El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) presentó una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que redujo la duración de la feria judicial en la provincia. La acción fue interpuesta el 1º de julio, aunque la institución la hizo pública recién este 31 de agosto, y cuestiona principalmente lo que considera una intromisión de los otros poderes del Estado sobre facultades propias del Poder Judicial.
El presidente del CAPSL, Gabriel Alessandro, explicó a La Gaceta Digital que la presentación judicial es consecuencia de una decisión adoptada por los matriculados a fines del año pasado, luego de la sanción de la norma. En aquel momento, el Colegio convocó a una reunión ampliada en la que se debatieron los alcances de la modificación y se resolvió avanzar judicialmente contra ella.
La demanda sostiene que la ley “afecta gravemente la Constitución” porque, según la posición de la entidad, existe “una invasión de las atribuciones del Poder Judicial por parte de otro poder”. Alessandro cuestionó que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan avanzado sobre cuestiones de organización y contralor que, a criterio del Colegio, corresponden a la esfera judicial.
A ese planteo institucional se suman otros argumentos directamente vinculados con el ejercicio de la abogacía. “Entendemos sumamente importantes para los profesionales del Derecho la afectación del trabajo profesional, la afectación del derecho al descanso, la organización de los tribunales y de los despachos particulares de cada abogado”, enumeró.
Si bien la acción fue presentada hace dos meses, el CAPSL decidió comunicarla públicamente ahora debido a las consultas que venía recibiendo de sus matriculados. “Creímos oportuno poner en conocimiento de toda la comunidad de abogados que la demanda ya había sido interpuesta y que vamos a seguir informando sobre los pasos procesales que se vayan dando”, señaló Alessandro.
“La Justicia no se cierra” durante la feria
Uno de los argumentos centrales del Colegio pasa por la función que cumple la feria dentro del funcionamiento cotidiano del sistema judicial. Alessandro rechazó la idea de que el receso implique una paralización completa de la actividad y explicó que su finalidad original es ordenar el trabajo de tribunales y profesionales.
“La feria judicial o el receso judicial no es un período en el cual los tribunales cierran o la Justicia se cierra y no se atiende ningún tipo de causa. No es como bajar la persiana del negocio que se va de vacaciones”, graficó. Durante esos períodos la actividad continúa, pero con un menor flujo de trabajo y con atención de los asuntos que correspondan.
Según el titular del CAPSL, esa disminución permite concentrar buena parte de las vacaciones del personal judicial y, al mismo tiempo, facilita “la reorganización de los despachos” tanto de los tribunales como de los abogados particulares.
Precisamente allí aparece uno de los efectos que la institución advierte con la reducción. Alessandro planteó que los trabajadores judiciales que tienen 20 o 30 días de vacaciones no podrán concentrarlos íntegramente dentro del nuevo receso y deberán utilizar parte de esas licencias durante el resto del año. “Los juzgados van a estar abiertos, pero el personal va a estar de vacaciones”, resumió.
Para el presidente del Colegio, el resultado puede terminar siendo contrario al objetivo perseguido por la reforma: “Va a producir mayor perjuicio, mayor desbarajuste que lo que estamos viviendo actualmente”.
El cuestionamiento al argumento de reducir la mora judicial
El Colegio de Abogados había manifestado su rechazo al proyecto durante su tratamiento legislativo e incluso participó de reuniones en la Legislatura antes de su aprobación. Alessandro recordó que representantes de la institución expusieron sus argumentos hasta un día antes del debate en el recinto.
A su entender, la decisión de avanzar igualmente con la modificación partió de “una creencia de que la disminución de la feria judicial iba a contribuir a reducir la mora judicial”. El abogado rechazó esa relación: “Esto no va a pasar, lo intentamos decir de mil maneras y creo que no fuimos escuchados”.
“La iniciativa primero era eliminar la feria judicial y, después de habernos escuchado, se logró la reducción. Pero nuestros argumentos no fueron entendidos en su completitud”, sostuvo el presidente de la institución, para quien el problema no radica solamente en la existencia o extensión del receso, sino en cómo se distribuyen las licencias y se organiza durante todo el año el funcionamiento de los organismos judiciales.
La causa está ahora en manos del Procurador General
La demanda ya comenzó a transitar sus primeros pasos procesales. Actualmente se corrió vista al Procurador General, quien deberá expedirse sobre su admisibilidad formal. Cumplida esa instancia, las actuaciones volverán al Superior Tribunal de Justicia.
Alessandro explicó que, a diferencia de una demanda ordinaria, este tipo de planteos no comienza ante un juzgado de primera instancia para eventualmente recorrer luego las distintas instancias mediante apelaciones. “En este tipo de demandas de inconstitucionalidad, la competencia es originaria del Superior Tribunal de Justicia, que es el que está entendiendo y debe entender y resolver este caso”, concluyó el presidente del CAPSL.
