo establecen las convenciones de niñez”, señaló.

¿Qué es un juicio por la verdad?

En el contexto de la Justicia argentina, el juicio por la verdad es un procedimiento excepcional que se utiliza cuando no es posible avanzar con una condena penal (por ejemplo, debido a la prescripción de la acción), pero se considera necesario esclarecer los hechos y dejar constancia judicial de lo sucedido.

A diferencia de un juicio penal tradicional, no tiene como finalidad imponer una sanción, sino reconstruir la verdad histórica y brindar un ámbito institucional para que las víctimas sean escuchadas. Esta figura tuvo antecedentes en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad antes de la anulación de las leyes de impunidad y, en los últimos años, ha sido invocada en otros contextos donde existen obstáculos procesales para aplicar penas.

Una causa principal en trámite

Pereyra Jamenson indicó que existe una causa principal con la que comenzaron a trabajar, vinculada a una de las hermanas que, según detalló, tenía 11 años al momento de los hechos denunciados y realizó la denuncia formal a los 13, en el contexto de la pandemia. “Hace cinco años esta causa está absolutamente trabada, no se ha llegado ni siquiera a formulación de cargos”, afirmó.

De acuerdo con lo señalado por las representantes legales, en ese expediente se habría establecido un plazo de investigación, mientras que en el resto de las denuncias la Fiscalía mantiene el criterio de prescripción.

El planteo será analizado por el juez interviniente, quien deberá resolver si corresponde revisar la decisión fiscal y, eventualmente, habilitar la realización del juicio por la verdad solicitado por la querella.

El Centro Cultural Puente Blanco arranca el 2026 con talleres artísticos para todos los gustos

Este miércoles, en conferencia de prensa, Hugo Sosa, subdirector a cargo del Centro Cultural Puente Blanco, informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres que se dictarán durante 2026 en el espacio cultural de la capital. Las actividades comenzarán el 9 de marzo y la propuesta incluye una amplia variedad de disciplinas artísticas, culturales y de bienestar.

Además, el funcionario convocó a docentes que deseen dictar talleres y no cuenten con un lugar propio, invitándolos a sumarse a la oferta del Centro Cultural. “Estos talleres están dirigidos a toda la comunidad y cumplen con el objetivo de brindar un espacio a los distintos docentes que no cuentan aún con los lugares apropiados para dar sus actividades. Desde el Centro Cultural hacemos nuestro aporte a la actividad privada, y para esto hemos iniciado una selección de talleres que creemos convenientes para dictarse allí”, explicó.

Talleres y docentes

Durante 2026 se dictarán las siguientes propuestas:

Danzas

  • Danza folclórica: Claudia Delgado, Luis Aguilar y Julio Salazar
  • Salsa y bachata: Sergio Palma
  • Tango: Tatiana Romanella Calderón
  • Danzas árabes: Dayana Mocdese
  • Danzas españolas y castañuelas: Liz Pérez Vargas

 Expresión corporal

  • Expresión corporal, elongación y coreografía: Marisa Guiñazú

Teatro

  • Teatro: Graciela Carrizo
  • Improvisación teatral, humor y payamédicos: Hugo Cerizola

 Música y canto

  • Música y canto: Héctor Pereira

 Bienestar y desarrollo personal

  • Coaching
  • Biodecodificación

Los horarios serán variados, con propuestas por la mañana, la tarde y también en horario nocturno, para facilitar la participación de personas que trabajan o estudian durante el día. La oferta está pensada para todas las edades: niños, adolescentes y adultos.

Los talleres son arancelados, con valores accesibles. Las inscripciones y consultas pueden realizarse de manera presencial, de 8:00 a 20:00, en el Centro Cultural, o a través de redes sociales bajo el nombre CC Puente Blanco SL.

Shows y canto
Sosa también recordó que esta semana comenzaron las audiciones para integrar el Coro de la Universidad de La Punta (ULP) durante 2026. La convocatoria estará abierta hasta el 9 de marzo y los interesados pueden audicionar de lunes a viernes, de 17:00 a 22:00.

