Abdala será por tercer año presidente provisional del Senado de la Nación y segundo en la línea sucesoria de Milei

En el marco de la sesión preparatoria del Senado de la Nación, el senador puntano Bartolomé Abdala fue reelecto como presidente provisional de la Cámara alta, consolidándose nuevamente en el segundo lugar de la línea sucesoria del presidente Javier Milei. El cargo lo posiciona como una de las principales figuras institucionales del Congreso y, durante 2025, lo llevó incluso a estar transitoriamente a cargo del Ejecutivo Nacional.

La designación se dio en el marco de una jornada en la que el Senado eligió autoridades y definió su esquema de funcionamiento para el nuevo período legislativo. En primer lugar, Abdala resaltó el “compromiso de seguir trabajando firme” y confirmó que ya se están definiendo los detalles para la visita de Javier Milei al Congreso, en el marco de la Asamblea Legislativa 2026, donde el Presidente brindará su mensaje institucional.

En ese contexto, el senador puntano planteó una agenda legislativa enfocada en reformas estructurales del Estado. “Intentaremos plantear muchos proyectos de ley, de reforma, de reestructuración de un Estado argentino que hace mucho que tiene leyes que nosotros consideramos vetustas y que indudablemente merecen reformularlas y readecuarlas para el mundo actual”, sostuvo. En la misma línea, remarcó la necesidad de construir consensos políticos amplios en el recinto. “Anhelo y deseo que todo lo que se haga en este Senado sea con el acuerdo y que se logre de mayor cantidad de votos posible”, dijo Abdala.

La sesión preparatoria también incluyó la definición de cargos clave dentro de la estructura institucional del Senado y la conformación de la Auditoría General de la Nación, tras más de un año de vacancia. Sobre ese punto, Abdala destacó el acuerdo alcanzado entre los bloques. “Se respetó lo que dice la Constitución como corresponde, cada bloque mayoritario tiene derecho a nombrar un miembro, se expusieron en la reunión de labor y se votaron de manera, digamos, en una sola votación y hoy juraron nuevamente”, expresó, y añadió que esto “da la tranquilidad desde el espíritu democrático que se está cumpliendo nombrando a un cuerpo del Estado que realmente es muy importante como la Auditoría General de la Nación”.

La jornada legislativa también estuvo atravesada por tensiones políticas en la designación de autoridades, particularmente en la vicepresidencia del Senado, que no quedó en manos del bloque Justicialista, primera minoría, sino que fue otorgada a Carolina Moisés, de Convicción Federal, tras un acuerdo entre bloques. En ese marco, se ratificó la reelección de Abdala como presidente provisional, junto con la designación de las restantes autoridades de la Cámara alta. Recordemos que en caso de que el presidente Javier Milei no pudiera por alguna razón continuar en su cargo, quien debería asumir el Sillón de Rivadavia sería la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si ella no pudiera o se negara, la responsabilidad recaería sobre el presidente provisional del Senado, o sea, Abdala.

De este modo, la continuidad de Bartolomé Abdala en la presidencia provisional del Senado refuerza el peso institucional de San Luis en la estructura del poder nacional y consolida su rol en la línea sucesoria presidencial, en un escenario político donde el oficialismo busca sostener su esquema de conducción parlamentaria y avanzar con una agenda de reformas de alcance estructural.

Elevan a juicio y piden 25 años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual agravado

La fiscal de instrucción con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Delia Bringas, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que un hombre está acusado de haber abusado sexualmente del sobrino de su pareja, quien tenía nueve años al momento de los hechos.

La acusación comprende los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y la guarda temporal”; “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda” ; y “corrupción de menores doblemente agravada por la edad de la víctima y por la guarda”, todo ello en concurso real. En función de la calificación legal atribuida, la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión.

La audiencia se realizó este martes en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Agustina Dopazo Samper.

Según la acusación fiscal, los hechos se habrían extendido durante aproximadamente dos años, hasta que el niño logró relatar lo ocurrido a su madre. La Fiscalía sostuvo que el imputado -como sucede en este tipo de delitos- se aprovechó de la vulnerabilidad propia de la edad y del vínculo de confianza que mantenía con la familia para concretar los abusos.

