El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, dio más detalles este miércoles, en conferencia de prensa, sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura que busca declarar la emergencia y garantizar el acceso a soluciones habitacionales para la totalidad de los inscriptos en el plan ‘Tenemos Futuro’.

Antes de entrar en detalles, ¿sirve de algo convertir una política en ley?
No, para nada, y la historia reciente de San Luis así lo ha demostrado, con Alberto Rodríguez Saá abandonando completamente políticas de Poggi convertidas en ley y viceversa. Para más detalles, no te pierdas este artículo de 2021 con un repaso sobre este tema: Volvió el circo de convertir planes y políticas del Gobierno en ley.

Ahora sí, los detalles de este nuevo proyecto
“Es una apuesta muy fuerte. San Luis va a seguir construyendo viviendas y resolviendo este problema. El Gobernador lo dijo claramente: la construcción de viviendas vino a San Luis para quedarse, y tenemos que dar la respuesta en base a la necesidad que tiene hoy nuestra sociedad”, afirmó.

Primero, Bertolini hizo un repaso sobre el desarrollo de este plan. “Hace un año, en julio de 2024, el gobernador Claudio Poggi anunció que se abría la inscripción al plan, que se desarrolló desde el 21 de abril al 21 de julio de este año. Concluyó con la inscripción de 66.405 familias conformadas por 190.761 personas. Si lo relacionamos con la población de la provincia, según el Censo 2022, en el que eran 542.060 habitantes, hablamos de que había un 35%, un poco más de un tercio de la población de la provincia que no tiene resuelta la situación habitacional. Es un dato alarmante”, consideró.

Este cuadro, aseveró, es producto de la discontinuidad de la política habitacional en la provincia. Recordó que la última inscripción de viviendas fue en 2011, al plan Progreso y Sueños, en los que se anotaron “14.000 familias”. El funcionario aseguró que se construyeron, hasta 2015, “12.500 viviendas” y que, en este momento, se están construyendo las 1.505 viviendas restantes para cumplir con el compromiso contraído con esos ciudadanos.

Estas cifras que dio Bertolini no son del todo ciertas. En su primera gobernación, si bien esperaba entregar 10.000 viviendas, Poggi entregó 8.900 casas, sobre un total de inscriptos que, por aquel entonces, supuestamente era de 13.000 familias. A su vez, dejó 4.600 viviendas en construcción, las cuales fueron entregadas por Rodríguez Saá, pero bajo otros planes habitacionales en vez de Progreso y Sueños. Aun así, la actual gestión y todos sus funcionarios repiten constantemente que las viviendas entregadas por Poggi en su primer gobierno fueron 12 mil o 12.500.

“Más allá de que sea un gobernador u otro, estos vecinos habían confiado, habían pagado las cuotas y tenían la esperanza de tener resuelto ese problema. El compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia es que se van a entregar las 1.505 viviendas antes de la Navidad de este año”, dijo.

El ministro expresó que, como autoridades, no pueden dejar de reconocer la situación del habitacional de los sanluiseños, que es “producto de la desidia, de no haber construido viviendas en los últimos ocho o diez años, lo que genera que la demanda se vaya incrementando”.

Esto, valga la redundancia, tampoco es cierto. Por ejemplo, entre 2019 y mayo de 2023, se entregaron 1.500 viviendas y había 2.500 en construcción. Lo que sí hay que destacar es que la mayoría de ellas se construyeron a través del programa nacional Casa Propia del expresidente Alberto Fernández, quien visitó San Luis en dos ocasiones para entregar viviendas. Para más detalles, no te pierdas este artículo.

“Esta situación nos obliga a utilizar la creatividad y la imaginación para poder dar respuesta a esta demanda en una situación económica difícil, no solo en la provincia sino en todo el país. Creo que somos la única provincia que hoy tiene tal cantidad de viviendas en construcción y que se atreve a plantear un plan habitacional serio a corto, mediano y largo plazo. Y esto no solo impacta en el desarrollo de la familia, sino que genera mano de obra”, expresó.

Sobre el proceso de inscripción, que es la primera fase de este plan, dijo que la demanda por departamento e incluso por localidad coincide con los datos poblacionales. Es decir, hay una relación directa con la población de cada lugar. “Esto nos permite deducir que la inscripción llegó hasta el último rincón de la provincia. Fue una inscripción de carácter universal. Todo el mundo se pudo inscribir. No hubo obstáculos. No hubo barreras, no hubo que hacer colas, no hubo que viajar”, refirió, y destacó que el proceso fue “absolutamente digital, a través de un formulario muy simple de completar; la intención fue que justamente se pudiera relevar cuál era la situación real y que llegue a todos los grupos familiares de la provincia que hoy no tienen resuelto este problema”.

Todos los datos expresados van a ser validados, primero, con la documentación respaldatoria y se va a seguir trabajando de manera digital, para evitar los traslados, los gastos o las trabas que genera desplazarse. En los casos que sea pertinente, van a realizar estudios socioambientales presenciales para verificar que lo declarado es real, confirmó el Ministro.

¿Qué contempla el proyecto de ley?
Este proyecto de ley de emergencia contempla algunos ejes centrales. “Por ejemplo, declarar la emergencia habitacional por el término de cinco años, prorrogable por periodos anuales por el Poder Ejecutivo. El objetivo es que esta emergencia dure hasta que el último de los inscriptos, cuyos datos hayan sido validados, tenga resuelto el problema habitacional en la provincia de San Luis”, dijo.

A raíz del trabajo y de la demanda que este tema implica, se ha considerado necesario jerarquizar la actual dirección de Viviendas, creando una secretaría de Estado de Política Habitacional. Esto, dijo Bertolini, “no implicará un gasto mayor dentro de la estructura de gobierno, sino que se van a reubicar a los distintos funcionarios que hoy están en la Dirección, para llevar a cabo todas las medidas necesarias para tener una política habitacional seria”.

Se va a realizar un censo de todas las tierras fiscales que existen en la provincia, ya sean de orden municipal, provincial o nacional. “Necesitamos saber con qué contamos a la hora de poder empezar a a proponer distintas soluciones o construcción de barrio o lotes con servicio”, fundamentó.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé que del presupuesto anual de la provincia, de lo que se destine a obra pública mientras dure la emergencia, el 50% se va a utilizar para las soluciones habitacionales, es decir, para abordar y dar respuesta a esta necesidad.

En este sentido, señaló que se puede tratar de viviendas sociales tradicionales, lotes con servicio y “otras opciones que se pueden dar de acuerdo a la situación de cada familia”; pero no dio detalles sobre en qué podrían consistir estas opciones.

La etapa que entra en marcha ahora, que es la validación de datos declarados permitirá tener un número definido de inscriptos que cumplen con todos los requisitos. “Suponemos que esto nos puede llevar como mínimo 90 días. Una vez que se haga el primer filtro, se va a pedir la documentación respaldatoria. Y la tercera etapa será la de los informes socioambientales”, informó.