Un cajero de supermercado fue imputado por el delito de defraudación especial mediante el uso de tarjeta de crédito. Se trata de un empleado de un súper ubicado en la Avenida Presidente Perón y Caídos en Malvinas, acusado de apropiarse de la tarjeta de crédito de una clienta y luego hacer compras por 122 mil pesos.

El hecho ocurrió el 24 de julio del 2023. De acuerdo a la investigación, el imputado adquirió presuntamente un microondas y compró entradas a espectáculos y mercadería en supermercados y despensas por un monto de 122 mil pesos.

Este jueves a la mañana, el juez de Garantías N° 1 de la Primera Circunscripción, Juan Manuel Montiveros Chada, dio por formulados los cargos contra el joven de 22 años y ordenó, como medida de coerción, la obligatoriedad de firmar el libro de Fiscalía por un plazo de 60 días. La investigación estuvo a cargo del Fiscal de Instrucción Esteban Roche.

El hecho denunciado ocurrió el pasado 24 de julio a las 17:40 horas. Ese día la clienta abonó productos con su tarjeta Visa del Banco ICBC, pero finalizada la operación el empleado se apoderó del plástico y realizó diez compras que incluyeron la adquisición de un microondas, entradas para espectáculos y pagos en supermercados, despensas y hamburguesas.

La defraudación especial mediante el uso de tarjeta de crédito es un tipo penal previsto en el inciso 15 del artículo 173 del Código Penal de la Nación. La norma trae una innovación en la dinámica de las estafas ya que incorpora que la disposición patrimonial perjudicial no se obtiene por el ardid o engaño de la víctima, sino por la manipulación ilegal o irregular de una tarjeta magnética o de sus datos en operaciones automatizadas (por medio de sitios web o cajeros automáticos o ATM).

Este viernes por la mañana, el centro de la ciudad de San Luis fue el escenario de dos protestas gremiales. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) movilizó a un centenar de trabajadores del sector para protestar frente al edificio del Poder Judicial contra la medida cautelar que paralizó la nueva obra pública provincial. Por su parte, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y trabajadores de Tyrolit realizaron por las una manifestación por las calles céntricas en reclamo de mejoras laborales.

“La medida cautelar que es noticia en estos días, nos afecta en forma directa, ya que atenta contra los puestos de trabajo de los compañeros. Esto afecta un 80% de los trabajadores que dependemos de la obra pública. Prácticamente alrededor de 4.000, 5.000 trabajadores en toda la provincia”, aseguró José Barbero, secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UOCRA en declaraciones a La Gaceta.

En manera simultánea a la protesta de UOCRA se realizó la de AOMA que tuvo una parada de varios minutos en el edificio administrativo del Gobierno en calle Ayacucho donde se realizaron pintadas en la calle.

“Se están reclamando dos ítems en el recibo de sueldo, que es el ítem del refrigerio y el ítem de la Ley 2.638, que es la ley del ticket canasta”, detalló Javier Albelo, secretario adjunto de AOMA, quien agregó que se viene desde hace varios meses con el reclamo a la patronal, motivo por el cual se realizó la marcha de hoy.

El gremialista reveló que se agotó la instancia administrativa ante Relaciones Laborales para reclamar de manera colectiva y que solamente queda hacer el planteo individual por cada trabajador.

Tyrolit “es uno de los principales fabricantes del mundo de herramientas de rectificado, corte, perforación y repasado”, según su página web. Tiene 29 plantas en 12 países de las cuales dos están en Argentina. La de San Luis funciona desde 1987 y actualmente emplea a 140 trabajadores.

Luego de la parada frente al edificio administrativo, la manifestación con más de 50 trabajadores continuó su marcha e incluso llegó hasta la zona de Plaza Independencia donde estaba la protesta de la UOCRA. Los trabajadores de ambas protestas cruzaron saludos.

@lagacetadigitalslMañana de viernes con dos protestas en el centro puntano.♬ sonido original – lagacetadigitalSL

La Municipalidad de La Punta niega despidos de trabajadores, sino que o se renovaron contratos que tenían fecha de caducidad, y asegura que se abonaron los sueldos con el plus para que se alcance el piso salarial de $300.000. La respuesta municipal se generó debido a la nota que presentó ayer la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) exigiendo la reincorporación inmediata de trabajadores, entre otros puntos. Además, este viernes por la mañana, ATE realiza protestas frente al edificio municipal y en la puerta de una de las plantas potabilizadoras.