Entre las pruebas reunidas en la investigación, la fiscal mencionó el testimonio del niño brindado en Cámara Gesell, cuyo análisis realizado por la psicóloga forense interviniente, arrojó indicadores compatibles con situaciones de abuso sexual.

El imputado estuvo asistido por la defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez.

Finalmente, la jueza de garantía tuvo por formulada la acusación, admitió las pruebas ofrecidas por las partes y dispuso la elevación de la causa a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué Tribunal estará a cargo del proceso.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Buenos Aires, CABA y Santa Fe concentran el 73% de los juicios laborales por riesgos del trabajo

El ingreso de 134.141 nuevos juicios  laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000  trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un  escenario de extrema tensión institucional y financiera.

El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y  Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial  revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en  determinadas jurisdicciones.

Por otro lado, la litigiosidad a nivel nacional se incrementó en un 6,4% en 2025,  superando el crecimiento de la producción industrial (1,6% según el INDEC). El nivel de  judicialidad actual es elevado e injustificado a la luz de los datos objetivos, alimentando  así dos grandes paradojas:

1) La paradoja interna: menos accidentes, menos fallecimientos pero  más juicios. Desde el inicio del sistema de riesgos del trabajo en Argentina:

  • Los siniestros laborales se redujeron un 55%.
  • Los fallecimientos laborales bajaron un 80%. Lo que equivale a haber salvado más de 19.000 vidas.
  • La cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años.

El sistema funciona en términos preventivos y de protección pero los juicios crecen de  manera desproporcionada.

2) La paradoja internacional: en un sistema alineado con estándares  globales la litigiosidad está fuera de escala. Argentina cuenta con un sistema  alineado con estándares internacionales en materia de prevención y con una cobertura  integral más protectora que la de los países más avanzados. Sin embargo, enfrenta un  nivel de litigiosidad completamente desproporcionado.

  • Chile tiene 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores
  • España 8,5 cada 10.000 trabajadores
  • Argentina tiene 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores. Es decir, la litigiosidad en Argentina 2025 fue 2200% mayor a la litigiosidad de Chile y 1500% mayor a la de España.

Si se comparan los índices provinciales 2025 (juicios cada 10.000 trabajadores  cubiertos) con indicadores internacionales, la desproporción es aún más evidente.  Considerando las 5 provincias más litigiosas, lidera de manera destacada Santa Fe con  296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159,  Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores

Crecimientos destacados

  • Santa Fe: Con 19.787 juicios en 2025, esta provincia muestra el panorama más crítico, con un índice de judicialidad de 296 por cada 10.000 trabajadores, superando en un 123% la media nacional. Además, registró uno de los mayores  incrementos anuales de casos del país: +20,3% en juicios ingresados.
  • CABA: Registró 25.325 juicios, con un aumento del 10,2% respecto de 2024 y un incremento en su índice de judicialidad del 11,9%, por encima del crecimiento promedio nacional.
  • Buenos Aires: Lidera el ranking por volumen con 52.314 juicios, concentrando el 39% del total nacional, mientras que su fuerza laboral equivale al 32% del total país.

Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por  riesgos del trabajo de nuestro país.

Ampliando a las cinco provincias top en casos (sumando Mendoza y Córdoba), la  concentración alcanza el 86%. El resto del país explica el 14% de los casos.

La raíz del problema: el desorden pericial

La litigiosidad espuria encuentra su núcleo en el sistema de pericias médicas judiciales.

La Ley 27.348 estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar este proceso.  Sin embargo, a casi nueve años de su sanción, la norma sigue incumplida en la mayoría  de las jurisdicciones.

No obstante este panorama, merece destacarse que:

  • Santa Fe inició en 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y la Corte Suprema de la Provincia se encuentra próxima a designar tres peritos oficiales, dando un primer paso hacia la aplicación efectiva de la ley. En el marco  de esta noticia, es necesario mencionar que Santa Fe es una de las 2  provincias (la otra es Jujuy, cuya litigiosidad es 36 veces la de Salta) que por  ley provincial fija un plazo de caducidad (plazo para iniciar la acción judicial  post paso por la Comisión Médica administrativa) de 2 años, que requiere ser  corregido. Esto por cuanto la acción judicial posterior no inicia el reclamo desde  cero, sino que revisa una decisión administrativa ya formada, lo que justifica un  plazo breve para preservar la celeridad, la seguridad jurídica y la vinculación  temporal entre la contingencia y la reparación. El plazo de 2 años de la Ley de adhesión es un despropósito en este sentido.
  • Mendoza implementó hace dos años un sistema de auditoría de peritos judiciales. Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, constituyendo así otro indicador que ratifica  que el viejo sistema de listado de peritos judiciales que a su vez cobran en proporción al valor del juicio (es decir, del valor por ellos mismos peritados) no  funciona.

