La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados decidió postergar hasta la próxima semana el dictamen sobre el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, luego de que la defensa del legislador albertista presentara un planteo que cuestiona si, en el estado actual de la causa, se encuentran reunidas las condiciones procesales para avanzar con la medida. Aunque el oficialismo es políticamente contrario al diputado investigado en la causa Molino Fénix, Carlos Pereira explicó que resolvieron analizar el caso “para sacar un despacho muy bien fundado política y jurídicamente”
La comisión tenía previsto emitir despacho este martes, pero el lunes ingresó a la Presidencia de Diputados una presentación de la defensa de Beltrán. “Es una nota que juzgamos en comisión cuyos argumentos había que atender, porque señala que el Código Procesal Penal de la Provincia exige que un diputado pueda ser desaforado recién cuando ha sido acusado, y hace una distinción entre imputado y acusado. La defensa señala que hoy Beltrán está estrictamente imputado”, detalló.
Frente a esa discusión, la comisión resolvió no apresurar el despacho. “Nos vamos a tomar unos días para atender esta nota de la defensa, también buscando darle las mayores garantías al requerido, de amplia defensa ante la Legislatura y ante quien corresponda, y sacar un despacho muy bien fundado política y jurídicamente”, afirmó Pereira. Los diputados volverán a reunirse el próximo martes y deberán resolver si hacen lugar al argumento de la defensa o lo desestiman.
La tensión entre la Constitución y el nuevo proceso penal
El artículo 125 de la Constitución establece que, cuando se formula una denuncia criminal contra un diputado o senador, la Cámara correspondiente debe tratar el pedido “en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta del hecho” y puede, con los dos tercios de la totalidad de sus integrantes, suspender al legislador y dejarlo a disposición del juez competente.
Pereira reconoció que, bajo una lectura estricta de esa disposición, el tratamiento debería haberse producido esta semana. “En rigor deberíamos haberlo tratado mañana, en la sesión del día miércoles”, señaló, pero planteó que existe una tensión entre una Constitución sancionada en 1987 y las reglas del actual sistema procesal penal.
“Tenemos una Constitución del año 87 que prevé ese precepto, pero a su vez tenemos un Código Procesal nuevo, con reglas del proceso penal modernas, que dejó de lado lo que se llama el sistema inquisitivo por uno que se llama acusatorio adversarial”, explicó. “Eso nos interpela a nosotros a tener que dar cuenta de cómo vamos a votar y dictaminar”, dijo el legislador.
También existe una diferencia respecto de la mayoría necesaria. Pereira señaló que en algunos pasajes de la presentación fiscal “se deja entrever que se requeriría una mayoría simple”, pero adelantó que su interpretación es que debe prevalecer la exigencia constitucional. “La letra del artículo 125 de la Constitución habla de que, para desaforar, en este caso, donde no hay flagrancia, se requieren los dos tercios de la totalidad de los integrantes del cuerpo”, sostuvo. En una Cámara integrada por 43 diputados, eso significa que serían necesarios 29 votos para avanzar.
Desafuero, suspensión y prisión preventiva
Teniendo en cuenta el pedido del fiscal para poder avanzar con la prisión preventiva del diputado, a quien la Fiscalía atribuye un rol central en la presunta asociación ilícita investigada en torno al Complejo Molino Fénix, Pereira diferenció en ese sentido el desafuero de una eventual suspensión como diputado. “Se puede desaforar sin suspender”, explicó, y recordó como antecedente el caso del exsenador provincial Ariel Rosendo, cuyo procedimiento sí contempló la suspensión.
El diputado oficialista señaló además que una eventual prisión preventiva no necesariamente quedaría limitada al período inicialmente solicitado por el Ministerio Público Fiscal, de 60 días, ya que podría prorrogarse si subsistieran los riesgos procesales. “Puede estar privado preventivamente, provisoriamente, de su libertad hasta el efectivo juicio y debate oral”, afirmó, aunque aclaró que también podría ocurrir que la medida se levantara y Beltrán transitara el proceso en libertad.
En este sentido, mencionó que, según la información que maneja, la defensa habría presentado un recurso de eximición de prisión. De igual manera, remarcó que, independientemente de cómo se resuelva la situación cautelar, la investigación continuará y eventualmente deberá determinarse si el caso llega a juicio. “Puede llegar a situación en libertad o, como quiere el fiscal Olguín, privado de su libertad, porque el fiscal entiende que está entorpeciendo su investigación”, indicó.
Como bien informó este medio, la Fiscalía había fundamentado precisamente el pedido para poder avanzar con una eventual prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En el escrito remitido a la Legislatura, José Olguín atribuyó a Beltrán el carácter de presunto organizador de una asociación ilícita y sostuvo que existen riesgos concretos sobre la conservación de la prueba, entre ellos la posibilidad de eliminación remota de información de dispositivos electrónicos.
Para Pereira, el caso presenta además un componente institucional novedoso. “Tiene algo inédito. Yo no tengo referencia de que un caso de un diputado donde se haya tratado un desafuero. En el Senado sí, en el caso Rosendo”, señaló.
Pereira insistió con una sanción para Sosa Araujo
Durante la entrevista, Pereira también se refirió al pedido que realizó la semana pasada para que la Cámara sancione a la diputada Silvia Sosa Araujo por sus expresiones durante el debate de la necesidad de reforma constitucional. En aquella sesión, la legisladora cuestionó que gente que no nació en San Luis quiera cambiar su Constitución, comentario que Pereira calificó entonces como “cuasi xenófobo”.
“Me pareció una cosa muy chauvinista”, reiteró. El diputado recordó que la legislación permite ser candidato y representar a la provincia a quienes cumplen los requisitos correspondientes independientemente de haber nacido en San Luis y consideró que poner en duda su legitimidad por su lugar de origen resulta improcedente.
Según Pereira, la Mesa Directiva analiza actualmente el planteo. “Ya es la segunda amonestación que es requerida por los miembros del cuerpo. El reglamento exige normas de convivencia”, sostuvo el oficialista, remarcando que una eventual sanción podría tener consecuencias concretas para Sosa Araujo: “Eso puede llevar a que ella sea privada del uso de la palabra en los debates o incluso al descuento de la dieta”.
