Una sesión para el olvido se vivió este jueves en el Concejo Deliberante, donde ni siquiera se trataron las declaraciones de interés con las que los concejales muchas veces tratan de justificar sus salarios. Básicamente, el único fin de la sesión de este jueves fue darle ingreso a proyectos como el presupuesto y la tarifaria 2026 y la ejecución presupuestaria del 2do trimestre de 2025, sobre lo cual podés encontrar más información en este artículo.

Sin ningún tema municipal en el orden del día, la oposición tomó el control de la sesión y planteó una cuestión de privilegio en contra del gobernador, Claudio Poggi, y sus declaraciones con respecto a la cantidad de viviendas hechas por Alberto Rodríguez Saá. Esto se debe a que, a pesar de que hay amplios registros de las viviendas entregadas por Rodríguez Saá, Poggi dijo: “Hubo 16 años en los que no se hizo una sola casa en San Luis”.

“Cuando miente tan descaradamente nos preocupa en términos políticos porque no sabemos si está alienado, desconectado de la realidad, o si está decidido a promover el odio político”, dijo Alejandro Cordido, quien dio cifras que, sorprendentemente, no han dado otros albertistas previamente, precisando que de 2015 a 2023 se entregaron 5.696 viviendas y 8.171 escrituras. Además, quedaron pendientes de entrega 455 viviendas, que son las que Poggi ha entregado estos años y reasignado a los planes Progreso y Sueños.

Otro tema que se debatió fue Pamela Araya, una mujer que tiene contrato en el Concejo Deliberante y que, insisten desde la oposición, trabaja en la Municipalidad. Lo insólito de este tema, que ya ha saltado en sesiones pasadas, fue la presidenta del Concejo, Laura Sánchez, prácticamente admitió lo denunciado por la oposición. “Lo importante es que está trabajando y que no cobra por cobrar. Conmigo hacían lo mismo, yo tenía contrato de ustedes y me mandaban a trabajar a otros lados”, le dijo Sánchez a los ediles opositores, quienes amenazaron con llevar este tema a la Justicia. Cabe recordar que, hasta diciembre de 2023, Sánchez integró las filas de Sergio Tamayo. “No entiendo qué es lo que está mal”, agregó la presidenta del Concejo.

Los concejales también se pelearon cuando el oficialista Diego Videla mocionó el tratamiento sobre tablas y la aprobación simultánea de una declaración de interés por las jornadas educativas organizadas por el Rotary Club. Como para la habilitación sobre tablas se necesitan dos tercios, la oposición logró el rechazo de este proyecto y criticó duramente a Sánchez por haber aceptado la moción de Videla. “No tiene legitimidad política porque hace estas cosas. Si nosotros nos retiramos, nos descuentan. Si ustedes se retiran, no pasa nada. Si ustedes hacen una moción, se pone a consideración. Si la hacemos nosotros, no se pone a consideración. Eso es lo que le falta a la Presidencia, no tienen autoridad política”, disparó Russo.

Previo a todo esto, el oficialismo rechazó el tratamiento de pedidos de informe sobre la provisión de agua para los barrios del sur y también un repudio a la visita de la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, denunciada por corrupción.

De este modo, pasó una nueva sesión del Concejo Deliberante sin que se trate ni un solo tema relativo a la ciudad de San Luis.

Este jueves, el concejal opositor Andrés Russo hizo un primer análisis del proyecto de presupuesto 2026 presentado por la Municipalidad de San Luis. Según los números presentados, el presupuesto para el año que viene será de $64.059.597.173,42, lo que representa un incremento del 20,48% con respecto a los $53.166.674.993 que se presupuestaron para este año.

Esto es un porcentaje de aumento mucho mayor que el del presupuesto provincial, que incluyó un mísero 2,4%. Aún así, Russo consideró que se trata de un “presupuesto subvaluado”. “Esto es una picardía, porque lo que buscan es justamente subvaluar y, cuando tengan recursos extrapresupuestarios, los pueden manejar discrecionalmente, ya eso no requiere que se le asignen las partidas desde el Concejo Deliberante”, dijo el concejal de la oposición que más se dedica a los análisis financieros del municipio.