La solución es clara y está escrita en la ley: ordenar las pericias judiciales y  cumplir plenamente con la Ley 27.348 mediante la conformación de los Cuerpos  Médicos Forenses que profesionalicen la labor pericial con honorarios fijos y no a  comisión del resultado del juicio. La próxima sanción de un nuevo régimen laboral podría  ser el marco para que las justicias provinciales apliquen las normativas que frenen el  avance de las demandas sin control.

Inició un juicio laboral contra la banda Los Playeros en 2009 y 17 años después aún no hay fallo

Nelson Blanco inició en 2009 un juicio laboral contra la popular banda Los Playeros por su despido, tras haber trabajado casi veinte años con el grupo en tareas vinculadas a iluminación, compra y mantenimiento de equipos. Diecisiete años después, la causa todavía no tiene resolución en la justicia puntana, en un expediente que se ha extendido a lo largo de distintos juzgados y cámaras sin sentencia firme.

Nelson trabajó desde fines de los años ochenta hasta 2008 con el grupo musical. “Yo trabajé desde el año 88 hasta el 2008, que me despiden, con la banda de Los Playeros. Yo era el encargado general de la parte de iluminación, de compra y mantenimiento del equipo”, relató. Durante casi toda esa etapa, su vínculo laboral no tuvo registración formal. “Casi los dieciocho años, en negro. El último año, me hicieron un recibito de sueldo como para que ellos justificaran en AFIP que tenían gente en blanco, que no era el valor que yo ganaba, digamos. Fue el último año”, explicó.

El despido, según su testimonio, se produjo sin causa y con un telegrama que no coincidía con su realidad laboral. “Y ellos me despiden sin causa, y me despidieron con un telegrama diciendo que yo había faltado cuatro días. Y las fechas que ellos habían puesto en el despido no coincidían con los días laborales, que eran los fines de semana”, dijo.

La causa judicial comenzó en 2009 y, desde entonces, se transformó en un proceso extenso y sin resolución. Nelson explicó que su abogado mantiene la causa activa, pero apuntó directamente a las estrategias dilatorias de la contraparte. “Mi abogado está haciendo el trabajo perfectamente, lleva todo al día. Y, bueno, de la parte del abogado de Los Playeros, hace presentaciones nulas, va chicaneando el caso y, bueno, y se va estirando, se va estirando”, sostuvo. En ese marco, expresó su sorpresa por la duración del expediente: “A mí me llamó mucho la atención que un juicio laboral lleve ya ahora diecisiete años. Y toda la gente que trabaja con los Playeros está en negro, siempre estuvieron en negro, mis compañeros, mis excompañeros, siempre en negro”.

A lo largo del tiempo, la causa pasó por distintos magistrados y tribunales. “Pasó por un montón de jueces, que a veces tenían que llegar a un desempate, porque uno votaba a favor, el otro en contra, y pasaba de la cámara baja a la cámara alta, de la cámara no sé dónde, allá. Bueno, ¿viste? Eso te va agotando un poco”, relató. Y agregó: “Es muy extraño, es muy raro que lleve tantos años un juicio laboral de esta magnitud”.

Frente a la falta de definiciones judiciales, Nelson decidió hacer pública su situación y recurrir a los medios. “Que se conozca el caso, y si tengo que llegar a los medios nacionales, lo voy a hacer, porque esto no puede ser, tanto a mí como a otra gente, porque no soy el único que tiene juicios laborales”, afirmó. También sostuvo que nunca existió un intento de acuerdo: “Y nunca me llamaron para un arreglo, nunca nada, nunca tuvimos una charla de la parte de ellos”.

