El Gobierno de San Luis reglamentó el Programa de Desendeudamiento Familiar, que permitirá refinanciar deudas de consumo de hasta $30 millones por persona, con un plazo mínimo de 24 meses, dos meses de gracia y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos familiares. Entre las precisiones incorporadas por el decreto, se estableció que las obligaciones por servicios públicos de competencia provincial quedarán exceptuadas de ese límite.
La reglamentación fue aprobada mediante el Decreto Nº 14360-MHIP-2026, fechado el 30 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de este miércoles 11 de noviembre. La norma establece los procedimientos para aplicar la Ley Nº VIII-1219-2026, que creó los programas de Desendeudamiento Familiar y de Incentivo al Consumo Familiar.
El plan está destinado a personas humanas con domicilio en San Luis y una residencia ininterrumpida de al menos dos años en la provincia. Podrán incluirse deudas de consumo que registraran más de tres meses de mora al momento de la sanción de la ley.
Entre las obligaciones alcanzadas se encuentran los préstamos personales, los saldos de tarjetas de crédito, los adelantos en cuenta, las financiaciones de compras y otras asistencias crediticias destinadas al consumo personal o familiar. Quedan excluidas las financiaciones vinculadas con actividades comerciales o productivas.
Para acreditar la mora, la reglamentación contempla dos alternativas: presentar la clasificación del deudor en situación 3 o superior en la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central o una constancia emitida por la entidad acreedora. En ambos casos, se tomará como referencia la fecha de sanción de la ley.
El monto máximo general de refinanciación será de $30 millones por persona, considerando la totalidad de las obligaciones alcanzadas. Sin embargo, una de las novedades incorporadas por el decreto es que las refinanciaciones que incluyan deudas de servicios públicos de competencia provincial quedarán exceptuadas de ese tope. La ley ya contemplaba la posibilidad de incorporar esas obligaciones, pero la reglamentación precisó que no se computarán dentro del límite establecido.
Las entidades que participen deberán ofrecer condiciones más favorables que las que brindan habitualmente. Los planes podrán contemplar quitas de capital o intereses, reducción de tasas, extensión de los plazos, períodos de gracia, bonificaciones por cumplimiento y la unificación de deudas contraídas con distintas entidades.
La financiación deberá extenderse por un mínimo de 24 meses y contemplar al menos dos meses de gracia. Las cuotas mensuales no podrán superar el 30% de los ingresos del grupo familiar y la tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales. Además, no podrán cobrarse comisiones, honorarios ni gastos administrativos por las operaciones comprendidas en el programa.
Los requisitos para las entidades
La reglamentación establece el procedimiento que deberán cumplir los bancos, las financieras, las empresas fintech y las demás entidades alcanzadas para incorporarse al programa.
Entre la documentación exigida figuran una nota firmada por el representante legal, la acreditación de inscripción en los registros correspondientes del Banco Central, la constancia de inscripción en Ingresos Brutos de San Luis y un certificado de libre deuda tributaria provincial.
También deberán presentar un modelo del contrato de refinanciación y un cuadro comparativo de las tasas de interés, el costo financiero total efectivo anual, los plazos, las quitas y las bonificaciones que ofrecerán. Esa información deberá contrastarse con las líneas de crédito habituales de cada entidad y con las tasas promedio publicadas por el Banco Central.
A su vez, tendrán que informar la cantidad estimada de deudores que podrían incorporar, el monto total que prevén refinanciar y el programa de capacitación financiera que brindarán a sus clientes.
Una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación deberá emitir un dictamen técnico dentro de los cinco días hábiles. Si encuentra observaciones, podrá solicitar que sean corregidas y la entidad tendrá otros cinco días hábiles para hacerlo. Si no cumple con ese plazo, la solicitud se considerará desistida. La incorporación al régimen se concretará mediante un decreto que otorgue los beneficios correspondientes.
Otra de las obligaciones establecidas es la presentación de informes mensuales con carácter de declaración jurada. Las entidades deberán entregarlos dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
Los reportes deberán incluir la cantidad de planes suscriptos, los montos refinanciados, las quitas otorgadas, las tasas aplicadas y las deudas consolidadas provenientes de otras entidades. También deberán informar los planes que hayan entrado en mora o se hayan cancelado anticipadamente, los beneficios fiscales recibidos y las capacitaciones realizadas, con la cantidad de participantes.
La reglamentación, además, fija los contenidos mínimos de la educación financiera gratuita que deberán brindar las entidades. Incluyen administración de las finanzas familiares, tipos de tasas de interés, costo financiero total, recargos por mora, uso de herramientas financieras digitales y tarjetas de crédito, prevención de estafas digitales, seguridad de los datos personales y derechos de los consumidores financieros.
A cambio de ofrecer las condiciones previstas en el programa, las entidades podrán acceder a los beneficios fiscales establecidos por la ley, entre ellos exenciones en Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos.
La publicación del decreto no implica que los deudores puedan solicitar inmediatamente la refinanciación ante cualquier entidad. Cada banco o empresa crediticia deberá presentar su propuesta, obtener la aprobación del Gobierno y contar con el decreto que formalice su adhesión al régimen.
