Tras conseguirlo en dos ocasiones, los diputados de Cambiemos intentaron nuevamente no bajar al recinto para que no hubiera quórum para sesionar y no se tratara el proyecto de emergencia en seguridad. Entre los legisladores del Frente para la Victoria y los de Compromiso Federal se alcanzó el quórum para sesionar desarticulando la estrategia del oficialismo nacional. A raíz de ello, los diputados de Cambiemos acudieron a la sesión.
En líneas generales, el proyecto faculta al Ejecutivo la designación y reasignación de los efectivos de las fuerzas de seguridad. También podrá pasar a disponibilidad a policías y agentes del Servicio Penitenciario “en caso de que se produzca la pérdida de confianza por actos que atenten contra el prestigio de la institución y de la presente ley”. También se podrá declarar que un efectivo es prescindible cuando esté en condiciones de jubilarse.
El proyecto para declarar la emergencia en materia de seguridad se aprobó por 26 votos positivos a 9 votos negativos y varios artículos que se votaron en particular también se aprobaron por gran mayoría.
La iniciativa sufrió dos modificaciones impulsadas por el Frente para la Victoria, las cuales fueron acordadas con el oficialismo. Se modificó el artículo 1 agregando que la emergencia de un año se podrá prorrogar por igual período de tiempo, pero con autorización de la Legislatura.
La otra modificación consistió en agregar un artículo, el 18. El Gobierno deberá informar trimestralmente a las comisiones de seguridad de Diputados y Senadores sobre la aplicación de la emergencia en seguridad, especialmente en lo que se refiere al pase a disponibilidad o prescindibilidad de los efectivos de las fuerzas. Se pretende que los informes ayuden a decidir si la emergencia en seguridad se debe prorrogar o no, además de ser una herramienta de control.
Otro aspecto de control es que el Gobierno deberá comunicar en un plazo de 30 días las compras de equipamiento a las fuerzas de seguridad, ya que se harán por contratación directa y no por licitación, para agilizar los procesos.
“Le dimos los aportes claves para que no pueda tener cuestionamientos de ningún tipo. El cuestionamiento que termina haciendo Cambiemos es por quién gobierno, quién aplica la ley y no en sí la ley”, comentó el legislador del Frente para la Victoria, Daniel González Espíndola.
Con la reciente aprobación del proyecto de emergencia en seguridad, la iniciativa fue remitida por segunda vez al Senado para su tratamiento.
Chau a la bicileta en el pago de sentencias
El otro importante proyecto que se aprobó (22 votos positivos 13 votos negativos) es la reglamentación de los artículos 12 y 92 de la Constitución provincial que se refieren al pago de sentencias en los juicios que pierde el Gobierno.
La iniciativa establece en su artículo 2 que los pagos de condenas judiciales se harán una vez que la liquidación esté firme y contemplada en el presupuesto del Gobierno. Lo novedoso es que al artículo se le agregó un plazo para el pago. En caso de que el Ejecutivo no tenga presupuestado el dinero para pagar la liquidación firme, deberá prever para el próximo presupuesto el pago de tal liquidación. El Ministerio de Hacienda, o el que lo reemplace, deberá tomar conocimiento de la liquidación firme antes del 31 de julio del año en que se envía el proyecto de presupuesto.
“Los recursos asignados por la Legislatura provincial se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el siguiente ejercicio fiscal”, dice el artículo.
González Espíndola detalló que los pagos podrán posponerse hasta tres años como máximo, “nunca más allá del mandato del Gobernador donde surgió la sentencia”
Este
proyecto también se giró a Senadores para que se transforme en ley.
