Este martes, las comisiones de Seguridad, Salud y Asuntos Constitucionales emitieron dictamen positivo sobre el polémico proyecto de ley de “Ejemplaridad y Coherencia”, más conocido como la ley de narcotests para funcionarios de los tres Poderes del Estado. La iniciativa estuvo frenada en la Legislatura, lo que llevó al gobernador Claudio Poggi a establecerla mediante un decreto, logrando la adhesión de distintos municipios y marcándole así la cancha a los legisladores que finalmente decidieron darle despacho a este proyecto presentado a comienzos del año legislativo.
El proyecto de ley establece que los funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que los de la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas e inclusive las Sapem (sociedad anónima de participación estatal mayoritaria), deberán someterse anualmente a un examen obligatorio y aleatorio para detectar el consumo de drogas ilegales.
“Un funcionario que está trabajando y que ejecuta, legisla o que juzga y hace políticas públicas, tiene que estar exento de cualquier condicionamiento, tiene que estar sano, apto para dictar las medidas que involucran a la sociedad”, dijo la diputada Marisa Patafio, una de las principales impulsoras de este proyecto.
“Nosotros tenemos que ser un ejemplo de no tener este consumo, ni tampoco estar involucrados en este comercio de alguna manera. Y coherencia porque, por ejemplo, la normativa procesal penal, a nivel nacional y a nivel provincial, establece que un funcionario público tiene una obligación de denunciar un ilícito si lo conoce. Bueno, con esa lógica, si una persona de alguna manera está involucrada, digamos, en la compra de esta droga ilegal, entonces de alguna manera está involucrada”, fue otro de los puntos que destacó la legisladora oficialista.
En este contexto, cuando se presentó este proyecto, La Gaceta Digital consultó a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, si un funcionario público va a tener permitido ser alcohólico y por el caso particular del autocultivo de marihuana, donde no se produce ninguna relación de compra y venta. “La marihuana es droga y si se compra y hay un delito, está penalizado. Y si no la compra, depende de cuánto produce. Esto es así”, fue la taxativa respuesta de la ministra que comparte gran parte del oficialismo.
Volviendo al despacho de hoy, Patafio explicó que las modificaciones surgieron a partir de los aportes de los legisladores, pero que la esencia de la norma se mantiene. “Básicamente, la idea es hacerse un análisis para detectar la posibilidad de tener drogas ilegales en el organismo y establecer la obligatoriedad de estos exámenes para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado y los organismos extrapoder. Creemos que los funcionarios deben ser un ejemplo de no tener este consumo ni estar involucrados de ninguna manera en el comercio de drogas ilegales”, señaló Patafio.
Una de las críticas de la oposición se centró en que la normativa podría generar sospechas sobre los motivos de una renuncia, y que la medida invade la intimidad de los funcionarios. Ante esto, Patafio defendió el proyecto: “El estatus de un funcionario público no es el de una persona común. Su función lo expone, y en ese contexto creemos que es correcto exigirles que den el ejemplo”.
La implementación de la ley quedará en manos de cada poder del Estado, que decidirá cómo y cuándo realizar los narcotests, siguiendo las pautas generales que establece la normativa. Al respecto, Patafio aclaró: “La instrumentación de la ley se va a hacer en cada uno de los poderes, porque obviamente son poderes independientes. Ellos dirán cómo, cuándo y dónde”.