Realizaron dos trasplantes de córnea en el Hospital Carrillo

El sistema público de salud de San Luis, a través del Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’, realizó dos nuevos trasplantes de córnea. Con estos procedimientos, la institución llega a 12 trasplantes de córnea desde su habilitación para este tipo de intervenciones en septiembre del año pasado, elevando a 43 el total realizados desde diciembre de 2024 si se incluyen las 31 cirugías de riñón.

En esta ocasión, una de las intervenciones fue sobre un paciente de 75 años de San Luis con antecedentes de trasplante realizados en otra provincia. Presentaba una úlcera corneal que requirió un nuevo procedimiento con fines tectónicos, es decir para preservar la integridad estructural del ojo, y no visuales.

El segundo caso involucró a un paciente de 28 años de la provincia diagnosticado con queratocono, con buena evolución post-intervención. Este procedimiento representa una oportunidad de recuperación visual significativa para el paciente.

Ambas cirugías fueron realizadas por el personal de la Unidad de Pacientes Ambulatorios (UPA) y se desarrollaron sin complicaciones, cumpliendo rigurosamente con todos los protocolos de seguridad establecidos. Las intervenciones estuvieron a cargo de Elena Varas, con un equipo altamente capacitado liderado por la jefa de la Unidad de Trasplante de Córneas, Ana Costas, y el jefe del Servicio de Oftalmología, Iván Garay.

Cada cirugía es el resultado de horas de preparación, coordinación precisa y un compromiso inquebrantable con la salud visual de los pacientes. Destaca fundamentalmente la labor del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) San Luis y de todos los que participaron en el operativo, garantizando la coordinación perfecta entre la ablación y el implante, minimizando tiempos y maximizando las posibilidades de éxito.

Detrás de cada trasplante de córnea hay un acto de generosidad que merece el más profundo reconocimiento. Las autoridades del Hospital Carrillo expresaron su gratitud hacia los familiares de los donantes, quienes en momentos de dolor tomaron la decisión de convertir su pérdida en esperanza para otra persona.

Con los 43 trasplantes realizados desde diciembre de 2024, la salud pública de San Luis se posiciona a la altura de los mejores centros del país. Cada procedimiento representa una vida transformada, una familia que recupera la esperanza y un paciente que vuelve a soñar con un futuro pleno.

Fuente: ANSL

“Tiene que haber más detenidos”: el reclamo por el asesinato de Javier Moyano

Con carteles, consignas y un fuerte reclamo de Justicia, familiares y allegados de Javier Moyano se manifestaron este martes frente al Poder Judicial de San Luis, donde realizaron un corte de calle para visibilizar el pedido de avances en la causa. La protesta se dio en el marco de una nueva audiencia judicial y estuvo atravesada por el reclamo de celeridad en la investigación y la exigencia de que haya más personas detenidas por el crimen.

Durante la manifestación, Brisia, nuera de la víctima, expresó el impacto familiar que dejó el asesinato. “Fue una caída enorme porque mi hijo hoy se quedó sin su abuelo. Mi hijo hoy empezó a la escuela sin que sacarse una foto con su abuelo como lo hacía todos los años. Así que lo único que pedimos es justicia”, dijo Brisia ante la prensa. Sobre lo que esperan de la audiencia, agregó: “Y que la formulación de cargo sea la que nosotros esperamos. Que no se cambie porque se tiene que hacer justicia y él tiene que pagar por todo lo que hizo. Porque él dejó una familia destrozada, nietos, hermanos, hijos. Muy mucha gente que lo quería, amigos, que hoy todos preguntan por qué. ¿Por qué si Javier no le hacía mal a nadie?”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

La mujer también cuestionó la situación de seguridad en el barrio 1º de Mayo tras el hecho. “Y lamentablemente, le digo, mi punto de vista, tiene que pasar algo para que la policía esté. Porque lo que fue esta semana, la policía va y vuelve. Una semana anterior no se veía nadie en el barrio. Era tierra de nadie, no pasaba nadie. Pasaba un móvil dos veces por día, capaz. Y hoy se ve movilización, pero no tiene por qué ser así. Esperar que pase esto para que la policía se mueva”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

Sobre el crimen, fue contundente: “A él lo mataron siendo una persona inocente. Porque él no le hacía daño a nadie, a nadie. Es lo único que puedo decir”, dijo Brisia. Consultada por los responsables, afirmó: “Y bueno, los conocidos Travolta. No sé si tengo el permiso de decir a las demás personas, pero son conocidos del barrio”, dijo. Respecto a la situación judicial actual, confirmó: “Sí, hay una sola persona detenida”, y ante la repregunta sostuvo: “Tiene que haber más”, dijo Brisia, nuera de Moyano.

