El fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial Fernando Andrés Salas continuará ejerciendo su función durante la feria judicial, a pesar de encontrarse imputado por cinco hechos de amenazas y cinco de desobediencia, todos enmarcados en un contexto de violencia de género. Esta situación insólita incluye el uso de una tobillera electrónica como medida de monitoreo, ordenada por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper.
La investigación contra Salas surgió tras la denuncia realizada en julio de 2023 por su expareja, que lo acusó de cometer actos de violencia psicológica, amenazas, agresiones verbales, hostigamiento y control tanto hacia ella como hacia sus hijas. Durante el proceso, se documentaron nuevas situaciones de violencia que derivaron en una imputación formal y el pedido de una condena de dos años de prisión en suspenso, según lo informado por el fiscal Maximiliano Bazla Cassina.
La jueza Dopazo Samper extendió la prohibición de acercamiento de Salas hacia su expareja y sus hijas por tres meses más, medida que incluye el uso continuo de la tobillera electrónica. Además, como ya informó este medio, la jueza rechazó una propuesta previa de suspensión del juicio a prueba, que condicionaba a Salas a internarse en una clínica privada fuera de San Luis.
A pesar de la gravedad de los cargos, el procurador general, Luis Martínez, decidió asignar a Salas para que ejerza funciones durante la feria judicial entre el 16 y el 31 de enero de 2025. Sin embargo, esta resolución especifica que el fiscal no podrá intervenir en causas vinculadas a violencia de género o aquellas relacionadas con el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.
Martínez remitió la causa al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, invocando causales de remoción por inconducta y la comisión de delitos comunes. No obstante, hasta que este órgano se expida, Salas seguirá en funciones, lo que ha generado un gran descontento en la comunidad judicial.
Esto se debe a que, en contraste con lo que ocurre con la mayoría de los imputados por delitos similares, quienes suelen cumplir prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, Salas continúa trabajando bajo un esquema remoto y monitoreo electrónico. Esta situación ha sido calificada como “inédita” por sectores críticos del Poder Judicial local, que destacan la falta de medidas contundentes para garantizar la imparcialidad y transparencia en el tratamiento de su caso.
El juicio oral contra Salas se desarrollará en 2025, donde se evaluarán las pruebas presentadas, incluyendo los informes que describen un patrón sistemático de violencia hacia su entorno familiar. Mientras tanto, el cuestionado fiscal permanecerá activo en un sistema judicial que enfrenta crecientes señalamientos por su manejo de casos de violencia de género.