“Respecto a los despidos de los que hacen mención, no son tales, no hay despidos. La modalidad de contratación del municipio del Gobierno provincial es similar. Tenemos la planta permanente, tenemos los contratos y las prácticas laborales rentadas. Tanto los contratos como las prácticas laborales rentadas no son relación de dependencia directa con el gobierno municipal, es decir, no pertenecen a la planta. Por lo tanto, esos contratos tienen fecha de caducidad. Se renuevan cada tres meses y en algunos casos se ha determinado que esos contratos no se renovasen por una cuestión operativa, porque no cumplían con las expectativas o lo que fuere, pero no es un despido”, manifestó Silvia Musser, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de La Punta, en declaraciones a La Gaceta.

La funcionaria agregó que no se renovaron cuatro y algunas prácticas rentadas que totalizan menos de 10 trabajadores.

Por otra parte, Musser, aseguró que el Municipio punteño cumplió en tiempo y forma con el pago de salarios que incluye el plus para alcanzar el piso salarial de $300.000 en el marco del Tratado de La Toma que se hizo con el Gobierno provincial. “A ese piso se le suman, por supuesto, todos los beneficios y accesorios que le corresponden al sueldo. Antigüedad, horas extras, títulos, plus por determinadas tareas y todo lo demás”, especificó la secretaria.

Otro de puntos puntos que puso de relieve ATE es una supuesta persecución sindical de trabajadores. “Nunca en la vida este municipio discriminó a los empleados por sus ideologías políticas, menos aún por las sindicales, que saben perfectamente que son derechos considerados en la Constitución Nacional y somos totalmente respetuosos de la ley como lo hemos sido siempre”, afirmó Musser.

Finalmente, la funcionaria manifestó que se respondió por escrito la nota que presentó ATE, este jueves al mediodía, en la que daba un plazo no mayor a 24 horas para la reincorporación. Sin embargo, esta mañana hay dos protestas de ATE en el edificio municipal y la planta potabilizadora como se mencionó al principio de este artículo.

Este jueves por la mañana, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Luis, Andrés Russo, dio una conferencia de prensa en la que ofreció detalles sobre el presupuesto 2024, respondió a las declaraciones del intendente electo Gastón Hissa y, por último, criticó el fallo de la jueza laboral Eugenia Bona que ha prohibido nuevos llamados a licitaciones y contrataciones en el ámbito provincial.

Presupuesto 2024
“Hemos enviado un presupuesto muy prudente, un presupuesto que no prevé déficit, un presupuesto que no prevé deuda y, lo que creo que es lo más importante, se prevé el pago total de los salarios municipales con el último aumento que se dio, con este piso salarial de 300 mil pesos, luego de la firma de ese tratado extraordinario con el gobierno de la provincia, el Tratado de la Toma, que es un tratado para la lucha contra la pobreza. El presupuesto 2024 prevé los recursos, los fondos específicos para poder afrontar el salario durante todo el periodo 2024”, dijo Russo.

El presupuesto 2024 supera los 33 mil millones de pesos, y Russo le comentó a este medio que se destinará un 80% a gastos corrientes y un 20% a los de capital. “Los municipios tienen muchos gastos corrientes pero no son solo salarios, sino todo lo que hace al funcionamiento normal de cuestiones como el parque automotor, servicios y potabilización de cloacas, por ejemplo”, comentó el secretario, quien reiteró que está garantizado el piso salarial de $300.000 para todo el año que viene.

“Esto es fundamental. Con recursos propios de la municipalidad se puede afrontar este salario que fue pagado el viernes pasado y que tan felizmente fue tomado por todas las familias municipales”, apuntó.

Transición con Gastón Hissa
Este miércoles, el ex diputado e intendente capitalino electo, Gastón Hissa, manifestó en declaraciones a la prensa que la transición “no está cumpliendo la expectativa”, a pesar de que “hubo una buena predisposición inicial”. Hissa dijo que se dio “una serie de conversaciones y de charlas” entre los representantes de ambas gestiones, pero las definió como “informales” y que no se pusieron de acuerdo “para que los equipos técnicos avanzaran en algo que no avanzaron”.

