
Tal cual lo anticipó ayer este medio, el oficialismo provincial no logró hoy reunir los 29 votos necesarios para proceder con el desafuero del diputado Joaquín Beltrán, quien se encuentra acusado de dirigir una asociación ilícita que funcionaba en torno al Molino Fénix de Villa Mercedes, peculado, administración fraudulenta y sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de medios de prueba. Por su parte, Beltrán prometió renunciar a sus fueros si la causa avanza a la etapa de investigación.
El oficialismo alcanzó 28 votos, ya que hoy estuvieron ausentes los diputados Carlos D’Alessandro y Florencia Palacios, de Consolidación Argentina y del Frente Unidad Justicialista, quienes fueron los que prestaron los votos clave para aprobar la necesidad de reforma de la Constitución.
El debate comenzó con una alocución del oficialista Carlos Pereira, quien como presidente de la comisión de Legislación General se refirió al despacho por mayoría, a favor de allanar los fueros de Beltrán, dejándolo a disposición de la justicia provincial. No solo eso, sino que además, en su artículo 2, la resolución también contemplaba suspender al legislador en sus funciones a partir de la oportunidad procesal en la que se disponga sobre su persona alguna de las medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal de San Luis, como la prisión preventiva. Este dictamen, sostuvo Pereira, surgió de un espacio caracterizado por la “pluralidad” y la “heterogeneidad” de sus miembros, busca respetar la independencia de poderes y contribuir al “valor justicia”.
Durante la exposición, Pereira aclaró que la Cámara de Diputados no busca convertirse en “jueces del proceso judicial”, el cual debe seguir sus propias reglas y lógicas recursivas, sino tomar una decisión de “carácter político” y “naturaleza discrecional” que no es revisable por la vía judicial. En este sentido, el legislador consideró que la tarea actual de los legisladores consiste en evaluar la “seriedad” y la “gravedad de la imputación” para resolver sobre la remoción del privilegio parlamentario.
Pereira también consideró que el pedido de desafuero, formulado por el fiscal de instrucción José Olguín, señala que el fuero representa un “escollo” para avanzar en una causa que ha escalado en gravedad. Lo que comenzó como una investigación por la sustracción de bienes del complejo Molino Fénix, administrado por Beltrán, ha derivado en sospechas de una “asociación ilícita” en carácter de coautor, defraudación pública y supresión de pruebas. A raíz de ello, remarcó Pereira, el fiscal advirtió sobre conductas elusivas y el riesgo de entorpecimiento del proceso, destacando de manera alarmante que un dispositivo celular a disposición de la justicia “habría sido adulterado vía remota por parte del imputado, borrando de esta forma el contenido probatorio”.
Luego fue el turno del diputado justicialista Lucas Caymes, quien rememoró los fundamentos históricos de la división de poderes planteada por Montesquieu para explicar el origen de la representación legislativa y el “privilegio parlamentario”. Al respecto, Caymes enfatizó que esta figura constitucional no tiene como fin proteger a un legislador de manera individual, sino “proteger la función ante las presiones de los demás poderes”. En este sentido, advirtió que acceder a este tipo de medidas pondría en riesgo la independencia del Poder Legislativo, ya que abriría la puerta para que ante cualquier “formulación o ampliación de cargos” se pueda solicitar el desafuero de un parlamentario.
Asimismo, el diputado calificó la medida de desafuero como “prematura y apresurada”, sosteniendo que el proceso judicial puede continuar su curso sin inconvenientes. Caymes argumentó que, bajo el amparo del artículo 88 del Código Procesal Penal, la investigación es independiente de los fueros, lo que faculta plenamente al Ministerio Público Fiscal para “recolectar pruebas, producir medidas y avanzar en las causas” sin la necesidad de que el legislador sea despojado de su protección constitucional
Luego fue el turno de la también peronista Silvia Sosa Araujo, quien rechazó firmemente el pedido de desafuero contra el diputado Beltrán, calificando la iniciativa de la mayoría como una “decisión política” y “discrecional”. Al presentar el despacho por la minoría, Sosa Araujo argumentó que la solicitud es “prematura e insuficientemente fundada” bajo los términos de la Constitución y del Código Procesal, ya que la causa penal se encuentra apenas en su primera etapa de investigación. “No corresponde en esta etapa el desafuero, sino en la etapa siguiente, si es que ocurre, que es la etapa de la acusación”, advirtió la legisladora, señalando que el proceso de investigación fiscal ya lleva más de dos años sin que se haya formulado una acusación formal.
