La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, hizo lugar al planteo de incompetencia presentado por las defensas de los exministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el exintendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En consecuencia, resolvió remitir el expediente al Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Marcos Flores Leyes, al considerar que es el juez natural de la causa.
La decisión fue adoptada este jueves, un día después de la audiencia en la que los abogados defensores solicitaron que Banó dejara de intervenir en el expediente y antes de que se analizaran los pedidos de sobreseimiento presentados por los imputados. Con esta resolución, será Flores Leyes quien deba continuar con el trámite de la causa y fijar una nueva audiencia para resolver esos planteos.
En los fundamentos de su resolución, Banó recordó que la investigación ingresó originalmente al Juzgado de Garantía Nº 3 porque era el tribunal que se encontraba de turno cuando se formularon las denuncias, en diciembre de 2023. Posteriormente, la entonces jueza provisoria Natalia Lazarte Otero se excusó de intervenir por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados, el exministro Latini, lo que dio origen a una contienda de competencia que fue resuelta por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención del Juzgado de Garantía Nº 4.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que la situación cambió con la reincorporación de Marcos Flores Leyes como titular del Juzgado de Garantía Nº 3.
“Al haberse reincorporado en sus funciones el juez titular del Juzgado de Garantía Nº 3, Dr. Marcos Flores Leyes, desaparece de esta manera la causal de excusación”, afirmó Banó al fundamentar su decisión.
En consecuencia, consideró procedente el planteo formulado por las defensas y resolvió declinar su competencia e inhibirse de continuar interviniendo en el expediente, ordenando su remisión al Juzgado de Garantía Nº 3.
En la resolución, Banó desarrolló un extenso análisis sobre el principio constitucional del juez natural y recordó que la competencia judicial es de orden público, improrrogable e indelegable.
La magistrada sostuvo que la garantía del juez natural exige que las causas sean resueltas por los órganos jurisdiccionales previamente establecidos por la ley y remarcó que el sistema de turnos constituye un criterio objetivo para la asignación de los expedientes. También citó doctrina especializada para señalar que ese principio no puede desvincularse de la persona física del magistrado cuando desaparecen las circunstancias excepcionales que motivaron su apartamiento.
La resolución se conoció un día después de que Banó prorrogara por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados, mientras resolvía el planteo de incompetencia formulado por las defensas.
En esa audiencia, los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello sostuvieron que el regreso de Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3 hacía desaparecer el motivo que había originado el traslado de la causa al Juzgado de Garantía Nº 4. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado se opusieron al planteo por considerar que la cuestión ya había sido resuelta por el Tribunal de Impugnaciones y que el pedido era extemporáneo.
La investigación
Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la acusación fiscal, durante las gestiones de Luciano Anastasi y Claudio Latini al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. La Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias de fondos públicos por montos superiores a los previstos, pese a que las obras no comenzaron, quedaron inconclusas o nunca fueron ejecutadas. Posteriormente, los convenios fueron rescindidos invocando la situación económica, aunque gran parte del dinero ya había sido girado a los municipios.
Con el expediente nuevamente radicado en el Juzgado de Garantía Nº 3, será ahora el juez Marcos Flores Leyes quien deberá resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas y definir la continuidad del proceso.
