El Gobierno provincial lleva realizados 2.720 exámenes toxicológicos durante 2026, en el marco de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública, conocida como Ley del Narcotest. El costo de los análisis realizados hasta el momento asciende a $74.800.000, aunque una parte es afrontada por los propios funcionarios públicos y otra por el Estado. Hasta el momento se detectaron 86 resultados positivos, de los cuales 17 corresponden a sustancias ilegales, una proporción ligeramente superior a la registrada durante el año pasado.
Los datos fueron presentados este martes por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; y el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández, durante una conferencia de prensa en la que repasaron la implementación de la normativa, sancionada en noviembre de 2024. Las cifras corresponden a los controles realizados hasta el 22 de octubre y representan un avance del 47% respecto de las 5.800 muestras proyectadas para este año.
De los 2.720 análisis efectuados, 86 arrojaron resultados positivos para alguna de las sustancias contempladas por la legislación, lo que representa el 3,16% del total. Sin embargo, solamente 17 casos (0,63%) corresponden a sustancias ilegales, mientras que los restantes 69 están vinculados a otras sustancias detectadas por los exámenes.
En 2025 se habían realizado 1.909 controles, con 48 resultados positivos (2,51%), de los cuales ocho (0,42% del total de muestras) correspondieron a drogas ilegales. En comparación, durante 2026 la proporción general de positivos aumentó al 3,16%, mientras que la correspondiente a sustancias ilegales pasó al 0,63%, aunque todavía resta completar más de la mitad de los controles previstos para este año.
Consultado por La Gaceta Digital sobre esta evolución, Amondarain comentó que “la casuística hasta el momento es más o menos la misma y los porcentajes también”, aunque destacó que la cantidad de personas sometidas a los controles aumentó considerablemente respecto del año pasado.
De esta manera, los resultados disponibles todavía no muestran una reducción en la proporción de casos detectados por consumo de sustancias ilegales. Si bien se ha aumentado el universo de muestra, hasta el momento no se puede evidenciar un efecto disuasorio sobre el consumo.
Casi $75 millones en análisis toxicológicos
Otro de los aspectos abordados durante la conferencia fue el costo de implementación de los controles. Ante una consulta de La Gaceta Digital, Fernández confirmó que cada examen tiene actualmente un valor de $27.500, por lo que las 2.720 muestras realizadas hasta el 22 de octubre representan un costo total de $74.800.000.
No obstante, ese monto no corresponde íntegramente a fondos públicos de manera directa, ya que a los funcionarios de los tres poderes del Estado se les descuenta el costo del narcotest de sus haberes; mientras que los controles efectuados al personal de seguridad y salud son financiados por el Gobierno provincial.
“Únicamente funcionarios públicos ven descontado esta suma de sus haberes”, explicó Fernández, quien luego, en cuanto a los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, señaló que los pagos se gestionan mediante expedientes y transferencias correspondientes a los exámenes efectivamente realizados.
De este modo, si se completa la totalidad de las 5.800 muestras previstas para 2026 y se mantiene el precio actual, el costo global de los controles alcanzará los $159.500.000, entre descuentos de sueldos y dinero que el Gobierno paga de manera directa.
Qué ocurrió con los casos positivos
Durante la conferencia también se brindaron detalles sobre las consecuencias de los resultados positivos y las medidas adoptadas con los trabajadores involucrados. Fernández explicó que la detección de sustancias activa un procedimiento de evaluación a cargo del Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPA), integrado por profesionales de distintas disciplinas, que determina si existe una situación de adicción y si esta afecta el desempeño de las funciones laborales.
“Nosotros nos valemos con el informe técnico de ellos para evaluar si hay adicción, si no hay adicción, y si lo hay, si impide la correcta función pública de la persona”, señaló el funcionario, quien aclaró que los resultados iniciales son presuntivos y no permiten establecer por sí solos la existencia de una adicción.
Ante una consulta sobre las consecuencias concretas de los controles, Fernández informó que durante 2025 hubo tres casos abordados dentro del Poder Ejecutivo. En dos de ellos, las personas involucradas presentaron documentación que justificaba el consumo de determinadas sustancias medicinales, mientras que el tercer caso terminó con la baja de un trabajador.
Para 2026, el funcionario confirmó que hasta el momento se registró un caso en el ámbito del Poder Ejecutivo que requirió la intervención del organismo especializado, aunque no precisó cuál fue su resolución.
La información proporcionada se limitó a los casos del Poder Ejecutivo, por lo que no se detallaron las consecuencias administrativas de los resultados positivos correspondientes a otros poderes del Estado o al personal de seguridad y salud.
Cómo se realizan los controles
La implementación de la ley se amplió este año al personal de los ministerios de Seguridad y Salud. Los controles se realizan mediante sorteos públicos semanales de 500 personas, a cargo de la Caja Social y Financiera de la Provincia, a partir de una nómina en la que las identidades están protegidas mediante códigos alfanuméricos.
Las personas seleccionadas son notificadas los miércoles por correo electrónico y WhatsApp, y deben presentarse los jueves para realizarse un análisis de orina, con un plazo de entre 12 y 18 horas desde la notificación. Actualmente hay cuatro centros habilitados: el Hospital Viceintendenta Verónica Bailone de Villa Mercedes, el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis y el Hospital Pediátrico San Luis, ambos en la capital, y el Instituto Superior de Seguridad Pública de Juana Koslay.
Los resultados iniciales tienen carácter presuntivo y, en caso de arrojar un positivo, la persona puede solicitar una prueba confirmatoria sobre una segunda fracción de la misma muestra, que permanece almacenada. Fernández remarcó que toda la información obtenida está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales y debe manejarse bajo estricta reserva.
Otro punto que ambos funcionarios destacaron es que otras provincias han tomado el ejemplo de San Luis. “Quiero remarcar que San Luis ha sido una provincia pionera en este tipo de legislación. Tanto así que las provincias de Neuquén y Santa Fe han tomado como modelo, en sus proyectos de ley, cómo se ha operado y cuál ha sido la logística, sobre todo, de la toma de muestras que se realizan aquí”, resaltó el ministro de Gobierno.
