La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos denunció que estos tres candidatos recibieron dinero de la corrupción y del narcotráfico.
Según informó ayer La Nación, la Justicia investiga supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá, barajando la hipótesis de que los partidos políticos fueron utilizados para lavar dinero de origen ilícito, proveniente de la corrupción -en su mayoría-, pero también de delitos más graves, como el narcotráfico.
Esa conclusión se desprende de la investigación que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los fiscales a cargo, Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, presentaron ayer el informe ante su par con competencia electoral, Jorge Di Lello.
La utilización de empleados públicos como pantallas para blanquear aportes ficticios y donaciones indirectas de empresas a través de sus ejecutivos (muchas proveedoras del Estado) son las dos principales irregularidades que detectaron sobre las rendiciones de cuentas de Cambiemos, el Frente para la Victoria y partido de los hermanos Rodríguez Saá, Compromiso Federal.
“La mayoría de los fondos en investigación son provenientes del dinero negro de la política, ya sea a través de donaciones escondidas de empresas con estrechos vínculos con el Estado o mediante el blanqueo de recursos de los que ya disponían las fuerzas políticas, las tres con gestión de distintos estratos del Estado”, explicó una fuente judicial a La Nación, señalando que el informe también incluye sospechas sobre operaciones de lavado de dinero vinculadas a “delitos más complejos, como el narcotráfico”.
La tarea de la Justicia estará enfocada en el rastreo de la ruta del dinero, para determinar si los donantes estaban en condiciones reales de desembolsar esa cantidad.
En el caso de Compromiso Federal, “el” Adolfo tuvo a 12 de los 15 donantes privados más generosos de toda la elección. Como ya informó este medio, sus 12 donantes, que según La Nación quedaron todos “bajo la lupa”, aportaron, entre la campaña para las PASO y la general, más de 4,3 millones de pesos.
Otra irregularidad detectada por La Gaceta fue que Rodríguez Saá gastó más de 18 millones de pesos de aportes públicas en una de sus empresas privadas, Payné SA, y en Textil Concarán, propiedad de su pareja.
Volviendo al informe de La Nación, una tendencia detectada, que se percibe especialmente en el informe de Cambiemos, es la utilización de jóvenes de 20 a 32 años como aportantes de campaña. La edad despierta desconfianza de la Justicia por la supuesta falta de capacidad económica generalizada para realizar esas donaciones electorales, que en algunos casos superan los $50.000.
El informe de la Procelac incluye a tres empresarios cercanos a Cristóbal López, que donaron $ 340.000 en total a la campaña del FPV. Ricardo Benedicto, socio en Casino Club, aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, desembolsó también $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio en el canal de televisión C5N, hizo una donación de $ 100.000.
La Cámara Electoral detectó a principios de este año que Cambiemos, el FPV y el Frente Renovador tampoco declararon entre sus gastos de campaña a reconocidos asesores, como Jaime Durán Barba, que omitieron buena parte de sus viajes en aviones privados y que no incluyeron información sobre los ingresos de las cenas de
recaudación de fondos.
El informe de la Procelac contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los partidos políticos no enviaron ningún reporte de operación sospechosa (ROS), a pesar de que buena parte de las donaciones eran superiores a $ 50.000, tal como lo indica la resolución 30/2011 de la UIF. “El problema es la falta de regulación que existe con respecto al sistema de prevención para maniobras de lavado de dinero en las campañas electorales”, sostuvo una alta fuente judicial.
Las autoridades partidarias y los responsables políticos y económicos de las fuerzas pueden ser sancionados, según la ley de financiamiento de las campañas, con la pena de inhabilitación de entre seis meses y diez años para ejercer cargos públicos. Será la jueza con competencia electoral María Romilda Servini quien determinará si aprueba los informes de la última campaña presidencial.