Por su parte, Nahuel Sienra señaló que desde los primeros días de febrero, todos los viernes los patios del Centro Cultural se convierten en escenario de noches de tango y milongas temáticas. Esta semana será el turno del ciclo Venir a Bailar, centrado en danzas folclóricas y populares, acompañadas por números artísticos. La entrada es libre y gratuita.

Santa Rosa del Conlara: encontraron sin vida a “Panita” Godoy, el hombre que era buscado hace 4 días

Este miércoles 25 de febrero por la mañana, integrantes de los equipos de emergencias encontraron el cuerpo sin vida de Carlos “Panita” Godoy, el hombre de 36 años que tenía solicitud de paradero en Santa Rosa del Conlara.

Tras la localización del cuerpo, se constató que se trataba del hombre de 36 años de edad, quien se había ausentado de su hogar desde el sábado 21 de febrero en horas de la madrugada.

El cuerpo fue encontrado a la vera del río Conlara, a unos 500 metros al norte de la localidad de Santa Rosa del Conlara, tras la realización de un minucioso recorrido por dicha zona y tras remover arbustos y ramas en el sector.

En la búsqueda, que se intensificó en distintos sectores del río Conlara, trabajaron alrededor de 40 personas, entre ellos Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara, de Los Molles, de Tilisarao, de San Pablo, de Renca, como así también policías de la Comisaría Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía con los equipos de buzos y la brigada de Prevención y Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad.

Realizarán narcotests a funcionarios y ediles de Merlo y La Punta

Funcionarios y concejales de la Villa de Merlo y La Punta realizarán narcotest tal como se hace en los tres poderes del Estado provincial. En el caso de La Punta, el municipio se hará cargo de pagar las pruebas. En Merlo, el costo queda a cargo de cada funcionario al igual que los funcionarios de los tres poderes provinciales. Cada narcotest tiene un costo de $27.500, según confirmó días atrás un funcionario del Gobierno.

“Me gustaría destacar que San Luis ha sido pionera en este tipo de normativa. Ha sido replicada al día de hoy por seis provincias de la Argentina, estando San Luis a la vanguardia en este tipo de normativas y reglamentación”, aseguró Bruno Fernández, director de Legalidad y Ética Pública, sobre la Ley de de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública también conocida como Ley Narcotest.

En la villa turística se aprobó una ordenanza de narcotest antes que la ley provincial, pero este es el primer año que se aplica. Se realizarán las pruebas 50 personas entre funcionarios del Ejecutivo municipal, del Juzgado de Faltas y concejales.

“En nuestro caso, lo hablamos con el Gabinete, vimos el tema de los costos, creo que tranquilamente podía pagarlo cada funcionario, y eso no no desacredita que tampoco lo pueda cubrir el mismo Estado”, dijo el intendente de Merlo, Leonardo Rodríguez, sobre el pago de cada narcotest.

Narcotest en La Punta

En la Municipalidad de La Punta es el segundo año que funcionarios y ediles realizarán el narcotest, ya que adhirió a la ley mediante ordenanza en 2025. El año pasado lo realizaron 60 personas, 52 funcionarios municipales, dos del Juzgado de Faltas y seis concejales. Para este año son 63 porque se suman tres ediles porque se actualizó la composición del Concejo Deliberante punteño, según detalló el intendente, Luciano Ayala.

El jefe comunal dijo que el año pasado, los 60 narcotests fueron “costeado cien por ciento por el municipio de la ciudad de La Punta” y reveló que el año pasado se destinaron $1.500.000 para los narcotest. Ayala confirmó que la Municipalidad seguirá pagando las pruebas. Para este año, el municipio de La Punta deberá pagar 1.732.500, ya que cada test cuesta $27.500.

Ayala reveló que en 2025 se detectaron tres casos positivos en el Ejecutivo municipal, pero “tenían tenía una receta médica, estaban pasando por alguna alguna situación personal. Se hizo el descargo correspondiente”.

