En primer lugar, Oste señaló que el presupuesto 2015 consistía en $12.065.825.578, pero lo recaudado terminó siendo una cifra cercana a los 14.500 millones de pesos, mientras que lo gastado fue más de 15.600 millones. O sea que el déficit es superior a los 1.100 millones de pesos, lo que se condice a la perfección con el informe dado por la actual gestión de Alberto Rodríguez Saá apenas asumió, el cual hablaba de $1.176.510.916.

Otra irregularidad que encontró el Tribunal se refiere a las inversiones en títulos públicos que tenía el Gobierno provincial y que fueron vendidos por la gestión de Claudio Poggi. Entre estos títulos figura el Boden 2016, que fue vendido en su totalidad, el Discount y bonos del Tesoro de Estados Unidos, que fueron liquidados en un 41%. En total, estas ventas suman unos $244 millones de pesos, pero se desconoce en qué fueron invertidos, según comentó Oste.

“La ley prevé que no se pueden liquidar estos bienes para pagar gastos corrientes. Y de los indicadores se puede presuponer que fue para pagar gastos corrientes, porque en gastos corrientes se gastó 4 puntos más de lo que autorizaba la Ley de Presupuesto 2015, y 2 puntos más de lo que autoriza la Ley Permanente de Presupuesto”, dijo Oste, recordando que, por ley, en San Luis no se puede destinar más del 50% del presupuesto provincial en gastos corrientes. “Teniendo en cuento el número global, 14.500 millones, estamos hablando de una cifra importante, que serían unos 400, 500 millones de pesos”, señaló el abogado.

En total, y a pesar de que por la devaluación aumentó el valor de los títulos del Tesoro de los EEUU, hubo una pérdida neta de 88 millones de pesos.

Oste también remarcó que hubo pérdidas en materia de Obra Pública, aunque todavía no se puede contabilizar con exactitud, “porque al cierre del ejercicio todavía había compensaciones con fondos nacionales” para algunas obras en ejecución. “Hubo 40 transferencias no rendidas, por montos que superan los 62 millones de pesos, de distintos programas nacionales. Esto, desde una perspectiva, puede entenderse como una deuda pública. Si yo te doy la plata para, por ejemplo, que me pagués la luz y no me das la boleta, esa plata está pendiente de rendición y se puede considerar una deuda”, dijo Oste, quien explicó que si bien la rendición provincial no está disponible, al Tribunal de Cuentas “le llega información de manos directamente del Síndico General de la Nación”.

Obviamente, que justo en este clima político actual el Tribunal de Cuentas realice observaciones a las cuentas de inversión presentadas por la gestión de Claudio Poggi da mucho para hablar, más aún considerando que las correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 fueron aprobadas sin observación alguna. “Este tipo de inconsistencias no las hemos visto nunca”, dijo Oste al respecto, esquivando todo tipo de pregunta sobre este aspecto.

“Desde el punto de visto jurídico, yo tengo absolutamente claro cómo es la situación. Desde el punto de vista contable por supuesto que nos respaldamos en el informe de los contadores. Este informe es número, o sea que no hay una merituación ni siquiera de mérito – conveniencia en la ejecución del gasto. Mucho menos político”, agregó el abogado cuando se le volvió a preguntar por la coincidencia entre la pelea Rodríguez Saá – Poggi y estas observaciones a las cuentas de inversión.

Las cuentas de inversión serán tratadas en las próximas semanas en la Cámara de Diputados donde, todo parece indicar, serán rechazadas. De ahí en más, el informe se remite a Fiscalía de Estado, que puede promover alguna acción civil o penal. A su vez, el Tribunal de Cuentas, adelantó Oste, van a continuar con auditorías en algunos rubros.