Según la información judicial, el domingo 15 de febrero el juez de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, concedió los ocho días de prórroga solicitados por la defensa de Carlos Fausto Barroso, acusado de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Carlos Javier Moyano.

En la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal de Instrucción Penal Nº 3, Esteban Roche, relató que el 13 de febrero de 2026, entre las 19:50 y las 20:00 horas, cuando Moyano circulaba en su moto por el carril derecho de la avenida Quinto Centenario, en el barrio 1º de Mayo, en sentido oeste a este, fue atacado desde un vehículo de color gris oscuro en el que se trasladaban Carlos Barroso junto a otras personas, desde donde se efectuaron varios disparos de arma de fuego que impactaron en el cuerpo de la víctima.

Tras el ataque, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga y Moyano cayó al suelo, falleciendo minutos después como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por perforación en ambos pulmones por arma de fuego. La defensa, representada por Guillermo Levinsgton, solicitó la prórroga de ocho días amparada en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de San Luis, medida que fue finalmente concedida por el juez de Garantía.

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente sobre la ruta provincial 1

Cuatro personas resultaron lesionadas este lunes por la tarde tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 46,5 de la ruta provincial 1, a la altura del paraje Palo Verde, entre las localidades de Papagayos y Villa del Carmen.

De acuerdo a lo informado por el Destacamento 35° de la UROP N° 6, el hecho se produjo alrededor de las 19:00. Según las averiguaciones policiales, un hombre de 40 años conducía de sur a norte un automóvil Ford Fiesta, acompañado por dos jóvenes de 18 años y una mujer de 39, todos con domicilio en la localidad de San Pablo.

En un sector de bajada, y conforme a lo manifestado por uno de los ocupantes, el conductor habría apagado el motor del vehículo y el volante se trabó, situación que derivó en la pérdida de control del rodado. El automóvil despistó hacia una alcantarilla ubicada al costado de la carpeta asfáltica.

Tras el siniestro, los cuatro ocupantes fueron asistidos por personal médico que arribó al lugar en ambulancias del Sempro y de las localidades de Villa del Carmen y Papagayos. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Madre Catalina Rodríguez, en Villa de Merlo, para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Papagayos, Villa Larca y Villa del Carmen, quienes colaboraron con las tareas de primeros auxilios. También intervinieron efectivos de Policía Científica y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, a través del Cuerpo Vial, para realizar las pericias correspondientes, mientras que personal policial efectuó tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en la zona.

La Municipalidad suma un camión exclusivo para residuos verdes y voluminosos en el centro

La Municipalidad de San Luis desplegará esta semana una nueva agenda de acciones territoriales con eje en el programa Muni Más Cerca, obras viales en el microcentro y la incorporación de un camión exclusivo para la recolección de residuos verdes y voluminosos en la zona céntrica, según lo informado por la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, durante la conferencia de prensa de este lunes.

Uno de los principales ejes será una nueva edición de Muni Más Cerca, que se realizará el jueves en la zona sur de la ciudad, específicamente en el barrio El Lince. El operativo tendrá lugar en la plaza ubicada en Mercedes Aguilera y Domingo Lucero, entre las 8:30 y las 12:30, con la presencia de distintas áreas municipales. Miranda explicó que “nos acercamos con las diferentes stands de la municipalidad para que puedan hacer las diferentes consultas” y destacó que en los últimos abordajes hubo una fuerte demanda vinculada a Transpuntano, boletos estudiantiles y controles de salud. Además, remarcó que “lo más importante es que siempre va el intendente Gastón Hissa a escuchar a los vecinos, a conocer cuáles son las realidades, las necesidades que tienen los vecinos”.

