Víctima de violencia de género denunció el “ping-pong judicial” que ha vivido en la Justicia puntana

Guadalupe Díaz Cerutti hace 5 años que vive un “ping-pong judicial” en la Justicia puntana. Las denuncias penales y familiares por violencia de género que ha radicado en contra de su exmarido, ya han pasado por 8 jueces. En esta otra nota podés conocer la perspectiva de Guadalupe sobre todo lo que ha vivido. 

En diálogo con La Gaceta, Guadalupe contó que los hechos de violencia comenzaron en 2002, que realizó múltiples denuncias, pero que ante las amenazas de su ex las terminó retirando o no las ratificó. Recién en 2016 se animó, por primera vez, a ratificar una denuncia, la cual “fue por violencia física y psicológica desde que estaba embarazada de su primer hijo, abuso de arma de fuego (le gatilló en la cabeza pero no salió el proyectil), lesiones, etc.”, según informó su abogada, Ana María López, a este medio. “Dicha denuncia mereció el dictado de una medida de exclusión del hogar y perimetral por parte de la jueza Viviana Oste. Medidas que el nombrado nunca cumplió, continuando la convivencia de la pareja”, agregó la letrada.

La segunda denuncia fue en septiembre de 2018 y a partir de ella se conforman dos expedientes: uno más por violencia de género y una causa penal. En esta ocasión, Díaz Cerutti declaró que exmarido, al momento de reintegrar a sus hijos, arrancó su vehículo “a gran velocidad”, a pesar de que el niño menor no había terminado de bajar.

Y acá comienza a evidenciarse cada vez más la ineptitud de la Justicia puntana. Un mes después, el juez Juan Manuel Montiveros Chada, por aquel entonces a cargo del Juzgado Correccional N° 2, se declaró incompetente sin siquiera correr vista al fiscal ni citar a Guadalupe a ratificar la denuncia. Luego de este episodio, la causa quedó congelada por 4 meses, hasta que, en febrero de 2019, la jueza Itatí Zudaire, a cargo del Juzgado Contravencional al que había sido derivado el expediente, citó a Guadalupe a ratificar la denuncia, ocasión en que quedaron registrados los múltiples episodios de violencia física y psíquica que ella y sus hijos sufrieron por años.

Fotos provistas por Guadalupe Díaz Cerutti a La Gaceta Digital

Según consta en el expediente, Guadalupe narró ante la jueza Zudaire golpizas, amenazas con armas blanca y de fuego, muchas de ellas delante de los hijos de ambos, un empujón que le produjo una brutal caída en la que sufrió la fisura de tres costillas, destrozos de objetos del hogar y todo tipo de vejámenes verbales. Además, en su declaratoria, Díaz Cerutti narró episodios en que sus hijos fueron golpeados.

Un día después, la jueza Zudaire también se declaró incompetente en la causa, apartándose de la misma sin tomar ningún tipo de medida de protección a favor de Díaz Cerutti. Entonces, la causa recae en el juez Marcelo Bustamante Marone, y acá se pierden 2 meses más, hasta que el magistrado se excusa de la causa, ya que el abogado de Guadalupe, Ernesto Torres Mathieu, resultó ser su suegro.

Bustamante Marone entonces remite la causa al Juzgado Correccional N° 2, por lo que vuelve a quedar en manos de Montiveros Chada, quien nuevamente se declara incompetente y, otra vez sin tomar la más mínima medida para proteger a la denunciante, remite las actuaciones al Juzgado de Familia N° 1. Este juzgado está a cargo de Marcela Torres Cappiello, hija del abogado de Guadalupe (y esposa de Bustamante Marone), por lo que debió excusarse y remitir la causa al Juzgado de Familia N° 2 de Viviana Oste.

“En fecha 24/5/2019, la jueza Oste, si bien advierte la gravedad de lo denunciado y la necesidad de investigación de la justicia penal, sin tomar ninguna medida, corre vista al Fiscal para que se expida sobre la competencia”, contó la abogada, quien agregó que, dos meses después, “el fiscal Navarini Busti se expidió ratificando la competencia penal”, por lo que las actuaciones llegan, por 3ra vez, al Correccional N° 2, a cargo de Montiveros Chada.

Un mes después, el juez Montiveros Chada volvió a excusarse, ordenando la remisión al Juzgado de Instrucción 1, pero no la efectivizó, y el expediente durmió hasta abril de 2021. Ese mes, los nuevos abogados de Guadalupe, Ana María López y José Luis Dopazo, presentan un escrito, solicitando que se remita el expediente y que se instruya sumario y se actúe como corresponde, sin más dilaciones. Al día de hoy, Montiveros Chada no ejecutó ninguna de estas medidas.

“Hasta aquí vemos la actuación de cinco jueces en la denuncia por violencia de género efectuada por la señora Díaz Cerutti, contra ella y sus hijos, que incluye lesiones graves. Algunos jueces se apartan con cierta razón y otros injustificadamente. Lo que si es absolutamente necesario resaltar, es que todos eran competentes para tutelar y/o dictar medidas de protección de las víctimas. Lo cual jamás ocurrió, incluso hasta el día de hoy, casi tres años después”, subrayó la abogada López.