Como ejemplo de esta subvaluación, Russo se refirió a la coparticipación provincial, de la cual se han presupuesto 35.000 millones para 2026, o sea 2.000 millones menos que para este año. Esto es algo muy poco habitual, más aún en un país inflacionario como Argentina. A esto, el opositor le sumó datos de la ejecución presupuestaria del primer semestre de este 2025, señalando que la Municipalidad ya ha recibido 21.000 millones de coparticipación en este periodo. Esto da una proyección de 42.000 millones en 2025, lo que representa 5.000 millones más de lo presupuestado.

“Entonces, no puede ser que la coparticipación 2026 caiga y sea menor que la de este año. Entonces, en ese punto, al menos faltan 10.000 millones de pesos que, por supuesto lo van a recibir y luego de recibirlo lo van a manejar discrecionalmente, como ya sabemos que está haciendo la gestión de Hissa. Recordemos que todavía nosotros no tenemos respuesta de por qué compran, por ejemplo, vehículos con sobreprecio de 40 millones de pesos”, dijo Russo. “No sé si hay un antecedente en que un intendente ponga que va a recibir de coparticipación menos de lo que escribió el año pasado, siendo que ya cobró más”, agregó su compañero de bloque, Alejandro Cordido.

Ofreciendo otro ejemplo de por qué considera que el presupuesto 2026 está subvaluado, Russo señaló que, “para el primer semestre de 2025 la recaudación municipal fue de 38.000 millones. Entonces, esto si lo proyectamos prudentemente, sin hacer ningún tipo de ajuste por inflación, la Municipalidad va a terminar recaudando en el 2025, no menos de 75 o 77.000 millones”, una cifra mucho mayor que los 64.000 presupuestados para 2026.

En base a esto, el edil opositor calculó que, “siendo prudente”, al presupuesto 2026 “le faltan al menos de 16.000 millones”. Russo volvió a remarcar que todo recurso extrapresupuestario puede ser asignado libremente por el Ejecutivo. “Las ampliaciones de partidas, como digo, son discrecionales. La hago por decreto. Tengo más plata, la pongo en tales lugares”, recalcó.

El opositor además aprovechó para criticar lo dicho ayer por la secretaria General del municipio, Fabiana Malamud, quien manifestó que “el 95% de este presupuesto va a salario”. “Se equivocó. Es el 67%. El 95% que dice va al gasto corriente. Dentro del gasto corriente, una de las cuestiones es el salario, pero no es todo el gasto corriente. El gasto corriente es el gasto de la administración, salarios, combustible, cloro para potabilizar, sulfato sódico para la potabilización. Entonces, está bueno poder aclarar esto, porque aparte es lo que han escrito ellos. Sino cada trabajador debería cobrar más de 2 millones de pesos”, criticó Russo.

En este sentido, cabe señalar que, cuando se presentó el presupuesto de este año, se anunció que a salarios se iba a destinar un 56%, un porcentaje mucho más cercano al 67% que dijo Russo. “Si fuera un 95% como dijo Malamud no queda plata para nada”, concluyó.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca declarar a la Procesión Cívica de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles como Patrimonio Cultural Intangible de la Provincia. El proyecto, que obtuvo el acompañamiento unánime de los bloques, fue presentado por la diputada Ingrid Blumencweig, pero como se encuentra de licencia fue Claudia Dassa la miembro informante de esta iniciativa que cosechó palabras de apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.

En su alocución, Dassa sostuvo que “aprobar esta ley sería abrazar la memoria viva de San Luis y honrar a los docentes, a las familias y a los ciudadanos que durante más de 100 años estuvieron sosteniendo esta vigilia”. Eugenia Gallardo valoró que la Procesión haya “logrado rebatir y correr los límites de una institución”, y compartió la emoción personal que le genera, a pesar de no haber sido alumna de la institución.