En materia de obras, este miércoles se realizará una presentación en Plaza Baigorria, en el marco del programa Mejorando Tu Cuadra, para dejar inauguradas distintas intervenciones ejecutadas en el área céntrica. Miranda detalló trabajos de repavimentación con asfalto en San Martín, entre Ayacucho y Pringles, tareas de bacheo y obras estructurales en cruces estratégicos como Bolívar y Mitre, 9 de Julio e Ituzaingo y Tomás Jofré y Chacabuco, donde se realizó el recambio de paños de hormigón. Sobre este tipo de obras, explicó que “las esquinas son las calles que tienen mayor desgaste” y señaló que el hormigón permite una mayor durabilidad, aunque requiere más tiempo de fraguado: “Entendemos que el hormigón tiene el beneficio de que asegura que la calidad de la obra sea mejor y más duradera, pero necesita más tiempo para habilitarse, a diferencia del asfalto, pero es necesario esperar y respetar ese tiempo de fraguado para que la obra realmente sea provechosa”.

Respecto al cruce de Tomás Jofré y Chacabuco, uno de los puntos con mayor impacto en el tránsito, la funcionaria indicó que se trata de la última intervención pendiente y que “a mitad de media semana ya debería estar habilitado”.

Otra de las novedades anunciadas es la incorporación de un camión de carga ligera destinado exclusivamente a la limpieza de residuos verdes y voluminosos en el microcentro. La presentación del vehículo también se realizará el miércoles en Plaza Baigorria. Miranda explicó que estará abocado a la recolección de restos de poda, escombros y otros residuos voluminosos que suelen depositarse junto a los contenedores domiciliarios: “Este camioncito se va a estar dedicando a circular por la zona céntrica y a hacer la limpieza de estos residuos”. Además, confirmó que el servicio será permanente y exclusivo del área central: “Va a estar toda la semana, una ruta, pero lo más importante es que va a ser exclusivo para la zona céntrica”.

Secuestraron 19 motos en un operativo contra picadas ilegales

Un operativo policial realizado en la localidad de Santa Rosa del Conlara permitió el secuestro de 19 motocicletas que presuntamente participaban en picadas y carreras clandestinas.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde noche del domingo y estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría Distrito Santa Rosa del Conlara, con la colaboración del Comando Radioeléctrico y de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, en el marco de acciones preventivas orientadas a reducir situaciones de riesgo vial.

Alrededor de las 20:00, durante un control vehicular efectuado en inmediaciones de las rutas provinciales 5 y 23, los efectivos detectaron la presencia de un grupo de motociclistas que se encontraban organizando competencias ilegales. De acuerdo a la información oficial, participaban hombres y mujeres mayores de edad provenientes de esa localidad y de otros puntos de la región, como Carpintería, Villa de Merlo, Concarán, Lafinur y Talita, además de personas llegadas desde la localidad de La Paz.

Según se informó, la actividad habría sido organizada de manera previa y promovía conductas consideradas peligrosas para la seguridad vial y la integridad de las personas. Ante la presencia policial, varios conductores se retiraron del lugar.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 19 motocicletas de distintas marcas y cilindradas (Honda 150 cc, Yamaha 125 cc, Motomel 200 cc, Corven 110 cc y Zanella 150 cc) en el marco de actuaciones por conducción peligrosa, desobediencia a la autoridad e infracción a la Ley Provincial de Tránsito y Seguridad Vial N° X-0630-2008.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, con intervención de la fiscal Sandra Aguirre, quien dispuso ratificar las actuaciones sumariales, mantener el secuestro de los rodados y notificar a los involucrados conforme al artículo 38 del Código Procesal Penal de la Provincia, quedando imputados en relación a los hechos investigados.

 

Los ex funcionarios Marcelo Amitrano, Sebastián Anzulovich y Marcelo Balbo fueron imputados por fraude contra la administración pública y peculado

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 imputó a los ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá, Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por los delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial.

En la última gestión de Rodríguez Saá, Amitrano se desempeñó como ministro de la Producción, Anzulovich como secretario de Transporte, mientras que Balbo fue comisario general.

La formulación de cargos se realizó este lunes durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo del Juez Marcos Flores Leyes, con la intervención de la Fiscal Linda Maluf, acompañada por la Fiscal Adjunta Roxana Alcaraz. En representación de la Fiscalía de Estado participó el abogado Santiago Calderón Salomón.

De qué se los acusa

Según expuso Maluf, los hechos investigados se habrían desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la Provincia de San Luis.

