La presidente del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, habló sobre la reincorporación de 12 empleados a la institución por orden de la Justicia provincial. Como parte del acuerdo entre las partes, la legisladora confirmó que se desistió la causa judicial en su contra por presunto incumplimiento de una orden judicial y las astreintes que impuso la Justicia que acumuló una suma superior a los $20 millones.
“Hemos llegado a un acuerdo. Hubo un fallo la semana pasada por parte de la Justicia, con lo cual nos hemos reunido, nos hemos puesto de acuerdo y han sido incorporados. No se puede hablar mucho del acuerdo. A partir del día de ayer están en sus puestos de trabajo, con su planta permanente, incorporados en el Concejo Deliberante”, expresó la legisladora.
“Parte del acuerdo es que los empleados desistan de todas esas acciones. Queda todo sin efecto”, agregó la presidente en referencia a las astreintes de $150.000 diarios y la causa penal por incumplimiento de una orden judicial.
La edil detalló que la función que tenían originalmente estos trabajadores era como asesores de ediles y ahora desempeñan tareas en las oficinas administrativas del Concejo, como Patrimonio, Mesa de Entradas y Cultura, entre otras. Seis trabajan por la mañana y los seis restantes por la tarde.
La concejal dijo que está conforme con el acuerdo, pero que otra cuestión es su opinión sobre la decisión de la Justicia sobre el caso. “Tuve que acatarla y esos son los resultados, los empleados están incorporados trabajando en el Concejo. Sigo insistiendo que no corresponde porque aparte el Concejo tiene una capacidad limitada de personal y es complejo organizarse. Imagínense que cada gestión y cada presidente deje 20 personas en planta permanente en el Consejo Deliberante. Es el modus operandi que ha tenido, y lo hemos visto, no solo en el Consejo Deliberante, lo hemos visto en la municipalidad, lo hemos visto en la provincia y lo hemos visto en Nación”, consideró.
Estos trabajadores reincorporados se desempeñaron como personal contratado hasta el 31 de diciembre de 2023, y desde el 1° de enero, pasaron a planta permanente. Esta medida fue aprobada por el Concejo el 16 de noviembre de 2023 por 10 votos positivos contra 1 negativo. Arancibia Rodríguez, dejó sin efecto la resolución y los trabajadores interpusieron un amparo en la Justicia provincial.
A fines de marzo, la jueza Civil y Comercial N° 3, Valeria Benavidez, intimó a la presidente del Concejo Deliberante a que reincorpore al personal de planta permanente dado de baja y asigne tareas, dando así cumplimiento a la orden judicial del pasado 27 de febrero. En caso de que no se cumpliera la orden, la jueza estableció el pago de $150.000 diarios en concepto de astreintes.
Arancibia Rodríguez apeló las astreintes, pero fue rechazada en abril por “extemporánea” por la jueza Benavidez.
El jueves de la semana, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral resolvió rechazar otra apelación de la edil en fallo dividido. Javier Solano Ayala y Sergio Darío de Battista votaron a favor del rechazo de la apelación, mientras que Horacio Zavala Rodríguez (h) votó para hacer lugar a la apelación.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal había solicitado al juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, que “fije fecha para la formulación de cargos” en la causa “Arancibia Rodríguez Agustina (imputada) – Ayala Laura y otros (denunciantes) – averiguación de incumplimiento de orden judicial”.
