Los concejales del bloque San Luis Unido anunciaron que realizarán un pedido en el marco de la ordenanza de acceso de la información pública para que la gestión de Sergio Tamayo informe en qué se está destinando los fondos del municipio capitalino, entre otras cuestiones. Además, los ediles solicitaron al intendente que convoque a una sesión extraordinaria para que se trate el proyecto de presupuesto municipal 2020.
Javier Suárez contó que hace 15 días le presentaron al intendente capitalino tres notas para que informe sobre varios temas y no hubo respuesta alguna hasta el momento. Uno de los temas es que revele en qué se gasta el dinero del municipio, ya que el proyecto de presupuesto 2020 no fue remitido al Concejo Deliberante.
“En diciembre, vinieron los funcionarios de la Municipalidad para hablar de la tarifaria y el presupuesto y manifestaron que el presupuesto lo iban a presentar los primeros días de enero, cosa que no ha sucedido. Eso nos motivó el envió de una nota en principio”, comentó Guillermo Araujo. “No sabemos en qué se está gastando el presupuesto”, agregó.
Otro tema es lo relativo a la situación de los beneficiarios del plan Tu Techo, Tu Tierra. La cuestión cobra importancia teniendo en cuenta que el intendente manifestó públicamente que el predio de Granja La Amalia no es de propiedad de la Municipalidad de San Luis como aseguraba la gestión Ponce meses atrás.
Por su parte, Celeste Aparicio manifestó que no se conoce quiénes son los funcionarios municipales que forman parte del organigrama municipal, por ejemplo, los directores. La nómina de funcionarios figura en cada en el Boletín Oficial de la Municipalidad. El problema es que el Boletín no se publica desde finales de noviembre cuando estaba la gestión de Enrique Ponce.
Suárez adelantó que la presentación la realizarán entre este martes y miércoles para que la Municipalidad informe sobre los temas planteados. “En el caso que no se de respuesta en un plazo de 15 días, de modo excepcional, se puede permitir una prórroga de 15 días, pero si en 30 días no se da respuesta se comienza con una instancia judicial. Esta situación acarrea sanción para los funcionarios que están involucrados”, explicó el edil opositor.