Causa Cuadernos: Mario Rovella pidió anular su declaración como arrepentido y ofreció una reparación económica

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, con eje en los planteos vinculados a la situación del empresario Mario Rovella, quien pidió la nulidad de su declaración como imputado colaborador y ofreció una reparación económica para extinguir la acción penal.

Rovella, titular de Rovella Carranza SA (actualmente Semisa), había admitido durante la instrucción el pago de sumas ilegales que fueron presentadas como “aportes” a campañas políticas. En esta nueva etapa del proceso, su defensa sostuvo que aquella declaración fue realizada bajo “coacción” y que su voluntad se vio condicionada ante la posibilidad de quedar detenido.

A través de su abogado, Pablo Medrano, el empresario solicitó que se deje sin efecto su testimonio como arrepentido y planteó que el mecanismo utilizado fue incompatible con el Estado de Derecho. Además, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de lograr la extinción de la acción penal. El tribunal deberá resolver si hace lugar al planteo.

En la causa figura como principal acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la acusación como presunta jefa de un sistema de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015. Según la hipótesis fiscal, empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías.

Durante la audiencia también se presentaron otros planteos procesales. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recusó al juez Fernando Canero, trámite que fue derivado a secretaría para no interrumpir el debate.

Por su parte, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó el origen del expediente y reiteró críticas al uso de la figura del arrepentido durante la instrucción, en línea con objeciones planteadas por otras defensas.

Una vez que el tribunal resuelva las nulidades y recusaciones pendientes, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si se avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

Poggi le aceptó la renuncia a Delfor Sergnese como ministro de Ciencia

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a Delfor Sergnese, quien se venía desempeñando como ministro de Ciencia e Innovación. La renuncia de Sergnese se suma a la de Federico Cacace, quien dejó su cargo de secretario de Ambiente el 5 de febrero. Estos cargos son parte del acuerdo político del poggismo con el partido de Adolfo Rodríguez Saá y la UCR, respectivamente.

Según comunicaron desde el Ejecutivo, la renuncia de Sergnese se produjo este martes por la mañana en una conversación en Terrazas del Portezuelo antes de que Poggi partiera en otra jornada de la Gira Educativa.

El Ministerio de Ciencia e Innovación quedará a cargo de manera interina del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez.

Homicidio de Maximiliano Chávez: condenaron a prisión perpetua a Brisa Brizuela

El tribunal de juicio declaró penalmente responsable a Brisa Brizuela por el homicidio calificado por el vínculo de Maximiliano Chávez y la condenó a la pena de prisión perpetua. El veredicto fue dado a conocer este martes por la tarde, tras los alegatos de clausura desarrollados durante la mañana.

El hecho ocurrió el 21 de diciembre en una vivienda del barrio La Ribera, donde la imputada y la víctima convivían.

El tribunal estuvo integrado por las juezas Virna Eguinoa (presidente) y Daniela Estrada, y el juez Mauro D’Agata Henríquez, con la secretaría de José Domínguez Molto. Además de la condena, los magistrados ordenaron la compulsa de actuaciones para investigar la posible intervención de la madre de la acusada en relación con los hechos.

Alegatos del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal solicitó que Brizuela fuera declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y condenada a prisión perpetua.

El fiscal de juicio N° 2, Ernesto Lutens, junto al fiscal de Instrucción, Leandro Estrada, y la fiscal adjunta, Mariana Olguín, sostuvieron que existió dolo y que no se acreditó la legítima defensa invocada por la Defensa.

Durante su exposición, Leandro Estrada analizó la causa en tres momentos: el accionar previo al hecho, la ejecución de la acción y la conducta posterior vinculada a la supresión o alteración de elementos probatorios. Mencionó mensajes que la acusada habría intercambiado con una prima, en los que manifestaba su intención de matar a la víctima, y señaló contradicciones en su relato.

También hizo referencia a la mecánica del hecho a partir de fotografías y reconstrucciones, y solicitó que se investigue la posible participación de la madre de la acusada, al considerar que habría intentado descartar el arma utilizada.

