El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, presentó una denuncia penal contra el gobernador Claudio Poggi, la ministra de Seguridad Nancy Sosa y el jefe de Policía Juan Carlos Serrano, a raíz de la represión ocurrida el pasado 1 de abril en las inmediaciones de la Legislatura provincial, durante la apertura de sesiones ordinarias. Cabe recordar que los incidentes se produjeron luego de que la Policía impidió exclusivamente el paso de los miembros de ATE, habiendo permitido, tan solo minutos antes, la libre circulación de la gente de UTEP y APTS.
Según informó el gremio, la denuncia apunta a que se investigue la responsabilidad de las máximas autoridades en el operativo de seguridad, al considerar que hubo un “exceso en el uso de la fuerza pública” contra manifestantes que se encontraban protestando de manera “pacífica”.
En una publicación difundida en redes sociales, ATE sostuvo que ellos se encontraban ejerciendo su “legítimo y constitucional derecho a la huelga y la protesta de manera totalmente pacífica”, y que la única intención era visibilizar el reclamo por “salarios de dignidad para las y los trabajadores provinciales, municipales y del plan de inclusión”.
Sin embargo, denunciaron que fueron “destinatarios de una brutal represión”, en la que la Policía “se excedió en el uso de la fuerza, disparando y rociando gas pimienta y gas lacrimógeno de forma temeraria, para luego arremeter a golpes contra nosotros sin que hubiera ninguna situación de peligro que lo justificara”.
En ese marco, el gremio decidió avanzar con una denuncia penal dirigida a las autoridades provinciales. “Exigimos que se investigue a las máximas autoridades provinciales, ya que como garantes sobre el uso de la fuerza pública, son responsables por la cadena de mando que planificó, ordenó, toleró o instigó este accionar”, señalaron.
En diálogo con La Gaceta Digital, Gatica explicó que la presentación judicial busca que “se investigue la responsabilidad de la brutal represión que hubo el primero frente a la Legislatura”, y afirmó que “ha habido exceso en el uso de la fuerza pública, que no había ningún motivo para reprimir y mucho menos golpear como nos golpearon”.
El dirigente también aseguró que la manifestación no tenía intenciones de generar disturbios. “No era intención nuestra llevar adelante ningún tipo de desmanes, sino manifestarnos como lo hacemos siempre”, dijo, y agregó que el objetivo era acercarse a las vallas “donde la única intención era panfletear”.
En ese sentido, sostuvo que llevaban “solamente panfletos” junto con banderas y pasacalles con reclamos salariales. “Eso era el reclamo”, afirmó. Esto pudo ser confirmado luego del violento episodio y del cacheo que realizó la Policía para luego permitir el paso.
Gatica también planteó que existió un trato diferencial hacia su organización. “Claramente había una cuestión contra ATE, porque el resto de los sindicatos habían podido pasar y cuando llegamos nosotros fue que no nos dejaban llegar hasta las vallas”, dijo.
Sobre su situación personal, Gatica contó que, aparte de golpes, recibió “insultos mientras estaba en el piso”, y reiteró que buscan que la Justicia investigue lo ocurrido.
Desde el sindicato señalaron además que varios manifestantes resultaron con lesiones de distinta consideración producto del accionar policial y del uso de gas pimienta, lo que requirió asistencia médica.
Como parte de la presentación judicial, ATE indicó que ya aportó “videos y fotografías” donde, según sostienen, “queda en evidencia la agresión directa que sufrimos”, y solicitó que se requiera a la Policía los registros del operativo y el detalle del armamento utilizado, así como material audiovisual de medios de comunicación.
“Es con diálogo y consensos, no con intolerancia y represión”, expresaron desde el gremio, al tiempo que advirtieron sobre la situación salarial de los trabajadores estatales, a quienes definieron como afectados por un “plan de ajuste” que los obliga a “sobrevivir con salarios de pobreza”.
Por último, manifestaron que esperan que lo ocurrido “sea un hecho aislado y no la determinación de reprimir de ahora en más a quienes luchamos por que se respeten nuestros derechos”.
