Rechazó un pedido de informe sobre un millonario pago que el Gobierno provincial, a través de un estudio bonaerense, le hizo a la mano derecha de los Rodríguez Saá.
Ayer, el oficialismo provincial hizo uso de su mayoría legislativa para rechazar un pedido de informe presentado por la bancada de la Unión Cívica Radical, referido a los 12 millones de pesos que la eterna mano derecha de los Rodríguez Saá, Carlos José Sergnese, cobró por un trabajo que debería haber hecho Fiscalía de Estado.
Esta millonaria cifra se habría pagado en el marco de un juicio contra el Estado Nacional, por el cobro de deudas relativas a obras y mantenimiento de la Ruta 7. A pesar de que para estos casos el Gobierno provincial cuenta con la Fiscalía de Estado, para este juicio contrató al estudio jurídico de los abogados Rodolfo Barra y Beltrán María Fos, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. El contrato al que accedieron los legisladores radicales estipula que el estudio cobrará el 4% de los importes que perciba el Estado Provincial.
Si bien esto no es inaudito cuando se trata de un juicio que se lleva adelante en Capital Federal, lo sumamente irregular es que luego el estudio de Barra y Beltrán contrató la colaboración de Carlos Sergnese, estipulando además, en un anexo al contrato original (foto 2), que el eterno empleado de los Rodríguez Saá cobrará el 50% del total de dinero que percibiera el estudio legal.
“Queremos saber por qué Fiscalía de Estado contrató servicios jurídicos externos, pese a que su competencia le exige responder judicialmente por la Provincia; por qué en ese contrato la mitad de los dineros del convenio fueron a Sergnese; y cuál fue la tarea desarrollada por Sergnese en la causa. ¿Tuvo que ver el hecho que el abogado contratado es apoderado del PJ y mano derecha del Gobierno provincial?”, dijo el diputado radical Alejandro Cacace durante su discurso de la sesión de ayer. “Si no hay nada que esconder, el Gobierno debe explicar con claridad porque actuó de este modo”, agregó su compañero de bancada, Juan Manuel Rigau.
Más allá de los lógicos argumentos de los legisladores de la UCR, el oficialismo utilizó todo su poder político para rechazar este pedido de informe y así tapar uno de los más notorios actos de corrupción que se sospecha de la gestión de Claudio Poggi.
