Un grupo de vecinos del loteo Valle del Palmar, en San Francisco del Monte de Oro, presentó una nota formal ante el intendente Sandro Luis Flores para solicitar la intervención del Municipio ante una serie de presuntas irregularidades que, según afirman, arrastran desde hace más de diez años. La presentación fue patrocinada por el abogado Matías Molinaro y tiene como principal apuntado al desarrollador Abel Gómez, el mismo empresario denunciado meses atrás por la polémica cesión de tierras destinadas a viviendas sociales.
En el escrito, los vecinos aseguran que adquirieron los terrenos “con la expectativa legítima de acceder a un desarrollo urbano regularizado”, pero sostienen que, pese al tiempo transcurrido, el proyecto nunca fue aprobado y carece de servicios esenciales.
“Desde el año 2016 aproximadamente, se viene ofreciendo el loteo ‘Valle del Palmar’ como un emprendimiento inmobiliario en proceso de aprobación, prometiendo a los adquirentes el acceso futuro a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, calles públicas, recolección de residuos y escritura definitiva, extremos que en la actualidad no se han cumplido”, señala la presentación.
Un reclamo por el “abandono absoluto”
Los vecinos describen un panorama crítico y afirman que la situación actual del loteo es consecuencia de la falta de regularización. “El estado de abandono absoluto del emprendimiento ha generado una situación de extrema vulnerabilidad para quienes decidieron construir y habitar el lugar”, sostiene el escrito.
Entre los problemas denunciados mencionan la inexistencia de infraestructura adecuada, calles intransitables y un sistema eléctrico precario. Según detallan, “más de diez viviendas se encuentran alimentadas por apenas dos medidores eléctricos”, una situación que califican como un riesgo para la seguridad de las familias.
Además, aseguran que varios propietarios debieron afrontar importantes gastos para poder vivir en el lugar. “Muchos vecinos se vieron obligados a realizar perforaciones de hasta 85 metros de profundidad para obtener agua, instalar paneles solares, baterías, inversores y grupos electrógenos”, indica la presentación.
Cuestionan la situación administrativa del loteo
Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación administrativa del emprendimiento. Según la nota presentada por los vecinos, tanto el Municipio como un organismo provincial habrían informado que Abel Gómez no posee ningún trámite iniciado para obtener la aprobación del loteo.
“Nos encontramos frente a un emprendimiento comercializado durante años sin contar con la documentación mínima necesaria para su habilitación”, sostienen los vecinos. Para los firmantes, esa situación genera una “grave incertidumbre jurídica” para quienes compraron terrenos confiando en que el desarrollo sería regularizado.
Piden que el Municipio ejerza controles
En la presentación, los vecinos solicitan que la Municipalidad ejerza “el debido control administrativo, territorial y legal” sobre las actividades vinculadas al loteo y adopte medidas para evitar que continúen los perjuicios.
También piden que se informe el estado de los expedientes relacionados con el emprendimiento y se verifique el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.
Por último, advierten que, si no obtienen una respuesta, impulsarán las acciones administrativas y judiciales que consideren necesarias para resguardar sus derechos. “Este es un modus operandi que se da en muchos lugares de la provincia y particularmente en San Francisco, donde hay muchos desarrollos inmobiliarios que se encuentran en este estado de abandono y varios son de esta persona”, subrayó el abogado, en contacto con este medio.
El mismo empresario de la denuncia por las tierras para viviendas sociales
La presentación vuelve a poner en el centro de la escena a Abel Gómez, quien ya había sido denunciado por el abogado Matías Molinaro en la causa vinculada a la cesión de tierras destinadas a la construcción de viviendas sociales en San Francisco del Monte de Oro.
En aquella denuncia, Molinaro cuestionó la cesión de un predio al Municipio y sostuvo que Gómez no contaría con la posesión total del inmueble involucrado, además de señalar que, una vez ejecutado el proyecto habitacional, gran parte de las tierras le serían restituidas ya subdivididas e inscriptas a su nombre, lo que, según el abogado, le permitiría obtener un beneficio patrimonial que de otra manera requeriría un prolongado proceso judicial.