En septiembre de 2020, Guadalupe radicó una nueva denuncia, pero esta vez lo hizo en la Comisaría de la Niñez. A todos los hechos de violencia que ha sufrido a manos de su exmarido, “le sumó todo lo que venía padeciendo cada vez que quería ver a sus hijos”, ya que era el hombre quien tenía la tutela de ambos menores por aquel entonces. En esta denuncia, Díaz Cerutti hace referencia a que no le permitió ver a uno de sus hijos cuando este sufrió un accidente, que cuando los llama escucha de fondo insultos y burlas hacia su persona, y que los chicos no estaban asistiendo a sus clases virtuales.

“Esta nueva denuncia se remitió en formato ‘Comunica Situación’ al Juzgado de Niñez a cargo de la jueza Daniela Benenatti. En este Juzgado tampoco se citó a la Sra. Díaz a ratificar y/o ampliar y/o escuchar su relato, sino que se hizo una audiencia virtual con su ex, mediante la cual defenestró a la mencionada. Ordenándose luego el archivo de la causa. Ese archivo fue dejado sin efecto cuando la Sra. Díaz Cerutti se presentó en el expediente con nuevo patrocinio letrado, a cargo de mi persona, en el mes de diciembre del año 2020 y trabajando toda la feria judicial del mes de enero del año 2021, se logró la revinculación con los hijos y un horario comunicacional que en la actualidad es de domingos a domingos con cada progenitor (una semana con cada uno)”, contó la letrada Ana María López.

Sin embargo, como Benenatti, que según López “solo se guía por el discurso del niño para resolver”, quería exponer a los hijos sin brindar garantias en la escucha, Díaz Cerutti y su abogada la recusaron, por lo que la causa pasó al Juzgado de la jueza Natalia Giunta, quien hasta el momento tampoco se ha expedido.

Tras un nuevo y violento episodio en que supuestamente su exmarido se negó a entregar los niños a Guadalupe cuando a ella le correspondía el retiro y permanencia, alegando que se encontraban en aislamiento por 9 días, se radicó una nueva denuncia, la cual recayó en el juzgado de Montiveros Chada. El juez ordenó la restricción perimetral, mientras que Giunta ordenó la restitución de los hijos.

Ana María López, abogada defensora de Guadalupe.

“El 31 de mayo, Díaz Cerutti ratificó esta nueva denuncia en el Juzgado Correccional N° 2, ampliándola y ofreciendo prueba. Hoy está a cargo de este Juzgado, el juez Marcos Flores Leyes. Y seguimos esperando. Con el juez Flores Leyes, serían ocho los jueces que han intervenido, en esto que podríamos llamar ping-pong judicial con víctimas de violencia”, señaló Ana María López.

“Ninguno de los jueces ha entendido la problemática, o no ha tenido voluntad de trabajar como corresponde. Ello, sumado a la estafa efectuada por su letrado anterior, quien no se preocupó ni ocupó por defender los derechos de su representada, sino todo lo contrario. Lo grave no es solo la desprotección de la víctima denunciante, sino que se ha permitido al denunciado, quien ni siquiera cumplió las escasas medidas dictadas en su contra, no tener ningún tipo de sanción al respecto”, comentó la abogada López.

Otro punto que cuestionó la letrada es el énfasis que los magistrados ponen en las declaraciones de los niños. “Este ‘genitor’, no les ha efectuado controles médicos, los hizo perder el año escolar, informando las mismas escuelas que el exmarido ha manifestado ‘que si tienen que perder el año que lo pierdan’, y les inculca de manera permanente un discurso de odio hacia su madre, llegando a convencerlos de que la golpeaba porque se lo merecía. Por lo que los hijos están amedrentados e intentan no defraudar al progenitor, para no recibir el mismo castigo ‘merecido’ de su madre. Y gracias al accionar judicial, terminaron viviendo con el padre denunciado, consolidándose desde el aval judicial el modelo de poder ejercido siempre por su genitor. ¿Es acaso que pretendemos que ‘estos’ niños, decidan su propia suerte de con quién desean vivir? ¿Y cumplir judicialmente ese supuesto deseo, como si el padre no fuera quien es? ¿No es acaso ‘de manual’ que la persona machista, violenta (y algunos con rasgos claros psicopáticos), son especialistas manipuladores, y que si logran manejar a su víctima adulta durante años, cuánto más sencillo les resulta hacerlo con sus hijos pequeños, testigos incluso de la violencia ejercida?”, cuestionó la abogada.

“¿De qué sirve la existencia de la Secretaría de la Mujer, frente a un sistema judicial que ‘protege y permite’ el sostenimiento del modelo violento, siendo en consecuencia parte del problema y no de la solución, al no indagar sobre la realidad familiar y en consecuencia carecer de la capacidad de tomar medidas conducentes? Juezas de Familia y de Niñez mujeres, Defensoras de Niñez mujeres, abogadas mujeres, todas permitiendo y siendo funcionales al denunciado, machista, violento y manipulador. El tema no es el sexo biológico, el tema es la formación personal en género y la voluntad de trabajar considerando al sistema familiar in totum. No se trata tampoco de que la mujer que acude a la justicia tenga razón solo por ser mujer. Todo lo contrario. Se trata de lograr jueces lo suficientemente formados como para poder entender, discernir y trabajar de manera diferente, según se trate de violencia machista, de género y/o contra la mujer, y saber cuándo amerita otro tipo de tratamiento”, concluyó la abogada Ana María López.

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