Los abogados defensores del juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4, Agustín Ruta, pidieron que no se haga lugar a la acusación en un expediente que lo tiene como acusado en el Jurado de Enjuiciamiento y que se rechace denuncia ante el mismo organismo.
En la primera causa que tiene abierta se investiga la conducta de Ruta por el presunto delito de acción pública por un expediente que involucró $66 millones, mientras que en la otra el procurador general Luis Martínez pidió que se investigue al juez por una denuncia por difamación de la fiscal de Juicio Virginia Palacios a través de la viralización por WhatsApp de fotos.
Es importante recordar que por la causa del presunto delito de acción pública, Ruta fue suspendido a fines de junio con una reducción salarial del 50% mientras dure el juicio.
“Hemos pedido que se rechacen las dos causas. Nosotros consideramos que no existe ningún motivo para remover al doctor Ruta de su cargo porque no hay una acusación que tenga un fundamento, un sustento, ni válido, ni firme, ni trascendente como para poder remover a un juez”, expresó la abogada Susana Placidi, codefensora de Ruta, en declaraciones a la periodista Cristina Sosa.
“Se encuentra por demás comprometida, la responsabilidad del Dr. José Agustín Ruta, juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 4 de la 1° Circunscripción Judicial de San Luis en la difusión del hecho motivo de las presentes actuaciones y las que fueron aportadas como hechos precedentes”, dice parte del escrito del procurador al Jurado con fecha del 23 de marzo y que publicó La Gaceta.
El procurador argumentó que Ruta podría haber tomado las las fotos y que habría comenzado con la difusión a través del celular de una mujer, pero “el número que utilizó este dispositivo es perteneciente al Dr. José Agustín Ruta”, dice el informe. La nota con los detalles de las pruebas que presentó por aquellos días el procurador se puede leer haciendo clic en esta oración para acceder al artículo que La Gaceta.
“El Dr. Ruta niega enfáticamente haber sido el autor de ninguna foto ni de ninguna difamación contra la Dra. Palacios. Nosotros creemos que eso, obviamente, es objeto de la difusión de medios que generalmente tienen como objetivo difamar funcionarios, no solo judiciales, sino también políticos”, dijo la abogada.
Para la letrada “tampoco podemos decir que existe un delito porque no sabemos si existe, no hay prueba ni siquiera de la existencia de que alguien hubiese enviado una foto”.
La abogada manifestó que hay varias personas que salen en las imágenes de las cámaras del estacionamiento del Poder Judicial además de Ruta. Incluso mencionó que una funcionaria judicial Gregoraschuk admitió haber tomado una foto.
En cuanto a las pericias telefónicas, Placidi afirmó que “Ruta tiene una línea totalmente diferente, específicamente tuvo un teléfono parecido, que lo perdió, tiene su denuncia en la mano de pérdida y extravío, hecho en el año 2022, es decir, un año anterior al hecho que se denuncia como difamatorio. Es imposible, como dicen los peritos, determinar si fue Ruta, fue Juan, fue Pedro”.
Otro argumento que esgrimió la abogada fue que la campaña contra Palacios y otros funcionarios comenzó hace mucho tiempo. Para Placidi, la fiscal “juzga, investiga a un montón de delincuentes que tienen a lo mejor muchísimo más interés que Ruta, con el cual ni siquiera alguna vez tuvo ningún inconveniente en que la Dra. Palacios tenga problemas con la Justicia. En definitiva lo que se estaría denunciando es un delito. Si un funcionario del Poder Judicial del alto rango, que tiene una función tan importante como la doctora Palacios consume estupefacientes, lo primero que tiene que hacer el procurador es verificar todo el entorno. No fijarse si hay un telefonito, una llamadita”, acusó la abogada del juez.
La causa de los $66 millones
Esta causa contra el juez Ruta se enmarca, a su vez, en el expediente Codapri SA contra banco Macro sobre daños y perjuicios, por una constancia actuarial firmada por el secretario Figueroa Zavala, donde menciona que se celebró una “audiencia extraprocesal” el 10 de diciembre de 2020, entre los abogados Juan Cruz Domínguez y Eduardo Juriol, que representaban a Codapri, y Néstor Santos Nóbile (socio de Claudia Rocha y fallecido en mayo de 2021), por parte del banco Macro. Lo llamativo es que dicha actuación no fue subida de forma inmediata al expediente judicial digital, sino que fue introducida al expediente nueve meses después por el representante de Codapri, Juan Cruz Domínguez.
La denuncia se inició luego de que Ruta, supuestamente basándose en lo acordado en esa audiencia del 10 de diciembre de 2020, ordenara al banco Supervielle que se transfirieran a Codapri los fondos embargados, que superaban los $66 millones.
Lo sugestivo no se agota ahí, sino que el acta extraprocesal sólo la firmó el secretario, no la firmó el juez ni ninguno de los abogados que habrían estado presentes. Además del contenido del acta, surge que los abogados representantes de las partes, estaban de acuerdo en “diferir oportunamente y para una vez resuelta la admisibilidad o inadmisibilidad formal del Recurso Extraordinario Federal, en trámite por ante el S.T.J., comprometiéndose a no recurrir tal cuestión y dejando a resolución del Sr. Juez la cuestión de la sustitución de embargo peticionada por el Banco Macro y la constitución de un plazo fijo sobre los fondos depositados”.
Placidi argumenta que en el expediente judicial, los abogados del Banco Macro (Rocha y Nóbile) “no han interpuesto los recursos necesarios para lograr que esa actuación sea declarada falsa. Existen medios judiciales y se realizan en los expedientes judiciales para que cualquier actuación que uno considere que no existe o que es falsa”.