Por su parte, Ernesto Lutens sostuvo que no se verificaron los requisitos para configurar una legítima defensa y afirmó que no estuvo en peligro la vida de la imputada. Indicó además que, aun en caso de haber existido situaciones de violencia de género, había otras vías posibles de resolución del conflicto.

Como atenuante mencionó la falta de antecedentes penales y como agravantes, los propios del tipo penal atribuido.

Posición de la querella

El abogado querellante, Javier Darnay, en representación de la familia de la víctima, adhirió al pedido de calificación legal y pena formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Durante su alegato, sostuvo que la dinámica del hecho no coincidía con la teoría del caso planteada por la Defensa y señaló que, tras lo ocurrido, se habrían desplegado acciones tendientes a alterar o suprimir pruebas. Además, afirmó que no existía justificación para la agresión que derivó en la muerte de Chávez.

Planteo de la defensa

Los defensores de la imputada, Gustavo Reviglio y Marcela Antequeda, solicitaron la absolución al sostener que el hecho se produjo en el marco de una legítima defensa.

Argumentaron que existió una agresión ilegítima por parte de la víctima y que la acusada actuó en un contexto de violencia de género. Señalaron que las manchas hemáticas y las lesiones constatadas serían compatibles con una situación de lucha.

La Defensa pidió la aplicación del artículo 34 inciso 6 del Código Penal y sostuvo que se configuraron los requisitos de la legítima defensa. Como atenuantes, mencionó la ausencia de antecedentes, la edad de la acusada y la existencia de situaciones previas de violencia intrafamiliar.

Durante la última palabra, Brizuela pidió disculpas a los padres de la víctima, a su familia y a su hijo, y expresó que no quiso que los hechos ocurrieran de esa manera.

Con el veredicto, el tribunal resolvió condenarla a prisión perpetua como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, San Luis lidera el ranking nacional de juicios laborales

Los últimos datos oficiales de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) muestran que San Luis lidera el ranking nacional de litigiosidad laboral, con 300,2 demandas cada 10.000 trabajadores asegurados, una cifra que no solo la ubica en el primer lugar del país, sino que además profundiza una tendencia sostenida en los últimos años.

El indicador contrasta con el promedio nacional, de 132,8 casos, que se mantiene muy por debajo de esos valores, y marca una brecha cada vez más amplia entre San Luis y el resto de las jurisdicciones. En términos comparativos, la provincia casi triplica los niveles de judicialización laboral de distritos de similar estructura productiva y demográfica, lo que evidencia una anomalía estadística que no se explica únicamente por la cantidad de trabajadores formales ni por el volumen de actividad económica.

Uno de los datos más relevantes es el desacople entre siniestralidad laboral y cantidad de juicios. Mientras los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no muestran un crecimiento proporcional, las demandas judiciales continúan en alza. Esto refuerza la hipótesis de que el fenómeno no responde a un aumento real del riesgo laboral, sino a factores estructurales del sistema: funcionamiento de comisiones médicas, criterios periciales, falta de cuerpos médicos forenses especializados y judicialización como vía principal de resolución de conflictos.

El crecimiento interanual de las causas también confirma una tendencia de largo plazo. Año tras año, San Luis incrementa su volumen de litigios laborales, consolidándose como la jurisdicción con mayor judicialización del país, sin que existan reformas estructurales que modifiquen esa dinámica. En términos estadísticos, la provincia se mantiene como un outlier dentro del sistema nacional de riesgos del trabajo.

Este escenario adquiere mayor relevancia en el contexto del debate por la modernización del régimen laboral en la Argentina, donde uno de los ejes centrales es justamente la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad del sistema. Los datos de San Luis funcionan, en ese marco, como un caso testigo que expone las distorsiones del modelo actual que tanto señalan desde La Libertad Avanza y las dificultades para articular prevención, control médico y resolución administrativa de conflictos sin derivar automáticamente en el plano judicial.