Esto se originó cuando el ministro de Salud, Marcelo Riera, mandó a Fiscalía una denuncia, producto de una auditoría que realizó en el Ministerio luego de asumir en el cargo. Esta auditoría, que se enfocó principalmente “en el uso y stock de medicamentas del Ministerio”, condujo al hallazgo, en el subsuelo de Dosep, de medicamentos vencidos “en una cantidad realmente importante”, dijo Allende, quien luego señaló que el costo de los mismos, en el mercado de hoy, “es de aproximadamente 7 millones de pesos”.
“A partir de ahí, el ministro pidió una auditoria sobre qué había pasado con los medicamentos en los últimos años y recabaron información de gran cantidad de medicamentos, sobre todo entre los años 2013 y 2015, que fueron mandados a destruir a través de la única empresa que hay en la provincia que hace el tratamiento de residuos peligrosos. También es una cantidad importan que estiman con un valor de aproximadamente 3 millones de pesos”, continuó explicando el fiscal.
Una vez conocidos estos hechos, Allende solicitó a la empresa Ecogroup que le enviara toda la documentación que ellos tengan referida a la destrucción de medicamentos vencidos entre 2013 y 2015. “Mandaron una gran cantidad de información de actas de destrucción que se condice con esta auditoría que había hecho el ministro tanto en la droguería provincial como en el centro oncológico”, remarcó el fiscal.
Uno de los casos más llamativos que explicó Allende fue la destrucción de 5 pallets de solución fisiológica, que Ecogroup directamente retiró del predio de la empresa Adreani, que es a donde las envía el proveedor. “Es decir que llegaron al transporte y ni siquiera se llegaron a distribuir antes de que se vencieran”, comentó Allende.
“Todo esto demuestra una grave irregularidad. El minsitro informa que hay criterios que establece la Organización Mundial de la Salud y las prácticas, sobre todo en el tema de la farmacología, en cuanto a lo que es la previsión y la compra de medicamento que, obviamente, no se han observado”, prosiguió el fiscal, señalando que habrá que investigar “para qué se compraron tantos medicamentos con tanto presupuesto si no eran necesarios para su consumo por parte de la población”.
“Vamos a mandar al programa Sumarios de la provincia que investigue la conducta de todos los funcionarios que actuaron, desde el ex ministro de Salud Gastón Hissa y todos los funcionarios hacia abajo en la cadena para determinar la responsabilidad de cada uno y terminar de armar esta investigación”, adelantó Allende, explicando además que todavía no se ha presentado ninguna acción judicial.
Los ex funcionarios de Dosep también se verían implicados ya que la parte de remedios oncológicos era manejada por la obra social. Entre el Ministerio y Dosep, Allende estima que serían “entre 8 y 10 funcionarios” que podrían estar implicados en este asunto.
Los medicamentos destruidos van desde costosos remedios oncológicos a suministros básicos para centros de salud comprados en gran cantidad.