La Fiscalía sostiene que durante ese período se realizaron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux que figuraba como asignada al Ministerio. Sin embargo, el vehículo fue hallado en diciembre de 2023 en el domicilio de Marcelo Balbo, en estado de abandono, con daños significativos y el motor desmontado, lo que —según la acusación— indicaría que no estaba en funcionamiento mientras continuaban registrándose cargas.

De acuerdo con los registros del sistema de control de combustible que maneja el Gobierno provincial, Balbo figuraba como chofer en todas las cargas. La Fiscalía afirmó que el combustible no habría sido destinado al vehículo oficial, sino desviado para otros usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de pesos.

En cuanto a las responsabilidades funcionales, Maluf sostuvo que Luis Marcelo Amitrano, en su carácter de ministro, tenía la administración y el control de los recursos y vehículos oficiales; que Sebastián Anzulovich, como secretario de Transporte, contaba con competencia funcional directa sobre la flota vehicular; y que Marcelo Balbo habría tenido intervención directa en la utilización del rodado y en las cargas.

La Fiscalía adelantó que restan producir pericias contables e informes dominiales para determinar con precisión el monto del perjuicio y la eventual participación de otras personas. Como medidas de coerción solicitó la firma del libro de imputados del 1 al 10 de cada mes por 120 días, la prohibición de salida del territorio provincial por el mismo plazo y la inhibición general de bienes de los tres imputados, es decir, que no puedan vender, transferir ni disponer de su patrimonio mientras dure el proceso judicial.

Por su parte, el representante de la Fiscalía de Estado adhirió a la formulación de cargos y ratificó la denuncia que dio origen a la causa.

Sostuvo que el sistema de carga de combustible requería un PIN, identificación del chofer y autorización específica, por lo que la mecánica descripta no podría haberse sostenido sin intervención funcional de los responsables del área. Consideró que la conducta encuadra en peculado y defraudación contra la administración pública y remarcó la necesidad de resguardar el patrimonio estatal.

Las defensas

El abogado Carlos Bianchi Durán, defensor de Amitrano junto a la abogada Liliana Sánchez, se opuso a la formulación de cargos y argumentó que no se alcanza el estándar mínimo de “sospecha suficiente” exigido por el artículo 110 del Código Procesal Penal.

Sostuvo que la imputación es genérica, que no se individualiza una conducta concreta atribuible a su defendido ni se acredita dolo específico, engaño o beneficio personal. Señaló además que Amitrano no ejerció el cargo durante todo el período investigado y que, al tomar conocimiento de irregularidades, habría ordenado actuaciones administrativas. Planteó que no puede configurarse responsabilidad penal por la sola posición jerárquica.

Por su parte, la Defensora Oficial N° 3, Stefanía Cifuentes, representante de Sebastián Anzulovich, solicitó precisiones sobre el tipo de participación atribuida a su asistido y cuestionó que no se describiera con claridad la mecánica del supuesto desvío de fondos.

Pidió que se realice una auditoría del sistema administrativo para determinar el recorrido interno sobre una nota que alertaba sobre irregularidades y sostuvo que no surge de la evidencia una maniobra fraudulenta concreta atribuible a Anzulovich. No objetó formalmente la imputación en esta etapa, pero anunció que realizará una investigación propia.

Finalmente, el abogado Roberto Bracco, defensor de Marcelo Balbo, también manifestó oposición a la acusación y adelantó que desarrollará sus fundamentos en la etapa procesal correspondiente.

En relación con las medidas cautelares, las defensas aceptaron la firma del libro, pero solicitaron que la restricción se limite a la salida del país y, en el caso de Anzulovich y Amitrano, ofrecieron el embargo preventivo de dos vehículos de su propiedad en sustitución de la inhibición general de bienes. La Fiscal Maluf se opuso a la sustitución por no contar aún con informes dominiales que acrediten la situación jurídica de los bienes ofrecidos.

Qué resolvió el juez

Flores Leyes resolvió tener por formulados los cargos en los términos expuestos por la Fiscalía, hacer lugar a la firma del libro por cuatro meses, disponer la prohibición de salida del territorio nacional —y no provincial— también por cuatro meses y decretar la inhibición general de bienes por el mismo plazo.

Fuente: Prensa Poder Judicial