La familia de José Luis López, cuya muerte ocurrida a comienzos de este año continúa generando dudas sobre sus circunstancias, logró que se autorizara una reautopsia del cuerpo. Sin embargo, según denunció el abogado querellante Guillermo Levingston, una serie de requisitos impuestos por la fiscalía hacen que el procedimiento resulte prácticamente inaccesible para los familiares, quienes son de bajos recursos.
La controversia gira en torno a la hipótesis de la muerte. Mientras la fiscalía de instrucción sostiene que se trató de un suicidio, la querella asegura que existen elementos que justifican profundizar la investigación y descartar otras posibilidades.
“La querella no está muy conforme con el resultado de la autopsia. Hay circunstancias, elementos que nos indican que no sería un suicidio, sino que habría algo más”, sostuvo Levingston en diálogo con La Gaceta Digital.
El abogado explicó que, tras el rechazo inicial del pedido por parte del fiscal de instrucción, recurrieron la decisión y obtuvieron un pronunciamiento favorable del fiscal de segunda instancia, quien consideró necesario realizar una nueva autopsia.
Los requisitos que cuestiona la querella
Según Levingston, el problema surgió cuando la fiscalía de instrucción estableció una serie de condiciones para concretar el procedimiento. Entre ellas, mencionó la contratación de un servicio privado para la exhumación y posterior inhumación de los restos, el traslado hasta la morgue judicial, la apertura y cierre del féretro, la limpieza y otros trabajos complementarios. Además, indicó que todas las personas que participen del procedimiento, incluido el médico de parte de la querella, deberían contar con un seguro.
“Está, en cierto modo, poniendo palos en la rueda. Yo creo que no quiere hacer una segunda autopsia, a pesar de que el fiscal de segunda instancia ha manifestado que sí, que se tiene que hacer”, afirmó.
El letrado consideró que la postura del fiscal responde a que desde un primer momento sostuvo que la muerte correspondía a un suicidio.
“Hay elementos que nos indican que puede no ser un suicidio, que puede haber algo más. Entonces, si es un ministerio fiscal, es un fiscal que tiene que investigar y averiguar si hay un hecho delictivo o no, ¿por qué no lo quiere investigar? ¿Por qué se cierra a decir ‘no, es un suicidio’?”, cuestionó.
“La justicia está poniendo trabas”
Levingston también criticó la exigencia de contratar seguros para quienes intervengan en la diligencia. “La acreditación del seguro es indispensable, porque, si no, nadie entra a la morgue judicial. Escúcheme, pueda ser que ningún muerto tenga seguro, porque los muertos no tienen seguro, y no van a entrar a la morgue”, ironizó.
Además, remarcó que el querellante “es un trabajador de bajos recursos” y que afrontar todos esos costos resulta imposible. “Si tengo que contratar un servicio para que desentierre, para que destape, para que limpie y traslade, se va mucha plata. La justicia está poniendo trabas para que se resuelva un hecho”, sostuvo.
Ante esa situación, informó que este martes presentó un nuevo escrito en el expediente para solicitar que sea Bomberos de la Provincia quien realice las tareas de exhumación y traslado, como, según afirmó, “siempre se hizo”, evitando así que la familia deba afrontar gastos para concretar una medida de prueba que ya fue autorizada.