Quien sí fue a la Normal Mixta es el presidente de la bancada opositora, Federico Berardo, quien celebró la unanimidad y afirmó que “todas las escuelas deberían tener su procesión cívica para que sientan ese involucramiento que sienten los chicos de la Mixta”. “Es necesario que todos los chicos sientan lo mismo que hemos que hemos sentido los que hemos formado parte de esta hermosa procesión”, dijo Berardo, visiblemente emocionado.

Sin embargo, pese a ese momento de coincidencias, la sesión estuvo marcada por los cruces habituales entre oficialismo y oposición. Todos los proyectos que la oposición pidió tratar sobre tablas fueron rechazados por la mayoría oficialista sin mediar debate, lo que reavivó las críticas en torno a temas que vienen ocupando la agenda legislativa en las últimas dos semanas.

Silvia Sosa Araujo cuestionó el programa habitacional Tenemos Futuro, al que calificó de “totalmente mentira y simplemente un hecho más electoralista”. La opositora criticó que se tengan que ratificar los datos, que este proceso sea a través de un 0800 y también que se sorteen las viviendas, pidiendo que se dé prioridad a las familias numerosas.

Y obviamente, también criticó el monto de las cuotas y el hecho de que, inicialmente, se anunció que se empezaba a pagar en cuanto los inscriptos validaran sus datos, algo que luego se modificó ante el masivo rechazo que tuvo. “Si quedás preadjudicado empezás a pagar la cuota, una cuota de $250.000 actualizable. O pagás la cuota de vivienda o pagás el alquiler de donde estás. Si no pagás el alquiler, te echan a la calle, si no pagás la cuota de vivienda te bajaron. ¿Entonces realmente es un plan habitacional?”.

Por su parte, la justicialista María del Carmen Gosteli presentó un proyecto en rechazo a lo que definió como “persecuciones a exfuncionarios e intendentes”, en relación a la causa judicial que involucra a ex ministros de Seguridad de la gestión anterior. Dijo que se trata de una causa “trucha”, generada por el gobernador, Claudio Poggi, “para desviar la atención de su propio patrimonio, millonario”. En particular, defendió al diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, que fue intendente de La Toma y ministro de Seguridad, a quien consideró perseguido por haber “desnudado el costado económico del poder”.

Gosteli agregó que Poggi también “amplió plazos y modificó contratos de obras públicas, como ocurre en cualquier administración y que, mientras tanto, las denuncias que salpican al oficialismo parecen estancarse en los despachos judiciales”.

Por su parte, Fernanda Spinuzza insistió con su iniciativa para regular la ludopatía digital y reclamó que quedan dos meses de sesiones y que el tratamiento del tema se sigue dilatando. “A los adultos mayores y a las infancias nadie le da las herramientas para navegar seguros”, dijo la opositora.

También advirtió sobre las cifras de intentos de suicidio juvenil que los médicos del hospital Ramón Carrillo expusieron durante el Primer Congreso Provincial sobre Prevención de Suicidio, y que están muy ligados a la ludopatía digital. “El Ramón Carrillo dijo que en el primer semestre de 2025 hubo 292 intentos de suicidio en la población juvenil. Dos intentos por día y mientras tanto la política mira para otro lado”.

Este tema fue el único que suscitó una intervención por parte del oficialismo. Gallardo pidió la palabra, pero Spinuzza le contestó que se le daba solo si habilitaban el tratamiento sobre tablas del tema, algo que, obviamente, el oficialismo nunca hizo.

En medio de las diferencias, la unanimidad en torno a la Procesión Cívica se convirtió en el único punto de encuentro entre las bancadas en una jornada donde, una vez más, la oposición quedó sin respaldo para los proyectos que intentó llevar al recinto.