Referentes de distintas organizaciones sociales brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación por el anuncio del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo. En ese marco, advirtieron sobre el impacto que tendrá la medida en los sectores más vulnerables y convocaron a una jornada de protesta para este martes en la ciudad de San Luis.
Carolina Lucero, de Libres del Sur, explicó que “nosotros estamos hoy en una situación de alerta porque se va se ya se anunció el cierre del programa Volver al Trabajo”, y repasó que el esquema tiene su origen en la ley de emergencia social sancionada en 2016, que “garantiza la implementación de un programa a partir desde el 2017 en el gobierno de Macri”. Según indicó, el programa continuó en los años siguientes, aunque con cambios de nombre.
En esa línea, señaló que durante la actual gestión el monto fue congelado en $78.000, pese a que originalmente estaba atado al salario mínimo. “Se lo comió la inflación muy alta en estos 2 años y pico. Obviamente ese dinero no alcanza para nada, pero es una ayuda. Ha sido una forma de acompañar a las familias más vulnerables con algún ingreso económico que venía fijo, mensual, todos los 5 de cada mes”, dijo Lucero, quien agregó que ahora “eso ya no va a ser así”. Además, precisó que desde el Ministerio de Capital Humano “anunciaron que el 9 de abril sería el último cobro que percibirían estos beneficiarios”.
Para Lucero, la situación es “crítica”, en un contexto económico complejo tanto a nivel nacional como provincial, donde “no es menor que se recorten 78.000 pesos los ingresos mensuales” de las familias.
Por su parte, Cecilia Betervide, de la Corriente Clasista Combativa, explicó que el programa tenía el carácter de “salario social complementario” y que implicaba una contraprestación laboral. “No era un subsidio que el estado gastaba, sino que tenía una contraprestación”, sostuvo, al tiempo que detalló que las tareas incluían el sostenimiento de comedores, merenderos y espacios comunitarios en los barrios.
En cuanto al impacto local, a pesar de que no hay “datos fidedignos” del Ministerio de Capital Humano, Betervide indicó que “en San Luis, por estimaciones, serían 5.000” las personas alcanzadas, y advirtió que “dejan de ingresar específicamente a partir del mes que viene unos 400.000.000 de pesos por mes en la provincia”.
Betervide también describió cómo ese ingreso incidía en la economía cotidiana: “La gente va a dejar de cobrar esa platita que la tenía segura”, dijo, y añadió que esto afectará no solo a las familias, sino también a los comercios de cercanía, que muchas veces funcionaban con sistemas informales de fiado que se cancelaban cuando se acreditaba el beneficio.
En relación a las alternativas planteadas por el Gobierno nacional, cuestionó el reemplazo del ingreso por vouchers para capacitaciones. “Son capacitaciones online dirigidas a personas que, en la mayoría de los casos, no tienen conectividad”, afirmó, y agregó que “la capacitación supuestamente sería el equivalente a 78.000 pesos, como si pagaran una formación privada, y el estado le va a pagar a esas empresas que los capacitan. Entonces, en vez de darle la plata a la gente que lo necesita para comer, se lo va a dar a las empresas que seguramente son sus amigos y amigas”, dijo la dirigente.
Desde los barrios, Jessica Guzmán, vecina de La República, puso el foco en el impacto directo en las familias. “El hambre es un crimen”, afirmó, y señaló: “Para mí es un golpe tremendo en el bolsillo, siendo sostén de familia también y mamá de nenas chiquititas”.
Guzmán remarcó que “la mayoría de los compañeros que vivimos ahí sobrevivimos de esto”, y describió la caída de la actividad en la economía popular: “Yo soy estilista, yo no puedo trabajar hoy en día de eso, porque la gente necesita comer”.
Además, cuestionó la falta de asistencia a nivel provincial: “Sino que también el gobierno provincial no está ayudando a estos compañeros cuando van a solicitar mercadería, cuando necesitan algo, porque a nosotros se nos niega mucho derecho por vivir en la vecindad o en El República”, dijo.
También se refirió a la estigmatización que, según expresó, atraviesan quienes integran organizaciones sociales y participan en reclamos. “Nosotros salimos a las calles porque creo que hace años se viene haciendo lo mismo. Es la única forma de adquirir y seguir adquiriendo derechos”, afirmó.
En cuanto a las medidas previstas, Mariela Cros, del Movimiento Evita, anunció que este martes van a hacer un reclamo en el Puente Blanco, a las 12 horas, con una olla popular y el objetivo de “visibilizar toda esta situación que estamos viviendo en la provincia y en el país”.
Finalmente, Lucero indicó que la jornada formará parte de una convocatoria nacional. “Se va a hacer en todo el país”, señaló, en referencia a manifestaciones, cortes y asambleas que se replicarán en distintas ciudades.
