El conflicto por el campo El Caburé, ubicado entre Batavia y Buena Esperanza, sumó un nuevo capítulo este lunes. El fiscal adjutor del Gobierno, Rafael Berruezo, presentó una ampliación de denuncia ante la Justicia que ahora involucra a los exministros de Producción Sergio Freixes y Juan Lavandeira, ambos funcionarios durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
Según informó la Agencia de Noticias del Gobierno, la nueva presentación judicial surge por la falta de constancias oficiales sobre lo ocurrido con las cosechas y el ganado entre 2017 —año en que se rescindió el contrato con la empresa El Caburé S.A.— y 2023, cuando finalizó el mandato de Rodríguez Saá.
El texto presentado por Berruezo señala que, durante ese período, los entonces ministros “tuvieron a su disposición el campo explotado por El Caburé S.A.” y que del análisis de los antecedentes administrativos “podría haberse configurado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y/o algún otro delito que surja de la investigación”. La acusación también alcanza a los jefes de programa que hubieran tenido responsabilidad directa en la administración del predio.
El Gobierno provincial había rescindido el contrato con la firma a través del Decreto 8143-MMACyP-2017, del 20 de diciembre de 2017, que además ordenaba “tomar posesión del inmueble con debida intervención de Escribanía de Gobierno”. Sin embargo, esa decisión fue apelada por la empresa y, según la propia Fiscalía de Estado, la gestión de Rodríguez Saá demoró cinco años en resolver el recurso, que recién fue rechazado mediante el Decreto 11852-MP-2022, firmado el 21 de diciembre de 2022.
“Del estudio de las actuaciones administrativas, surge palmario el descuido, desprecio por el patrimonio provincial por parte de los denunciados, quienes dejaron de cumplir con las medidas que requería realizar, esto es, ni más ni menos que tomar posesión del campo en cuestión”, argumenta Berruezo en su ampliación de denuncia.
Entre los principales interrogantes planteados por la Fiscalía se encuentran quién explotó efectivamente el campo durante ese lustro, qué ocurrió con las cosechas y los animales y si existe algún registro o rendición de los movimientos realizados en ese período. Según la presentación, en la documentación actual del Ministerio de Desarrollo Productivo (ex Producción) no hay constancia de ningún beneficio o ingreso derivado de esas actividades.
“La desidia y/o la explotación en interés propio, dolosa de los ministros denunciados, ha causado un gran perjuicio a las arcas del erario público”, sostiene el texto firmado por Berruezo, que tipifica los posibles delitos como corrupción, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ampliación de denuncia se produce pocos días después de que el propio Berruezo responsabilizara al exfuncionario Darío Oviedo por la desaparición de la cosecha de maíz levantada en 2023, un señalamiento que fue fuertemente cuestionado por Pascual Celdrán, abogado del empresario Enrique Vaira, quien acusó al Gobierno de echarle la culpa a un exfuncionario de tercera línea” y anticipó la ampliación de su propia denuncia contra exfuncionarios y actuales autoridades.