La legisladora también hizo hincapié en la independencia de poderes y cuestionó la necesidad real de la medida. Acto seguido, reprodujo un audio de una entrevista que dio el fiscal Olguín a un medio periodístico el pasado 19 de agosto, donde destacó que los investigados “no han intervenido en nada” ni “han tenido ningún gesto que haya podido perjudicar la investigación”, lo que demuestra que “no han embarrado la cancha” y que la fiscalía puede continuar con su trabajo sin requerir el desafuero. En este sentido, enfatizó que los fueros no deben entenderse como un “privilegio personal” ni como una “herramienta para garantizar impunidad”, sino como una garantía para proteger la independencia del legislador y del propio Poder Legislativo.
Finalmente, Sosa Araujo alertó sobre el peligro de utilizar el desafuero como un mecanismo de “persecución política, disciplinamiento o silenciamiento de una voz opositora” por parte de mayorías circunstanciales que desconocen los derechos de las minorías. Recordó que los 43 diputados de la Cámara representan la voluntad soberana del “pueblo puntano” y que la Constitución provincial exige una mayoría de dos tercios precisamente para evitar que el poder de turno altere los equilibrios democráticos. “Por respeto al debido proceso, a la institucionalidad republicana y a la democracia es que rechazamos este desafuero”, concluyó la diputada.
Estos ejes expuestos por Pereira, Caymes y Sosa Araujo fueron reiterados por otros legisladores, centrándose principalmente en la independencia de poderes. Por un lado, los opositores diciendo que se están entrometiendo en la misma; y por el otro los oficialistas reiterando que, justamente porque respetan la independencia de poderes, es que están “haciendo lugar a la Justicia”.
A este marco, Fabiana Zárate le agregó que la “Constitución no requiere la elevación a juicio para pedir el desafuero”, mientras que su par oficialista Marisa Patafio le sumó que los fueros no son “la idea de un escudo personal que pueda tener un legislador para presentarse ante la justicia”. “No vinimos a ser inmunes ante la ley”, dijo Patafio.
Una intervención llamativa fue la de Walter Córdoba, el diputado electo por Tercera Posición y que integra el monobloque Dignidad y Progreso, quien tomó la palabra para destacar que “no hubo una militancia política del oficialismo por el desafuero”, y tampoco del albertismo, lo cual le pareció “muy maduro”.
La presidenta del bloque poggista, Eugenia Gallardo, reiteró que el desafuero no es un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Beltrán, sino que se trata de “derribar un obstáculo” con el que se ha topado la Justicia. También destacó que los hechos por los cuales se lo acusa al diputado ocurrieron “antes de ser legislador” y que lo “más importante” es el “ocultamiento y destrucción de la prueba”.
De todas maneras, lo más fuerte de su discurso estuvo dirigido a los 6 diputados que estuvieron ausentes en la sesión de hoy: los ya mencionados D’Alessandro y Palacios, más los peronistas Walter Aguilar, Fernando Larroudé, Carlos Dacuña y Enzo Mirábile.
“Estos diputados que hoy no asistieron no votan. Estos diputados que hoy no están y que no podemos escuchar creo que de alguna manera se desentienden con un mandato constitucional, hacen oídos sordos no solo a un pedido del fiscal, sino también a un pedido de la sociedad y nosotros representamos a esa sociedad. Esta ausencia significa intencionalidad. La sociedad no soporta la doble vara. No asistir significa no estar de acuerdo con allanarle los fueros al diputado”, dijo Gallardo, anunciando que iba a votar a favor del desafuero y a “a favor del Estado de derecho”.
Ya cerca del cierre del debate, Beltrán realizó una breve intervención, destacando que “siempre” ha comparecido ante la Justicia. “Continúo estando a derecho y voy a continuar estando a derecho”, dijo el diputado, quien luego agregó: “Voy a renunciar a los fueros en el momento que corresponda, tal cual lo establece el artículo 88 del Código Procesal, que es el último Código, que por ahí se choca con la Constitución porque la Constitución es anterior”.
Este artículo, ya mencionado por Caymes y Sosa Araujo, diferencia la etapa de investigación (en la que se encuentra la causa Molino Fénix) de la acusación. “No estoy usando los fueros para esconderme”, cerró Beltrán, quien además aseguró que no ha “interferido de ninguna manera” en la investigación.
El cierre del debate lo tuvo Pereira. “Me preocupa que el resultado de esta jornada nos lleve a un desprestigio, porque la vara cada está más alta y exige de nosotros que estemos sujetos a las mismas garantías y derechos que prevé la Constitución, particularmente el de la igualdad ante la ley”, dijo el legislador oficialista, quien luego solicitó que se pase a votar el despacho por mayoría, a favor del desafuero.
La votación, que fue nominal a pedido de Gallardo, fue 28 a 9, por lo que el diputado Beltrán continuará en libertad mientras dure la investigación en su contra.




