“La entrega de viviendas significa caudal de votos. Dentro de esto puede haber una línea de corrupción. Hoy no puedo hablar en definitiva del tema, pero de acuerdo a lo que estoy viendo, fundamentalmente en el tema medicamentos vencidos y varias otras cosas que están viniendo de distintos ministerios, evidentemente hay una línea de corrupción o habría hay una línea de corrupción que es materia de investigación”, comentó el abogado del Gobierno, Hugo Scarso.
El penalista sostiene que se encontraron muchas supuestas irregularidades en la cartera de Vivienda, cuyos informes se están remitiendo a Fiscalía de Estado.
Uno de los presuntos delitos denunciados es que las propiedades de 96 viviendas construidas en Justo Daract no están escrituradas a nombre del Gobierno. Los lotes deben estar a nombre del Ejecutivo para que luego estén a nombre del adjudicatario una vez que se cancelen todas las cuotas de la casa.
“Esto trae una problema al adjudicatario de la vivienda. Si nosotros, como Gobierno de la provincia, no podemos escriturar, entonces es una catarata de perjuicios. La primera medida es bloquear dominialmente el tema”, explicó Scarso.
Otro de los supuestos delitos fue en la licitación para la construcción de 118 viviendas en La Toma. Se denuncia el pago de $331.000 a escribanos particulares cuando en realidad, por ley, debe intervenir gratuitamente Escribanía de Gobierno por lo que el gasto sería innecesario.
“Es un modus operandi que se ha estado viendo en Escribanía de Gobierno en la mayoría de las escrituras de licitaciones. Se ha realizado por escribanos particulares y se ha obviado absolutamente Escribanía de Gobierno”, comentó el abogado, quien agregó que tiene en estudio ente seis y ocho casos ante la consulta de este medio.
Scarso señaló que las escrituras de La Toma fueron realizadas por un escribano matriculado (con jurisdicción) en Quines. Según la Agencia de Noticias del Gobierno, el escribano acusado Julio Andrés Camargo Escudero es titular del Registro Notarial 31 de La Toma. La otra escribana implicada es Lucrecia Inés Soria, registro 20 de Villa Mercedes, autoridad del Colegio de Escribanos de esa ciudad.
Es importante señalar que ante las denuncias tratadas en esta nota y las otras que se interpongan contra Poggi no le afectarán judicialmente porque tiene fueros por ser legislador nacional.
“Espero que prosperen. El contador tiene fueros hoy, el resto de los responsables no tiene fueros. Se interrumpe la prescripción de la acción con respecto al que tenga fueros hasta que deje de tener fueros”, finalizó el letrado.