En este sentido, Russo comentó que Hissa dispuso de un equipo técnico para trabajar en el presupuesto y si bien reconoció que hubo un punto en que no estuvieron de acuerdo, no coincidió en calificar las reuniones como “informales”. “Nos pusimos a trabajar, tuvimos varias reuniones y, quiero aclarar, fueron reuniones formales. No fueron reuniones informales, donde ellos solicitaban cierta información y algunas pautas técnicas que querían del presupuesto”, dijo el secretario de Gobierno, quien junto a su par de Hacienda, Nicolás Carpio, representó a la gestión Tamayo en estas reuniones.

En cuanto a la cuestión en la que no estuvieron de acuerdo, Russo dijo lo siguiente: “Esto no llegó a un buen puerto porque nos solicitaron los contadores que bajáramos la meta presupuestaria, ajustando la partida específicamente para el pago del salario. Nosotros les dijimos que no porque no vamos a permitir, teniendo los fondos y sabiendo que hemos hecho un presupuesto responsable y serio, esto de bajar el salario. Y bueno, las reuniones en ese momento terminaron porque nos pedían ese punto, que fue lo único que nos pidió”.

Ante la pregunta de este medio, Russo aseguró que el equipo técnico de Hissa le pidió bajar la meta presupuestaria en 4.500 millones anuales. “Estábamos trabajando y les dijimos que esa partida no la vamos a tocar”, agregó el secretario.

“En ningún lado dice cómo se tiene que hacer una transición. Son buenas voluntades políticas de las dos partes. Nosotros la tuvimos, ellos la tuvieron, pero llega un punto en el que no te podés poner de acuerdo, y nosotros como justicialistas nunca nos vamos a poner de acuerdo en que toquen el salario de los trabajadores, menos siendo el mismo día que habíamos establecido el piso salarial de 300.000 pesos. Un logro extraordinario para las familias municipales”, continuó Russo.

El secretario de Gobierno aseguró además que están disponibles los fondos para pagar este nuevo piso salarial gracias al aumento que han tenido los recursos propios de la Municipalidad. “Cuando nosotros entramos al municipio, de las tasas municipales que se emitían, solo se cobraba entre el 25 y el 30%. Hoy estamos entre el 90 y el 95%. Y eso es una buena gestión, trabajando para administrar bien los recursos y poder lograr todas las políticas que hemos logrado”, dijo.

El fallo de Bona
“Repercute en el municipio y repercute en la provincia. Y yo veo con muchísima preocupación cómo una jueza del Poder Legislativo, de alguna manera, se mete en las decisiones de un Poder Ejecutivo, dictada por un gobernador electo que ganó legítimamente, pero no existe la figura de gobernador electo. El gobernador empieza a gobernar el 10 de diciembre. Y acá tenemos una sentencia dictada por él. No hay que ser ni abogado ni un gran jurista para ver la letra del fallo, que es un fallo 100% político. Y esto yo lo veo con un montón de preocupación. Un fallo que no solo afecta el progreso de la provincia de San Luis, de la ciudad de San Luis, sino también afecta a los trabajadores. Entonces, yo me pregunto cómo una jueza laboral puede fallar en contra de tantos trabajadores que trabajan bajo la obra pública”, concluyó el secretario municipal, no sin antes opinar que el “único plan de Poggi es hablar de la transición, la transición, la transición”.

ATE San Luis envió una nota al intendente de La Punta, Martín Olivero, para exigir la reincorporación de trabajadores municipales despedidos. En la nota se intima que la reincorporación se realice en un plazo que no exceda las 24 horas, sino se realizarán “medidas gremiales”.

“Repudiamos la manifiesta arbitrariedad de los despidos, como así también, el direccionamiento de algunos de ellos, dado que evidentemente se busca desalentar nuestra organización gremial en ese municipio y amedrentar a los y las trabajadoras que quieren organizarse sindicalmente; muestra de ello es que dentro de la nómina de despedidos, se encuentra una de nuestras afiliadas que es contratada. Por este motivo exigimos la urgente reincorporación EN un plazo no mayor de 24 hs, como así también, el cese de cualquier acto persecutorio que se esté llevando adelante en contra de nuestros afiliados/as y en contra de la organización de los trabajadores, quedando en libertad de acción de llevar adelante las medidas gremiales que consideremos necesarias hasta revertir lo que denunciamos”, dice parte de la nota presentada este jueves en el municipio.

El próximo lunes a las 19 horas, la Municipalidad de San Luis realizará el corte de cinta de la renovación del Paseo San Nicolás, ubicado en las calles Catamarca y Esteban Adaro, en el barrio Amppya. El espacio público se reacondicionó de forma integral con la colocación de juegos infantiles y saludables, canteros, bancos, rampas de acceso, veredas y sendas de paseo, además de nueva forestación pertinente, luminarias y dársenas para estacionamiento.

