Con el apoyo unánime del cuerpo, el Senado provincial dio media sanción al proyecto de Ley de Activos Digitales, impulsado por el senador Adolfo Castro Luna, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y con el acompañamiento académico de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La norma busca garantizar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de los activos digitales gubernamentales en los tres poderes del Estado, como cuentas en redes sociales y direcciones de email, tanto en sus estructuras centralizadas como descentralizadas.
La Gaceta Digital dio a conocer este proyecto en el marco del caso de Tuki Tv y la denuncia a Emiliano Blanco, ex secretario de las Juventudes durante la última gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Como reveló este medio, la cuenta de Tuki Tv le apareció a miles de personas que seguían la cuenta de la ex Secretaría de Blanco. Para más detalles sobre el caso, no te pierdas esta nota.
Durante su alocución en el recinto, Castro Luna argumentó que “la falta de un marco jurídico, de protocolos que definan el uso y manejo de activos digitales dentro de la administración, no sólo atenta contra la calidad institucional y la transparencia, sino que también limita el acceso de los ciudadanos a dicha información y su capacidad para solicitar rendiciones de cuenta”. Según explicó, esta situación ha permitido que desaparezcan cuentas oficiales junto con información relevante para la ciudadanía.
Entre los activos digitales comprendidos por la ley se encuentran redes sociales, accesos a servidores, correos oficiales, dominios web, credenciales y otros elementos definidos por la autoridad de aplicación, según explicó el legislador. “Los activos digitales no son propiedad personal de nadie, sino que son patrimonio del Estado provincial, son un bien público”, subrayó el senador oficialista.
Castro Luna también comentó que este proyecto se realizó en conjunto con Diego Masci, secretario de Comunicación, y Mariana Ceballos, directora de la Escuela de Comunicación, por sus aportes al proyecto.
Uno de los ejemplos que mencionó el senador fue el de la cuenta @POTUS, que en Estados Unidos se transfiere entre presidentes, resguardando los contenidos de cada gestión. En contraste, describió la situación que enfrentó la actual gestión al asumir: “Se encontró en materia de activos digitales una pérdida de aproximadamente la mitad de las cuentas que se habían generado desde el advenimiento de las redes sociales”.
Entre los casos concretos, Castro Luna mencionó a Tuki TV y el artículo publicado por La Gaceta Digital, señalando que dicha cuenta tenía más de 20 mil seguidores y originalmente estaba vinculada a la Secretaría de las Juventudes, pero luego “se transformó en algo que nadie siguió con ese fin”. El vicegobernador Ricardo Endeiza, presidente del Senado, también se refirió al caso de Tuki e informó que se creó una cuenta oficial para su cargo público, teniendo en consideración los protocolos que se aplicarán cuando este proyecto se convierta en ley. “Esa cuenta está hecha para que el próximo vicegobernador que haya la siga manejando y la información es de dominio público, la protección y el dominio es propiedad del Estado provincial de San Luis”, dijo Endeiza.
Desde la oposición, el senador Hugo Olguín expresó su apoyo al proyecto, aunque también advirtió: “Tenemos que legislar para separar lo que son las personas de lo que son los cargos públicos que ostentan”. En ese sentido, recordó que algo similar ocurrió entre 2011 y 2015 con el programa San Luis Inspira, que derivó en la creación de un medio de comunicación.
Tras la sesión, en diálogo con este medio, Castro Luna subrayó : “Se pagaba (la promoción de estos activos), se usaban recursos del Estado, las computadoras donde se creaban estas cuentas eran del Estado, entonces los recursos del Estado estaban ahí, y además eran cuentas oficiales para comunicar acciones del Molino Fénix, la Casa de la Música, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Juventud”. Y agregó: “Después no digo que desaparecieron, sino que se fueron con las personas que las crearon, con sus funcionarios salientes, y se transformaron en otros”.
También subrayó que la ley “es bastante pionera” y que en el país hay pocos antecedentes. Mencionó el caso de Córdoba, que aprobó una normativa en 2022, y una resolución ministerial impulsada durante la gestión de Mauricio Macri para archivar contenidos digitales.
Una vez aprobada en Diputados, la autoridad de aplicación –la Secretaría de Comunicación– será la encargada de reglamentar la ley y establecer los protocolos de creación y traspaso de las cuentas oficiales. “Ya lo viene haciendo la Secretaría, por eso va simplemente a adaptar o reglamentar lo que viene haciendo y la metodología”, explicó el legislador.
La normativa incluye a los tres poderes del Estado y alcanza también a organismos descentralizados como el Molino Fénix y la Casa de la Música. “Es fundamental que también se sumen y que le den una continuidad y una seriedad a las cuentas oficiales”, concluyó Castro Luna, refiriéndose al Poder Judicial.
