Este miércoles por la mañana, concejales del Partido Justicialista ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que presentaron un pedido para que el próximo lunes se celebre una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante y así poder tratar un proyecto de su bloque, el cual propone la creación de un “Programa Municipal de Instalación de Caudalímetros, cuyo objetivo será garantizar que todas las viviendas familiares de la ciudad de San Luis cuenten con un medidor de agua, permitiendo la implementación de un sistema tarifario equitativo y razonable, basado en la provisión y consumo real del recurso”.


Esto se da en base al anuncio realizado el pasado lunes, donde se dio a conocer que la tarifa plana de agua por domicilio pasará de $4.489,80 a $17.136 este mes de enero. Y en primer lugar, el presidente del bloque, Juan Martín Divizia, criticó que el anuncio se haya hecho “justo un día que no había agua en la mitad de la ciudad de San Luis”, lo cual le pareció “una falta de respeto”.

“Creemos que se pueden aplicar este tipo de políticas con un poquito más de creatividad”, dijo Divizia, quien luego presentó los lineamentos del proyecto. “La municipalidad tiene plata, tiene más de 6.000 millones de pesos en fondos FIMA, que son plazo fijo, y podrían utilizar una parte de este dinero para comprar medidores y financiárselos a los usuarios, no regalarlos. Si fueran 12 cuotas, sería algo así como 5.000 o 6.000 pesos”, comentó el opositor, quien estimó que el vecino tendría que pagar alrededor de $9.000 entre el consumo de agua y la cuota del caudalímetro, que es una cifra muy inferior a los más de $17.000 que quiere cobrar el municipio.

El presidente de la bancada opositora también señaló que, en diciembre de 2023, cuando asumió Gastón Hissa, la tarifa plana de agua era de tan solo $952, lo que significa que se aplicó un aumento del 1.700% en tan solo 13 meses. “Nos parece que es excesivo, que es mucho y estamos en una situación económica en que hay mucha gente que no lo va a poder pagar”, dijo Divizia, quien le pidió a la Municipalidad que se maneje “con un poquito de creatividad, con un poquito de cariño y algunas cuestiones también de comunicación, no solamente con un fin recaudatorio”.

Por su parte, Andrés Russo, ex secretario de Gobierno de la gestión de Sergio Tamayo, destacó que esta medida afectará a decenas de miles de personas. “De las 70.000 propiedades que tiene la ciudad, entendemos que entre el 40 y el 50% no tiene ese caudalímetro. O sea que esta tarifa plana de 17.136 pesos se la aplica a gran parte de la sociedad. Entonces este proyecto lo que busca es justamente darle una alternativa al vecino que no tiene o se le rompió el caudalímetro o lo que fuere, y le quieren cobrar esta tarifa, entendemos, excesiva”.

Russo consideró además que el programa tiene que ser voluntario, “para los que quieren acceder a una forma más accesible para poder colocar su caudalímetro”. Con respecto a la posibilidad de que se concrete esta sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que la oposición es minoría, Russo respondió: “Todavía no hemos tenido ninguna comunicación oficial con ninguno de los concejales oficialistas. Vamos a intentar por todos los medios poder tener un diálogo para ver cómo viene el proyecto y que nos acompañen para poder discutirlo”.

“La tarifa plana, implica un incremento irrazonable de lo que tiene que pagar la persona por el consumo de agua. Porque no tiene ninguna elaboración técnica, ninguna lógica de por qué se pasa de 4.000, en este caso, a 17.000. Sí debería el municipio, si quiere cobrar, hacer un cálculo de consumo promedio, de acuerdo a la tarifaria que el mismo intendente en su momento mandó y que aprobó el oficialismo”, aportó Alejandro Cordido, estimando que una tarifa de consumo promedio “no va a superar los $4.000”.

“Entonces el objetivo de esta ordenanza es generar esa posibilidad, para que el municipio, que además tiene un cuerpo técnico especializado, compre los caudalímetros y haga la instalación”, dijo el concejal opositor, quien explicó que el proyecto propone “que desde la instrumentación del plan se suspenda la aplicación de este tarifazo, de estos 17.000 pesos, hasta tanto que culmine el plan”; y luego aplicar el tarifazo a quienes no hayan querido instalar el caudalímetro.

“Si hay voluntad política de alivianar el peso de los tarifazos para los vecinos y vecinas de San Luis, bueno, hay cinco días para sentarse a dialogar. Por supuesto que el proyecto está abierto, se puede dialogar, se pueden arrimar posiciones, se puede consensuar, buscar un consenso que permita, ni más ni menos que los fundamentos que establece el mismo proyecto, dejar de golpear el bolsillo de los vecinos de San Luis”, finalizó Gastón Témoli.