La puesta en valor se hizo bajo la premisa de mantener la mayor cantidad de especies arbóreas, reforestar con otras pertinentes y además de todas las tareas, reacondicionar el habitáculo donde yace la Virgen de San Nicolás, característica de esta plaza.

Desde el primer relevamiento, hasta la puesta en marcha y finalización de la obra, trabajaron de manera conjunta las áreas de Espacios Verdes, Medio Ambiente, Alumbrado y Vialidad. La totalidad de los materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra fueron a través de fondos municipales.

Este martes 3 de octubre, la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la expropiación del Parque Nacional Sierras de las Quijadas que el Gobierno de la provincia de San Luis realizó en 2010, para restituir dichas tierras al Pueblo Nación Huarpe. El fallo de la Corte también condena a la Provincia de San Luis “a otorgar en el plazo de ciento veinte (120) días hábiles las escrituras traslativas de dominio correspondientes” a los inmuebles expropiados.

En concreto, y a instancias de la Administración de Parques Nacionales, el fallo de la Corte Suprema se centra en la ley local V-0721-2010, promulgada por el decreto del Poder Ejecutivo provincial 1520- MGJyC-2010, que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados al funcionamiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, a los efectos de restituirlos “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región”.

En sus considerandos, el Órgano Máximo de Justicia primero establece su competencia para abordar la controversia sobre la ley provincial V-0721-2010 de San Luis, que la actora considera inconstitucional y que afecta el régimen federal constitucional y las relaciones entre las partes.

Asimismo, la Corte destaca que los actos de las legislaturas provinciales solo pueden ser invalidados en casos específicos establecidos por la Constitución Nacional, y el conflicto entre la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de San Luis involucra las competencias federales y locales, según el artículo 75, inciso 30, de la Constitución.

La Corte presenta además un resumen de los antecedentes del caso, incluyendo la suscripción de un convenio en 1989 entre la Provincia de San Luis y el Estado Nacional para expropiar 150.000 hectáreas de tierras con el propósito de crear el “Parque Nacional Sierra de las Quijadas”. En este punto se mencionan actas de compromiso y documentos que establecían la adquisición de tierras por cuenta y orden del Estado Nacional, así como la transferencia de algunas de estas tierras a la Administración de Parques Nacionales. También se mencionan problemas en la escrituración de estas tierras y la sanción de la ley provincial V-0721-2010. Acto seguido, la Corte señala que la provincia finalmente adquirió 73,534.46 hectáreas y las transfirió al Estado Nacional para el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, cumpliendo con las condiciones establecidas por las leyes provinciales y nacionales.

En este sentido, la Corte considera que a provincia no puede arrogarse la propiedad de un establecimiento de utilidad nacional sin una desafectación formal por parte del Congreso Nacional. Además, se sostiene que el presunto incumplimiento por parte de la Administración de Parques Nacionales en la promoción de políticas ambientales, culturales, científicos, educativos y sociales no equivale a una desafectación tácita.

La Corte Suprema también señala que la intención de entregar estas tierras al Pueblo Huarpe tampoco autoriza a
convalidar la ley V-0721-2010 impugnada, pues la provincia demandada carece de facultades para asumir o asignarle a un tercero la competencia para hacer cumplir la finalidad impuesta por el legislador nacional a las tierras cedidas.

“El ámbito donde se encuentra emplazado el ‘Parque Nacional Sierra de las Quijadas’ es un establecimiento de utilidad nacional al que le resulta aplicable dicha cláusula constitucional, y la legislación nacional ‘necesaria’ a los fines del establecimiento, cual es la citada ley 22.351, ha atribuido únicamente a la Administración de Parques Nacionales”, señala la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado destaca que la Administración de Parques Nacionales señaló que no advierte incompatibilidad entre el funcionamiento del parque nacional y la eventual participación en él de las comunidades y pueblos originarios.

Ya en su penúltimo considerando, la Corte señala “la vía elegida” por la Legislatura Provincial “implica una alteración del reparto de competencias que establece la Constitución en el artículo 75, inciso 30, puesto que desconoce el interés público que determinó la creación del establecimiento, el cual se ha mantenido en el tiempo al no haberse modificado su finalidad por parte del Congreso Nacional”, que es el único órgano constitucionalmente habilitado para dicha tarea.