Un policía provincial que prestaba funciones como subcomisario en el Destacamento N° 44 de la ciudad de San Luis, fue declarado culpable del delito de abuso sexual simple a una oficial y condenado a un año de prisión en suspenso. El veredicto fue emitido este lunes a la tarde por el juez unipersonal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, Julio Fernando De Viana.
La víctima es una oficial principal que trabajaba en el mismo destacamento policial, ubicado en la Terminal de Ómnibus (EDIRO). La mujer dijo que el 6 de septiembre de 2016 al mediodía, cuando el resto de sus colegas se retiró a almorzar, el subcomisario se le abalanzó, la besó y luego la manoseó; también mencionó que su superior siempre le decía mensajes sexuales. La denuncia del hecho la realizó el 21 de septiembre, quince días después.
“Tuve mucho miedo, por eso tarde en hacer la denuncia, él decía que tenía contactos”, dijo la damnificada en la audiencia que se desarrolló en la Sala de Debates N° 2 de Tribunales. El subcomisario, por su parte, dijo que era inocente y que jamás había intentado abusar de nadie.
El debate se celebró en una sola jornada y tuvo la declaración de siete testigos. Luego el tribunal unipersonal recepcionó los alegatos de las partes y posteriormente dio el veredicto.
La defensa del hombre denunciado estuvo representada por el Defensor Oficial, Esteban Sala. El abogado había solicitado la absolución por el beneficio de la duda y si el tribunal decidía una pena condenatoria que fuera en suspenso. “Mi defendido ese día se retiró del lugar, lo podemos probar con el Libro de Guardias. No hubo testigos presenciales, nadie vio nada raro salvo una testigo que es amiga de la denunciante. Hubo una investigación administrativa y no se dio por probado el hecho”, dijo Sala.
El defensor oficial desarrolló en su alegato que había un malestar entre la oficial principal y el subcomisario porque le había negado un permiso para viajar a San Francisco el 14 de septiembre a celebrar el cumpleaños de su hermano. Además, explicó que su defendido revestía el carácter de policía “re encasillado”, es decir, un efectivo de muchos años de actividad que no realizó la carrera a través del Instituto de Policía pero que por su antigüedad fue recategorizado. Según Sala esta situación había provocado un enojo en la denunciante y en este contexto se hizo la denuncia.
El fiscal de Juicio, Fernando Rodríguez, en su alegato pidió 3 años de prisión y dijo que no hubo fisuras en las declaraciones que hizo la víctima en sedes judiciales y policiales, y que estuvo probada la responsabilidad del subcomisario. El abogado Diego Quevedo fue el representante de la víctima. En su alegato solicitó una pena mayor a la peticionada por la Fiscalía.